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EL DEBIDO PROCESO A PORRETTI

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Si, ¡aunque les moleste a algunos los derechos se defienden en tribunales! Me ahorro la opinión sobre el concejal.
B-70696 “PORRETTI, ROBERTO MARTÍN CONTRA CONCEJO DELIBERANTE DE PINAMAR SOBRE CONFLICTO INTERNO MUNICIPAL ARTS. 196 CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA Y 263 BIS LEY ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES”
Versión word para bajar o imprimirB-70696 PORRETTI, ROBERTO MARTÍN CONTRA CONCEJO DELIBERANTE DE PINAMAR

LA PLATA, 14 de julio de 2010
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a los 14 días del mes de julio de de dos mil diez, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 70.696, “Porretti, Roberto Martín contra Concejo Deliberante de Pinamar. Conflicto arts. 196 Constitución provincial y 263 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.
A N T E C E D E N T E S
I. Roberto Martín Porretti, por propio derecho e invocando su condición de concejal electo para integrar el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pinamar denuncia, en los términos de los arts. 196 de la Constitución de la Provincia, 261 y 263 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades, un conflicto interno que se habría producido en el seno de dicho cuerpo deliberativo.
En tal sentido, señala que en la sesión Prepa-ratoria llevada a cabo en el aludido Concejo el día 4 de diciembre de 2009, se le impidió asumir el cargo de concejal para el que había sido elegido en los comicios realizados en el mes de junio de ese mismo año.
Alega que tal medida se adoptó por considerarlo inhábil para desempeñar el cometido en cuestión, a pesar de haber sido regularmente diplomado por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, única autoridad competente -a su entender- para analizar la capacidad de los aspirantes a ocupar cargos electivos y para expedir las credenciales suficientes para ejercer el mandato popular, según lo dispuesto por el art. 63 inc. 5º de la Constitución de la Provincia.
Luego de efectuar el relato de los antecedentes, sostiene que el dictamen de la Comisión de Poderes sobre el que se sustentó la decisión de no tomarle juramento, es evidentemente arbitrario e irrazonable, constituye un exceso legal manifiesto y resulta claramente inconstitucional por violación del debido proceso legal, del principio de igualdad ante la ley y de la garantía de los arts. 38 y 39 de la Constitución nacional, en cuanto afecta el ejercicio de los derechos políticos.
Pide que se haga lugar a la presentación, se declare la inconstitucionalidad del acto cuestionado y se dicte una medida cautelar innovativa que ordene al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pinamar la inmediata aceptación del diploma que lo habilita para ejercer el cargo de concejal en ese Cuerpo.
II. Ante el requerimiento efectuado a fs. 44/44 vta. por la Vicepresidenta de este Tribunal, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pinamar remitió copia certificada del acta correspondiente a la sesión preparatoria del 4 de diciembre próximo pasado, e informó que -tal como consta en el acta aludida- la comisión de poderes de ese Concejo dispuso rechazar el diploma correspondiente al ciudadano Roberto Martín Porretti por inhabilidad, al encontrarlo incurso en falta de idoneidad para desempeñar el cargo.
Manifiesta, a su vez, que a fin de integrar el citado cuerpo, con fecha 11 de diciembre de ese mismo año, se le tomó juramento a Gladys Mabel Barce, en su carácter de primera suplente de la lista de concejales que el peticionario de autos encabezó en las elecciones del 28 de junio de 2009, adjuntando también copia certificada del acta respectiva (ver fs. 46/62).
III. A fs. 64/70 el Tribunal resuelve hacer lugar a la medida cautelar solicitada, decretando la suspensión de los efectos de las decisiones adoptadas en la sesión Preparatoria del 4 de diciembre de 2009 y en la Especial del día 11, lo que implicaba -en la especie- que el Concejo Deliberante de Pinamar debía tomar juramento e incorporar como concejal al señor Roberto Martín Porretti y disponer lo que fuera necesario para que, a su vez, cesara en el ejercicio del cargo quien fuera designado en su reemplazo.
IV. Por su parte, la Presidenta del Concejo Deliberante se presenta contestando el traslado conferido (fs. 88/90).
En tal oportunidad aduce que encontrándose en autos planteadas las posiciones de las partes, no existen mayores argumentos que agregar, toda vez que en el dictamen producido por la Comisión de Poderes -integrada por los concejales Raúl Coria, Omar Curto, Víctor Pardo, Araceli Pavón y Juan Santoiani- quedaron expresadas las razones por las cuales aquéllos decidieron el rechazo del diploma del concejal Porretti.
V. Corrida la vista, la señora Procuradora General considera que la cuestión planteada no encuadra en los supuestos contemplados en el art. 196 de la Constitución provincial, por lo que entiende debiera ventilarse ante el fuero contencioso administrativo.
Afirma que el procedimiento de verificación del incumplimiento de las condiciones vinculadas a inhabilidades e incompatibilidades del ingresante como concejal o del alcanzado por una de las causales establecidas en los arts. 6 a 14 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en forma sobreviniente, no es sancionador.
Siendo así, concluye, que dicho procedimiento no transita por los carriles de los Capítulos X y XI, sino por el reglado en los artículos precedentemente citados, por lo que su impugnación resulta ajena al conflicto municipal.
VI. En este estado el Tribunal decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T I Ó N
¿Es fundada la presentación por la que se pro-mueve el conflicto?
V O T A C I Ó N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. De modo preliminar, y en virtud de lo dictaminado por la señora Procuradora General, he de señalar que en orden a la admisibilidad formal de la presentación no encuentro, en este estado del proceso, elementos que me conduzcan a apartarme de los argumentos brindados por el Tribunal en los puntos 3 y 4 de la resolución dictada el día 23 de diciembre de 2009, a los que, por razones de brevedad, me remito (v. fs. 64/70).
En esas condiciones, considero que los hechos del caso constituyen materia propia del conflicto municipal previsto en el art. 196 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y reglado en los arts. 261, 263 bis y concordantes del dec. ley 6769/1958.
II. Expuesto ello, y en lo que hace al fondo de la cuestión planteada en autos, cabe señalar que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece como una de las competencias de la Junta Electoral la de “… diplomar a los legisladores, municipales y consejeros escolares, quienes con esa credencial, quedarán habilitados para ejercer sus respectivos mandatos…” (conf. art. 63 inc. 5º).
A su vez, el art. 63 in fine dispone “… estas atribuciones y las demás que le acuerde la Legislatura, serán ejercidas con sujeción al procedimiento que determine la ley”.
En ese orden la ley 5109 (t.o. decreto 997/1993), regula la atribución prevista en su capítulo III, art. 20 inc. e), en términos similares a los del citado art. 63.
Así, se impone como único requisito exigido por la Constitución para que un ciudadano electo concejal asuma su mandato, la expedición del diploma por parte de la Junta Electoral provincial, que en el caso fue dispuesta con fecha 2-XII-2009 (conf. fs. 4/6), sin perjuicio de poder ser sometido a algún procedimiento posterior.
III. Ahora bien, el art. 14 de la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé que “… Todo concejal que se encuentre posteriormente a la aprobación de su elección, en cualesquiera de los casos previstos en los artículos anteriores, deberá comunicarlo al Cuerpo, en las sesiones preparatorias, para que proceda a su reemplazo. El Cuerpo, a falta de comunicación del afectado, deberá declarar a éste cesante, tan pronto como tenga noticia de la inhabilidad…”.
De allí que las normas aplicables no le confieren al Concejo Deliberante atribución para que pueda declarar “inhábil” en su carácter de concejal electo al candidato que fue elegido por voluntad popular (conf. doct. causa B. 61.054, “Sueldía”, res. del 10-V-2000).
Lo que puede hacer, de conformidad con la previ-sión del art. 14, es dejarlo cesante tan pronto como tenga noticia de la existencia de una inhabilidad, pero no impedirle la asunción al cargo.
De otro modo se produciría una sustitución de la voluntad expresada libremente por la ciudadanía en el acto eleccionario, vulnerándose así el sentido del principio de soberanía del pueblo.
Conforme surge de la versión taquigráfica de la sesión preparatoria del 4 de diciembre de 2009 -en la que de acuerdo con el art. 18 del dec. ley 6769/1958 el órgano deliberativo debe limitarse a comprobar si los concejales electos reúnen las condiciones exigidas por la Constitución de la Provincia y esa ley- el Concejo omitió poner en marcha el procedimiento reglado en el aludido art. 14, a pesar de que en el dictamen de la Comisión de Poderes que sirvió de sustento a lo actuado por el Concejo se encuadró expresamente la situación del señor Porretti, además de su falta de idoneidad, en el supuesto previsto en el art. 6º inc. 5 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Es decir, no se le tomó juramento como hubiera correspondido ni se lo dejó cesante, suponiendo que en esa ocasión el Cuerpo tuviese atribuciones para hacerlo.
IV. Las razones apuntadas resultan suficientes para justificar el acogimiento de la pretensión sometida a decisión del Tribunal, circunstancia que me exime de analizar los restantes planteos formulados por el promotor de este conflicto.
V. Por todo lo expuesto, oída la señora Procu-radora General, corresponde hacer lugar al conflicto interno municipal planteado por Roberto Martín Porretti, en su carácter de concejal electo del Partido de Pinamar, anular lo actuado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pinamar en la sesiones Preparatoria del 4 de diciembre y Especial del 11 de diciembre de 2009 y disponer la reincorporación definitiva del nombrado en su cargo de concejal del citado Partido.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del doctor Negri.
Simplemente he de adunar que, superada la etapa prevista por el art. 22 de la ley 5109 para la impugnación de los candidatos y conformado el acto eleccionario por la Junta Electoral de la Provincia, mediante la expedición del respectivo diploma (arts. 63 inc. 5º, Const. prov. y 20 inc. e, ley 5109, v. fs. 1 y 5) la decisión de “… (r)echazar el diploma de Concejal correspondiente al ciudadano Roberto Martín Porretti por inhabilidad al encontrarlo incurso (en) falta de idoneidad para desempeñar el cargo…” (v. acta de la sesión preparatoria del 4-XII-2009, fs. 54/55), exorbita las competencias asignadas al Concejo Deliberante por el art. 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades determinando su nulidad (art. 240). Ello así pues, de considerarse que el aquí actor se encontraba incurso en la causal prevista por el art. 6 inc. 5º de la Ley Orgánica de las Municipalidades -tal como expone el doctor Negri- debió seguirse el procedimiento previsto en el art. 14 de dicha ley.
La materia aquí debatida, que pone en crisis la decisión adoptada democráticamente por el electorado del municipio y consecuentemente el carácter representativo de la autoridad que ocupará la banca, impide toda interpretación extensiva de las facultades del Concejo Deliberante, el que para actuar legítimamente requiere de una norma de habilitación (Fallos 330:3160, cons. 6º y 7º y sus citas), resultando insuficiente para ello la mera invocación del art. 16 de la Constitución nacional (v. acta de la sesión preparatoria del 4-XII-2009, fs. 54).
Voto por la afirmativa.
Los señores jueces doctores de Lázzari e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la señora Procuradora General, el Tribunal resuelve hacer lugar al conflicto de poderes planteado por el señor Roberto Martín Porretti, y dejar sin efecto la decisión adoptada por el Concejo Deliberante de Pinamar en la sesión preparatoria del día 4-XII-2009, por el cual éste dispuso rechazar el diploma del nombrado Porretti por inhabilidad.
Ello importa la reincorporación definitiva del nombrado al cargo de concejal en el Concejo Deliberante de Pinamar y el cese de los efectos de la medida cautelar dictada a fs. 64/70.
Las costas se imponen por su orden (art. 68 inc. 2º del C.P.C.C.).
Regístrese y notifíquese.

HECTOR NEGRI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA

JUAN CARLOS HITTERS

JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario 2010.-

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