PREAVISO. REGIMEN, DERECHOS QUE OTORGA.

El preaviso cursado por la patronal no debe considerarse como
acto extintivo de la relación laboral. Art. 231 L.C.T.

art. 231 L.C.T.IR AL SITIO DE LA CORTE

IGLESIAS VICTORIN JOSE GERVASIO Y PASQUALI CARLOS ALBERTO SOC. DE HECHO Y OTROS C/ SCHIAFFINO MABEL NORA S/ CONSIGNACIÓN SENTENCIA 15601.DOC

Durante el preaviso la relación de trabajo se mantiene tal como
hasta ese momento (sin perjuicio de las opciones que otorga la
ley tanto al trabajador como al empleador para formular
modificaciones con la respectivas consecuencias del caso), por
lo que subsisten inalterados hasta el cumplimiento del plazo
otorgado la totalidad de los derechos y deberes que emergen de
ese contrato de trabajo. El despido no puede considerarse
efectivizado, configurado y materializado desde el momento mismo
en que se cursó la notificación del preaviso, sino
-precisamente- a partir de la fecha en que vence el plazo
otorgado por dicha comunicación, puesto que, de lo contrario,
perdería razón de ser el instituto legal que tiende a “diferir
en el tiempo” el acto mismo de la extinción. Así, si durante el
plazo previsto por el art. 231 L.C.T. se produce la muerte del
trabajador, es dicho fallecimiento el hecho que debe
considerarse extintivo de la relación.

Balestrini. Fera.

26.316/06.
IGLESIAS VICTORIN JOSE GERVASIO Y PASQUALI CARLOS ALBERTO SOC.
DE HECHO Y OTROS C/ SCHIAFFINO MABEL
29/05/09

SD. 15601.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

Sala IX.

SENTENCIA DEFINITIVA N° 15.601

EXPTE. N°: 26.316/06                     SALA IX                   JUZGADO N° 3

En la Ciudad de Buenos Aires, el 29 de mayo de 2009, para dictar sentencia en los autos caratulados: “IGLESIAS VICTORIN JOSE GERVASIO Y PASQUALI CARLOS ALBERTO SOC. DE HECHO Y OTROS C/ SCHIAFFINO MABEL NORA S/ CONSIGNACIÓN se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I.- Contra la sentencia dictada en primera instancia que rechazó la acción por consignación incoada e hizo lugar a la demanda interpuesta por Mabel Nora Schiaffino contra la sociedad de hecho aquí demandante, se alza la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 359/370 mereciendo réplica de su contraria a fs. 373/382.

Los agravios de la recurrente se dirigen a cuestionar, principalmente, la valoración otorgada por el judicante de grado al instituto previsto por el art. 231 de la L.C.T. toda vez que, según sostiene, el modo de dirimir la contienda suscitada en estos autos implica, en su opinión, una desnaturalización de la finalidad del “preaviso”. Al mismo tiempo cuestiona la procedencia de la multa establecida en el art. 1 de la ley 25.323 por considerar que la decisión, en este punto, no se corresponde con el análisis lógico de las pruebas arrimadas a la lid. Por idéntica razón, cuestiona también la inclusión en la condena de la multa aludida en el art. 80 de la L.C.T. y, subsidiariamente, cuestiona la vocación hereditaria de quien acciona para percibir en tal carácter la indemnización prevista en el art. 245 de la L.C.T. Por último, se agravia por la distribución de costas y los honorarios por entenderlos elevados.

II.- Desde ya adelanto que por mi intermedio, la queja de la parte actora debe ser favorablemente atendida.

Lo entiendo de este modo pues, en lo que hace a la cuestión principal que dio motivo al inicio de la causa, esto es el esclarecimiento del modo en que, en definitiva, corresponde considerar que se produjo la extinción del vínculo que ligó a la sociedad accionante con el cónyuge de la persona física aquí demandada, discrepo respetuosamente con los fundamentos vertidos en el decisorio recurrido para dar sustento a la decisión.

En efecto, el meollo central de la contienda se dirige a esclarecer si, la muerte del trabajador, que tuvo lugar durante el término del curso del plazo previsto en el art. 231 de la L.C.T., extinguió la vinculación laboral o si, por el contrario, la sola intención de despedir, materializada mediante el preaviso cursado por la patronal mediante instrumento fehaciente días antes del deceso del trabajador, debe considerarse como acto extintivo de la relación laboral.

En este contexto considero que la premisa desde la que parte el sentenciante de primera instancia para fundar su resolución no resulta acertada. Me refiero a la consideración inicial formulada en la sentencia mediante la cual se señala que “…el despido decretado se encontraba firme, y en cuanto al plazo otorgado al trabajador, solo difería su efectivo cumplimiento (arg. art. 529 Código Civil)…” y a lo que añade que “…la ley considera perfeccionado el acto de despido con la notificación del preaviso al trabajador, pues de lo contrario hubiera establecido un dispositivo similar al contemplado respecto de la remuneración por el período faltante del preaviso, pero por el contrario, estableció expresamente el derecho a percibir la indemnización por despido…”.

En efecto, si bien es cierto y en este punto coincido con el juzgador de grado en cuanto refuerza su decisión sosteniendo que “…el propósito de la ley ha sido el de otorgar la indemnización por despido incausado, y no hizo salvedad alguna respecto del fallecimiento del dependiente durante el curso del preaviso…”, no lo es menos que, el texto expreso de la norma también señala que “…durante el transcurso del preaviso subsistirán las obligaciones emergentes del contrato de trabajo…” (conf. art. 238 LCT).

De lo expuesto, estimo adecuado colegir que durante ese tiempo por el cual se suspenden los efectos del acto disolutivo decidido por la patronal, la relación de trabajo se mantiene tal como hasta ese momento (sin perjuicio de las opciones que otorga la ley tanto al trabajador como al empleador para formular modificaciones con las respectivas consecuencias de cada caso), por lo que subsisten inalterados hasta el cumplimiento del plazo otorgado la totalidad de los derechos y deberes que emergen de ese contrato de trabajo.

Y en este punto, encuentro esclarecedora la doctrina que señala que “…de ello se deduce que durante el lapso de preaviso –es decir, antes de que ese lapso termine y con él la relación de trabajo- el vínculo laboral puede resultar extinguido por cualquiera de los otros modos de extinción de la relación laboral: renuncia, mutuo consentimiento, muerte del trabajador, denuncia de cualquiera de las dos partes por injuria, etc….” (Conf. “Ley de Contrato de Trabajo Comentada”, por Justo Lopez, Norberto Centeno y J.C. Fernández Madrid, Ediciones Contabilidad Moderna, Buenos Aires, Argentina, 2da. Edición actualizada, Tomo II, pág. 1171/1172).

Esta tesitura doctrinaria que comparto, permite inferir –al menos en mi opinión- que, contrariamente a lo que se sostiene en el pronunciamiento de grado, el despido no puede considerarse efectivizado, configurado y materializado desde el momento mismo en que se cursó la notificación del preaviso, sino –precisamente- a partir de la fecha en que vence el plazo otorgado por dicha comunicación, puesto que, de lo contrario, perdería razón de ser el instituto legal que tiende a “diferir en el tiempo” el acto mismo de la extinción.

Una hipótesis mas ilustrativa de este criterio que sostengo podría ejemplificarse a través de un supuesto que, a diferencia de lo que ocurre en el caso de marras, resultaría más beneficiosa al dependiente y sería el caso en el que, durante el curso del plazo del preaviso, se produjeran aumentos sustanciales en la remuneración del dependiente que ha sido “preavisado” de su despido o bien, que se produjera una modificación del sistema previsto para el cálculo de la indemnización por despido que incrementara sustancialmente el importe de esta indemnización y, en ambos casos, correspondería aplicar al dependiente preavisado, al momento de practicar y abonar la liquidación del despido, las mayores sumas que representaría en ambos casos la suma indemnizatoria correspondiente, y ello obedece a la vigencia del vínculo durante el curso del lapso al que refiere el art. 231 de la L.C.T., puesto que, en la hipótesis contraria (la sostenida en el fallo recurrido) de ocurrir cualquiera de los dos supuestos mencionados a título de ejemplo, el trabajador preavisado con anterioridad a las modificaciones “más favorables” para su parte, no tendría derecho alguno a reclamar ese incremento en su favor, puesto que la ley vigente al momento del preaviso sería la aplicable al momento de practicar la liquidación de su indemnización.

Así lo ejemplifican también los autores citados párrafos más arriba (Justo López, N. Centeno y J.C. Fernández Madrid) al señalar que “… si sucede que durante el plazo del preaviso se aumenta el máximo de la indemnización por despido, por ejemplo, por haber entrado en vigencia un aumento del salario mínimo vital (art. 245 LCT), se aplicará al nuevo monto de indemnización resultante; esto porque el hecho que determina el derecho a la indemnización por despido es el despido mismo (siendo el preaviso una denuncia sujeta a plazo) y éste solo se produce al vencimiento del plazo del preaviso, es decir, cuando por hipótesis, en el ejemplo puesto, ya estaba vigente la norma que fijó el nuevo nivel del salario mínimo vital (conf. op. citada. Pág. 1172).

En aras de abundar, estimo oportuno recordar también lo que, en idéntico sentido, sostiene Ernesto Krotoschin al decir que “…El preaviso hace extinguir el contrato de trabajo para el fin del plazo legal o convencional. Hasta ese momento el contrato persiste con su contenido anterior, es decir con las mismas obligaciones y derechos mutuos de las partes, en principio y sin perjuicio de ciertos efectos especiales que el preaviso produce (licencia diaria, certificado de trabajo) o es capaz de producir (extinción anticipada por voluntad del trabajador, eximición de la obligación de prestar servicios)… Por otro lado, al perdurar el contrato, normalmente, hasta la fecha de expiración del plazo, pero también solo hasta esa fecha, las peripecias que la relación de trabajo puede sufrir entre la notificación del preaviso y el vencimiento de plazo no producen efecto más allá de este vencimiento. En cambio, ciertas circunstancias pueden influir en la eficiencia del propio preaviso o diferir sus efectos…” (conf. “Tratado Práctico del Derecho del Trabajo”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1987. Volumen I, 4ta. Edición).

A renglón seguido, el mismo autor (Krotoschin) individualiza los diversos casos en los que el preaviso pierde su eficacia inmediata por haber sobrevenido o por resultar sobreviviente a una situación jurídica que impide su efecto jurídico propio y, a modo de ejemplo, cita los casos de enfermedad o accidente inculpable al trabajador, embarazo de la dependiente, fuero sindical, ejercicio de cargos electivos públicos, etc.

Todo lo expuesto hasta el momento y sin dejar de advertir el carácter particular que, al menos, puede revestir la cuestión bajo estudio, me persuade acerca de un temperamento contrario al adoptado en la sede de grado, puesto que si durante el tiempo que dura el transcurso del lapso del preaviso, la relación laboral se mantiene en plena vigencia de derechos y obligaciones, entiendo que se mantienen también todos los efectos derivados del contrato de trabajo, entre los cuales cabe situar los modos de extinción legalmente previstos. Es decir, si durante el curso del preaviso se produce una injuria tanto por parte del trabajador como del empleador, dicha circunstancia sin duda daría lugar a un despido directo o indirecto según sea el caso, que al ser motivado en justa causa (arts. 242 y 246 LCT) impediría la prosecución de la relación y extinguiría consecuentemente el plazo de preaviso restante con las consecuencias jurídicas que de cada caso se desprenden, ya sea la pérdida del derecho a percibir una indemnización en caso de despido directo fundado en justa causa como las diferentes acciones que pudieran tener lugar como consecuencia del despido indirecto decidido por el trabajador si se verificaran incumplimientos de la patronal.

Sin perjuicio de todo lo dicho hasta el momento, es dable recordar, en apoyo de esta misma tesitura, lo expresamente legislado a través de la redacción del art. 19 de la L.C.T. en cuanto claramente dispone que “…se considerará igualmente tiempo de servicio el que corresponde al plazo de preaviso que se fija por esta ley o por los estatutos especiales, cuando el mismo hubiere sido concedido…”, normativa que indudablemente permite concluir que el contrato de trabajo, durante el curso del plazo al que refiere el art. 231 de la L.C.T: se mantiene vigente con todos sus efectos, derechos y obligaciones.

Desde esta perspectiva, considero que corresponde revocar la decisión de primera instancia y, consecuentemente, concluir que en el caso que nos convoca, el vínculo habido entre el causahabiente (cónyuge de la demandada en la consignación)  y su empleadora, concluyó por la muerte del trabajador y, por ello, la suma que corresponde diferir a condena debe adecuarse a lo dispuesto por el art. 248 de la L.C.T.

III.- Ahora bien, a fin de establecer el importe de la indemnización que corresponde diferir a condena en los términos del art. 248 de la LCT antes citado, se impone analizar la cuestión tangencialmente introducida por la parte actora en torno de la fecha de ingreso que ha sido admitida en la sede de origen y, digo tangencialmente, desde que la queja en este punto se dirige a cuestionar la procedencia de la multa establecida en el art. 1 de la ley 25.323 pero no concretamente a refutar la antigüedad considerada a otros fines.

De todos modos, en mi opinión, los argumentos vertidos con el fin de obtener la revisión de este segmento de la decisión carecen de la debida fundamentación que permita la revisión del pronunciamiento en cuanto tuvo por cierto que la real fecha de ingreso del causante a las órdenes de la patronal fue la denunciada por su cónyuge, esto es el mes de mayo del año 1992.

En efecto, han sido evaluados los testimonios rendidos a instancias de la parte accionada en la demanda de consignación y de los dichos de la mayoría de ellos se extrae sin hesitación que el Sr. Ordoñez comenzó a desempeñar tareas en una fecha anterior a la que denuncia la parte actora y que ha consignado en sus registros contables y recibos de haberes del trabajador. Pero, aún pasando por alto lo narrado por los testigos, no puede soslayarse que resulta irrefutable la conclusión arribada por el juzgador luego de examinar los diversos instrumentos ofrecidos como prueba por la cónyuge del trabajador (entre ellos, expedientes que han sido agregados por cuerda) de los que se desprende que el causante figuraba como autorizado en diversos escritos del estudio de abogados accionante, sin que se hubiere demostrado la invocada calidad de gestor independiente y autónomo que pretendió endilgarse desde el comienzo de la lid.

Como corolario de lo expuesto y toda vez que, lo reitero, los argumentos recursivos carecen, en este punto, de la debida fundamentación que permita la revisión de lo decidido, tendré por cierto que la fecha de ingreso que corresponde computar a los fines de establecer la antigüedad que determinará el importe de la indemnización a la que refiere el art. 248 de la L.C.T. es la denunciada en la contestación de la demanda por consignación y en la demanda incoada por la cónyuge del trabajador y que se ha acumulado al presente proceso, el día 1 de mayo de 1992.

Así las cosas, corresponde considerar una antigüedad computable de 15 años (dado que se trata de catorce años y cuatro meses a la fecha del deceso) que, conforme arriba firme a la alzada, deben multiplicarse por la suma de $ 3.011,48 conforme el tope previsto por el CCT 130/75 a la fecha aludida.

En este sentido, la indemnización del art. 248 de la LCT arroja un total de $ 22.586,10 (que resulta el 50 % de la indemnización total establecida en el art. 245 de la L.C.T: con idénticas bases de cálculo).

IV.- Sin perjuicio de ello y toda vez que la propia accionada consignó otras sumas que imputó a rubros tales como: a) días trabajados; b) SAC proporcional; c) Asignación no remunerativa Res. 252/06; d) Vacaciones y e) SAC s/ Vacaciones, corresponde incluir en la condena de marras tales conceptos los que serán recalculados conforme la remuneración y la antigüedad reconocida en la sede de grado, la suma salarial en cuanto no arriba cuestionada a esta Alzada y el lapso durante el cual se extendió la vinculación con el causante por haber sido expresamente resuelto en los párrafos precedentes.

De tal modo, partiendo de una remuneración de $ 3.172 (ver fs. 352 4to. párrafo) corresponde diferir a condena por los rubros mencionados, los siguientes importes: a) Días trabajados Septiembre 06 (13 días): $ 1.374,53.-; b) SAC proporcional (2 meses y medio): $ 660,83.-; c) Asignación no remunerativa Res. 252/06: $ 241,07; d) Vacaciones (30 días): $ 3.806,40.-; e) SAC s/ Vacaciones: $ 317,20.-; f) Indemnización art. 248 LCT: $ 22.586,10.-, sumas respecto de las cuales deberán formularse los descuentos correspondientes en la instancia prevista por el art. 132 de la L.O.

V.- También habré de admitir la multa reclamada en los términos del art. 80 de la L.C.T. desde que, en primer lugar, su procedencia en virtud de la vocación en virtud de la cual persigue su cobro la aquí demandada (causahabiente del trabajador) no ha sido objeto de controversia y por lo tanto arriba firme y, en segundo lugar, por cuanto aún cuando no se soslaya la invocación formulada por la actora en cuanto sostiene que habría hecho entrega a los hijos del trabajador de las certificaciones previstas en la norma, tampoco puede pasarse por alto que, conforme la real antigüedad que revistió el vínculo dependiente de acuerdo a lo que se sugiere resolver en esta contienda, los datos consignados en los instrumentos que se habrían extendido no resultan reales y por lo tanto no puede considerarse cumplida en tiempo y forma la obligación legalmente impuesta.

De tal modo, corresponde diferir a condena por este rubro la suma de $ 9.516.- (que resulta de multiplicar por tres el mejor salario informado de $ 3.172) manteniendo asimismo la condena extender los certificados de trabajo confeccionados conforme las reales circunstancias de la relación laboral.

Todo ello arroja un total de condena de $ 38.502,13 (PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS CON TRECE CENTAVOS) suma que llevará intereses desde el día 13 de septiembre de 2006 (fecha del deceso del causante) toda vez que dicha fijación también arriba firme a la Alzada.

Por último, cabe mantener también la condena dispuesta a entregar los certificados previstos en el art. 80 de la L.C.T. conforme las reales constancias de la vinculación que son las que se desprenden del presente pronunciamiento, bajo idéntico apercibimiento al dispuesto en la sede de origen.

VI.- El modo de resolver y lo normado por el art. 279 del CPCCN me llevan a dejar sin efecto lo resuelto en origen en materia de costas y honorarios y adecuar ambos tópicos al nuevo resultado del pleito, lo que deja sin sustento los agravios vertidos en relación a ambos puntos.

De acuerdo al resultado obtenido, sugiero imponer las costas de ambas instancias a cargo de la sociedad de hecho accionante toda vez que, si bien no soslayo que el monto diferido a condena resulta sustancialmente menor al pretendido en la contestación de la demanda por consignación y en la demanda acumulada a esta causa, lo cierto es que, en lo sustancial, esto es en cuanto a los derechos en juego, ha resultado vencida desde que ha obligado a la causahabiente del trabajador a iniciar acción para perseguir el cobro de lo que por derecho y según se resolvió, le corresponde. Ello pues, cabe además recordar que, a los fines de la fijación de las costas no debe estarse a la comparación aritmética de los valores pretendidos y los diferidos a condena.

En tal entendimiento, sugiero fijar los honorarios de primera instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora (Iglesias Victorin Jose Gervasio y Pasquali Carlos Alberto Soc. de Hecho), demandada (Sra. Schiaffino Mabel Nora) y perito contador, en el 14 %, 16 % y 7 %, respectivamente para cada una de ellas, que se calcularán sobre el monto total diferido a condena comprensivo de capital e intereses (arts. 38 de la L.O., ley 21.839 mod. 24.432 y dec. ley 16638/57).

Los honorarios de esta Alzada sugiero fijarlos para la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25 % para cada una de ellas que se calculará sobre lo que les corresponda percibir por su actuación en la sede de origen (arts. 38 LO y 14 ley arancelaria).

El Dr. Mario S. Fera dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo

El Dr. Daniel E. Stortini no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el pronunciamiento apelado y, consecuentemente, condenar a IGLESIAS VICTORIN JOSE GERVASIO Y PASQUALI CARLOS ALBERTO SOCIEDAD DE HECHO a abonarle a MABEL NORA SCHIAFFINO dentro del quinto día de notificada la presente, la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS CON TRECE CENTAVOS ($ 38.502,13) suma que llevará intereses desde la fecha del deceso del causante (13 de septiembre de 2006) y hasta la fecha de pago, conforme la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que será difundida por la Prosecretaría General de la Cámara (conf. C.N.A.T. resolución 8/02); 2) Mantener la condena a extender las certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT en el mismo plazo y bajo idénticos apercibimientos a los dispuestos en la sede de grado; 3) Dejar sin efecto lo dispuesto en materia de costas y honorarios; 4) Costas de ambas instancias a cargo de la parte actora en la consignación (Iglesias Victorin Jose Gervasio y Pasquali Carlos Alberto Soc. de Hecho); 5) Regular los honorarios de primera instancia por la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada y perito contador en el 14%, 16% y 7 %, respectivamente para cada una de ellas que se calculará sobre el monto total diferido a condena comprensivo de capital e intereses; 6) Regular los honorarios de esta Alzada para la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25% para cada una de ellas que se calcularán sobre lo que les corresponda percibir por su intervención en el tramo procesal anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-

 

 

 

 

 

 

Ante Mi

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