Prescripcion en materia laboral, bonos de participacion

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PRESCRIPCION.
Plazo. Bonos de participación en las ganancias que debió emitir
Telecom Argentina S.A..

Art. 230 ley 19.550. art. 29 de la ley 23.696. Art. 256 L.C.T.

Toda vez que los denominados “bonos de participación en las
ganancias del personal” contemplados en el art. 29 de la ley
23.696 -dictada en el año 1989 (B.O. 23.08.89)- y en el art. 230
de la ley 19.550, constituyen créditos de naturaleza laboral, el
plazo de prescripción por los bonos que debió emitir Telecom
Argentina S.A. es el previsto en el art. 256 L.C.T.. (Del voto
del Dr. Morando, en minoría).

Morando. Catardo. Vazquez.

11.042/2006.
RODA, Isidro y otros c/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y OTRO s/
Diferencias de salarios.
27/10/09

SD. 36.609.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO.

Sala VIII.
SENTENCIA Nº 36609 JUZGADO Nº 38
AUTOS: “RODA, Isidro y otros c/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ Diferencias de salarios” Leer fallo completo

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre de 2009 , se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DR. JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia, que hizo lugar a la demanda, viene apelada por el Estado Nacional –Ministerio de Economía- a fs. 233/242 y por el perito contador (fs. 226), quien postula la elevación de los honorarios que le fueron regulados.

II.- Es procedente el agravio dirigido a cuestionar el rechazo de la excepción de prescripción con fundamento en el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, habida cuenta de que los denominados “bonos de participación en las ganancias del personal” contemplados en el artículo 29 de la Ley 23.696 dictada en el año 1989 (B.O. 23.08.89) -norma que, como bien señala la parte actora en el escrito de inicio, diseñó un régimen de propiedad participada- y en el artículo 230 de la Ley 19.550, constituyen créditos de naturaleza laboral.

La demanda fue iniciada el 31.05.2006, en reclamo de las sumas derivadas de la participación de las ganancias a partir de los diez últimos años, o en su caso las correspondientes a los daños y perjuicios por la invocada falta de entrega de los bonos pretendidos. Los créditos se tornaron exigibles a partir de la aprobación de los balances anuales de la empresa licenciataria, en el caso, Telecom Argentina S.A., correspondientes al período comprendido entre el 31.05.2004 hasta el 31.05.2006 (fecha de interposición de la demanda; fs. 18, 20/21 vta.) y, en consecuencia, propongo fijar (conf. artículos 56 Ley de Contrato de Trabajo y 56 Ley 18.345) para cada actor, en concepto de capital, la suma de $ 7.000.-, que llevará los intereses establecidos en origen en aspecto no cuestionado de la sentencia de primera instancia.
La solución que propongo torna inoficioso expedirse sobre los restantes agravios deducidos.

III.- Por lo expuesto, en el marco estricto de los agravios formulados, voto porque: 1) se deje parcialmente sin efecto la sentencia apelada y se haga lugar a los créditos nacidos para cada actor durante el período y por el importe indicado precedentemente para cada uno de ellos, que llevará los accesorios establecidos en origen; 2) se impongan las costas de alzada por el orden causado en atención a las cuestiones planteadas y la forma de resolverse (conf. artículo 68, 2° párrafo C.P.C.C.N.); 3) se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta alzada en el 25% de lo que les corresponda por la actuación cumplida en la primera instancia (artículo 14, Ley 21.839).

EL DR. LUIS A. CATARDO DIJO:

I.- Contra el pronunciamiento de la instancia anterior, que hizo lugar a la demanda, recurre exclusivamente el Estado Nacional –Ministerio de Economía- a fs. 233/242. El perito contador a fs. 226 reprocha por bajos los honorarios que le fueron regulados.

II.- En orden a la cuestión traída a conocimiento, ya he tenido ocasión de pronunciarme al emitir mi voto como preopinante en la causa “Bedino, Mónica Noemí c. Telecom Argentina S.A. y otro s/ despido” (causa n° 34.235/2007), y lo hice en el sentido de que la causa fuente de la obligación de otorgar los Bonos de Participación en las Ganancias que aquí se reclaman no resulta del contrato individual, sino de la ley, precisamente, de la ley 23.696. El contrato de trabajo aparece como un elemento causal generador de un derecho que no proviene del marco regulador de nuestra disciplina (del Dictamen del Sr. Fiscal General en autos “Bardi c/ YPF”, Sala II, del 5.2.1997), esto es, que el derecho invocado emerge de una ley específica referida a la Reforma del Estado.-

Más allá de que los créditos que se reclaman tienen una estrecha vinculación con la condición de “trabajador dependiente”, lo trascendente, a los efectos de la prescripción, es que el derecho que se invoca no emerge de una norma laboral como las descriptas en el artículo 256 L.C.T., que está ceñido como se infiere de la doctrina Plenaria “Veloso, Roberto c/ YPF S.A.” al sinalagma contractual y toda duda, de existir, debe ser resuelta a favor del plazo de prescripción más extenso (decenal, art. 4023, y la interpretación debe favorecer a la subsistencia de la acción, cfr. C.N.A.T., Sala VII, autos “Sequeira y otros. c/ Ministerio de Economía s/ art. 29 ley 23696”).-
Si bien es cierto que el reclamo referido al artículo. 29 de la ley 23.696, no se vincula a la acción por créditos derivados del artículo 13 de la ley 24.145, parece lógico concluir que corresponde aplicar el espíritu que inspiró la doctrina sentada en el fallo Plenario 297, autos “Veloso, Roberto c/ YPF S.A.”, porque el crédito que se persigue, tiene su origen en un sistema de participación implementado por una normativa particular y atípica que se vincula como se dijo con la Reforma del Estado, lo que excluye la aplicación lisa y llana del artículo 256 L.C.T, porque la excede ( Conf. C.N.A.T., Sala X, “Alfaro c/ Ministerio de Economía s/ Art.29 ley 23.696).- Dicho de otro modo, el carácter restrictivo de la interpretación respecto al plazo de prescripción y la existencia de una ley especial que concede el beneficio, obsta a la aplicación del artículo 256 L.C.T.- El Plazo de la prescripción es decenal conforme lo dispone el artículo 4023 del C. Civil,…”. Por ende, se impone confirmar lo decidido por el a quo al respecto.

III.- El Decreto 395/92 establece que “la Sociedad Licenciataria Norte (hoy Telecom. Argentina Stet France Telecom. S.A.) y la Sociedad Licenciataria Sur S.A. (Telefónica de Argentina S.A.) no están obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal”.
La norma ha sido tachada de inconstitucional por la parte actora sosteniendo que ha incurrido en un exceso reglamentario, pues ha violado derechos subjetivos establecidos en la ley 23696 y transgrede, a su criterio, el derecho de propiedad y cercena un derecho adquirido por ley en tanto altera el espíritu de las normas que regla lo que lo invalida e ilegitima.
Al respecto, cabe señalar que el decreto 395/1992 es una norma reglamentaria de la ley 23.696, puntualmente el artículo 29, por lo que corresponde analizar si la norma impugnada ha incurrido o no en un exceso reglamentario, a fin de determinar si el mismo se adecua a la Constitución Nacional.
Para ello es imprescindible traer a colación el texto del citado artículo 29 de la ley 23.696, que establece “en los Programas de Propiedad Participada, el Ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de la Ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga la ley. Cada empleado por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias, determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargos de familia”.
El Decreto 395/1992 es un típico reglamento de ejecución, según la tradicional clasificación que desde antaño ha efectuado la doctrina administrativista. Este tipo de normas tiene fundamento constitucional, en tanto el artículo 86 inc. 2 actual 99 inc. 2 de la Constitución Nacional, incluyó entre las atribuciones del Poder Ejecutivo la de expedir “las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”. Esta clase de reglamentos son, pues, los que, en ejercicio de atribuciones constitucionales propias, emite el Poder Ejecutivo para hacer posible, o más conveniente, la aplicación o ejecución de las leyes (Marienhoff, Miguel A., “Tratado de Derecho Administrativo”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1970, t. 1, pág. 240).
Ello implica que, necesariamente, y a diferencia de lo que sucede con los llamados “reglamentos autónomos”, que refieren a materias que, por imperio de la Constitución, se hallan reservadas al órgano ejecutivo y excluidas de la competencia del legislativo los reglamentos de ejecución siempre dependen de la ley a la cual reglamentan, es decir que “indiscutiblemente han de subordinarse a la ley que ejecutan” (Marienhoff, Miguel A., op. cit., pág. 235).
Entre ley y reglamento existe, entonces, una precedencia jerárquica: la ley tiene prioridad por sobre el reglamento, pues tiene prioridad la expresión de la voluntad de la comunidad por sobre la expresión de la voluntad subalterna de la Administración, lo que impone la “absoluta subordinación del reglamento a la ley” (Lapierre, José Augusto, “Los reglamentos ejecutivos”. En “Acto administrativo y reglamento”, Ediciones RAP, Buenos Aires, 2002, pág. 567).
De allí la sabia limitación que el propio constituyente incorporó en la Carta Magna, en tanto, si bien reconoció la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, lo hizo aclarando que, al ejercerla, éste debe tener el cuidado de no alterar el espíritu de las leyes con excepciones reglamentarias.
Como con acierto señala Gordillo, el sentido de la norma constitucional es prohibitivo, y no supone otorgarle al Poder Ejecutivo la facultad de definir los términos legales, llenar supuestos vacíos o lagunas, corregir errores, ni interpretar con acciones positivas el supuesto espíritu de la ley, sino tan sólo abstenerse de violarlas con esas excusas, limitándose a cumplir fielmente sus disposiciones, de acuerdo a la finalidad y objetivos del texto parlamentario (Gordillo, Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, Ed. Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2000, t. 1, págs. VII 65/66).
Es más. Tanto es ello así, que la doctrina mayoritaria se inclina por sostener que los reglamentos de ejecución se hallan fundamentalmente dirigidos a los propios agentes de la Administración, para que éstos sepan a qué atenerse y cómo han de proceder en los distintos casos de aplicación de la ley reglamentada en lo que se refiere al aspecto puramente administrativo, razón por la cual, sólo son reglamentables las leyes que deben ser ejecutadas por la Administración, no así las de derecho privado, que deben ser aplicadas directamente por los particulares y, en caso de controversia, por los órganos jurisdiccionales competentes, careciendo el Poder Ejecutivo de competencia para reglamentar, por ejemplo, las disposiciones del Código Civil, o el resto de la legislación de fondo (Marienhoff, Miguel A., op. cit., pág. 259; Lapierre, José A., op. cit., pág. 569; Gordillo, Agustín, op, cit., t. 1, pág. VII 64; Cassagne, Juan Carlos, “Derecho Administrativo”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, t. 1, pág. 143, Quiroga Lavié, Humberto “Constitución de la Nación Argentina”, pág. 581, Zavalía, 1997).
En suma, la potestad reglamentaria siempre está limitada, pues todo reglamento de ejecución debe subordinarse a la ley que pretende reglamentar, no pudiendo alterar su espíritu con excepciones de ningún tipo.
El Decreto 395/1992 no ha reglamentado adecuadamente la ley 23.696, ha alterado el espíritu de la norma legal y, por ello, en este aspecto, el decreto 395/1992 ha incurrido en un exceso reglamentario, imponiendo una restricción no revista en la ley 23.696 al eximir a las Empresas Telefónicas de su obligación de emitir bonos de participación en las ganancias para el personal.
En efecto, el texto legal establece que, si nos atuviésemos exclusivamente al artículo 29 de la ley dejando de lado el artículo 4to. del decreto resulta indudable que los actores se hallaban legitimados para percibir los bonos de participación en las ganancias que debía emitir el Ente a Privatizar. En mérito a ello, la procedencia de la indemnización especial solicitada por la aquí actora, sería incuestionable.
Esta afirmación demuestra categóricamente que, indudablemente, el decreto incurrió en un exceso reglamentario, al eximir a las empresas telefónicas crea un privilegio, respecto de otras privatizadas y en perjuicio de la aquí actora, no previsto ni por el texto ni en el espíritu de la ley.
En virtud de las circunstancias expuestas, entiendo que el decreto 395/92 es inconstitucional, por haber alterado el espíritu de la ley 23.696 con una excepción reglamentaria inconciliable con el texto y el espíritu de aquélla, conculcando de esa manera el principio de división de poderes y la forma republicana de gobierno (artículos 1° y 99 inc. 2, Constitución Nacional).
La inconstitucionalidad del citado Decreto 395/92 ha sido puesta de manifiesto en forma expresa por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Gentini Jorge y otros c/ Estado Nacional s/ Part. Acc. Obrero” del 12 de agosto de 2008, al señalar entre otros que:
El propósito tenido en cuenta por el legislador al dictar la ley 23.696 de tornar operativo en el ámbito del personal de las empresas privatizadas el derecho de los empleados a la participación en las ganancias, ha quedado frustrado a raíz de una reglamentación que colisiona con la letra de la normativa y que resulta adversa al espíritu que la inspiro…” y que, el vicio que exhibe el artículo 4to. del decreto 395/92 conlleva a la descalificación constitucional por haber determinado la vulneración del derecho que los actores invocan con sustento de su pretensión resarcitoria y que encuentra su fuente en la propia Ley Fundamental…
Por último y a mayor abundamiento, la inconstitucionalidad que, en el caso, propongo declarar se fundamenta, exclusivamente, en la incompatibilidad que se verifica entre las fuentes de distinta jerarquía (esto es, el decreto reglamentario modificando indebidamente la ley), vale decir, por afectación del principio de la sujeción del reglamento a la ley, sin que la prédica acerca de la razonabilidad o conveniencia de la limitación, en tanto introducida por aquél y no por esta última fuente, pueda ser invocada para su conversión constitucional.
En virtud de lo expuesto, corresponde, en el caso concreto, declarar la inconstitucionalidad del Decreto 395/1992, lo que así decido.-
IV.- El citado artículo 29 de la ley 23.696 dispone que: “en los Programas de Propiedad Participada, el Ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de la Ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga la ley. Cada empleado por su mera relación de dependencia recibirá una cantidad de bonos de participación en las ganancias, determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargos de familia”.
De los términos expresos de la norma, resulta el derecho del empleado, en este caso, de la empresa Telecom Argentina SA., por su mera relación de dependencia a recibir una cantidad de bonos.-
La obligación que establece el artículo transcripto no es una obligación facultativa para el Estado Nacional de las contempladas en el artículo 644 del C. Civil, porque la norma no da al deudor la facultad de sustituir esa obligación por otra; de allí que la privatización de ENTEL hacía operativo el derecho de los empleados del ente privatizado a los bonos de participación en las ganancias.-
Dicho de otro modo, los bonos de participación en las ganancias establecidos por la ley 23.696, se ajustan, y otorgan “operatividad” a la cláusula constitucional ínsita en el artículo 14 bis, por lo que cabe concluir que el sujeto obligado a emitir los bonos reclamados resulta ser el demandado Telecom Argentina S.A..-
En efecto; en la ley se alude concretamente al artículo 230 de la ley 19.550, que regula los bonos dentro del régimen de sociedades anónimas.- “Ganancias” implica la idea de lucro, lo que se explica que el encuadramiento de la empresa sujeta a privatización en el tipo de las sociedades anónimas (artículo 23 ley 23.696), por lo que los bonos de participación en las ganancias se conciben mediando lucro comercial, por lo que se impone concluir que el destinatario pasivo de la obligación contenida en el artículo 29 de la ley 23.696, es aquél que está en condiciones de generarlo mediante la explotación racional del servicio, en el sub-lite Telecom Argentina S.A. (conf. “Dorty Julio Alberto y otros c/ Estado Nacional-Ministerio de Trabajo y Empleo s/ Proceso de Conocimiento”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III 30 noviembre 2005, entre otros).-
Refuerza esa idea el dictado del Decreto 395/92 que dispuso que las licenciatarias no estaban obligadas a emitir bonos de participación en las ganancias para el personal, por lo que si desde el principio no estaban obligadas, no se explica que el P.E.N. haya dictado una disposición tan innecesaria (doctrina de fallos 301:460, 306:721) (conf. “Fusca Teresa y otros c/Estado Nacional”, CNACyCF, Sala III del 15.11.2005).-
La obligación de emitir bonos de participación surge del artículo 29 de la ley 23.696, y nació desde que se declaró a la empleadora como “ente a privatizar” por lo que el hecho de que no se haya concretado el mandato legal, no puede constituirse en impedimento legítimo para denegar el reclamo de la aquí actora.-
De lo contrario debería concluirse que las omisiones de la propia empleadora legitimaría el impedimento al trabajador del “goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan” pues el empleador debe cumplir con las obligaciones a su cargo que resulta de la ley, situación ésta contraria a lo dispuesto en el artículo 79 de la LCT, menos aún amparándose en un decreto – 392/95 – cuya inconstitucionalidad resultaba manifiesta a la época de su sanción.-
La imprevisión estatutaria es inoponible al trabajador (artículo 12 LCT).
Tampoco constituye óbice alguno al progreso de la acción, en mérito no sólo a lo dispuesto en los artículos 7°, 11, 13 y conc. de la LCT y los artículos 15, 16 y conc. del Código Civil, en mérito que esta sentencia sustituye, por su carácter de norma jurídica individual, la reglamentación omitida por el Estado Nacional que resulta responsable conjuntamente y en forma solidaria con la codemandada Telecom Argentina S.A., en primer término, por la frustración de los beneficios que la actora hubiera obtenido de no existir el decreto 395/92 y, en segundo lugar, porque la actora no contó ni cuenta con la reglamentación pertinente de su derecho a percibir los bonos de participación en las ganancias (artículos 508, 511, 512 y conc. del C. Civil) reglamentación que incumbía exclusivamente al Estado Nacional, para materializar el derecho ínsito en el articulo 29 de la ley.-

El Estado debía reglamentar los pormenores del asunto y las empresas debían incluir el beneficio en el estatuto social (artículo 21 ley 23.696, y artículos 1º y 4º Decreto 584/93).-

IV.- En orden al tercer agravio referido al rubro intereses, diré que lo resuelto por el Señor Juez de primera instancia se adecua a las directivas emanadas de esta Cámara a través de la Resolución n° 20/91.

V.- Los honorarios regulados a favor del perito contador guardan razonabilidad en relación a la importancia, el mérito y la extensión de las tareas desarrolladas y pautas arancelarias de aplicación (artículo 3° del Decreto Ley 16.638/57), por lo que propongo se confirme la regulación.

VI.- Por lo expuesto, propongo se confirme la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso y agravios, se impongan las costas de alzada al único apelante –codemandada Estado Nacional- (conf. artículo 68 C.P.C.C.N.), y se regulen los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por la actuación cumplida en primera instancia (artículo 14, Ley 21.839).

LA DRA. GABRIELA A. VAZQUEZ dijo:

Que por compartir sus fundamentos, adhiero el voto del Dr. Luis A. Catardo.

Por ello, por mayoría, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso y agravios;
2) Imponer las costas de alzada a la codemandada Estado Nacional;
3) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por la actuación cumplida en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.-

JUAN CARLOS E. MORANDO LUIS ALBERTO CATARDO GABRIELA A. VAZQUEZ
JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA

Ante mí:
ALICIA E. MESERI
SECRETARIA

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6 respuestas a Prescripcion en materia laboral, bonos de participacion

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  2. alejandra balestreri dijo:

    hola que tal, yo soy empleada de telecom tengo un pariente abogado pero no se en que concepto tengo quereclamar , soy telcom desde hace 27 años que trabajo
    en que concepto tengo que reclamr que porcentaje? de donde viene ese porcentaje de participacion en las ganancias de la empresa que debo reclamar?

    esta prescripta la deuda de particpacion en las ganancias o trodavia se puede hacer el juicio?? gracias

    • HOLA TE COMENTO QUE EL RECLAMO ES DE NATURALEZA LABORAL Y SOCIETARIO EN VIRTUD LA LEY 23.696; ES DECIR PARTICIPA DE LA NATURALEZA DE LOS CREDITOS LABORALES. DEBERIA EXISTIR UNA COMISION INTERNA EN LA EMPRESA QUE TE ASESORE O SINO ANDA AL SINDICATO Y PLANTEA EL TEMA SOBRE LA MESA, Y TAMBIEN TE RECOMIENDO IR AL MINISTERIO DE TRABAJO.
      EL PLAZO DE PRESCRIPCION COMIENZA A CORRER UNA VEZ FENECIDA LA RELACION LABORAL, ESTA ES LA REGLA. PERO COMO HAY UNA TEMA EXTRICTAMENTE SOCIETARIO A MI ENTENDER NO PUEDE ESTAR PRESCRIPTO. ES UN BONO DE PARTICIPACION. POR ELLO TENES QUE IR AL SINDICATO.
      TE PEGO LA NORMATIVA DEL PLAZO ORDINARIO DE PRESCRIPCION.
      Art. 256. —Plazo común. LEY 20744
      Prescriben a los dos (2) años las acciones relativas a créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo.
      Esta norma tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas.

  3. alejandra balestreri dijo:

    men que concepto se reclama ante quieen y donde hay un modelo de demanda? yo estudio abogacia pero todavia no rendi laboral

  4. hugo rossi dijo:

    al privatizarse entel, trabajè hasta 1996, tengo un derecho adquirido e irrenunciable que debe ser tratado sin ninguna discriminaciòn en relacion con los que actualmente forman parte de lo que llaman el personal de telecom activo, al cual tambien pertenezco ya que trabajo para telecom en las empresas tercerizadas en el ambito del sindicato de rosario pcia de santa fe, que tiene un acta acuerdo firmada con telecom, que esta homologada por el ministerio de trabajo de la nacion y publicada en el boletin oficial 31112 del 9de febrero de 2007, que establece que somos telefònicos y no debemos pertenecer al gremio de uocra, que no ha hecho aplicar dicho ministerio de trabajo, no ejerciendo sus funciones pùblicas, causàndome un enorme perjuicio de salud y material.

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