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Ojo las empresas con sus defensas

Voces: CONCURSOS – VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS – CRÉDITOS LABORALES –
INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD – INDEMNIZACIÓN REDUCIDA – CONTRATO DE
TRABAJO – EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR FUERZA MAYOR
Partes: La Emilia S.A. | incidente de verificación de créditos por Marta Raquel Aladro de Carvana
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
Sala/Juzgado: B
Fecha: 23-mar-2010
Cita: MJ-JU-M-56089-AR | MJJ56089
Producto: LJ,SOC,MJ
Las dificultades económicas informadas por la concursada conforman riesgos propios de la actividad
empresaria y no encuadran dentro del concepto de falta de trabajo que justifique indemnización
reducida. La ajenidad es característica distintiva del contrato de trabajo, por tanto la pretensión de
reducir la indemnización importaría asimilar el vínculo laboral al asociativo.
Sumario:
1.-Las causales de distracto del contrato de trabajo por falta o disminución de trabajo importan una
denuncia motivada del contrato y tienen una característica común: la ajenidad, en tanto no deben ser
imputables al trabajador.
2.-Mientras la falta o disminución de trabajo sólo origina mayor dificultad u onerosidad en el
cumplimiento de la obligación del empleador de recibir la prestación laboral, la fuerza mayor importa
una imposibilidad absoluta de ocupar al trabajador, derivando todo ello de la especificidad propia de la
materia laboral y de la genérica regulación del instituto del caso fortuito, alusivo a supuestos de
incumplimiento de la obligación no imputable al deudor en razón de sobrevenir un hecho ajeno a su
persona, que impide cumplir con la prestación debida.
3.-En materia concursal corresponde la indemnización del art. 247 de la LCT, sólo cuando se prueba
fehacientemente fuerza mayor no imputable al empleador.
4.-El despido por falta o disminución de trabajo requiere ciertos recaudos: (i) la falta o disminución de
trabajo de suficiente entidad que justifique la disolución del contrato; (ii) que la situación no sea
imputable al empleador; ocasionada por circunstancias objetivas y que el hecho determinante no
obedezca al riesgo propio de la empresa; (iii) que el empleador haya mantenido una conducta diligente.
5.-Las dificultades económicas informadas por la concursada (la invasión de artículos importados a
precios con los que resultaba imposible competir, aumento en los precios de las materias primas,
dilación en los plazos de pago de las ventas, etc.) conforman riesgos propios de la actividad empresaria,
por lo que -en principio- tales circunstancias no encuadran dentro del concepto de falta de trabajo que
justifique la indemnización reducida. Por el contrario, tales cuestiones constituyen una vicisitud o
contingencia previsible en el mundo de los negocios, en el que el riesgo de frustración de las
expectativas derivadas de la actividad emprendida no puede ser trasladado a los dependientes, ni puede
pretenderse tampoco que éstos lo asuman, aunque sea parcialmente.
6.-Es el empresario el que debe asumir los riesgos derivados de su emprendimiento, ello como
contrapartida del lucro o beneficio que obtiene o espera obtener del mismo.
7.-La ajenidad es característica distintiva del contrato de trabajo, por donde la pretensión de reducir la
indemnización importaría asimilar el vínculo laboral al asociativo. Este último, caracterizado por un fin
común enderezado a la obtención de un beneficio y dominado por la affectio societatis que importa la
expresión de la voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada. N.R.: Sumarios
elaborados por Ricardo A. Nissen.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
Y VISTOS:
1. Apeló la concursada la resolución de fs. 225/232; su memorial obra a fs. 237/246 y fue contestado
por la incidentista a fs. 258/260 y por la sindicatura a fs. 248/256.
2. Reprochó la apelante: (i) que la Sra. Juez a quo no consideró que el despido se debió a razones de
fuerza mayor y por ello dispuso practicar liquidación en los términos del art. 245 LCT., (ii) que fueran
admitidos los intereses hasta el efectivo pago y solicitó la declaración de inconstitucionalidad del
Plenario “Excursionistas”, (iii) el modo en que fueron impuestas las costas.
3.(i) La pretendida reducción de la indemnización debida a la ex empleada, supone considerar al
distracto como acaecido por falta o disminución del trabajo. Ambas causales importan una denuncia
motivada del contrato de trabajo y tienen una característica común: la ajenidad, en tanto no deben ser
imputables al trabajador. Así, mientras la falta o disminución del trabajo sólo origina mayor dificultad u
onerosidad en el cumplimiento de la obligación del empleador de recibir la prestación laboral, la fuerza
mayor importa una imposibilidad absoluta de ocupar al trabajador (cfr. Etala, Carlos A, “Contrato de
trabajo”, ed. Astrea, 2002, pág. 656).
Todo ello deriva de la especificidad propia de la materia laboral y de la genérica regulación del instituto
del caso fortuito, alusivo a supuestos de incumplimiento de la obligación no imputable al deudor en
razón de sobrevenir un hecho ajeno a su persona, que impide cumplir con la prestación debida (cfr.
Belluscio- Zannoni, “Código civil.”, ed. Astrea, T.2, pág. 661).
En materia concursal corresponde la indemnización del art. 247 de la LCT, sólo cuando se prueba
fehacientemente fuerza mayor no imputable al empleador (CNCom., esta Sala, in re, “Microonda s/
quiebra s/ inc. de pronto pago por Roldán”, del 21-11-91).
El despido por falta o disminución de trabajo requiere ciertos recaudos:(i) la falta o disminución de
trabajo de suficiente entidad que justifique la disolución del contrato; (ii) que la situación no sea
imputable al empleador; ocasionada por circunstancias objetivas y que el hecho determinante no
obedezca al riesgo propio de la empresa; (iii) que el empleador haya mantenido una conducta diligente.
Las dificultades económicas informadas por la concursada (la invasión de artículos importados a
precios con los que resultaba imposible competir, aumento en los precios de las materias primas,
dilación en los plazos de pago de las ventas, etc) conforman riesgos propios de la actividad empresaria,
por lo que -en principio- tales circunstancias no encuadran dentro del concepto de falta de trabajo que
justifique la indemnización reducida.
Tales cuestiones constituyen una vicisitud o contingencia previsible en el mundo de los negocios, en el
que el riesgo de frustración de las expectativas derivadas de la actividad emprendida no puede ser
trasladado a los dependientes, ni puede pretenderse tampoco que éstos lo asuman, aunque sea
parcialmente. Es el empresario el que debe asumir los riesgos derivados de su emprendimiento, ello
como contrapartida del lucro o beneficio que obtiene o espera obtener del mismo.
La ajenidad es característica distintiva del contrato de trabajo, por donde la pretensión de reducir la
indemnización importaría asimilar el vínculo laboral al asociativo. Este último, caracterizado por un fin
común enderezado a la obtención de un beneficio y dominado por la affectio societatis que importa la
expresión de la voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada (Halperín, I. –
Butty, E. “Curso de derecho comercial.”, ed. Depalma, 2000, pág. 295).
En base a lo expuesto no surge acreditada en autos la invocación de excepcionales circunstancias que
justifiquen la reducción pretendida, y por ello cabe confirmar lo decidido por la Sra. Juez a quo.
3.(ii) La recurrente planteó la inconstitucionalidad del plenario “Club Atlético Excursionistas s/
concurso preventivo s/ incidente de revisión por Vitale” y cuestionó que los intereses fueran calculados
hasta el efectivo pago.
Los fundamentos de la Fiscal General de fs.267 -que esta Sala comparte y a los cuales se remite por
razones de brevedad- resultan adecuados para rechazar el recurso interpuesto.
No se trata en el caso que el Poder Judicial haya asumido funciones legislativas. En el sub lite, la
doctrina plenaria no creó una ley, sino que sólo se limitó a unificar su interpretación (CS Mendoza,
Sala I, in re “Industrias Alimenticias Copisi s/quiebra”, del 19.11.03; CNCom. esta Sala in re “Correo
Argentino S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación por Anfossi, Miguel Antel y otros”
del 31.08.07).
En este orden, y de conformidad con la doctrina plenaria fijada, la suspensión de los intereses desde la
presentación en concurso preventivo no rige respecto de las acreencias de origen laboral, lo cual
determina la desestimación del recurso.
3.(iii) Toda vez que el incidentista tiene otro camino más económico y más breve para hacer cumplir su
derecho, la regla general establece que en los incidentes de verificación tardío las costas son a cargo del
acreedor, con independencia del resultado que arroje su pretensión; esto así, en virtud de que su
presentación extemporánea causa un desgaste jurisdiccional adicional que le es imputable.
Pero en la especie nos encontramos frente a un acreedor que en tiempo oportuno carecía de título que le
permitiera la verificación tempestiva. Véase que al tiempo de insinuarse (LCQ 32) el expediente laboral
se encontraba en etapa de prueba.
La jurisprudencia existente sobre costas en el proceso de verificación tardío (cfr. esta Sala
“Aseguradora Rural s/ liquidación forzosa s/ incidente de verificación promovido por Nicolás Maisano
y otra”, del 20-3-98), no es aplicable a los acreedores que promovieron demanda en otro fuero y luego
iniciaron el incidente de verificación de crédito. Cabe en tal caso que las costas se impongan en el
orden causado (cfr. CNCom., esta Sala, 7-2-1983, in re “Strega Enrique c/ Roliton S.A.C.I.s/ quiebra s/
incidente de verificación”; Sala C, 15-6-1988, in re “Frigorífico El Condor S.A. s/ quiebra s/ incidente
de verificación por Gómez Alfonso”; Sala A, 30-7-1984, in re “Comco Constructora S.A. s/ quiebra s/
incidente de verificación por Berga Alicia”).
4. Por lo expuesto y con el alcance antes descripto, se hace lugar parcialmente al recurso de fs. 234 en
relación a las costas y se lo desestima en lo demás pretendido, con costas al apelante vencido en lo
sustancial (Cpr 68). Notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara en su despacho. Cumplido, devuélvase
encomendándose a la Sra. Juez a quo las notificaciones. María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero,
Matilde E. Ballerini, Ana I. Piaggi. Es copia fiel del original que corre a fs. 271//274 de los autos de la
materia.
MARINA GENTILUOMO
PROSECRETARIA DE CÁMARA

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