MODELO DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY. POR MULTAS DEL OPDS.

INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY.

EXCELENTISIMA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Secretaria Penal.

  Enrique, por derecho, DNI N° 23.808.885, en representación y en carácter de Vicepresidente de IMPRESIONES DE COBRE SA, Cuit N° 30-8157130-1, con domicilio real en la calle Aristóbulo del Valle N° 2535 y Riachuelo, de la ciudad de Lanús, partido del mismo nombre, ratificando domicilio procesal en calle 32 N° 835, de la ciudad de La Plata, con el patrocinio letrado de AbogadoLonghi, inscripto en la matricula profesional bajo el T° VII y F° 112 del CALP, legajo previsional 2486, monotributista Cuit N° 25-356545794-6 me presento respetuosamente y digo: me presento, en causa N° 25879 (viene de causa N° 1541“Impresiones de cobre SA s/ apela resolución administrativa”)

         OBJETO:

  Que en tiempo y forma vengo a interponer recursos extraordinarios de nulidad con arreglo al art. 161 inc.3° letra b) art. 171. Y de inaplicabilidad de ley con arreglo al art. 161 inc.3° letra a) Denunciando gravamen irreparable por violación de expresas garantías constitucionales de carácter federal. Desde ya ratifico reserva del caso federal.

         PLAZO: Esta parte manifiesta que la interposición del recurso lo es en legal plazo solicitando se tenga presente la suspensión de términos por mudanza del Excelentísimo Tribunal de Casación Penal. Adjuntando nota del letrado patrocinante sobre imposibilidad de reserva material en Casación.

        SENTENCIA DEFINITIVA.

  Esta parte sostiene que el decisorio del Tribunal de Casación Penal no está acabadamente fallado; pero la resolución del a quo debe ser asimilada a una sentencia definitiva al poner fin al litigio dejando en situación de gravedad a esta parte. Máxime que los recursos extraordinarios previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal bonaerense (ley 11.922 y sus modific.) sólo tienen andamiento contra las decisiones emitidas por el Tribunal de Casación, situación que se da tanto para el recurso de inaplicabilidad de ley como para el extraordinario de nulidad, y asimismo para el de inconstitucionalidad.

        PRELIMINAR:

  Dejando a salvo que los hechos, pruebas y contingencias procesales son ajenos al ámbito de los recursos extraordinarios en los que entiende la Suprema Corte es menester una breve reseña a los efectos formales que motivan la interposición del recurso extraordinario.

  Esta parte apelo tres multas ambientales del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS): multa de pesos  trece mil quinientos sesenta y uno con 40 centavos ($ 13.561,40) por infraccion al art. 8 del Decreto 806/97 por no acreditar constancia de haber presentado Declaración Jurada de residuos especiales; multa de pesos  trece mil quinientos sesenta y uno con 40 centavos ($ 13.561,40) por infraccion al art. 25 incs. c y d de la ley 11.720 por no acreditar la gestión del residuo de barro de cobre y de los residuos de las tareas de mantenimiento de las maquinas; multa de pesos  trece mil quinientos sesenta y uno con 40 centavos ($ 13.561,40) por infraccion a los arts. 2 y 3 de la resolución de la ex- Secretaria de política ambiental N° 592/00 por no contar con un depósito de residuos especiales.

  El Juez en lo correccional como instancia de apelación ratifica el decisorio del OPDS. Frente a la sentencia ratificatoria del juez revisor esta parte manifiesta y recurre en casación y en queja ante la denegatoria por la cual el juez de grado entiende la incompetencia del más alto tribunal penal de la provincia.

  Presentada la queja el Excelentísimo Tribunal de Casación Penal, SALA II,  a los 7 días del mes de Agosto del corriente año dicta Sentencia por la cual acepta el recurso de queja rechazando el recurso de casación por ser incompetente por entender que no existe una norma que le atribuya competencia para entender en la cuestión planteada.

             INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD

  I-Con arreglo al art. 161 inc.3° letra b) art. 171 es deber de esta parte como recurrente denunciar expresamente el motivo de la nulidad. Es decir, no será materia de este recurso cuestiones de hecho o probatorias sino esencialmente jurídicas y constitucionales.

  II-El Tribunal de Casación Penal ha incurrido equívocamente en dos cuestiones que hacen nulo el fallo dictado:

     1)-Omisión de tratar una cuestión esencial como es que la jurisdicción penal se extiende a delitos y contravenciones art. 15 CPP.

  Antecedente: Como fue el planteo casatorio en el cual esta parte impugno expresamente el fallo ratificatorio del juez en lo correccional. Por el cual, el entonces a quo, fundamento su decisorio, en la ley 8751/77 para denegar el recurso de casación. La normativa indicada es la ley de faltas municipales que no es el régimen procesal por el cual llego la apelación elevada por el OPDS. Se adjunta resolución del Juzgado en lo Correccional N° 3 de Lomas de Zamora.

  Fundamento del recurso extraordinario de nulidad: El Tribunal de Casación Penal basa el rechazo del recurso de casación no en la ley 8751/77 sino en el DTO 806/97 reglamentario de la ley 11.720 art. 53 inc. f). Es decir que el a quo revisor y el ad quem entienden ambos que no es procedente el recurso casatorio, la incompetencia de este último,  por distintas normativas. Quiere decir que para el Tribunal de Casación Penal no existe un esquema normativo para conocer en esta cuestión; cito textualmente: “…no existe una norma que atribuya competencia para conocer en la cuestión traída a estudio, y asi habilitar la vía casatoria en un recurso no previsto en la ley…..” y rechaza por inadmisible con fundamento en los arts. 421 y 450 del CPP. Y en el mismo fallo solo reconoce su competencia en “comisión de conductas ilícitas que configuren delitos”.

  Excelentísima Suprema Corte de Justicia solicito que al momento de evaluar este recurso extraordinario, y recurriendo a su más alta Doctrina Jurisprudencial, observe que el Tribunal de Casación Penal incurre en una clara omisión esencial por cuanto no trata una cuestión esencial que hace a la continuidad de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que la sentencia dictada debió atender.

  Lo que esta parte se encarga de dar a luz, sin intentar ser Socrático en el trayecto, es expresar claramente que la Jurisdicción Penal se extiende a delitos y contravenciones. Y asi esta reglado en el art. 15 CPP, segundo párrafo. La omisión de la máxima autoridad casatoria es esencial pues no observa el esquema legal vigente en todo el ámbito de la provincia. Esta omisión obliga a preguntarse a esta parte ¿Si la jurisdicción penal se extiende a delitos y contravenciones cómo es posible que la SALA II del a quo halla omitido el expreso art. 15 del CPP? Y lo que es de suma gravedad institucional que de mantenerse esa doctrina del a quo, para solo intervenir en conductas que configuren delitos, se deja ilegalmente de lado las atribuciones por las cuales tiene competencia insoslayable para entender en las penas de multas por contravenciones; la doctrina penal (Zaffaroni, Cortázar) ha dicho que no existe otra diferencia entre delito y contravención que la puramente cuantitativa (Pedro Bertolino CPP, anotado y comentado, pagina 85). Por consiguiente él A Quo debió declarase competente para entender en el recurso de casación. Ya no solo por el esquema jurídicoextensivode la jurisdicción penal del art 15 del CPP sino también por ser la multa una pena contravencional. En suma, Excelentísima Suprema Corte, la omisión esencial del Tribunal de Casación Penal es patente en su rechazo manifiesto, expreso y escrito al principio constitucional de la jurisdicción penal para entender en delitos y contravenciones. Es indudable SS que el fallo de casación debe ser anulado por esta omisión esencial.

    2)-Falta de fundamentación:

  Reza expresamente la primer parte del  Artículo 171 de la Constitución provincial:- Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados, serán fundadas en el texto expreso de la ley

  Esta Suprema Corte tiene establecido que: Resultando entonces la Corte bonaerense el postrer escaño ‑salvo los casos del art. 14 de la ley 48 y sus extensiones pretorianas‑ se requiere que el asunto que se pretenda llevar ante este cuerpo ‑por un canal recursivo‑ esté acabadamente fallado, es decir que no le quede al perdidoso ninguna otra hendija de ataque. En consecuencia no sería posible saltear la competencia del Tribunal de Casación, para llevar a cabo dicha inspección de supralegalidad. Ninguna limitación legal puede menguar este embate de origen constitucional (doctrina del art. 161.1 de la Const. pcial.). En particular, considero que el art. 448 inc. 1 del Código Procesal Penal habilita el recurso de casación ante planteos como los traídos en autos, teniendo en cuenta especialmente que el art. 15 del mismo Código incluye en la jurisdicción penal la materia contravencional. (Ac. 90.367 “C., P. E. Infracción ley 11.430. Apelación de falta municipal. Recursos de inconstitucionalidad y nulidad” Voto de El señor Juez doctor Hitters.)

  Por lo tanto esta parte sostiene y solicita a este órgano superior aplique esta doctrina legal por cuanto resulta más que evidente que el Tribunal Penal de Casación no ha fundado su fallo en el texto expreso de la ley de rito. Violando el principio extensivo de la jurisdicción penal para entender y conocer en delitos y contravenciones. Por ello debe anularse el fallo de casación ordenándose que ejerza su jurisdicción penal contravencional.

  Es decir que el a quo no puede ser incompetente como lo establece en su fallo que motiva este recurso. Ya que existe expresamente la norma que le atribuye el conocimiento suficiente y jurisdiccional como lo es el art. 15 del CPP.  En congruencia con los arts. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del mismo ordenamiento.

  INTERPONE RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY POR VIOLACION DE GARANTIAS FEDERALES.

 

  Es ineludible a la recurrencia de esta parte decir expresamente que el decisorio del Tribunal de Casación Penal viola expresas garantías constitucionales de carácter federal como son: la garantía del juez natural del art. 18 del Constitución Nacional siendo su reflejo el acceso irrestricto a la justicia del art. 15 de la Constitución provincial. Ya que el a quo al declararse incompetente, sin fundamento expreso en la ley y omitiendo una cuestión esencial como es ejercer su jurisdicción penal en materia contravencional, deja sin rumbo cierto la aplicación operativa de la garantía federal del juez natural y su correlato el derecho de defensa. Porque la garantía del juez natural no es solo la posibilidad, como el caso particular de esta parte, de que un juez en lo correccional revise la multa del OPDS. Porque ello no es suficiente para garantizar el acceso a la jurisdicción. La suficiencia jurisdiccional es el amplio acceso para someter las cuestiones justiciables a las diferentes instancias de apelación ordinaria y extraordinaria.

  Ciertamente Excelentísima Suprema Corte, al ser el a quo la máxima expresión de acceso a la jurisdicción penal, con mayor razón jurídica e institucional debió entender con su atribución casatoria. Ello no fue asi. Declarándose incompetente argumentando, cito textual: “En materia de faltas o contravenciones municipales, policiales o administrativas, rige, específicamente, lo normado en el artículo 24 del Código Procesal Penal ley 11.922, no habiendo legislado, en el caso, el conocimiento del Tribunal de Casación mediante el remedio impugnaticio extraordinario, como lo es el recurso impetrado”

  Por lo tanto no existe ley para  que el a quo intervenga, es decir esta parte no tiene desde el fallo de casación más que el recurso de apelación por el cual entendió el Juez en lo correccional. Y hasta allí puede obrar esta parte, es decir, solo la división administrativa inferior agota la vía recursiva. Esto es una aberración jurídica y aquí vale también el argumento de la nulidad por la omisión a la cuestión esencial por cuanto la jurisdicción penal se extiende a delitos y contravenciones art. 15 CPP.

 SS, le solicito observe con su más alta función de contralor de legalidad y supralegalidad, ante la flagrante violación por parte del Tribunal de Casación Penal de las garantías federales del juez natural y su correlato el derecho de defensa.

  SS, esta parte solicita la aplicación, en lo pertinente, de la acordada Ac. 95.091 y se conceda el recurso de inaplicabilidad de ley por resultar afectadas garantías constitucionales cuya observancia emana del control que impone el art. 31 de la Constitución nacional. Y revocar la sentencia del Tribunal de Casación y devolver los autos al aludido tribunal para que dicte nuevo fallo ajustado a derecho.

 DERECHO

Finalmente destaco que mantengo las cuestiones federales oportunamente planteadas en los términos del art. 14 de la Ley 48.

 SE ADJUNTAN ANTECEDENTES DOCUMENTALES PARA MAYOR RECAUDO: Nota del letrado patrocinante-Copia de escrito de manifestación de intención de interponer recursos -Copia del fallo de casación-Copia de la denegatoria del Juez correccional- copia del recurso de queja-copia del recurso de casación.

PETITORIO.

              En razón de todo lo dicho solicito de la Excelentísima Suprema Corte de Buenos Aires:

               1.-Tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el presente Recurso Extraordinario de Nulidad e inaplicabilidad de ley.

              2.- Haga lugar al mismo, anule el fallo recurrido y devuelva los autos al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Bs. As. para que dicte uno nuevo que trate todas las cuestiones planteadas.

              3.- Tenga presente que mantengo la reserva del caso federal.

              Proveer de conformidad

              SERA JUSTICIA.

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EL GRAVATAR ES DE MARIANO MORENO. EL INTELECTUAL JACOBINO DE LA REVOLUCION DE MAYO
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