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Archive for 29 julio 2010

SUPREME COURT OF THE UNITED STATES

Les dejo el fallo que permite la libre portación de armas en territorio americano; esta en ingles pero tiene vocabulario jurídico y es muy legible; Me ahorro la opinión. Es muy complejo opinar sobre otro pais. Lo cierto es que las armas amen de su concepto violento-dispositivo de seguridad,  tienen un basamento de corte económico e indicativo de crecimiento industrial, y esto es para mi lo único que se defiende.  ¡Claro fundado en la segunda enmienda!
Extracto:
MCDONALD ET AL. v. CITY OF CHICAGO, ILLINOIS,
ET AL.
CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE SEVENTH CIRCUIT
No. 08–1521. Argued March 2, 2010—Decided June 28, 2010
Two years ago, in District of Columbia v. Heller, 554 U. S. ___, this Court held that the Second Amendment protects the right to keep and bear arms for the purpose of self-defense and struck down a Dis-trict of Columbia law that banned the possession of handguns in thehome. Chicago (hereinafter City) and the village of Oak Park, a Chi-cago suburb, have laws effectively banning handgun possession byalmost all private citizens. After Heller, petitioners filed this federalsuit against the City, which was consolidated with two related ac-tions, alleging that the City’s handgun ban has left them vulnerable to criminals. They sought a declaration that the ban and several re-lated City ordinances violate the Second and Fourteenth Amend-ments. Rejecting petitioners’ argument that the ordinances are un-constitutional, the court noted that the Seventh Circuit previouslyhad upheld the constitutionality of a handgun ban, that Heller had explicitly refrained from opining on whether the Second Amendment applied to the States, and that the court had a duty to follow estab-lished Circuit precedent. The Seventh Circuit affirmed, relying on three 19th-century cases—United States v. Cruikshank, 92 U. S. 542, Presser v. Illinois, 116 U. S. 252, and Miller v. Texas, 153 U. S. 535— which were decided in the wake of this Court’s interpretation of theFourteenth Amendment’s Privileges or Immunities Clause in the Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36.
Aquí les dejo el PDF 08-1521MACDONALD V CHICAGO COURT OF USA

Categorías:Politica y economia

El periodo de sospecha en la quiebra.

Como leerán el periodo de sospecha en el concurso o en la quiebra, a pesar de la reforma legislativa, no ha menoscabado su discurso o aplicación en el fuero comercial.

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CONCURSOS. EFECTOS SOBRE ACTOS PERJUDICIALES A LOS ACREEDORES. ACTOS
CELEBRADOS CON CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CESACION DE PAGOS. ACCION
REVOCATORIA CONCURSAL. PRUEBA. PRESUNCIONES. CESION DE BOLETO DE
COMPRAVENTA DE INMUEBLE.

23.3.4

1. LA TRANSMISION DEL DOMINIO ES REVOCABLE, SI LA CESION DEL BOLETO DE
COMPRAVENTA, LA TOMA DE POSESION DEL INMUEBLE, EL PAGO Y LA ESCRITURACION
OCURRIERON DURANTE EL PERIODO DE SOSPECHA, Y LOS CESIONARIOS CONOCIERON EL
ESTADO DE INSOLVENCIA DEL VENDEDOR (LC 123).
2. LA CESACION DE PAGOS NO PUDO SER INADVERTIDA SI LA OBRA ESTABA PARALIZADA,
EL VENDEDOR ESTABA EN MORA EN LA ENTREGA DE LAS UNIDADES Y EXISTIAN EMBARGOS Y
DIFICULTADES PARA ESCRITURAR.

DIAZ CORDERO – MORANDI – PIAGGI

CIGAIF SA S/ QUIEBRA C/ KRAFF, FEDOR.
6/03/89

CAMARA COMERCIAL: B

LEY 19551: 123

TEMA: CONCURSOS

CONCURSOS: EFECTOS SOBRE ACTOS PERJUDICIALES A LOS ACREEDORES.
ACTOS CELEBRADOS CON CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CESACION DE
PAGOS. ACCION REVOCATORIA CONCURSAL.
ENTIDADES FINANCIERAS. PRESTAMOS INTERFINANCIEROS. CANCELACION.
CESION DE CREDITO. COMPENSACION. INOPONIBILIDAD LC 119.
RESTITUCION. INTERESES.

23.3.

Cabe declarar inoponibles, en los términos de la Ley 24522: 119
frente a los acreedores concursales del banco accionante las
cesiones y compensación de créditos cuestionados, toda vez que
ha quedado demostrado en la causa el conocimiento por el
cesionario del estado de cesación de pagos que afectaba al
cedente luego fallido; que se cumplieron en el período de
sospecha y que ello causó perjuicio a los acreedores; por lo que
cabe disponer lo siguiente: a) en tanto los tres créditos
adquiridos por el banco accionado mediante cesión que le hiciera
el accionante, fueron excluidos de su activo en los términos de
la Ley 21526: 35 bis, y transmitidos a un fideicomiso, el efecto
restitutorio de la presente acción de ineficacia concursal no
los puede alcanzar (arg. art. 35 bis, ap. V, inc. “c”, y art. 51
inc. “a”, de la ley de entidades financieras; CNCom, Sala E,
26/4/01, “Banco Almafuerte S.A. s/ liquidación judicial s/
incidente de ineficacia”), por lo que no siendo posible la
restitución in natura, corresponde la reintegración del valor
pertinente; esto es, la suma de $ 1.800.962,63 correspondiente a
uno de los créditos cedidos y la suma de $ 512.599,96 referente
a las otras dos cesiones de créditos realizadas; y b) debe
reintegrar al patrimonio del accionante el importe
correspondiente al crédito que fue objeto de la compensación
declarada inoponible, esto es, la suma de $ 500.000; c) al total
de las sumas precedentemente ($ 2.813.562,59), deberán
adicionarse intereses desde la fecha de la sentencia de quiebra
del accionante, pues la restitución deviene operativa con ella,
y la declaración de inoponibilidad solamente actualiza esa
obligación (cfr. Heredia, P., “Tratado exegético de derecho
concursal”, Buenos Aires, 2005, t. 4, p. 159); los que se
calcularán a la tasa del 6% anual.

Heredia – Dieuzeide – Vassallo.

74869/01.
BANCO EXTRADER S.A. C/ BANCO FEIGIN S.A. S/ ORDINARIO (ACCION DE
REVOCATORIA CONCURSAL).
10/09/09

Cámara Comercial: D.

Ley 24522: 119.
Ley 21526: 35 bis.

FQN6.

CONCURSOS: EFECTOS SOBRE ACTOS PERJUDICIALES A LOS ACREEDORES.
ACTOS CELEBRADOS CON CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE CESACION DE
PAGOS.
INEFICACIA. Leer más…

Categorías:Concursos y quiebras.

Nulidad de subasta.

Tres extractos de jurisprudencia para pensar limites a la hora de la subasta judicial cuando existe sentencia firme
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DERECHO PROCESAL ESPECIAL: PROCESOS DE EJECUCION. JUICIO
EJECUTIVO. GENERALIDADES. SUBASTA. NULIDAD (CPR 592).
PROCEDENCIA. EMBARGO. CADUCIDAD. NULIDICENTE: TITULAR DEL BIEN.

2.2.17.9.

Procede declarar la nulidad de la subasta de un inmueble,
cuando, como en el caso, el remate judicial del bien fue
concretado sin haberse observado uno de los recaudos procesales
ineludibles para su validez, cuál era -precisamente- la
subsistencia de la medida cautelar que resguardara válidamente,
el derecho creditorio de la accionante. Ello así, no puede
soslayarse -en la especie- que el embargo trabado sobre el
inmueble en cuestión ya había caducado en oportunidad de
realizarse la subasta del mismo, toda vez que transcurrió el
plazo legal de cinco (5) años previsto en el CPR: 207-in fine,
así como en la Ley 17801: 37, sin que la accionante hubiese
impulsado la reinscripción de dicho gravamen con anterioridad a
su vencimiento, extinguiéndose con ello el sustento del pretenso
derecho de la accionante sobre el inmueble ejecutado. Y a ello
se adiciona la no poco relevante circunstancia de que la titular
dominial del inmueble enajenado (es decir, la nulidicente) no
fue notificada de la realización de la subasta decretada sobre
el bien inmueble respecto del cual detentaba la titularidad
registral; resultando irrelevante, a tales fines, si al momento
en que adquirió su dominio tuvo conocimiento de la existencia
del embargo y -por ende- del presente litigio. Ello así, toda
vez que, independientemente de haber conocido tal circunstancia,
debió haber sido informada de la proximidad del remate que
afectaría el bien de su propiedad, a los fines de que pudiese
ejercer su derecho de defensa en juicio, esto es, alegar en la
situación del sub-lite la extinción del embargo y la
inexistencia de medida vigente que pudiese afectar su derecho, o
si el caso hubiese sido otro, por ejemplo, contar con la
posibilidad de liberarse del gravamen que pesaba sobre el
inmueble, depositando las sumas correspondientes al embargo (en
la hipótesis, claro está, de que éste no hubiese caducado, como
finalmente aconteció en la especie), con más sus respectivos
intereses. Ello, por cuanto resulta indiscutible que la
nulidicente es un tercero interesado en la ejecución del bien,
en tanto es -nada más ni nada menos- que la titular dominial del
inmueble rematado, no resultándole oponible a su parte la
subasta oportunamente realizada.

Uzal – Kölliker Frers.

27087/97.
SANTOS, BLANCA NAIR C/ MATEOS, CRISTINA S/ EJECUTIVO.
6/08/09

Cámara Comercial: A.

Código Procesal: 207.
Ley 17801: 37.

FPD4.

DERECHO PROCESAL ESPECIAL: PROCESOS DE EJECUCION. JUICIO
EJECUTIVO. INTIMACION DE PAGO. NULIDAD.
PRUEBA NEGATIVA. IMPROCEDENCIA. Leer más…

LA ESTACION DE ONCE Y EL ONABE Y OTRO

Una opinion muy elocuente y bien fundada del año 2005.
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Dictámenes Tomo 253 Página 167

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Organismo Nacional de Administración de Bienes. Facultades.  Estación Terminal Once de Septiembre.

No existen objeciones de índole jurídica que formular a la Disposición del Organismo Nacional de Administración de Bienes Nº 31/03 y al procedimiento de selección desarrollado en consecuencia, en punto al objeto y tipo de contrato que se pretende celebrar relacionado con la Estación Terminal Once de Septiembre. La modalidad contractual por la que ha optado el ONABE se ajusta a las previsiones contenidas en la Ley Nº 23.696 y en disposiciones reglamentarias, dictadas con posterioridad al Decreto Nº 1143/91. El actual régimen de contratación administrativa contempla expresamente la posibilidad de la utilización de nuevas figuras contractuales, junto a las típicas, por la Administración Pública, como técnica para satisfacer las necesidades del tráfico jurídico público. En ese contexto, la Administración, en el marco de facultades que le son propias y que le acuerda el ordenamiento jurídico, dispuso de una de las herramientas que el sistema normativo pone a su disposición –de acuerdo a la naturaleza del acto que debía realizarse- y, en ejercicio de potestades atribuidas legalmente, optó por la satisfacción de las necesidades públicas involucradas, a través de un contrato cuyo objeto excede los límites materiales de cualquiera de los tipos contractuales tipificado por el ordenamiento jurídico.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Organismo Nacional de Administración de Bienes. Director. Delegación de facultades.

La delegación al director del Organismo Nacional de Administración de Bienes –ONABE- en materia de celebración de contratos por una resolución del ex Ministerio de Infraestructura y Vivienda se efectuó dentro de los límites establecidos por el artículo 3º de la Ley Nº 19.549, pues conforme a la ley, la delegación no requiere autorización legislativa; es suficiente la habilitación normativa; de modo que en el marco de aquella, un reglamento, puede operar como fuente de competencia para delegar, o de competencia delegada. Ahora bien, el dato que la titularidad de la Presidencia del Directorio haya sido encomendada por el Poder Ejecutivo a través del tiempo a distintos órganos a partir del dictado del Decreto Nº 813/01 no tiene, per se, eficacia jurídica suficiente para considerar que tal circunstancia ha producido la derogación de la delegación de facultades toda vez que, más allá de dichas vicisitudes organizativas, se ha mantenido vigente sin solución de continuidad  la facultad en materia de delegación de funciones prevista por el artículo 4º del Decreto Nº 443/00.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Interés público. Ius variandi.

Al contrato administrativo subyace un imperativo institucional de que el objeto en que consiste se realice efectivamente y, además, del modo más ajustado en cada momento al interés público. Ello ha dado lugar a una serie de instrumentos jurídicos que operan como técnicas de aseguramiento de los intereses públicos, técnicas que, en sustancia, se encuentran recogidas por los artículos 12 y 13 del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 y particularmente, de interpretación unilateral, la potestad modificatoria o ius variandi, también denominada como de mutabilidad del contrato administrativo, la potestad de dirección, la potestad correctiva; así como las técnicas de garantía del  equilibrio económico: el hecho del príncipe y el riesgo imprevisible –teoría de la imprevisión-.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Contrato de obra pública. Ecuación económico-financiera.

En lo atinente al aspecto estrictamente jurídico, la ecuación económico financiera del negocio jurídico queda definida al momento de la presentación de las ofertas correspondiendo luego a la Administración evaluar las ofertas presentadas, y, en su caso, elegir la más conveniente. Producida la adjudicación y la suscripción del contrato, según la modalidad de que se trate, la preservación de la equivalencia honesta de las prestaciones y consecuentemente del equilibrio de la ecuación económico financiera, se ve garantizada a través de las técnicas de tutela del interés público, en particular aquellas tendientes a remediar los impactos derivados del área económica o del área administrativa.

ESTADO NACIONAL. Patrimonio. Administración. Autoridad competente.

Mediante el artículo 8º inciso a) del Decreto Nº 1383/96, al Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios  –ENABIEF- se le asignó la función de administrar el patrimonio del Estado Nacional. A los efectos del cumplimiento de tal misión, se lo facultó para realizar todas las acciones necesarias relativas a la preservación del patrimonio a su cargo. Ahora bien, ni en la motivación del decreto ni en su parte dispositiva se hace alusión alguna respecto de la modalidad de contratación prevista por la última parte del artículo 5º del Decreto Nº 1143/91, para las terminales ferroviarias. Lo que sí se pone de manifiesto en dicho acto administrativo es el otorgamiento de amplias atribuciones en materia de administración de los bienes cuya afectación le fuera transferida, entre los que se encuentran las terminales ferroviarias –y, entre ellas, la Estación Once de Septiembre-, y amplias facultades en materia de contratación con el fin de cumplir los cometidos públicos que le fueran asignados. Tales atribuciones son las que actualmente ostenta el Organismo Nacional de Administración de Bienes –ONABE-, en virtud de lo previsto por el artículo 3º del Decreto Nº 443/00 que, expresamente, prevé en lo que aquí interesa que dicho organismo tendrá las misiones y funciones del Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios, establecida por el Decreto Nº 1383/96.

LEY. Interpretación.

Cuando de las palabras del precepto se deduce indudablemente el sentido de la voluntad legislativa, no es admisible, so pretexto de interpretar la norma, indagar un pensamiento y una voluntad distintos. La transparencia de un texto legal no deja resquicio a un análisis exegético que pondere elementos ajenos al de su consideración directa; no resultando admisible la pretensión de hacer decir a la ley lo que la ley no dice, o dejar de cumplir lo que inequívocamente ordena (conf. Dict. 233:223).

ACTO ADMINISTRATIVO. Validez.

Desde la perspectiva de la competencia en razón del grado del Director del Organismo Nacional de Administración de Bienes –ONABE-, las Disposiciones Nº 31/03 y Nº 65/04, no merecen reparos legales que formular. En virtud de ello, desde el punto de vista jurídico resulta innecesario proceder a la ratificación de lo actuado por el ONABE y, consecuentemente, al dictado de la decisión administrativa  que se acompaña por parte Jefe de Gabinete de Ministros, ya que no habiendo vicio de competencia del agente del cual emanó el acto de adjudicación, ni correlativamente, un acto nulo de nulidad relativa, la ratificación del mismo por autoridad superior, no resulta necesaria en atención a la ausencia de necesidad de auxilio para superar una circunstancia  -vicio del acto- que no se configuró.

ACTO ADMINISTRATIVO. Acto anulable. Saneamiento. Ratificación y confirmación.

La Ley de Procedimientos Administrativos faculta a la Administración para sanear actos administrativos anulables, recurriendo al remedio de la ratificación por el órgano superior jerárquico, siempre que la avocación, delegación o sustitución fueran procedentes. En efecto, para la procedencia del saneamiento –y, por ende, de la ratificación-, es condición indispensable, que el acto administrativo que se pretende sanear sea anulable; esto es, un acto en el que, en su dictado, se hubiese incurrido  en alguna irregularidad u omisión, o que contenga algún vicio, que no impida la existencia de alguno de sus elementos esenciales. Tal es el caso del vicio de incompetencia en razón del grado, al que la Ley Nº 19.549 no incluye entre aquellos vicios que provocan la nulidad absoluta (conf. Dict. 247:180).

ACTO ADMINISTRATIVO. Acto anulable. Saneamiento. Ratificación y confirmación.

El acto necesitado de ratificación es un acto administrativo regular, que produce desde su nacimiento efectos jurídicos, sólo que está viciado; este vicio es eliminado por la ratificación. De tal suerte, los efectos que cumplió hasta la ratificación son válidos y, los legitima para el futuro (conf. Dict. 247:780; 248:475).

DERECHO PENAL. Principios. Efectos. Derecho Procesal Penal.

En el Derecho Penal y en el Derecho Procesal Penal rige, como uno de los fundamentos del sistema, que toda persona tiene derecho a ser considerada inocente mientras que no se pruebe que es culpable. En esta regla se basa todo el sistema acusatorio, puesto que no es al presunto culpable a quien incumbe demostrar su inocencia, sino a quien lo acusa probar tal culpabilidad. Es en materia procesal donde el tema ofrece particular relevancia, porque se plantea el tema de si la persona que es inculpada de un acto criminoso y aún detenida preventivamente, debe ser considerada inocente y que el hecho de que sean sometidas a un juicio, y hasta transitoriamente privada de libertad, esto último para asegurar la investigación del delito, no es porque se tenga que probar su inocencia, sino que lo que ha de demostrarse es su culpabilidad, y si tiene que probarse ésta, es precisamente porque el incriminado es inocente.  Entonces, el procesado deberá ser tratado como inocente, sin hacer recaer sobre él otras  restricciones que las necesarias para evitar que pueda sustraerse a la acción de la justicia.

LICITACIÓN PÚBLICA. Causales de inhabilidad. Inadmisibilidad de la oferta. Ponderación.

No debe confundirse, a efectos de analizar la legitimidad del proceso licitatorio y del acto de adjudicación el momento de ponderación de las causales de inhabilidad y de las de inadmisibilidad de la oferta. Ello resulta de la interpretación armónica de las normas del Decreto Nº 436/00, cuyo artículo 74, estipula la inadmisiblidad de las ofertas que no reúnan los requisitos exigidos, pero en un momento del procedimiento distinto y anterior al de la contratación. En este orden argumental, no correspondería otra interpretación ya que, las situaciones contempladas por las normas, pretenden  otorgar a la Administración distintas herramientas para asegurar el cumplimiento de los fines para los cuales instrumenta el procedimiento de contratación, en el marco  de los principios generales a los que debe ajustarse la gestión de las contrataciones, esto es, de razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado, promoción de la concurrencia de los interesados y competencia de los oferentes, transparencia  de los procedimientos, publicidad e igualdad. Caso contrario, se afectarían principios como el de igualdad, contenidos en el régimen de contrataciones.

LICITACIÓN PÚBLICA. Procedimiento de selección. Adjudicación. Validez.

En el proceso vinculado a la concesión para la administración y explotación de la Estación Terminal Once de Septiembre, se optó por el procedimiento de selección establecido como regla por el Régimen aprobado por Decreto Nº 1023/01, que garantiza la posibilidad de participación de todos los interesados  y se dio cumplimiento a todas las etapas previstas por la reglamentación; resolviéndose las distintas vicisitudes planteadas sobre la base de informes técnicos. Las distintas vicisitudes judiciales vinculadas directa o indirectamente al procedimiento licitatorio, a la fecha, se resolvieron en el sentido de la presunción de legitimidad de los actos administrativos cuestionados. Por ello, no merece observación legal que formular el acto administrativo por el que se dispone la adjudicación de la Licitación Nº 23/03.

LICITACIÓN PÚBLICA. Principio de transparencia.

De los informes producidos y de las pautas contenidas en los Pliegos que sustentaron la licitación para el otorgamiento de la concesión de la Terminal Once de Septiembre, surge que fueron respetados los criterios que rigen este procedimiento, así como el principio de transparencia, ya que los elementos requeridos por la normativa aplicable fueron tenidos en cuenta no sólo al momento de elaborar los pliegos, sino también al tiempo de evaluar las ofertas y elaborar el dictamen de Comisión. Específicamente, por las características del llamado a licitación y de los pliegos,  no se advierten contradicciones en los dictámenes de la Comisión de Evaluación respecto de las puntuaciones efectuadas.

LICITACIÓN PÚBLICA. Principio de transparencia.

El principio de transparencia no es propio o específico del procedimiento licitatorio, porque debería serlo de todos los procedimientos administrativos. La transparencia  aparece como el cumplimiento cabal de todos los otros principios propios de la licitación (publicidad, concurrencia, igualdad) y entendemos  que los engloba. Es un resultado de su cumplimiento. También la transparencia está emparentada con el control; pudiéndose decir que no habrá una sin otro.

LICITACIÓN PÚBLICA. Preadjudicación. Carácter. Presupuestos.

La experiencia administrativa muestra la existencia de cierta práctica en la cual la preadjudicación se sujeta a la condición de que el o los oferentes eventualmente preadjudicatarios, cumplan con requisitos exigidos en el pliego, esenciales o no esenciales. Normalmente, esta clase de preadjudicación contiene, para los destinatarios de ella, el apercibimiento de quedar sin efecto en caso de que las exigencias fijadas no se cumplan dentro del plazo que aquella determina. Ahora bien, la preadjudicación no es, técnicamente un acto administrativo, pues ella no genera de modo inmediato efectos jurídicos individuales, respecto de terceros, es si, un acto meramente preparatorio de la decisión final, el cual, en rigor, no debería contener más que el juicio de valor que la autoridad competente para dictarlo acerca del mérito de las ofertas presentadas. Para instrumentar el formalismo moderado no se debe, pues, emplear el acto de preadjudicación o, en su caso, ahora en el marco del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 436/00, los dictámenes de evaluación, y mucho menos para posibilitar el saneamiento de recaudos esenciales.

LICITACIÓN PÚBLICA. Pliego de Bases y Condiciones. Interpretación restrictiva.

Aún cuando las cláusulas de los pliegos deben ser de interpretación restrictiva, como resguardo a la igualdad de los participantes frente a la alternativa que excluya al oferente de aquella que permita su participación en el concurso, ante cualquier norma dudosa, debe prevalecer la admisión de la oferta, cuya conveniencia luego ha de ser ponderada con criterio de razonabilidad en forma previa a la adjudicación (conf. Dict. 188:1).

LICITACIÓN PÚBLICA. Pliego de Bases y Condiciones. Garantías. Finalidad.

De la lectura del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, como del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultan claras las previsiones que contienen a los fines de dar adecuada tutela  a los intereses del Estado Nacional, en el marco del proceso licitatorio vinculado con la concesión de la Estación Terminal Once de Septiembre.  Así, no sólo resulta de previsión para el caso bajo análisis la constitución de una garantía de cumplimiento de contrato, sino también la integración de otra, distinta, cuyo objeto será garantizar el cumplimiento de las obras propuestas; obligación ésta que, resulta significativa en lo que a la ejecución del contrato se refiere.  Consecuentemente, se da una clara combinación de instrumentos a través de los cuales, el Estado Nacional, asegura el resguardo de los intereses públicos comprometidos con lo que se encuentra, desde la perspectiva jurídica, conceptualmente satisfecha la recomendación efectuada por la Sindicatura General de la Nación.

LICITACIÓN PÚBLICA. Pliego de Bases y Condiciones. Características.

El pliego de bases y condiciones, genéricamente, es el documento elaborado por la Administración Pública en el cual ésta regula el procedimiento de selección de su futuro contratista y, asimismo, el régimen de ejecución del contrato de que se trate.

LICITACIÓN PÚBLICA. Pliego de Bases y Condiciones. Clasificación.

El pliego de condiciones contiene, las disposiciones generales especiales, destinadas a regir el contrato en su formación y ejecución. Así, el pliego preestablece las cuestiones que le interesan al licitante sobre el objeto de la contratación. En consideración al carácter sustancial de las cláusulas contenidas en el pliego, se pueden distinguir pliegos administrativos y pliegos técnicos. Los primeros contienen cláusulas de orden jurídico; los segundos, las de carácter técnico. Si se tiene en cuenta la extensión de las cláusulas y condiciones, los pliegos pueden ser analíticos o sintéticos. Aquellos, determinan exhaustivamente las condiciones del procedimiento y la contratación; excluyendo toda variación originada en la iniciativa de los oferentes; en tanto los últimos, abrevian las condiciones y aumentan la discrecionalidad de los oferentes; dejándoseles las especificaciones de forma, modo, precio, plazo, etc. de la prestación solicitada.

LICITACIÓN PÚBLICA. Pliego de Bases y Condiciones. Clasificación. Analíticos y sintéticos.

La clasificación de los pliegos en analíticos y sintéticos no marca una separación absoluta puesto que hay gradaciones entre las dos clases. A veces la contratación está regida por un pliego minucioso y detallado pero, en cuanto a determinados aspectos del objeto, le deja al oferente en libertad de ofrecer lo que crea conveniente. También puede darse la situación inversa. La conveniencia de una u otra clase de pliego no puede ser formulada en abstracto; todo depende de la cosa licitada y de las condiciones del mercado. Y así, la razonabilidad de la opción no deriva de una estimación aislada sino comparativo/textual.

LICITACIÓN PÚBLICA. Pliego de Bases y Condiciones. Validez.

Desde el punto de vista jurídico no corresponde formular observaciones a los pliegos oportunamente aprobados, en tanto, tales documentos no se apartan de los requisitos establecidos por la legislación vigente. En el caso, no se ha omitido preestablecer las bases y condiciones técnicas de la licitación. El Organismo Nacional de Administración de Bienes –ONABE- optó por aprobar los pliegos técnicos sintéticos, que contienen los requisitos esenciales establecidos por la reglamentación dejando librado al oferente la determinación de los elementos variables; opción ésta jurídicamente factible para este tipo de contrato en tanto se encuentra sujeto al Decreto Nº 436/00 y, expresamente prevista por el artículo 36 de dicha reglamentación, cuya instrumentación no se subordina al acaecimiento de circunstancias excepcionales para desarrollar procedimientos de selección en las que no se detallan, específicamente, el objeto. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares satisface las exigencias contenidas en los incisos a) y b) del referido artículo 36. Atento la modalidad adoptada con relación a la selección del contratista y al contenido de las ofertas, no resulta factible incorporar un pliego de especificaciones técnicas particulares, en tanto este tipo de pliegos son los que forman parte de la documentación del proyecto y, en el caso, su elaboración integra las obligaciones del concesionario.

LICITACIÓN PÚBLICA. Pliego de Bases y Condiciones. Cláusulas. Carácter.

La enunciación de las cláusulas hecha por la ley que forman parte del contenido de los pliegos de condiciones tiene un doble carácter: taxativo e indicativo a la vez. Es taxativa en el sentido que un pliego de condiciones no puede dejar de contener tales cláusulas, que forman así el contenido mínimo de todo pliego; es indicativa, en el sentido que aquellas cláusulas no agotan el contenido posible de los pliegos de condiciones, ya que pueden incluirse cláusulas ulteriores, siempre que lo considere útil la administración, naturalmente sin derogar las exigencias legales.

INFORMES TÉCNICOS. Plena fe. Efectos.

Los informes producidos por las áreas técnicas, merecen plena fe, siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor (conf. Dict. 207:343; 247:180).

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN. Competencia. Dictamen. Cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia.

Dado el carácter jurídico del dictamen, la Procuración del Tesoro de la Nación no entra a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, ni tampoco se expedir, en principio, respecto de las razones de oportunidad, mérito y/o conveniencia de las medidas que se pretenden adoptar (conf. Dict. 206:156; 214:134; 228:28; 230:156; 231:36).

Dict. Nº 150/05, 12 de mayo de 2005. Expte. Nº 01-0153535/04. ONABE. (Dictámenes 253:167).

253-167 ONABE PDF

DESDE AQUI UN DICTAMEN TRASNOCHADO CON UN POCO DE AZUCAR. Leer más…

El recurso jerarquico

Dictámenes Tomo 272 Página 208

EMPLEADOS PÚBLICOS. Reencasillamiento.

Corresponde rechazar el recurso jerárquico deducido en subsidio por una agente del ex Consejo Nacional del Menor y la Familia contra la resolución conjunta que la reencasilló en el Nivel E Grado 1 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA), aprobado por Decreto N° 993/91, t.o. 1995; pues las funciones que efectivamente ejercía la interesada al momento de su reencasillamiento se corresponde con el Nivel E otorgado.

EMPLEADOS PÚBLICOS. Reescalafonamiento.

El reescalafonamiento en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa excedió el mero pase horizontal del agente de un escalafón a otro, habiéndose  determinado su ubicación escalafonaria en función de las tareas que efectivamente cumplía a la fecha de su reencasillamiento (conf. Dict. 211:423).

EMPLEADOS PÚBLICOS. Encasillamiento. Administración Pública Nacional. Facultades discrecionales.

En materia de encasillamiento o reescalafonamiento, el Poder Administrador tiene, en principio, facultades discrecionales, a fin de evaluar la complejidad, autonomía y responsabilidad de las tareas o funciones ejercidas por el agente, de acuerdo con lo previsto en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (conf. Dict. 265:53).

Dict. N° 48/10, 12 de marzo de 2010. Expte. N° 123.268/94. Ex Consejo Nacional del Menor y la Familia. (Dictámenes 272:208).

272-208 Recurso jerarquico en subsidio. PDF

Despido: indirecto y accidente laboral


ENFERMEDADES  INCULPABLES 

Pedido de tareas acordes.Ausencia de prueba de

incapacidad.Improcedencia.

No   constituye   injuria  que  justifica  el  despido  indirecto
resuelto  por  el  trabajador  el pedido de realización de tareas
livianas,  si  no está fundamentando en pruebas que acrediten que
se  encontraba  incapacitado  para  la  realización de sus tareas
habituales.Aún  ante  el  silencio  de  la  empleadora  ante  tal
requerimiento  del  accionante,  hubiera sido necesario que en la
comunicación  telegráfica se explicara qué tareas podía cumplir y
se  fundamentara  alguna  opinión científica referida a su estado
de  salud  en ese momento, requisito indispensable a los fines de
evaluar adecuadamente el emplazamiento que se formulaba.
BT                                                             68

SCOTTI-CORACH

27686/01
Curima  Juan  c/  Coca  Cola  FEMSA  de  BS.AS.sa  s/ ind.art 212
16/02/05

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