Inicio > Fallos laborales > Despido incausado. Arbitrariedad.

Despido incausado. Arbitrariedad.

Follow abogadolonghi on Twitter
TEMERIDAD Y MALICIA.
Falta de pago en término o sin causa justificada. Presunción del
art. 9 ley 25.013.

art. 9 de la ley 25.013.

Es requisito insoslayable para la aplicación del art. 9 de la
ley 25.013 la falta de pago en término de la indemnización por
despido incausado, ya sea sin invocación de causa, sin causa
justificada, o cuando se invocara una injuria que luego no se
prueba. Al hablar de la indemnización de este artículo se está
haciendo referencia a la reparación del daño presunto que
produce el despido arbitrario y por lo tanto, resulta también
abarcativo del preaviso y/o de cualquier tipo de reparación
nacida de la causa señalada. La desvirtuación de la presunción
legal iuris tantum de este artículo resultará de gran dificultad
para los empleadores. Aparece la decisión del legislador de
llevar seguridad jurídica al terreno de los despidos, evitando
el litigio innecesario y sancionando el incumplimiento cuando no
está justificado.

Ferrieros. Rodriguez Brunengo.

21.257/2006
Perales Alejandro Nicolás c/ Viamonte Construcciones S.A. y otro
s/ despido.
28/05/08

SD. 40926.

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO.

Sala VII.
TS07D40926
PODER JUDICIAL DE LA NACION
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 40926 Leer fallo completo
CAUSA Nº 21.257/2006 – SALA VII – JUZGADO Nº 28
En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo de 2008, para dictar sentencia en los autos: “PERAKES, ALEJANDRO NICOLÁS C/ VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A. Y OTRO S/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:
LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:
I.- A fs. 11/16vta. se presenta el actor e inicia demanda contra “VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.” y contra el Sr. SERGIO ANGEL GUERRA, en procura del cobro de unas sumas a las que se considera con derecho, mediante invocación de las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.-
Aduce que se desempeñó en relación de dependencia con la demandada realizando numerosos tipo de tareas en las condiciones y con las características que detalla, siendo la persona física demandada quien le impartía las órdenes.-
Detalla irregularidades e incumplimientos en que incurriera su empleadora, lo que genera un intercambio telegráfico que concluyó con su desvinculación por despido indirecto.-
Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes por despido incausado, multas y recargos previstos en el ordenamiento laboral.-
A fs. 37/39vta. responde el Sr. Guerra; desconoce todos los extremos invocados por el actor y pide el rechazo de la demanda.-
Lo propio hace la codemandada “VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.” (fs. 46/49vta.).-
A fs. 103 se tuvo a la demandada “VIAMONTE…” por incursa en la situación prevista en el art. 86 de la Ley 18.345.-
La sentencia de primera instancia obra a fs. 197/199, en la que el “a-quo”, luego de un minucioso análisis de los elementos de juicio obrantes en la causa, decide en sentido favorable a las pretensiones del actor pero únicamente con relación a la codemandada “VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.”.-
Varios son los recursos que anlizaré: de la demandada “VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.” (fs. 201/205vta.); de la parte actora (fs. 213/216) y del codemandado GUERRA (fs. 206/210).-
II.- En primer término la demandada cuestiona el fallo en tanto ha tenido por probada la vinculación laboral invocada por el actor, pero a mi modo de ver su planteo llega desierto (art. 116 de la ley 18.345).-
En efecto, en el fallo se ha tenido por ciertos los extremos invocados en la demanda en atención a la confesión ficta de la ahora apelante, en virtud de que la presunción generada en su contra (acerca de la existencia de contrato de trabajo entre otros) no sólo que no fue desvirtuada, sino que además, fue corroborada con los testigos que allí se analizan.-
Como puede advertirse la apelante en su recurso, se limita a afirmar, en abstracto, que no se han probado las notas tipificantes de un contrato de trabajo, como así tampoco que se celebró un contrato de trabajo en los términos del art. 21 de la L.C.T. , sin embargo no señala un sólo elemento de juicio en aval de la tesitura que defiende.-
Esta Sala tiene dicho que la expresión de agravios debe bastarse a sí misma, no sólo en la crítica a los elementos de juicio que convenzan de la postura que defiende sino también la razón lógica y jurídica de lo que finalmente se persigue en el recurso (en igual sentido “Mercado Jesús c/ Niro Construcciones “, sent. 29.396 del 6.6.97).-
En tales condiciones, el agravio es inidóneo para el fin que persigue.-
III.- Considero adecuada a derecho la inclusión de la incidencia del sueldo anual complementario en la indemnización por antigüedad.-
Digo ésto por cuanto la directiva de la norma del art. 245 es clara al disponer que debe tomarse la “mejor remuneración devengada”. La prestación se devenga día a día y es de pago diferido, por lo que entiendo, como ha venido resolviendo la Suprema Corte de Buenos Aires, desde el caso “Hellman Raúl Alberto c/ Rigolleau SA”, LT, 1983, XXXI-B, 931), que debe computarse en dicha base (así e votado en “Bretaña, Juan Antonio C/ Escuela Superior de Hotelería S.A.” sent. 38.760 del 13-09-05, entre otros).-
Propongo entonces se confirme el fallo también en este punto.-
IV.- La demandada también se agravia de que se le haya condenado al pago del incremento previsto en el art. 4 de la Ley 25.972, cuando éste no ha sido reclamado por el accionante, pero no le veo razón en su planteo.-
Tengo para mi que el art. 16 de la ley 25.561 establece que se suspenden los despidos sin causa justificada y en caso de contravenir lo allí dispuesto, se sanciona la conducta de los empleadores de los “trabajadores perjudicados” con un incremento de la indemnización para el caso. Luego, el reclamo de la misma no puede considerarse un reclamo diverso al de la indemnización por antigüedad, toda vez que se trata del ejercicio de un derecho subjetivo , en el que el trabajador pretende el cumplimiento de una norma que lo protege del despido arbitrario y que sólo ha sufrido una variación cuantitativa que el Juez debe aplicar de oficio.-
El despido sin causa justificada siempre ha recibido sanción legal; lo único que ha variado temporalmente es el cuantum, de manera tal que entiendo que ello no requiere un reclamo autónomo, sino el ajuste que el Juzgador debe efectuar del monto en el momento de dictar sentencia. En el caso de acuerdo a las pautas del art. 4 de la ley 25.972, vigente al momento del distracto.-
V.- En relación a la condena al pago de la indemnización prevista por el art. 15 de la Ley Nacional de Empleo, cabe señalar que contrariamente a lo que sostiene la apelante, la exigencia de comunicación a la AFIP contenida en el art. 11 del citado cuerpo legal (introducida por art. 47 de la ley 25.345) sólo se encuentra establecida para la procedencia de las indemnizaciones previstas en los arts. 8, 9 y 10 de la L.E. –
Por consecuencia, cabe la confirmatoria del fallo también en este item.-
VI.- Lleva razón la parte actora cuando cuestiona el monto diferido como días trabajados más integración del mes del despido cuya sumatoria debe alcanzar a $ 1.083,33.- incluída la incidencia del SAC.-
VII.- La actora también se agravia de que se haya dispuesto el rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de trabajo, por incumplimiento de lo dispuesto en el decreto 146/01 .
Debo recordar que el art. 45 de la ley 25.345 agregó como ùltimo párrafo al 80 de la L.C.T. el siguiente texto: “…si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos… dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último …”. A su vez el Decreto Reglamentario 146/2001 en su art. 3º dispuso que “…el trabajador quedará habilitado para remitir el requirimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos…. dentro de los 30 (treinta) días corridos de extinguido, por cualquier causa el contrato de trabajo”.-
Ahora bien, si bien esta Sala que integro ha resuelto en algunos casos del pasado que resulta insuficiente –por prematura- la intimación de entrega del certificado antes de cumplidos los 30 días que establece la reglamentación, un nuevo y detenido examen de la cuestión, me conduce a arribar a una solución diferente, sobre la base de considerar que la requisitoria que se impone al trabajador constituye un claro exceso reglamentario, en relación a la norma superior que reglamenta (art. 45 antes citado).-
Me explico: cabe tener en cuenta que las decisiones del Poder Ejecutivo se manifiestan jurídicamente por medio de “decretos” y en el derecho argentino se conocen cuatro clases principales de decretos del Poder Ejecutivo que son: 1) de ejecución o reglamentarios; 2) autónomos; 3) delegados , y 4) de necesidad y urgencia.-
De acuerdo a esta clasificación que realiza el Dr. Néstor Pedro Sagüés (ver “Elementos de Derecho Constitucional” Tomo I, pág. 596 y sgtes.) en el caso en análisis estamos considerando un decreto que es reglamentario de una ley. Señala el jurista que los decretos de ejecución o reglamentarios son aquéllos que le dan nombre al Poder Ejecutivo, en tanto órgano estatal encargado de instrumentar y efectivizar las leyes. La Constitución Nacional en su art. 99, inc. 2 entre las competencias del presidente puntualiza que “expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias” (el destacado me pertenece). Queda claro entonces que el decreto reglamentario está jerárquicamente subordinado a la ley.-
Desde esta perspectiva un texto legal puede ser modificado por el decreto en cuanto a sus modalidades de expresión, siempre que no afecte su sustancia. Según señala la Corte, la sustancia de la ley atañe a su espíritu y a sus fines (“S.R.L. Narden Argentina” Fallos, 280:18 y “Gravano”, Fallos, 283:98).-
Cabe tener en cuenta también –como señala el autor citado- que la colisión entre el decreto y la ley se da en estas hipótesis: a) invasión de áreas legislativas: ocurre, para el criterio de la Corte cuando el decreto, so pretexto de perfeccionar las normas existentes, legisla en asuntos que son competencia del Congreso y b) desnaturalización de la ley: cuando el decreto excede el ámbito de la interpretación posible u opinable de la ley, optando por una solución fuera de esta.-
Y bien, a mi modo de ver con el decreto 146/2001 estamos en la segunda hipótesis descripta, en tanto, como señalé al iniciar el presente considerando la requisitora que el mismo impone al trabajador excede claramente lo que establece la norma superior que reglamenta (art. 45 antes citado).-
Aunque así no lo creo, suponiendo idéntica jerarquía de leyes, de igual manera en el caso de diferencia notoria como el presente, hubiera tenido que optarse por la norma más favorable (art. 14 bis CN).
En razón de lo que de he dejado expresado entiendo que cabe declarar la inconstitucionalidad del decreto 146/2001.-
No dejo de advertir que en el presente caso la actora no ha planteado la inconstitucionalidad de dicha norma en la demanda. Sin embargo, no veo obstáculo, en las particulares circunstancias señaladas, en tratar el tema de todos modos, como ya he expresado en un precedente en el que he votado integrando la Sala VI: “Herrero Carlos Alberto c/ ESSO S.A.)”, sent. 58.335 del 6/06/05, del registro de la Sala VI; ver también de esta Sala VII “Bretaña, Juan Antonio C/ Escuela Superior de Hotelería S.A. S/ Despido”, sent. 38.760 del 13-09-05.-
Sostengo esto porque la función del juez que se enuncia con el adagio latino “iura novit curia”, es suplir el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal. Es consecuencia de ello, que los hechos del proceso, deben ser invocados y probados por las partes, pero en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar, conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso.- Lo dicho ha llevado a Bidart Campos a sostener que “el juez depende de las partes en lo que tiene que fallar, pero no en cómo debe fallar”.-
Es que el control de constitucionalidad no depende de las partes porque la supremacía de la Constitución es de orden público.-
Por otra parte, no puede argüirse en contra de lo expuesto la posible violación del derecho de defensa o de una posible indefensión, ya que la doctrina mayoritaria, sostiene ya hace tiempo, que frente al “derecho aplicable” no se puede argumentar el derecho de defensa, ya que hay que prever la cuestión constitucional, dentro de ese derecho de defensa y no tenerlo en cuenta por las partes, sólo sería una imprevisión que puede atenderse y que sólo sería imputable a ellas.-
En tal sentido, no sólo Bidart Campos ha manifestado su adhesión a esta doctrina, sino otros autores de talla, como Hitters, Juan Carlos (ED 116-20) y Ramirez Bosco (DT XLIII-B).-
Este último autor destaca asimismo la vinculación de la declaración de oficio de la inconstitucionalidad con el principio de irrenunciabilidad del Derecho del Trabajo y, a su vez, como derivación necesaria o derivada del principio protectorio.-
Asimismo es del caso recordar que el más Alto Tribunal de la República ha señalado hace algunos meses que “es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas si se encuentran en oposición a ellas (Fallos 311:2478, entre muchos ).-
Sobre la base de lo expresado tengo para mí que , la intimación cursada por la actora con fecha 29-05-06, al momento mismo de disponer la disolución del vínculo por despido indirecto, resulta suficiente para tener por cumplido el requisito formal contenido en el art. 45 de la ley 25.345 , de modo que resulta acreedor de la indemnización prevista (tres veces la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año), la que, tomando la mejor remuneración que se determina en el fallo ($ 1.083,33.-) asciende a $ 3.249,99.-
VIII.- También le veo razón a la actora en cuanto al reclamo fundado en el art. 9 de la Ley 25.013.-
Dicha norma expresamente establece: “En caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador, de la indemnización por despido incausado… se presumirá la existencia de conducta temeraria y maliciosa contemplada en el art. 275 de la ley 20.744 (t.o. 1976)”.-
En relación a este tema he tenido oportunidad de señalar, entre otras, las siguientes consideraciones: es requisito insoslayable para la aplicación de la norma la falta de pago en término de la indemnización por despido incausado, ya sea sin invocación de causa, sin causa justificada o cuando se invocara una injuria que luego no se prueba. Obvio que al hablar de indemnización el artículo está haciendo referencia a la reparación del daño presunto que produce el despido arbitrario y por tanto, resulta también abarcativo del preaviso y / o de cualquier tipo de reparación nacida de la causa señalada.-
En cuanto al tiempo la norma habla de pago en término y bueno es recordar que el pago es el cumplimiento de la prestación debida que hace al objeto de la obligación, en este caso, de dar.-
Ese acto jurídico de pagar, que tiene por objeto inmediato aniquilar derechos y que puede ser realizado tanto por el deudor, en este caso empleador, como terceros en algunas ocasiones, debe gozar de integridad, conforme a lo establecido por el art. 742 del Código Civil, motivo por el cual, el trabajador no está nunca obligado a recibir pagos parciales.-
Por otra parte, resulta de vital importancia tener presente que la ley requiere que el pago sea hecho en término, de manera tal que tratándose de obligación pura y simple, no sujeta a plazo alguno, la suma adeudada debe efectivizarse el día del cumplimiento de la obligación, que es el día del despido mismo.-
En cuanto a la presunción contenida en el artículo, sostuve que se trata de una presunción legal de la que el legislador ha preferido la posibilidad de admitir prueba en contrario, pero lo cierto es que dicho hecho está eximido de prueba para el reclamante y es el legitimado pasivo quien debe liberarse demostrando su inexistencia, la que se da, primariamente, por cierta.-
Es que la presunción no es una prueba, sino la exención o dispensa de prueba, en suma, que mientras no se pruebe lo contrario, el hecho se tiene por cierto y resulta indubitado.-
Sin embargo, la ley prevé la posibilidad de que el deudor-empleador se libere de esa presunción acreditando la causa justificada de su demora. Es que su responsabilidad ya comienza a nacer en virtud de que han comenzado a surgir los presupuestos necesrios de la misma, a saber: a) incumplimiento objetivo o material como infracción al deber por incumplimiento contractual; b) un factor de atribución de responsabilidad; c) el daño , que en este caso se presume también motivo por el cual la reparación resulta tarifada, y c) una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño.-
Existe la posibilidad primera de que el empleador cumpla con la indemnización de manera íntegra y oportuna en cuyo caso queda absolutamente liberado. También puede ocurrir que el deudor incumpla con la prestación a su cargo, caso en el que se impone el pago reparatorio por el despido incausado y la sanción por no cumplir, ya que se actualiza la presunción y debe efectivizar el pago adicional previsto. Pero también puede ocurrir que no haya pagado la indemnización y que, no obstante, no resulte responsable porque el caso fortuito o la fuerza mayor hayan generado una situación de irresponsabilidad.-
Es que el art. 514 del CC nos da la pauta de lo que se entiende por caso fortuito y expresa que es el que no se ha previsto o no ha podido evitarse.-
En nuestro derecho, en el que la fuerza mayor y el caso fortuito han sido considerados sinónimos por la doctrina y por la jurisprudencia, se requiere para la configuración del “casus”, la imprevisibilidad, es decir la imposibilidad de haber podido pensar que sucedería, la irresistibilidad o inevitabilidad, en la concepcion de algo absolutamente inevitable más allá incluso de que haya podido ser previsto; la ajenidad , como algo inherente al deudor y exterior a la esfera de acción en la cual el mismo debe responder.-
Es decir que, para justificar su conducta de falta de pago en término de la indemnizaciòn por despido incausado se entiende que la única vía es la alegación y prueba del caso fortuito.-
De acuerdo con lo expuesto, la desvirtuación de la presunción legal iuris tamtum de la norma resultará de gran dificultad a los empleadores. Así, el despido en el que no se invoque causa resultará prácticamente si no hay pago oportuno, acompañado por la presunción expuesta; si hubo invocación de causa y la misma llega a controversia judicial y no se prueba; el resultado será igual.-
Aparece así la decisión del legislador de llevar seguridad jurídica al terreno de los despidos, evitando el litigio innecesario y sancionando el incumplimiento cuando no está justificado (ver trabajo completo, Estela M.Ferreirós, “Falta de pago en término de las indemnizaciones por despido incausado”, Errepar – DLE- nº 180 – agosto del 2000).-
En el presente caso, la demandada no ha logrado acreditar ningún modo la causa que justifique esa demora, de modo que estimo justo fijar la multa en cuestión en la suma de $ 1.000.-
IX.- La actora también objeta el fallo en tanto desestimó el reclamo del art. 8 de la Ley 24.013 con fundamento en el incumplimiento acabado del requisito de comunicación a la AFIP. Para hacerlo aduce que acompañó el telegrama correspondiente y este no ha sido desconocido por la demandada.-
No le veo razón en su planteo.-
Aún cuando ese telegrama no haya sido desconocido expresamente por la accionada, lo cierto es que la norma establece que al realizar la intimación de regularización de que se trate, el trabajador debe de inmediato y, en todo caso, no después de las veinticuatro horas hábiles siguientes, remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos, copia del requerimiento.-
Y bien, con solo observar los instrumentos acompañados por el propio actor, se advierte incumplido aquél requisito en cuanto a lo temporal, en tanto la intimación de regularización se realizó con fecha 18-05-06 (fs. 2) y la comunicación a la AFIP se llevó a cabo sólo el 06-06-06 (fs. 3).-
Propongo entonces la confirmatoria del fallo en este segmento.-
X.- Con las modificaciones que he dejado propuestas en los considerandos VI, VII y VIII, el monto de condena ascenderá a la suma de $ 12.905,64.- más los intereses que se indican en el fallo, que no llegan cuestionados.-
XI.- Respecto de las costas por la acción dirigida contra el codemandado GUERRA, no encuentro razones para apartarme de lo resuelto, en tanto teniendo en cuenta que aquél le ha pagado sueldos y dado órdenes en determinadas ocasiones, bien pudo considerarse asistido de mejor derecho como para litigar contra él (art. 68, 2º pte. del Código Procesal).-
Por tanto propongo la confirmatoria del fallo en este punto.-
XII.- Los honorarios de primera instancia, en tanto han sido determinados en porcentuales que me parecen equitativos teniendo en cuenta el mérito de los trabajos cumplidos, propongo sean confirmados aunque deberán adecuarse al nuevo monto de condena que resulte, con inclusión de intereses (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).-
XIII.- Propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 del Código Procesal), y se regulen honorarios a la reprsentación letrada de la demandada, codemandada y de la actora en el 25%, 25%, y 32%, respectivamente, de los correspondientes por su actuacion en la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).-
EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Estela Milagros Ferreirós, y añado:
En lo que respecta a la aplicabilidad del decreto reglamentario 146/2001, acuden a mi memoria por una parte, el antiguo aforismo latino: “rara est in dominos iusta licencia”, y por otra, la tesis general del clásico libro de Juan Carlos Rébora: “El Estado de Sitio y la Ley Histórica del Desborde Institucional”, señalando lo difícil que le resulta a quien ejerce el poder una autolimitación que no traspase sus ceñidas facultades.
La cuestión se ha planteado no solo en nuestro derecho, sino también en democracias más antiguas y consolidadas, como Francia. Georges Ripert nos informa así, que a partir de la Revolución, “Rousseau ne dit pas: les lois, il dit: la loi, et pour lui la loi est souveraine, car elle est l´ expression de la volonté générale”… “Il n´y a plus qu´une seule autorité: l´assemblée chargée de faire les lois. Elle détient la puissance législative dans son absolutisme”. El gobierno de Vichy, a comienzos se la década del 40, bajo la sombra de la ocupación alemana dictó decretos-leyes y modificó leyes anteriores directamente por decretos, actos que luego fueron anulados, como se ve en : M. Gëny: “De l´ inconstitutionnalité des lois et des autres actes de l´autorité publique et des santions qu´elle comporte dans le droit nouveau de la Quatrième Republique (Jurisclasseur périodique, 1947, I, 613) y em M. Pelloux, “dont il suggère d´atteindre par le recours pour excès de pouvoir les actes administrativew qui seraient contraires a ces dispositions” en “Le Déclin du Droit”, París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1949.
Entre nosotros, como explica María Angélica Gelli: “ La Corte Suprema trazó, por primera vez, los límites de la competencia reglamentaria del Poder Ejecutivo en el caso “Delfino y Cía.”. Con mención expresa del anterior art. 86, inc. 2º, el Tribunal sostuvo que “existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla.”. Ahora bien, encontrar la línea divisoria entre una y otra constituye una cuestión problemática y, al decir de la Corte Suprema, una cuestión de hecho. (“Delfino y Cía” Fallos: 148:430, año 1927).
En el caso de autos, estimo que esa línea divisoria ha sido traspasada y se ha configurado una desviación de poder que fundamenta la declaración de inconstitucionalidad del decreto 146/2001, y así lo voto.
En lo que concierne a la declaración de inconstitucionalidad de oficio, quiero poner de relieve que la Ley Cimera Constituye en arquitrabe de nuestro sistema jurídico, desde adentro y no desde afuera del mismo, por lo que es obligación de los jueces –la primera- comparar la ley a aplicar en el caso concreto con lo imperado por aquélla, para asegurar la supremacía de los derechos fundamentales de los justiciables de manera eficaz, y hacer ceder la normativa que no se ajusta a la Constitución, para asegurar la prevalencia de ésta. Lo contrario sería hacer prevalecer la mera voluntad de las partes, de cuya expresión dependería la aplicabilidad de aquella, como si se tratara de una ley extranjera.
Así la inveterada máxima que se expresa en el brocárdio “Iura novit curia” sería objeto de un corte vertical: aplicable a las leyes comunes y otras normas inferiores a éstas, pero omitida respecto de la Constitución, salvo que alguna de las partes pidiera su aplicación. Estas consideraciones me inclinan a pronunciarme por la declaración de inconstitucionalidad del ya mencionado decreto 146/2001 de oficio, y así doy mi voto.
EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345)
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo y elevar el monto de la condena a la suma de $ 12.905,64 (doce mil novecientos cinco pesos con sesenta y cuatro centavos) más los intereses que allí se indican. 2) Confirmarlo en todo lo demás que decide. 3) Confirmar los porcentuales de honorarios pero adecuándolos al nuevo monto de condena que resulte, con inclusión de intereses. 4) Costas de alzada a cargo de las demandadas. 5) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada, de la codemandada y de la actora en el 25%, 25% y 32%, respectivamente, de los determinados para la primera instancia. 6) Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2) del art. 62 de la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada CSJN No. 6/05).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Anuncios
Categorías:Fallos laborales
  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: