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Edesur, impacto ambiental, improcedencia de medida cautelar

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MEDIDAS CAUTELARES: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. AUMENTO DE
POTENCIA. FALTA DE ACREDITACION DE LA VEROSIMILITUD DEL DERECHO.
ANTECEDENTES DE LAS SALAS 1 Y 2.

El Tribunal entiende que no resulta factible tener por
acreditada la verosimilitud del derecho invocado con las
constancias de la causa, en la medida suficiente que justifique
acceder al dictado de la cautelar impetrada. No es posible el
juzgamiento actual de la cuestión planteada con los elementos
existentes y mediante una aproximación superficial, en virtud de
la complejidad que exhibe, que involucra aspectos tales como la
interpretación de las obligaciones establecidas en el contrato
de concesión, la evaluación de la necesidad de la ejecución de
inversiones en las redes de Edesur S.A. y de la puesta en
servicio de la Subestación Rigolleau –que incluye las cuestiones
relativas al impacto ambiental suscitadas al respecto– en virtud
de la magnitud del requerimiento (cfr. copia de la Resolución AU
Nº 7167 del ENRE), como así también la eventual determinación de
un plazo acorde con las circunstancias señaladas a efectos del
cumplimiento. Una decisión sobre dichas cuestiones, que se
encuadran en un marco de suma complejidad tecnológica, resulta
cuanto menos excesivo en el estrecho marco cognoscitivo propio
de las medidas cautelares (cfr. esta Sala, doctr. de la causas
4594/99, 837/03 del 6.5.03 y 1792/04 del 4.5.04 y esta Cámara,
Sala II, causa 4183/02 del 18-3-03), en especial cuando aún no
ha sido oída la contraria. Tampoco se ha acreditado en forma
idónea la consumación de un daño irreparable, máxime si se
considera que los perjuicios invocados por la empresa actora,
como consecuencia de la conducta que endilga a su oponente,
eventualmente podrían encontrar reparación mediante la
pertinente indemnización resarcitoria (cfr. esta Sala, causas
2499 del 3-4-92, 20313 del 8-8-96 y 5205 del 15-10-98) y el
trámite sumarísimo impreso a las presentes actuaciones.

Dr. Francisco de las Carreras – Dr. Martín Diego Farrell.

4.641/08.
Kordsa Argentina S.A. c/ Edesur S.A. s/ incidente de apelación
art. 250 CPCC.
12/08/08

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Sala 1.
C. 4641/2008 -I- “Kordsa Argentina S.A. c/ Edesur S.A. s/ incidente de apelación art. 250 CPCC”.
Juzgado Nº: 1
Secretaría Nº: 2

Buenos Aires, 12 de agosto de 2008.-

Y VISTO:
El recurso de apelación interpuesto a fs. 63 —fundado a fs. 66/68— contra la resolución dictada a fs. 60, y
CONSIDERANDO: Leer fallo completo
1. El amparo promovido por la empresa Kordsa Argentina S.A. contra Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima –EDESUR–, persigue como objeto que se “obligue a la empresa distribuidora a dar efectivo cumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato de concesión que regula el servicio público a su cargo y, consecuentemente con ello, realice las obras que resulten necesarias para proveer en forma definitiva e inmediata… el incremento de potencia oportunamente solicitado”.
Asimismo, en el marco de la acción incoada se solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de que se ordenara a Edesur S.A. suministrar a Kordsa en su planta de Berazategui (a través de la sub estación y/o red que estime pertinente) una potencia mínima de 7.400 kw. (cfr. fs.47/57).
La medida precautoria fue rechazada por el señor juez, con fundamento en que resulta coincidente con el objeto del juicio.
2. Esta decisión suscita los agravios de la accionante por cuanto sostiene que en supuestos como el de autos es dable otorgar un anticipo de jurisdicción con carácter cautelar, atendiendo al agravamiento del perjuicio o a su irreparabilidad. En este sentido señala que merced a la falta de suministro de energía en la potencia necesaria se encuentra en juego la subsistencia y viabilidad de la empresa, con el perjuicio irreparable que ello implica para su patrimonio y la afectación de los puestos de trabajo.
3. En los términos en que la cuestión ha quedado planteada, cabe señalar que la medida cautelar peticionada, en tanto no persigue mantener el status existente sino, precisamente, alterar ese estado de hecho o de derecho vigente antes de su dictado, requiere además de la concurrencia de los presupuestos básicos generales de toda medida precautoria, esto es: la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela, un cuarto requisito que le es propio, cual es la posibilidad de que se consume un perjuicio irreparable y, si bien en las demás cautelares el análisis de esos presupuestos debe ser efectuado según pautas amplias, en casos como éste corresponde observar, en cambio, un criterio detallado y particularmente severo por tratarse de una medida excepcional (cfr. esta Sala, causas 3905 del 28-4-94, 20.518 del 5-9-96, 4722 del 30-12-97 y 4594 del 7-9-99, 10.427/01 del 4-6-02 y 1792/04 del 4-5-04, entre otras; esta Cámara, Sala II, causa 6921 del 1 9 89; C.N.Civ., Sala “A”, L.L. 1985 D p. 11 y L.L. 1986 C p. 344; Peyrano, J. W., “Medida cautelar innovativa”, Buenos Aires, 1.981, p. 21 y sigtes.).
Asimismo, en tanto su dictado importa el anticipo de una eventual sentencia favorable (cfr. esta Sala, causas 3905 y 4594 citadas y 3254/03 del 29-4-03; Sala II, causa 5453 del 22 9 87 y sus citas), la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa (cfr. Peyrano, J. W., “La verosimilitud del derecho invocado como presupuesto del despacho favorable de una medida cautelar innovativa”, L.L. 1985 D p. 112).
En este orden de ideas, cabe recordar que es doctrina del Alto Tribunal que dentro de las medidas precautorias, la innovativa es una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, ya que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (cfr. Fallos: 316:1833; 318:2431; 319:1069; 320:2697; 321:695; 325:669 y 2347, entre otros).
4. Es menester tener en cuenta además que aunque el requisito de verosimilitud del derecho está influido por la índole del reclamo principal, del que no puede ser desvinculada la medida requerida, es improcedente el análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya naturaleza y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad (cfr. esta Cámara, Sala II, causa 7982 del 15-9-95 y sus citas; esta Sala, causa 837/03 del 6-5-03).
5. En base a las pautas hasta aquí expuestas, el Tribunal entiende que no resulta factible tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado con las constancias de la causa, en la medida suficiente que justifique acceder al dictado de la cautelar impetrada.
Ello es así, por cuanto no es posible el juzgamiento actual de la cuestión planteada con los elementos existentes y mediante una aproximación superficial, en virtud de la complejidad que exhibe, que involucra aspectos tales como la interpretación de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión, la evaluación de la necesidad de la ejecución de inversiones en las redes de Edesur S.A. y de la puesta en servicio de la Subestación Rigolleau –que incluye las cuestiones relativas al impacto ambiental suscitadas al respecto– en virtud de la magnitud del requerimiento (cfr. copia de la Resolución AU Nº 7167 del ENRE a fs. 24/25 y fs. 17), como así también la eventual determinación de un plazo acorde con las circunstancias señaladas a efectos del cumplimiento. Una decisión sobre dichas cuestiones, que se encuadran en un marco de suma complejidad tecnológica, resulta cuanto menos excesivo en el estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares (cfr. esta Sala, doctr. de la causas 4594/99, 837 y 1792 citadas y esta Cámara, Sala II, causa 4183/02 del 18-3-03), en especial cuando aún no ha sido oída la contraria.
A lo que cabe añadir, que tampoco se ha acreditado en forma idónea la consumación de un daño irreparable, máxime si se considera que los perjuicios invocados por la empresa actora, como consecuencia de la conducta que endilga a su oponente, eventualmente podrían encontrar reparación mediante la pertinente indemnización resarcitoria (cfr. esta Sala, causas 2499 del 3-4-92, 20313 del 8-8-96 y 5205 del 15-10-98) y el trámite sumarísimo impreso a las presentes actuaciones.
Por los fundamentos expuestos, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada.
La Dra. Najurieta no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese y devuélvase a primera instancia donde se deberá notificar.

Martín D. Farrell Francisco de las Carreras

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