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CACHETAZO DE LA SCBA AL BCRA

A veces Nosotros los abogados nos olvidamos de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de La Nación.
Dictamen de la Procuración General:
La Sala Uno de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca tras revocar el pronunciamiento apelado -v. fs. 460/461 vta.-, ordenó al Banco Central de la República Argentina a que en el plazo de 10 días restituya al producido de la liquidación de la ex entidad financiera, Banco Comercial de Finanzas S.A., la suma indebidamente deducida de $ 104.262,66 con más sus intereses a la tasa que estableció y costas; todo por entender que en el caso dicho monto debe ser solventado por el propio Banco Central -fs. 478/483 vta.-.
Se alza el ente rector del sistema financiero por apoderado- mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -fs. 487/494- el que viene fundado en la violación y errónea aplicación de los arts. 50 incs. a) y c) ap. 1º de la ley 21526 (t.o. según ley 22529); 19 de la ley 24144; 34 inc. 4, 68, 69, 260, 261, 377 y 384 el Código Procesal Civil y Comercial y 218 de la ley 24522. Denuncia, asimismo, una serie de absurdos incurridos en el fallo; tales:
1 – Que se tenga por cumplida la carga impuesta por el art. 260 del C.P.C.C. cuando la expresión de agravios presentada por la contraria no constituye la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas;
2 – Que los pagos efectuados a los profesionales contratados no justifiquen suficientemente la función que dichas personas desempeñaron en el proceso; como así también, la irregular inversión del onus probandi aplicado en sentencia al sostenerse que su parte no acreditó la índole de las tareas de los profesionales involucrados.
3 – La extensión de la gratuidad que estatuye el art. 50 inc. a) de la Ley 21526 a aquellas personas que fueron contratadas para colaborar con la faena liquidatoria mediante un argumento meramente aparente. Aduna, sobre el particular, que la pretensión de que el Banco Central afronte con fondos propios la remuneración del personal contratado en uso de las facultades que la ley le confiere, en virtud del art. 50 inc. c) ap 1º de la ley 21526 (t.o. Ley 22529), se encuentra expresamente impedido por la ley 24144 en el art. 19 inc. d).
4 – La imposición de costas, en tanto el Banco ha actuado como síndico de la quiebra de la entidad fallida. En síntesis, concluye, habiendo el Banco Central actuado como órgano legal de la liquidación la imposición de costas en la forma dispuesta trasunta una falta de comprensión de dicha función arribando a una solución incompatible con lo dispuesto por la ley, en relación a quien no es parte en el proceso.
5 – La demasía decisoria en la que incurre el pronunciamiento objetado por cuanto condena a restituir fuera del marco edictado por el fallo de la Corte de Justicia nacional que decidió, en su oportunidad, que se determine previamente si las tareas desempeñadas por el personal cuya contratación se objetó tienen cabida en la situación contemplada en el inc. c) ap 1º de la Ley 21526, texto según Ley 22529, o, por el contrario, si están comprendidos en el ejercicio de las funciones de síndico, inventariador y liquidador encomendadas al Banco Central por cuya gestión el ente estatal no puede percibir honorarios (art. 50 inc. a) ley citada).
Los argumentos expuestos por la entidad oficial, no alcanzan a descalificar el pronunciamiento objetado, los que pasaré a tratar en orden distinto al que fueron desarrollados.
Así, la Cámara, para resolver como lo hizo, sostuvo que “…en cualquier caso -refiere a los supuestos encuadrables en los incisos a) y c) del art. 50 de la Ley 21526, según texto Ley 22529, esto es, la gratuidad de la gestión del BCRA en su carácter de síndico, liquidador e inventariador de las entidades financieras en liquidación y a la posibilidad de contratar, con cargo a la liquidación, los servicios de profesionales- resultaba insoslayable que el BCRA indicara -y acreditara- la índole y los alcances concretos de las tareas desempeñadas por los profesionales contratados cuyos honorarios abonó con fondos de la liquidación. Y pese al largo periplo que ha transitado ya esta impugnación, ni de la documentación acompañada, ni de las distintas presentaciones efectuadas a lo largo de una década, resulta que éste haya atinado siquiera a precisarlas…”, siendo que era su carga demostrarlo -v. fs. 480 vta./482-.
Pues bien, lo medular de la decisión y la consiguiente impugnación extraordinaria, estriban en determinar la índole de la tarea desarrollada por los profesionales cuya retribución a cargo de la liquidación se cuestiona, lo cual constituye una típica cuestión de hecho y prueba, propia de las instancias ordinarias y ajena de censura en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo.
Y si bien este déficit ha sido denunciado en la queja bajo examen, lo cierto es que -como reiteradamente ha dicho V.E.- “… la mera discrepancia con las decisiones del tribunal a quo, dista de configurar el supuesto excepcional de absurdo que da lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, reproche cuya admisión, sólo procede cuando media cabal demostración de su existencia, lo que implica poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba como las aquí traídas (conf. S.C.B.A., causas Ac. 72.206, sent. del 12-VII-2000; Ac. 93.244, sent. del 14-II-2007; e.o.).
Es que oponer la propia opinión, esto es, que no es necesario indicar la índole de las tareas y que, en todo caso, con la documentación acompañada y las explicaciones dadas sobre su función son suficientes para enmarcar a los honorarios de los profesionales contratados en el inc. c) del art. 50 del citado texto legal incumple a todas luces la carga del art. 279 del C.P.C.C.
Además, dada la relación de las impugnaciones, mal puede esta parte endilgar a la Cámara una irregular inversión de la carga probatoria cuando no está al alcance de la fallida incidentista demostrar qué tareas efectuaron las personas contratadas por el Banco Central, y que, según lo sostiene la propia incidentada, las mismas no la representaron ni en este proceso ni en el principal a aquél.
Por su parte, los reparos atinentes a la insuficiencia recursiva de la expresión de agravios de la fallida si bien viene acompañada de las correspondientes denuncias de violación del art. 260 del Código de rito local y absurdo en la apreciación de una típica cuestión de hecho propia de la instancia ordinaria, no logran acreditar, como también era su carga, que tal situación extrema haya quedado patentizada en el fallo recurrido.
Tampoco es de recibo, el agravio relativo a la imposición de las costas puesto que, si bien como lo sindica el Banco Central en recurso su actuación tuvo ocasión con motivo de la impugnación al informe presentado por ella en los términos del art. 211 de la anterior ley de concursos y quiebras, lo cierto es que en este incidente se cuestionó su actuación personal como administrador de los bienes de la fallida, y como tal, es su parte -vencida- quien debe soportarlas (conf. art. 68 C.P.C.C.).
Por último, el vicio de demasía decisoria que se endilga a la sentencia en crítica también resulta infundado desde que a fs. 336 vta. de este incidente expresamente se solicitó la restitución de los fondos indebidamente detraídos de la liquidación y en derredor de ello ha versado todo este incidente (conf. art. 163 inc. 5º C.P.C.C.).
Consecuentemente con lo que en breve dejo expuesto, habré de aconsejar a V.E. el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad que recibo en vista.
Tal es mi dictamen.
La Plata, 12 de abril de 2007 – Juan Angel de Oliveira
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a 14 de julio de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Kogan, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 95.457, “Banco Comercial de Finanzas S.A. (Miguel García Diez como ex presidente del directorio). Impugnación informe trimestral previsto por el art. 211, ley 19.551 en: ‘Banco Comercial Finanzas (en liquidación B.C.R.A.). Quiebra'”.
A N T E C E D E N T E S
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Bahía Blanca revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, ordenó al Banco Central de la República a que en el plazo de diez días de consentida la presente, restituya al producido de la liquidación mediante el pertinente depósito en la cuenta judicial de los autos principales la suma indebidamente deducida. Impuso las costas a la citada entidad bancaria nacional (v. fs. 483 y vta.).
Se interpuso, por el apoderado de la sindicatura, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T I Ó N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I Ó N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
1. La problemática a dilucidar radica en establecer si las tareas desempeñadas por el personal, cuya contratación resultó objetada por el incidentista, deben encuadrarse en el inc. “c”, ap. 1º del art. 50 de la ley 21.526 (texto según ley 22.529), el cual reza: “El Banco Central de la República Argentina podrá, sin requerir la previa autorización del juez de la quiebra, contratar, con cargo a la liquidación, el personal necesario y los servicios de cualquier naturaleza destinados al mismo fin”, o deben enmarcarse en el inc. “a” de la citada normativa, que dice: “Las funciones de síndico inventariador y liquidador serán desempeñadas por el Banco Central de la República Argentina, el que no podrá percibir honorarios por su gestión”.
2. La señora jueza de la instancia originaria, entendió que las erogaciones efectuadas para abonar los honorarios de los profesionales abogados y contadora, como personal contratado, debe ser soportadas por la masa (v. fs. 461 vta.).
3. La Cámara de Apelación departamental revocó la citada decisión y, por tanto, ordenó al Banco Central de la República a que en el plazo de diez días de consentida la presente, restituya al producido de la liquidación mediante el pertinente depósito en la cuenta judicial de los autos principales la suma indebidamente deducida, con más sus intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, desde la fecha de certificación de cada uno de los informes objetados. Asimismo impuso las costas a la citada entidad bancaria nacional (v. fs. 483 y vta.).
4. El letrado apoderado de la sindicatura, abogado Gustavo Ferrari Argañaraz, se alza contra este pronunciamiento mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el que denuncia la violación o aplicación errónea de los arts. 50 incs. “a” y “c”, ap. 1º de la ley 21.526 (t.o. según ley 22.529); 19 de la ley 24.144; 34 inc. 4º, 68, 69, 163 inc. 6º, 260, 261, 377 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 218 de la ley 24.522. Alega, además, absurdo valorativo (v. fs. 488 vta./489).
5. En coincidencia con lo aconsejado por el señor Subprocurador General, entiendo que el recurso no puede prosperar.
a. El embate direccionado a cuestionar la declaración de suficiencia del memorial presentado por el letrado del ex presidente de la entidad fallida, y la consecuente infracción al art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial no puede ser atendido.
En efecto, ha dicho reiteradamente esta Suprema Corte, y así lo reconoce el propio recurrente a fs. 489, que analizar la suficiencia técnica del escrito de expresión de agravios constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra que la declaración de ineficacia, o la deserción en su caso, son el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo (conf. causas Ac. 39.841, sent. del 2 V 1989; Ac. 41.899, sent. del 22 V 1990; Ac. 44.797, sent. del 10 III 1992; Ac. 84.323, sent. del 3 III 2004; C. 94.419, sent. del 27 VI 2007), vicio que pese a su denuncia no lo observo demostrado en la especie con los argumentos esgrimidos a fs. 489 y vta., los que reflejan simplemente su opinión personal sobre el incumplimiento a la manda procesal denunciada como transgredida, lo que no es suficiente para tenerlo por acreditado (conf. causas Ac. 82.508, sent. del 3 XII 2003; Ac. 87.859, sent. del 20 IV 2005; entre otras).
b. Tampoco logra demostrar una inadecuada valoración de la prueba documental, en grado de absurdo (v. fs. 490 y vta.), referida a la justificación de los pagos por retribución de honorarios profesionales contratados por el Banco Central.
Sabido es que la valoración de la prueba constituye una cuestión de hecho que no puede ser abordada en la instancia extraordinaria, salvo que a su respecto se invoque y demuestre que el a quo ha incurrido en absurdo (conf. causas C. 85.640, sent. del 13 XII 2006; C. 88.341, sent. del 23 V 2007; entre muchas).
La Cámara, luego de referirse a la falta de precisión sobre las tareas desempeñadas por los profesionales, aseveró sobre éste tópico que “… nada se aclara tampoco con la compulsa de las facturas emitidas por los nombrados (abogados y contadora) cuyas copias se agregaron en autos, porque no individualizan en absoluto las tareas causantes de esos comprobantes (v. fs. 146/247 y fs. 269/332)”, no logrando patentizarse el yerro en la especie con la sola invocación de la suficiencia probatoria de los documentos incorporados a la causa (v. fs. 490), discrepando su opinión con la del sentenciante para arribar a una distinta solución (conf. art. 279, C.P.C.C.).
Es así que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis no basta con presentar la propia versión del recurrente sobre el mérito de las mismas. Es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en aquél y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas Ac. 82.508, sent. del 3 XII 2003; Ac. 85.896, sent. del 17 III 2004; Ac. 86.431, sent. del 7 III 2005; Ac. 87.859, sent. del 20 IV 2005), falencia inacreditada, como se dijo, en el caso de autos.
Resta decir sobre este planteo que no se alteró el onus probandi, con transgresión al art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, como tampoco se han trans-gredido los arts. 330 y 354 del citado cuerpo legal, toda vez que quien dedujo de la liquidación los fondos, que luego se afectaran al pago de los honorarios profesionales ha sido el Banco Central, y sobre éste pesaba la carga de acreditar el destino y las tareas causantes de los mismos.
c. La misma suerte que los agravios anteriores habrá de correr el vinculado con la incorrecta interpretación de las normas federales aplicables (v. fs. 491/492).
El tribunal dijo que ante el mantenimiento incólume del régimen de gratuidad establecido por el inc. “a” del art. 50 de la ley 21.526, texto según ley 22.529, no puede exorbitarse el alcance de la habilitación agregada al inc. “c”, al punto de enervarse la pareja vigencia de aquel postulado central (v. fs. 479 vta.).
Agregó a ello que si bien el Banco Central puede contratar el servicio de profesionales con cargo a la liquidación, debe hacerlo en supuestos, o para cometidos, que excedan el ámbito central, natural e indelegable de lo que constituye el desempeño mismo, y propio de la función de síndico liquidador e inventariador. Pues en ese ámbito, la ley lo presupone munido de la suficiente dotación de profesionales abogados, contadores y demás especialidades remunerados ya por el Estado como para percibir, además, honorarios que retribuyan adicionalmente la actuación de esos funcionarios (v. fs. 480).
Afirmó que en cualquier caso, resultaba insoslayable que el Banco Central indicara y de ser pertinente también acreditara la índole y alcances concretos de las tareas desempeñadas por los profesionales contratados cuyos honorarios abonó con fondos de la liquidación. Y pese al largo periplo que ha transitado ya esta impugnación, ni de la documentación acompañada, ni de las distintas presentaciones efectuadas por la mencionada institución oficial a lo largo de una década, resulta que éste haya atinado a precisarlas (v. fs. 480 vta. y sgtes.).
En estas condiciones, siguió diciendo, no hay base fáctica siquiera alegada, para concluir la adecuación a derecho del soportamiento por la liquidación de esos honorarios sobre la base del art. 50 inc. “c”, ap. 1º de la ley 21.526, texto según ley 22.529. Porque si bien dicha entidad puede cargar a la liquidación erogaciones que considera gastos deducibles de la misma sin requerir autorización judicial, debe como natural contrapartida justificar debidamente el encuadramiento de los mismos en esa regla de habilitación ante una impugnación concreta de esa deducción (arts. 211, ley 19.551 y 218, párr. 4º y sgtes., ley 24.522). Carga que el accionado ha incumplido, palmariamente, pese a las oportunidades que ha tenido para satisfacerlas (v. fs. 482 y vta.).
Los argumentos ensayados por el impugnante a fs. 491/492, respecto a las características particulares de los procesos de quiebras de ex entidades financieras, la remuneración de los funcionarios, las facultades que le confiere el art. 50 inc. “c” ap. 1º de la ley 21.526 (t.o., ley 22.529) y la prohibición contenida en el art. 19 inc. “d” de la ley 24.144, no logran enervar los fundamentos brindados por la sentencia en crisis, transcriptos ut supra.
Ha sostenido esta Suprema Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (conf. causas Ac. 83.008, sent. del 21 V 2003; Ac. 83.174, sent. del 28 V 2003; Ac. 87.844, sent. del 30 III 2005; Ac. 89.235, sent. del 27 IV 2005; Ac. 85.863, sent. del 6 VII 2005), tal como acontece en la impugnación efectuada por el recurrente y por lo cual corresponde desestimar este embate (conf. art. 279, C.P.C.C.).
d. El agravio referido a la imposición de costas (v. fs. 492/494) no corresponde ser atendido, ya que, tal como lo señaló la Cámara al resolver la aclaratoria de fs. 484, en autos se ha juzgado la actuación del Banco Central como síndico liquidador de los bienes de la fallida, y ha sido establecido que no ha justificado, debidamente, la deducción de ciertos gastos que ha deducido del producido de la liquidación. En consecuencia, resultó vencido a título propio (v. fs. 485 vta.).
e. Por último, advierto que el planteo referido a la demasía decisoria imputada a fs. 493 y vta. no puede ser acogido, toda vez que en esta incidencia se persiguió la restitución de los fondos al producido de la liquidación de la entidad fallida (conf. arts. 163 inc. 5º y 279, Código Procesal Civil y Comercial).
En consecuencia, no habiendo sido demostradas las infracciones legales denunciadas como tampoco el absurdo esgrimido (conf. art. 279, C.P.C.C.), corresponde el rechazo del recurso interpuesto.
Voto por la negativa.
Los señores jueces doctores Genoud, Kogan y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, en concordancia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 289, C.P.C.C.).
Notifíquese y devuélvase.

HILDA KOGAN

HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD

CARLOS E. CAMPS
Secretario

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