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El despido discriminatorio

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DESPIDO. Acto discriminatorio. Daño moral.

Se configuró una discriminación antijurídica al verificarse que la empleadora
actuó con improcedente discrecionalidad arbitraria al privar infundadamente al
accionante de la utilización de los instrumentos materiales y la posibilidad de
realizar horas extras cuando se le concedían tales derechos a los demás
trabajadores que se desempeñaban en idéntica categoría y área. Por ello y
teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1est de la ley 23592, corresponde
reparar el daño moral ocasionado con una suma de dinero diferida en concepto del

perjuicio extrapatrimonial implícito.

(P.- B.-)

EXPTE Nest7012/00
“CAMPOS, JUAN Y OTRO C/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. S/ JUICIO SUMARÍSIMO”
23/10/01

SENT. 9102

CNAT

SALA IX
DESPIDO.
Acto discriminatorio. Mobbing. Supuesto en que no se configura.

En el caso la actora, mucama en un hotel, alegó maltrato
psicológico por parte de la gobernanta que calificó como una
típica situación de mobbing. Dicho maltrato, según surge de los
testimonios, consistía en que “le gritaba”, “la trataba muy
mal”, “la retaba”, “la mandaba dos veces a hacer la habitación”,
“no la saludaba”, “le pedía las cosas de muy mala manera”.
Dichas declaraciones, si bien dejan traslucir que la gobernanta
tenía un trato hacia la actora que pudiera calificarse como
peyorativo, dicha actitud y proceder -que a lo sumo podría
merecer algún reproche- no permite inferir válidamente la
configuración de un supuesto de “acoso laboral”. Por otro lado,
la gobernanta profería similar trato también a otros empleados
del hotel, lo cual descarte que su actitud tuviera como
particular destinatario a la persona de la actora, pues es
posible advertir que esa era la forma o modo en que aquélla se
relacionaba con los empleados en general, lo que impide sostener
que existió acoso psicológico contra la actora.

Fera. Balestrini.

13.059/07.
Velázquez Altamirano, Rufina c/ Pinares de Carrasco S.A. s/
Daños y Perjuicios.
27/10/09

SD. 15.922.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO.

Sala IX.
PODER JUDICIAL DE LA NACION
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 15.922 Leer fallo completo
EXPEDIENTE Nº 13.059/07 SALA IX JUZGADO Nº 22
En la ciudad de Buenos Aires, el 27 de octubre de 2009, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Velázquez Altamirano, Rufina c/Pinares de Carrasco S.A. s/Daños y Perjuicios”, se procede a votar en el siguiente orden:
El Dr. Mario S. Fera dijo:
I- Contra la sentencia de primera instancia que rechazó el reclamo, recurre la parte actora, según el escrito de fs. 298/309, que mereció réplica de la contraria a fs. 311/314.
II- Cuestiona la parte el rechazo de la reparación por daño moral y psicológico objeto de la presente demandada. Sostiene al respecto que no se valoraron adecuadamente las pruebas colectadas en la causa.
Estimo que no le asiste razón. Lo digo, porque no obstante el esfuerzo argumental desplegado en el escrito recursivo, considero que las insistencias de la apelante no van más allá de una discrepancia meramente dogmática y genérica que no resulta eficaz para revertir el panorama adverso que surge de la sentencia apelada.
Ello es así, pues la Sra. Juez a quo ha dado suficientes razones en desmedro de su postura, y que en el recurso de apelación no se refutan eficazmente.
En efecto, aun soslayando la pasividad de la actora a la que se alude en el fallo de grado –dado que inició el presente reclamo luego de casi dos años de producida la extinción del vínculo con la demandada-, en la especie no puede pasarse por el alto el insuficiente relato de la demanda en torno al supuesto “acoso moral y psicológico” padecido por aquélla y en el que se fundan los daños y perjuicios cuya reparación se pretende.
Así, comparto el criterio de la magistrada anterior en cuanto a la vaguedad e imprecisión en las que allí se incurre, al no especificarse ni describirse suficiente y concretamente los actos o situaciones pasibles de ser encuadrados en el “permanente, prolongado, y sistemático maltrato psicológico”, del que la actora adujo haber sido víctima, y que calificara como una típica situación de “mobbing”.
En efecto, el escrito de demanda no contiene referencias a hechos razonablemente identificables ni a conductas concretas de la demandada que evidencien el presunto acoso y hostigamiento que se le imputa, y que puedan ser apreciadas como indicios razonables de que la actitud de la demandada encubrió un accionar persecutorio y discriminatorio hacia la trabajadora.
La accionante se limita a señalar en forma meramente genérica que dicho accionar se materializó a través de un “permanente hostigamiento de sus superiores jerárquicos consistentes en insultos, gritos, formas desconsideradas de referirse a mi mandante y finalmente sanciones disciplinarias”, descripción ésta que por su amplitud y ausencia de detalles torna harto difícil la ponderación de los elementos probatorios colectados, a los fines de verificar la configuración de las conductas que se debaten en autos.
Ahora bien, sin perjuicio de las deficiencias formales aludidas, considero que las declaraciones testificales rendidas en la causa, analizadas íntegramente y en sana crítica (arts. 90 de la L.O. y 386 y 456 del C.P.C.C.N.), tampoco dan cuenta de un accionar de la demandada que permita objetivamente ser encuadrado en el concepto de “mobbing”.
En efecto, los testigos de fs. 86, 88, 112, 115 y 117 –cuyas partes pertinentes fueron transcriptas en el fallo de grado- refirieron a supuestas conductas y actitudes que tenía la gobernanta Solange Whitall para con la actora, a las que ellos mismos calificaron como “maltrato”, y que según relataron consistían básicamente en que “le gritaba”, “la trataba muy mal”, “la retaba”, “la mandaba a hacer dos veces la habitación”, “no la saludaba”, “le pedía las cosas de muy mala manera”.
A mi modo de ver, tales declaraciones no proporcionan elementos suficientes a los fines pretendidos por la apelante, pues aun cuando dejaran traslucir que la Sra. Whitall tenía un trato hacia la actora que pudiera calificarse peyorativamente, dicha actitud y proceder –que a lo sumo podría merecer algún reproche, aunque de entidad no relevante para este caso- no permite inferir válidamente la configuración de un supuesto de “acoso laboral”.
En este sentido, coincido con las observaciones críticas efectuadas por la magistrada anterior respecto de las referidas testificales, por cuanto las mismas versan fundamentalmente en apreciaciones subjetivas y personales de los declarantes, que no logran generan convicción suficiente en sentido contrario al resuelto (cf. art. 386 y 456 del C.P.C.C.N.).
Por otro lado, algunas de estas declaraciones testificales dejan entrever que la Sra. Whitall profería similar trato también a otros empleados del hotel, lo cual descarta que su actitud tuviera como particular destinatario a la persona de la actora, pues es posible advertir que esa era la forma o modo en que aquélla se relacionaba con los empleados en general, extremo que impide –en el contexto de las pruebas reunidas- concluir en que haya existido en contra de la Sra. Velázquez el acoso que denunció en el inicio, máxime cuando tampoco surge demostrado en forma fehaciente que aquélla se valiera de otras personas para llevar a cabo el invocado reproche.
Por lo demás, estimo que son consistentes los restantes argumentos expresados en la sentencia (ver fs. 291, tercer y cuatro párrafo), que no se desmerecen por las circunstancias que la apelante pretende enfatizar en su escrito recursivo. Ello es así, por cuanto como bien puntualiza la magistrada anterior el acoso laboral se despliega en el ámbito de trabajo, con lo cual resulta llamativo que la actora hubiere manifestado en oportunidad de realizarse el examen psicológico en el Hospital Moyano (ver fs. 258), que a partir del momento en que fue despedida (esto es, en noviembre de 2004) comenzó a padecer “angustia y tristeza”, afirmación ésta que se contrapone con el relato del inicio, pues si durante el desarrollo de la relación laboral fue víctima de un supuesto acoso, no encuentra explicación lógica alguna que fuese el despido el origen se su presunta aflicción, la cual, por otra parte, no fue invocada al tiempo de la extinción, sino recién luego de dos años de producida ésta (vale decir, en noviembre de 2006). A todo ello se suma que la recurrente no asume mediante la crítica pertinente el valor atribuido por la magistrada al informe del perito médico psiquiatra producido en la causa (ver fs. 265/266) –que no fue objeto de oportuna impugnación-, del cual se desprende que la actora no presenta trastornos en su área afectiva ni volitiva, que no presenta “daño psíquico como motivo del cese de su relación laboral en el año 2004”, y que si bien presenta “cuadro compatible con trastorno orgánico de la personalidad”, éste “no guarda relación con el episodio de marras”.
Por último, considero oportuno destacar que las sanciones disciplinarias impuestas a la actora durante el curso de la relación laboral -que fueron invocadas por aquélla como fundamento, entre otras cosas, del “permanente hostigamiento sufrido por parte de sus superiores jerárquicos”-, en su apreciación a la luz de la totalidad de la prueba ponderada, no traducen el ejercicio de “violencia o maltrato psicológico” por parte de la demandada, en procura de perseguir y desestabilizar a la trabajadora, sino tan sólo el ejercicio del poder de dirección de la empleadora (art. 67, L.C.T.), que bien pudo ser cuestionado oportunamente, por medio de los procedimientos pertinentes.
Por todo ello, y toda vez que no encuentro razones para apartarme de lo decidido en origen, dado que al menos en mi opinión, las circunstancias alegadas por la demandante para fundar su pretensión no resultan suficientes para inferir la existencia de un obrar persecutorio que permita ser calificado como “acoso laboral”, propongo la confirmación de la sentencia de grado en el punto materia de agravios.
III- Respecto de la regulación de honorarios, que motivó impugnaciones del perito médico, por considerar reducidos los propios, en atención al mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, evaluadas de conformidad con los parámetros arancelarios previstos en el art. 38 de la L.O, y los arts. 6, y concs. de la ley 21.839 –modificada por ley 24.432-, 3 estimo que los emolumentos discernidos a dicho profesional resultan adecuados, por lo que propongo su confirmación.
IV- Sugiero imponer las costas originadas en esta sede a cargo de la parte actora vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior (art. 14, ley 21.839).

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:
Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Dr. Daniel E. Stortini no vota (art. 125 L.O.).-
A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la alzada a la parte actora; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de cada parte, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que en definitiva les corresponda percibir por sus labores en la anterior instancia. Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-

Ante mí.-

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