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Defraudacion, prescripcion de la accion penal.

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Un fallo interesante para no dormirse con la prescripcion de la accion penal.
Voces : Prescripción de la acción penal. Administración
fraudulenta. Consumación. Perjuicio. Artículo 173 inciso 7 del
C.P. Artículo 67 del C.P. (Ley 25.990). Ley penal más benigna.

Sumario : En los casos de delitos de defraudación por
administración fraudulenta el plazo de la prescripción de la
acción penal debe comenzar a contarse a partir del último acto
de gestión que resulte apto para causar o mantener el perjuicio
patrimonial del damnificado. Atento a ello, de acuerdo a las
constancias obrantes en las presentes actuaciones, el hecho que
se le imputa al encausado se prolongó desde el día 14 de marzo
de 1996 -momento en el que se suscribió el contrato de locación
de equipos para proveer GNC a la empresa en la cual ostentaba el
cargo de presidente sin que dicho acuerdo fuera sometido a
consideración de la asamblea de accionistas ni el directorio de
aquélla y por valores superiores al corriente en plaza- hasta el
día 16 de octubre de 1999 -fecha en que se realizó el último
desprendimiento patrimonial en concepto del canon locativo
acordado-. Por otra parte, el nombrado fue citado a prestar
declaración indagatoria en el marco de las actuaciones mediante
auto de fecha 4 de julio de 2000, desde esa fecha hasta el
presente ha transcurrido holgadamente el plazo que establece el
art. 62 del C.P. para el delito que se investiga -seis años-, y
de conformidad con las pautas establecidas en el art. 67 (según
ley 25.990) del mismo ordenamiento, la acción penal se encuentra
extinguida por prescripción. (Voto del Dr. Riggi, adhiere el Dr.
Tragant, Dra. Ledesma según su voto).

Magistrados : Riggi, Ledesma, Tragant.

Registro n° 1601.07.3.
Hileman, Ricardo Guillermo s/recurso de casación.
20/11/07

Causa n° : 8285.

Cámara Nacional de Casación Penal.

Sala : III.

LEER FALLO COMPLETO

///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil siete, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Eduardo Rafael Riggi, Angela Ester Ledesma y Guillermo José Tragant, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n 8285 caratulada “Hileman, Ricardo Guillermo, s/ recurso de casación”, con la intervención del señor fiscal ante esta cámara, doctor Ricardo Gustavo Wechsler, los doctores Carlos Alberto Espinosa y Enrique Oscar Bernabé por la defensa de Ricardo Guillermo Hileman y los doctores Luis Norberto Negri y Julia Inés Schijman, por la querella.
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: doctores Ledesma, Riggi y Tragant.-
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:
PRIMERO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de esta alzada en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 77/96, por los doctores Luis Norberto Negri y Julia Inés Schijman, contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, de fecha 24 de abril de 2007 (cfr. fs. 70/71) que dispuso “Confirmar el auto de fs. 33/34 vta. del presente incidente que declara extinguida la acción penal por prescripción respecto de Ricardo Guillermo Hilleman y lo sobresee en consecuencia (arts. 59, inc. 3, 62, inc. 2, y 67, 173 inc. 7, Código Penal, y 336, inc. 1, Código Procesal Penal)…”.
El recurso de casación interpuesto fue declarado admisible a fs. 100 y mantenido a fs. 109.
Durante el término de oficina se presentó el Sr. fiscal doctor Ricardo Gustavo Wechsler a fs. 112/114 a los fines dispuestos en los artículos 465, primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación.-
Finalmente, celebrada el día 31 de octubre del corriente año la audiencia prevista por el art. 468 del ordenamiento ritual, según constancia actuarial de fs. 127, la defensa presentó breves notas, quedando la causa en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:
a) La querella encarriló su recurso por las vías que autoriza el artículo 456 incisos 1 y 2 del CPPN, asegurando que el pronunciamiento impugnado carece de fundamentación suficiente en los términos de los artículos 123 y 404 inciso 2 ibídem.
Explicó, que la valoración efectuada en torno del delito continuado resulta precaria y equivocada puesto que debe acreditarse fehacientemente el momento en que cesó de cometerse el delito reprochado.
Previo efectuar una reseña sobre las principales constancias de la causa, expuso que el pronunciamiento en crisis violó la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
A ese respecto, sostuvo que la cámara incurrió en una transgresión a las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, subrayando la ligereza y poca trascendencia que se dio a los reclamos efectuados por la parte.

Replicó, que se encuentra demostrado el extenso tiempo transcurrido sin que se realizara actividad procesal alguna, todo lo cual constituyó una negligencia del juez instructor, citando un precedente de la Corte Suprema de Mendoza referente a la responsabilidad de los magistrados.
Aseguró que “(e)n distintos escritos y traslados relatamos todas las injusticias que padeció esta parte y la inactividad total del juzgado para llevar adelante un proceso judicial, lo que ha ayudado voluntaria o involuntariamente no sólo al caos de este proceso, sino que la defensa y el juez de oficio (caso Canteloup) soliciten la prescripción de la acción penal, esta situación tan grave no fue ni valorada ni destacada por la Sala …” (Cfr. fs. 90).
Señaló que, tratándose los hechos imputados de un delito continuado, no debe regir el artículo 67 de la ley 25.990 desde que no se conoce fehacientemente el inicio de la comisión del hecho, aclarando que no sólo debe tenerse en consideración el contrato, sino también los efectos que éste produjo y que continúan en el tiempo hasta la fecha, todo lo cual se refleja en el expediente comercial iniciado.
Refirió, que existe responsabilidad del Poder Judicial por el incumplimiento defectuoso de sus funciones y por la falta de un adecuado servicio de Justicia, sea por la acción u omisión de los magistrados.
Añadió, que es función del Estado administrar Justicia de manera eficiente, subrayando el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, conforme lo consagra el Pacto San José de Costa Rica.
Por otra parte, expuso que la prescripción no puede empezar a correr mientras el delito continúa cometiéndose, aclarando que en las presentes actuaciones no se ha determinado aún cuándo concluyó la actividad dolosa de los imputados.
Puntualizó, que la valoración efectuada por la Sala en lo referente al delito continuado resulta absurda desde que se requiere de fechas ciertas y fehacientes, todo lo cual sólo puede ser establecido mediante la realización de una pericia contable.

En otra línea, repuso que “…los nuevos parámetros para interpretar los actos que interrumpen la prescripción, de acuerdo a la nueva legislación, podrían ser a partir de su entrada en vigencia y no antes, de modo tal que mantienen su virtualidad los actos considerados ‘secuelas de juicio’ que se hayan producido con anterioridad a la sanción de la ley 25.990…” (Cfr. fs. 91vta.).
Asimismo, explicó que el imputado realizó diversos actos de administración con empresas respecto de las cuales era indirectamente socio y que los perjuicios sufridos como consecuencia de dicho accionar, se fueron conociendo con posterioridad y que sus efectos aún perduran en el tiempo.
Agregó, que el razonamiento del tribunal es incorrecto en punto a que se consideró la última factura extendida y el momento en que Hileman cesó en su función.
Apuntó, que no puede soslayarse la existencia de un expediente comercial en trámite en cuyo marco se ordenaron sendos embargos que todavía pesan sobre la firma “Servinorte SA”.
Aludió al artículo 63 del Código Penal y puntualizó que nunca se investigó si la empresa además, llevó a cabo otra actividad aparte de la suscripción del contrato reprochado.
Expuso, que “(f)altan libros de comercio, no hay explicación a facturas y recibos correlativos, lo que demuestra que no había actividades con otras empresas por lo que eran falsos o simulados, provocando un daño patrimonial en el tiempo sin poder hasta el día de hoy saber cuánto y cuándo cesó el perjuicio, porque no se realizó la pericia contable ordenada por V.E….” (Cfr.fs. 93).
Sobre el particular, entendió que al no establecerse con precisión el momento de la consumación, mal puede entonces oponerse exitosamente la prescripción de la acción penal.

En otra línea, repuso que debe aplicarse en la especie la ley vigente al momento del hecho desde que “si la nueva ley que modifica el instituto de la prescripción no implicó un cambio en la valoración jurídica de los hechos materia de juzgamiento, o una modificación en el contenido de injusto de los mismos, no hay motivos para que la nueva ley se aplique retroactivamente a hechos cometidos en vigencia de la ley anterior…” (Cfr. fs. 94)
Finalmente, los recurrentes postularon la anulación del decisorio en crisis y la pérdida de competencia del juez instructor habida cuenta de la negligencia evidenciada en la tramitación de la causa.
Hizo reserva del caso federal.
b) Que a fs. 112/114 el Sr. fiscal doctor Ricardo Gustavo Wechsler, propició se hiciera lugar al recurso de casación interpuesto en el entendimiento de que la sala efectuó una errónea interpretación de la ley sustantiva.
Transcribió parcialmente los lineamientos sentados por el Procurador General de la Nación en la causa “Torea, Héctor s/ recurso de casación” en lo referente a la virtualidad que debe asignarse a aquellos actos considerados como secuela de juicio que se hayan producido con anterioridad a la sanción de la ley 25.990.
En esa dirección, explicó que no resulta jurídicamente posible privar de efecto interruptivo a las sucesivas presentaciones realizadas por los querellantes con anterioridad al 11 de enero de 2005 -fecha en que se publicó la nueva ley-, desde que constituyen un claro reflejo del impulso dado al proceso.
Sobre el particular, citó un precedente de esta Sala y señaló que la prescripción constituye una auto-limitación del Estado para perseguir el delito, todo lo cual no implica aceptar que deba ser restringida a su mínima expresión.
Además, explicó que en las presentes actuaciones se advierte un claro interés persecutorio por parte del acusador privado al mantener vigente su reclamo, sin perjuicio de lo cual se encontró con la reticencia evidenciada por la contraparte al pretender dilatar el dictado de una decisión de fondo.

TERCERO:
a) Previo a todo, interesa anotar que en el marco de la causa nro. 49.647/00 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 26, Secretaría 155 se investigan los hechos vinculados a la suscripción de un contrato entre las firmas “Servinorte SA” (bajo la presidencia de Ricardo Guillermo Hileman) y “Alquigas SA” por la locación de equipos para proveer GNC, sin que dicha operación fuera sometida a consideración de la asamblea de accionistas ni del directorio, apartándose así de las normas que regulan el funcionamiento de las sociedades anónimas.
El convenio celebrado superaba los valores corrientes de plaza, todo lo cual habría ocasionado a la empresa un perjuicio equivalente al pago de veinte mil pesos ($20.000) por mes aproximadamente. Dicha situación motivó la recisión del contrato de mención.
Además, esa contratación se habría llevado a cabo puesto que el imputado Hileman mantendría, a su vez, relaciones societarias con uno de los dueños de “Alquigas SA”, quien, por su parte, sería socio del imputado en las empresas “Multipetrol SA”, “Petrolera Almirante Brown SA” y “Servifranca SA” (cfr. denuncia de fs. 1, requerimiento de instrucción de fs. 12, copia del contrato a fs. 126/129 y copias de facturas de suministro por el alquiler de los equipos de gas a fs. 151/281).
Ahora bien, con fecha 4 de julio de 2000 se citó al encausado a prestar declaración indagatoria (fs. 325), acto que se materializó el 1 de agosto de ese año (fs. 337/338), dictándose auto de falta de mérito el día 15 de igual mes y año (fs. 353/354).
El 11 de abril de 2003 la judicatura dispuso el sobreseimiento de Hileman en los términos del artículo 336 inc. 2 del CPPN, decisorio que fue revocado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad el 11 de mayo de 2004 (fs. 762).

Por otra parte, se interpuso una denuncia por los mismos hechos contra Carlos Canteloup el día 15 de diciembre de 2003 (fs. 763), respecto de la cual el Ministerio Público Fiscal requirió la instrucción del sumario (fs. 783).
A fs. 787 obra el decisorio mediante el cual se ordenó la acumulación de ambas causas, siendo que a fs. 866 la querella amplió el reclamo en contra del nombrado Canteloup, siempre en relación al mismo suceso referente a la contratación entre “Servinorte SA” y “Alquigas SA”.
A fs. 872 el Sr. fiscal amplió el primigenio requerimiento de instrucción aludiendo a igual acontecimiento (19 de agosto de 2004).
También, con fecha 18 de abril de 2005 se resolvió notificar a Carlos Canteloup en los términos de los artículos 73 y 279 del CPPN y, con fecha 18 de agosto de 2005 se dispuso el sobreseimiento de Hileman y su consorte de causa (fs. 1024/1027).
El 17 de marzo de 2006, el tribunal revocó nuevamente la desvinculación (fs. 1083), continuándose con la tramitación del sumario siendo que finalmente la defensa interpuso la excepción de prescripción de la acción penal que da origen a esta incidencia.
b) Sentado cuanto precede, y habida cuenta del contenido del agravio introducido por el impugnante en cuanto a que el hecho reprochado a Hileman aún no habría cesado de cometerse, interesa precisar -en este caso concreto en el que se investiga el delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 del CP)-, en qué momento comenzó a correr el plazo de la prescripción.
La ley de fondo establece que dicho plazo se iniciará a partir de la medianoche del día en que se cometió el delito y, si éste fuere continuo, cuando cesó de cometerse (art. 63 CP).

En la especie, se advierte que los hechos por los cuales el órgano acusador requirió la instrucción del sumario, sobre los que versó la convocatoria del imputado y los respectivos autos de mérito dictados a su respecto, se refieren a la suscripción del contrato de locación de fecha 14 de marzo de 1996.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la figura que acuña el artículo 173 inciso 7 del CP comprende distintas modalidades comisivas, resulta imposible fijar una pauta general en cuanto al momento consumativo. Ello dependerá de las particularidades que presente el caso concreto (cfr. Navarro, Guillermo Rafael, “Quiebra y otros fraudes en el comercio y la industria”, Pensamiento Jurídico Editora, Buenos Aires, 1984, pág. 125). En efecto, la consumación habrá de coincidir con la producción del daño y ello varía de acuerdo a la singularidad de la conducta reprochada.
En las presentes actuaciones, el perjuicio pecuniario se concretó con la suscripción del contrato de fecha 14 de marzo de 1996, desde que -en los términos del reproche- el convenio celebrado superaba los valores corrientes de plaza, todo lo cual habría ocasionado a la empresa una pérdida equivalente al pago de veinte mil pesos ($20.000) por mes aproximadamente.
Sobre el particular, se ha dicho que “(e)l agente obliga abusivamente al titular del patrimonio cuando erige créditos en favor de terceros contra ese patrimonio que están justificados, por no ser ni necesarios ni útiles para su gestión. Aquí la consumación no recaba el perjuicio efectivo por medio de la atención de la obligación a cargo del patrimonio: basta con que se lo haya ‘obligado’, es decir, con que se haya hecho nacer la posibilidad del perjuicio que puede materializarse en el correspondiente pago….” (Creus, Carlos, Derecho Penal, parte especial, T. I, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1995, pág. 524)/El resaltado me pertenece/

Si bien el acusador particular postula que el hecho infiel aún produce efectos perniciosos sobre el patrimonio de la empresa en razón de la existencia de un pleito ordinario en sede comercial, lo cierto es que el suceso se habría consumado con la suscripción del acto reputado desleal, ello así en tanto la obligación asumida en términos contractuales ya de por sí pudo implicar un perjuicio porque habría generado una exigencia de pago por valores superiores a los de plaza. En estas condiciones, no pueden confundirse los efectos del perjuicio (sustanciación de un proceso en sede privada) con el daño en sí mismo, esto es, el deber de afrontar un pago asumido -de acuerdo a la imputación- indebidamente.
Por otra parte, en cuanto al argumento articulado por los impugnantes en punto a que no se han investigado otros hechos referentes a la administración del incuso que podrían determinar que la acción no está prescripta, entiendo que el análisis sobre el instituto debe circunscribirse al objeto procesal fijado por los requerimiento de instrucción del Ministerio Público Fiscal y las presentaciones de la querella, respecto de los cuales, he de puntualizar, que se refieren únicamente y en todos los casos (con mayor o menor amplitud) a la contratación realizada el día 14 de marzo de 1996.
c) En virtud de los lineamientos sentados precedentemente y de los fundamentos expuestos en la causa 6349 “Mattera, Miguel Ángel s/ recurso de casación”, resuelta el 3 de mayo de 2005, registro 386, entiendo que la acción penal se encuentra prescripta y, en consecuencia, debe rechazarse el recurso de casación interpuesto por la querella.
En efecto, al momento de la ocurrencia de los hechos investigados (14 de marzo de 1996) aún no había entrado en vigor la ley 25.990 que modificó el artículo 67 del CP, circunstancia que impone determinar si se trata o no de una ley mas benigna que, por imperio constitucional (art. 75 inciso 22, 11.2 DUDH, art. 9 CADH) y legal (art. 2 CP) debe ser aplicada retroactivamente.

En esta inteligencia, y en estricta aplicación del principio pro homine según el cual debe acudirse siempre a la norma mas amplia o a la interpretación mas extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos, entiendo que la antigua redacción del artículo 67del CP en orden a que no puede interrumpirse el curso de la prescripción por actos del procedimiento resulta -sin hesitación alguna- mas beneficiosa, todo lo cual torna imperiosa la actualización del principio antes mencionado en cuanto a la aplicación de la ley penal vigente al momento del hecho.
Así, teniendo en cuenta que no se puede hablar de “juicio” durante la etapa instructoria, conforme el criterio sentado en la causa 4949 “Spieguel, Irma Beatriz s/ recurso de casación”, reg. 227/04, resulta el 3 de mayo de 2004, entiendo que ha transcurrido el plazo máximo de seis años previsto para el delito imputado (artículo 173 inciso 7 del CP) sin que se realizara el juicio oral y público establecido por la Constitución Nacional contra el encausado, ni se dictara la sentencia que de aquél se deriva (art. 18 y 75 inciso 22 de la CN). En consecuencia, la acción penal se encuentra prescripta.
Además, interesa subrayar que “(a)sí como el proceso debe cesar cuando la acción penal ha prescripto o cuando el hecho ya ha sido juzgado, debido a que estas circunstancias obstaculizan la constitución o continuación válida de la relación procesal, también la excesiva duración del proceso penal, en tanto violación de una garantía básica del acusado, conduce a la ilegitimidad del proceso, es decir, su inadmisibilidad, y por tanto, a su terminación anticipada e inmediata, único modo aceptable desde el punto de vista jurídico -pero también lógico e incluso desde la perspectiva del sentido común- de reconocer validez y efectividad al derecho tratado…” (Pastor, Daniel, “El plazo razonable en el proceso del estado de derecho”, Ad Hoc, Buenos Aires, 2002, pág. 612).
Por ello, teniendo en cuenta que las presentes actuaciones se iniciaron con fecha 12 de mayo de 2000 (ver denuncia de fs. 1) en relación a un hecho ocurrido el día 14 de marzo de 1996, y que su tramitación ha superado los siete años, se evidencia una afectación al derecho fundamental del imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas y a la definición de los procesos en un plazo razonable (regla expresa de la CADH, art. 8.1), todo lo cual requiere poner fin al ejercicio de la persecución penal del Estado.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la querella, con costas (artículos 456 inciso 1, 470 a contrario sensu y 530 del CPPN).
Tal es mi voto.
El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:
I. Debemos señalar, en principio, que si bien coincidimos con la solución que propone la doctora Angela Ester Ledesma en su voto en relación a que la acción penal respecto del imputado Ricardo Guillermo Hilleman se encuentra extinguida por prescripción, no hemos de compartir los fundamentos allí expuestos, por las razones que a continuación pasamos a desarrollar.
II. A los efectos de determinar si la actual disposición del artículo 67 del Código Penal -modificado por la ley 25.990 (B. O. 11/01/05)- se trata de una ley más benigna, en razón de que los hechos que se investigan en autos acaecieron entre el 14 de marzo de 1996 y el 16 de octubre de 1999, consideramos oportuno realizar una breve consideración.

Siendo ello así, es insoslayable recordar que ha sido doctrina constante de esta Sala en sus anteriores integraciones, que “…existe ‘se-cuela de juicio’ cada vez que en cualquier etapa del juicio penal (comprendido en su totalidad), se produce o realiza un acto con entidad suficiente para dar real dinámica e inequívoco impulso persecutorio al proceso, manteniendo en efectivo movimiento la acción penal…” (cfr. nuestros votos en las causas N 241 “Patat, Juan s/ rec. de casación” -Reg. n 3/95, del 13/2/95-; n 1151 “Empresas Exportadoras / Importadoras KRUBIA S.A. y otras s/ rec. de casación” -Reg. n 421/97, del 7/10/97-; n 1840 “Alemany, Luis Elías s/ rec. de casación” -Reg. n 243/99, del 27/5/99-; n 2536 “Ludueña, Carlos Martín s/recurso de casación”-Reg. n 314/00, del 14/6/2000-; n 2545 “Ríos, Mariano s/ rec. de casación” -Reg. n 321/2000, del 22/6/2000-; n 3045 “Beribey, Anibal s/ rec. de casación” -Reg. n 168/01, del 3/4/2001-; n 3754 “Albdelnabe, Julio s/ rec. de casación” -Reg. n 247/02, del 16/5/2002-; n 3952 “Ita-Cor S.A. s/ rec. de casación” -Reg. n 562/02, del 2/10/2002-; y n 4712 “Amreim, Max y otro s/ rec. de casación” -Reg. n 394/04, del 5/8/04-; entre muchas otras, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razones de brevedad).
Ahora bien, más allá de los particulares actos procesales que en diversas oportunidades hemos considerado con potencialidad suficiente como para interrumpir el curso de la prescripción, no podemos dejar de advertir que el Congreso Nacional ha resuelto la controversia relativa a qué actos del proceso deben ser considerados interruptivos del curso de la prescripción, al modificar los párrafos cuarto y quinto del artículo 67 de Código Penal, con el fin de darle una interpretación definitiva y estable a la cuestión; y en tal sentido concreta que “La prescripción se interrumpe solamente por: a) la comisión de otro delito; b) el primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.” (Ley 25.990, sancionada el 16/12/2004, Boletín Oficial del 11/01/2005).
Conforme con lo expuesto y observando la nueva redacción de la citada norma de fondo, que constituye según nuestro criterio la más benigna según lo establecido en el artículo 2 del Código Penal, corresponde analizar si en autos se han producido actos con virtualidad interruptiva del curso de la prescripción.
III. Ahora bien, en el caso de autos advertimos que al nombrado se le imputa el delito de defraudación por administración fraudulenta previsto en el artículo 173, inciso 7 del Código Penal, en relación a los hechos descriptos en el considerando tercero del voto de la colega que nos precede, a los que nos remitimos por razones de brevedad, que establece una pena máxima de seis años de prisión.

El artículo 63 del Código Penal establece que “La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse”.
Corresponde entonces, debido a las características del delito investigado en autos, determinar el momento desde el cual se debe comenzar a computar el plazo de la prescripción.
En el particular, el resultado típico de la acción se da mediante el perjuicio que sufre el patrimonio confiado, de manera que “En este caso, el delito se consuma con la efectiva causación del perjuicio, o sea, cuando se ha producido la disposición económica que reduce el patrimonio” (conf. Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo, “Derecho Penal, Parte Especial”, T.I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2007, página 539).
Por lo tanto, teniendo en cuenta ello, consideramos que en los casos -como el de autos- de delitos de defraudación por administración fraudulenta el plazo de la prescripción de la acción penal debe comenzar a contarse a partir del último acto de gestión que resulte apto para causar o mantener el perjuicio patrimonial del damnificado y no desde el momento que se obliga abusivamente al titular del patrimonio (este también ha sido el criterio adoptado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad en numerosas oportunidades: conf. causa n 31.699 “Della Paollera”, resuelta el 15/04/1987 por la Sala I; causa n 20.573 “Paggi, Raúl Enrique”, resuelta el 27/02/2003; causa n 30.811 “Cheng, Feng”, resuelta el 7/11/2006, ambas de la Sala V; causa n 19.535 “Cabo Fuscaret, Ricardo Daniel”, resuelta el 7/02/2003; causa n 23.089 “Sassot Viña, Albert”, resuelta el 31/03/1992, ambas de la Sala VI; y causa n 1269 “López, Vicente”, resuelta el 3/02/1994 por la Sala VII;).

Atento a ello, entendemos que, de acuerdo a las constancias obrantes en las presentes actuaciones, el hecho que se le imputa a Ricardo Guillermo Hilleman se prolongó desde el día 14 de marzo de 1996 -momento en el que se suscribió el contrato de locación de equipos para proveer GNC entre las empresas “Servinorte S.A” (entidad de la que ostentaba el cargo de presidente) y “Alquigas S.A.” sin que dicho acuerdo fuera sometido a consideración de la asamblea de accionistas ni el directorio de aquélla y por valores superiores al corriente en plaza- hasta el día 16 de octubre de 1999 -fecha en que se realizó el último desprendimiento patrimonial en concepto del canon locativo acordado- (conf. fotocopia certificada de la factura de pago que luce a fs. 186 del principal).
Por otra parte, tenemos particularmente en cuenta que el nombrado fue citado a prestar declaración indagatoria en el marco de las presentes actuaciones mediante auto de fecha 4 de julio de 2000 (conf. fs. 325 del principal), acto que se cumplió el día 1 de agosto de ese año (conf. fs. 337 del principal). De tal suerte, éste resulta ser el último acto con aptitud interruptiva de la prescripción de la acción penal.
Por ello, desde la fecha en que se citó a Hilleman a prestar declaración indagatoria hasta el presente ha transcurrido holgadamente el plazo que establece el artículo 62 del Código Penal para el delito que se investiga en las presentes actuaciones -seis años-, y de conformidad con las pautas establecidas en el artículo 67 (según ley 25.990) del mismo ordenamiento, consideramos que la acción penal se encuentra extinguida por prescripción.
IV. Por las razones expuestas, adherimos a la solución propuesta por la doctora Angela Ester Ledesma en su voto.
Tal es nuestro voto.
El señor juez doctor Guillermo José Tragant dijo:
Adhiero al voto del doctor Eduardo Rafael Riggi y en consecuencia, emito el mío en igual sentido.
Por ello, en mérito al acuerdo que antecede el Tribunal, RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la querella, con costas (artículos 456 inciso 1, 470 a contrario sensu, 530 y cc. del CPPN).
Regístrese, hágase saber y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.

FDO: Eduardo R. Riggi – Guillermo J. Tragant – Angela E. Ledesma.
Ante mí: María de las Mercedes López Alduncin. Secretaria de Cámara.

Citas : C.N.A.C.C. – Sala I, “Della Paollera”, causa n° 31.699,
rta. el 15/04/87; Sala V, “Paggi, Raúl Enrique”, causa n°
20.573, rta. el 27/02/03; “Cheng, Feng”, causa n° 30.811, rta.
el 7/11/06; Sala VI,”Cabo Fuscaret, Ricardo Daniel”, causa n°
19.535, rta. el 7/02/03; “Sassot Viña, Albert”, causa n° 23.089,
rta. el 31/03/92; Sala VII , “López, Vicente”, causa n° 1269,
rta. el 3/02/94. Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo
“Derecho Penal, Parte Especial”, T° I, Ed. Astrea, Buenos Aires,
2007, pág. 539.

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