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Amparo contra I.O.M.A.

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A C U E R D O
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En la ciudad de La Plata, a 18 de agosto de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Negri, de Lázzari, Pettigiani, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 69.412, “P.L. , J. M. contra I.O.M.A. Amparo. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley”.
A N T E C E D E N T E S
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando por mayoría la sentencia dictada por la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de la misma ciudad que hizo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida en autos (v. fs. 226/234).
II. Disconforme con ese pronunciamiento, el accionante interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (fs. 235/264), los que fueron concedidos por la Cámara actuante a fs. 270.
III. Una vez notificado el Ministerio Público (conf. art. 283, C.P.C.C., ver fs. 275), oída la señora Procuradora General (fs. 282/286), dictada la providencia de autos (v. fs. 287), glosado el memorial de la parte actora (fs. 291/336) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
C U E S T I O N E S
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
Caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?-Leer mas-
V O T A C I Ó N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor O. M. P. L. invocando su calidad de curador definitivo del señor P. L., J.M. quien padece Síndrome de Down , promovió acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (en adelante, I.O.M.A), a fin de obtener una cobertura integral de las prestaciones “Formación Laboral, Jornada Doble” que le brinda el instituto Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos (en adelante, C.E.P.P.), sin limitaciones temporales y garantizando la continuidad de éstas (fs. 52/84).
II. El fallo de primera instancia hizo lugar parcialmente a la acción de amparo. Consideró que si bien había mediado discontinuidad en las prestaciones a cargo de la demandada, no resultaba procedente la pretensión del accionante de obtener la cobertura integral de éstas tal como fueron requeridas. Por consecuencia, ordenó al I.O.M.A. a suministrar al amparista la continuidad de las prestaciones, conforme con la normativa aplicable (que rige al ente asistencial) e impuso las costas a la demandada (fs. 183/187).
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el accionante a fs. 193/216, confirmando por mayoría la sentencia dictada por la jueza de grado en lo que fue materia de agravio. También por mayoría impuso las costas del proceso en el orden causado (v. fallo a fs. 226/234 vta.).
IV. Mediante el recurso extraordinario de nulidad la parte actora denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (ver punto 3 del escrito recursivo, a fs. 239 vta./242). De un lado, afirma que la sentencia recurrida ha omitido el tratamiento de cuestiones esenciales para la resolución del recurso de apelación. Del otro, asegura que el fallo atacado no se funda en ninguna disposición de la ley de fondo.
a. El impugnante plantea, en primer lugar, la omisión del tratamiento por el tribunal de alzada de las siguientes cuestiones que considera esenciales: i) el derecho del amparista que emana de diversos tratados internacionales; ii) el derecho que surge de la Constitución local, que garantiza el acceso a la salud a todos sus habitantes, como así también la protección integral de los derechos del niño y de toda persona discapacitada (art. 36 incs. 2, 5 y 8), en los cuales se ha basado la sentencia apelada; iii) el peligro en la demora que surge del riesgo de perder la posibilidad de continuar con la rehabilitación integral que recibe el amparista en el instituto C.E.P.P., en virtud de la cobertura parcial brindada por el I.O.M.A.
Por último, se queja de la omisión en resolver la solicitud de citación de la Provincia de Buenos Aires como tercero, destacando que la alzada ha omitido integrarla a la litis, conforme lo había requerido en el punto 2 (objeto) y punto “e” del petitorio del escrito de inicio (v. fs. 240).
b. En segundo lugar, sostiene que la sentencia de Cámara no se funda en ninguna disposición de la ley de fondo, omitiendo toda consideración a lo que se refieren los arts. 19 de la ley 10.592 y 1º de la ley 6982 y a las normas constitucionales aplicables a estas actuaciones.
c. Por último, aduce que el fallo impugnado ha incurrido en absurdo al infringir las normas que regulan la actividad funcional de los tribunales de apelación como las que gobiernan el principio de congruencia, cometiendo también un desvío notorio, patente y palmario de las leyes de la lógica y una grosera desinterpretación material de la prueba obrante en autos. Agrega que también ha omitido la consideración de probanzas y circunstancias fácticas.
V. Coincido con lo dictaminado por la señora Procuradora General, en cuanto a que el recurso no puede prosperar.
De la exposición efectuada en el libelo que contiene el denominado recurso extraordinario de nulidad (punto 3, a fs. 239 vta./242) se desprende, sin dificultad, que el quejoso no ha desarrollado argumentaciones vinculadas directamente con los supuestos que condicionan la procedencia de este recurso. En efecto:
a. Las cuestiones que el recurrente denuncia como preteridas (referidas en el considerando IV “a” de la presente) son en realidad extrañas a la vía procesal intentada.
Sobre el punto, cabe poner de resalto que los meros argumentos de derecho o de hecho en los que las partes sustentan sus pretensiones o defensas no revisten el carácter de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento (conf. Ac. 85.092, sent. de 7 IX 2005; C. 92.324, sent. de 22 XI 2006 y C. 93.886, sent. de 21 II 2007).
Sin perjuicio de ello, y para brindarle una respuesta acabada a las impugnaciones del recurrente, he de señalar que según una inveterada doctrina de esta Corte, las cuestiones esenciales son aquéllas que conforman la estructura de la litis y el esquema jurídico al que la sentencia debe atender para la solución del pleito (conf. causa L. 73.844, sent. de 27 II 2002, entre otras) y, las arriba señaladas no revisten tal carácter, en tanto aluden, en rigor, a presuntos errores de juzgamiento y a aspectos de carácter procesal, cuyas reparaciones, ajenas al ámbito del remedio procesal deducido, debieron buscarse mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas Ac. 48.456, sent. de 17 III 1992; Ac. 83.166, resol. del 20 III 2002; Ac. 84.153, sent. de 16 II 2005; L. 92.064, sent. de 4 IV 2007).
En relación con la cuestión concerniente al pedido de citación de tercero del Estado provincial, que el quejoso denuncia como preterida, este Tribunal tiene dicho que los presuntos errores relativos a vicios del procedimiento, así como a cuestiones procesales anteriores al dictado del fallo, resultan improcedentes por ser ajenos a la vía recursiva intentada (conf. causas L. 65.439, sent. de 17 XI 1998; L. 68.256, sent. de 20 XII 2000; Ac. 75.333, sent. de 13 VI 2001; L. 76.440, sent. de 18 VI 2003; L. 81.811, sent. de 19 V 2004; C. 90.975, sent. de 12 XII 2007, entre muchas otras).
Por otra parte, la omisión de cuestiones a las que se refiere el art. 168 de la Constitución provincial ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia aparece desplazada por el sentido de la sentencia o por el razonamiento expuesto en la misma (conf. causas Ac. 76.895 y Ac. 79.230, ambas sents. del 19 II 2002 y L. 90.233, sent. de 13 XII 2006, entre otras), como aquí acontece.
También es sabido que no incurre en infracción a la mentada cláusula constitucional, el fallo que aborda las cuestiones esenciales sometidas a su conocimiento sea cual fuere el acierto jurídico con que lo hiciera y que no poseen aquella condición los argumentos de las partes en pro de sus pretensiones (Ac. 89.091, sent. de 12 X 2005), sobre todo cuando se vinculan más al mérito de la decisión, que a la falta de tratamiento de la misma, siendo ajeno al ámbito del recurso tanto el acierto con que se haya analizado el asunto, como la forma con que fuera encarado (Ac. 90.624, sent. de 30 VIII 2006; L. 90.233, sent. de 13 XII 2006 y C. 93.775, sent. de 3 X 2007).
b. En lo que se refiere al segundo de los reparos formulados, no advierto que en el caso el fallo recurrido carezca de fundamentación jurídica, pues se encuentra respaldado por expresas disposiciones legales, lo que abastece la exigencia constitucional (art. 171, Const. prov.), resultando el presunto desacierto en la aplicación del derecho materia reservada al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. causas L. 72.860, “Ledesma”, sent. de 5 XII 2001; L. 86.282, “Meza”, sent. de 19 IV 2006; L. 88.850, “Edwards”, sent. de 20 XII 2006).
Es que la mentada exigencia constitucional está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se ha violado dicha norma constitucional si la sentencia se encuentra fundada en ley aún cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (Ac. 72.238, sent. de 9 III 1999; Ac. 65.135, sent. de 19 II 2002 y Ac. 88.870, sent. de 13 IX 2006).
c. Respecto al resto de los agravios formulados por el recurrente, reiteradamente se ha resuelto que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad que bajo la denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, intenta traer a examen de esta Suprema Corte cuestiones relativas a la apreciación del material probatorio y de los hechos, así como también a supuestos errores de juzgamiento (conf. Ac. 47.366, sent. de 24 III 1992; Ac. 55.759, sent. de 29 IX 1998; Ac. 70.487, sent. de 7 II 2001 y Ac. 86.091, sent. de 9 III 2005) y denuncias de absurdo y arbitrariedad (Ac. 85.228, sent. de 30 III 2005; C. 89.621, sent. de 6 XII 2006 y C. 97.841, sent. de 29 VIII 2007), todos ellos temas ajenos a esta vía recursiva.
También se ha dicho que el acierto de lo decidido resulta extraño a este carril y su revisión debe obtenerse por el recurso de inaplicabilidad de ley (conf. Ac. 58.939, sent. de 23 III 1999; Ac. 84.444, sent. de 25 VI 2003 y Ac. 86.091, antes referido, y sus citas).
Por último, cabe señalar que los argumentos concernientes a pretensos menoscabos constitucionales o a la invocada violación de normas constitucionales de la Nación o de la Provincia son ajenos a la órbita del recurso extraordinario de nulidad (conf. Ac. 48.052, sent. de 4 II 1992; Ac. 78.570, sent. de 19 XII 2001 y Ac. 86.091, antes referida y sus citas), puesto que éste solo puede fundarse en la inobservancia de las formalidades establecidas por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial según lo establecido en el art. 161 inc. 3º letra b) de la Carta local, siendo la denuncia de violación de otras normas constitucionales o legales, o la eventual arbitrariedad de éstas, ajenas al mismo (conf. Ac. 71.654, res. del 4 VIII 1998; Ac. 76.192, res. del 24 XI 1999 y C. 86.305, sent. de 13 XII 2006).
VI. Por las consideraciones vertidas y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General, el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado; con costas a la vencida (arts. 168 y 171, Constitución provincial; 298, C.P.C.C.).
Voto por la negativa.
Los señores jueces doctores Kogan, Negri, de Lázzari, Pettigiani e Hitters, por los fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Como antes señalé, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el accionante a fs. 193/217, confirmando por mayoría la sentencia dictada por la jueza de grado en lo que fue materia de agravios (ver fallo a fs. 226/234).
También, por mayoría, impuso las costas del proceso en el orden causado (conforme arts. 20 y 25, ley 7166 y 71, C.P.C.C.).
Para así decidir, la alzada enmarcó la prestación educativa requerida en un proceso de rehabilitación integral de la persona discapacitada y destacó que, aún no resultando ésta de estricto carácter médico, forma parte de un proceso terapéutico formativo que integra aspectos inherentes a la salud y calidad de vida, por lo que se justifica su armonización con los arts. 1, 4 y 19 de la ley 10.592, siempre en una ponderación sumaria, propia del proceso incoado (amparo).
Consideró que, en ese contexto, se reconoce el derecho a la protección integral de la persona discapacitada, aunque la cuantía de las prestaciones necesarias para abordar el tratamiento de rehabilitación debe ajustarse al régimen reglamentario derivado de la resolución 2544/91 del I.O.M.A y, a todo evento, analizar si su aplicación al supuesto de autos resulta una respuesta razonable para garantizar el derecho del incapaz. Agregó que a las consideraciones expuestas deberán adunarse las demás contingencias que acredite la parte actora, a tenor de las prestaciones de rehabilitación que la dolencia requiera.
Con base en tal razonamiento, descartó la posibilidad de poner a la actora en situación de alterar el sistema de prestación que recibe actualmente, en la medida que el I.O.M.A reconoce, al amparo de la normativa vigente (ley 6982, su decreto reglamentario 7881/1984 y resolución 2544/91) y mediando trámite de excepción, las diversas prestaciones asistenciales recibidas en el instituto C.E.P.P., con cobertura sujeta a esa misma normativa.
Concluyó ponderando que del examen de las normas locales aplicables al caso y los argumentos expuestos por el quejoso al articular el recurso, no se advierte la configuración de un comportamiento ilegal, irrazonable o arbitrario, que conculque derechos o garantías constitucionales y que ponga en cabeza de la demandada la obligación de brindar una cobertura integral del 100% de la prestación en el mencionado establecimiento.
Por último, juzgó que las costas del proceso deben ser distribuidas en el orden causado conf. arts. 20 de la ley 7166 y 71 del Código Procesal Civil y Comercial (v. voto del doctor Spacarotel a fs. 229 vta./233 vta., al cual se adhirió la doctora Milanta a fs. 233 vta.).
II. Contra el mentado pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en cuyo marco denuncia la violación de los arts. 1º de la ley 6982; 1, 4 y 19 de la ley 10.592; 75 inc. 22 de la Constitución nacional; de los incs. 2, 5 y 8 del art. 36 de la Constitución provincial; de las leyes nacionales 24.901 y 24.754 y del art. 25 de la ley 7166 y modificatorias. También denuncia la conculcación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y de la Corte nacional y tilda de arbitraria la sentencia de Cámara considerando que se aparta de la solución normativa y de las constancias de la causa conducentes a la solución del caso con violación de los arts. 18, 28 y 33 de la Constitución nacional y alega la existencia de un gravamen irreparable (ver fs. 242/264).
III. En primer término, por cuestiones de ordenación de la exposición, abordaré la alegada violación de las leyes 24.901 y 24.754 y la denuncia de arbitrariedad en el fallo recurrido. Anticipo que tales planteos no son de recibo.
1.a. El recurrente señala que la sentencia del a quo viola las disposiciones de las leyes 24.901 y 24.754, que considera aplicables en todo el país, al desconocerle al incapaz el derecho a la cobertura integral de las prestaciones que requiere el tratamiento de su discapacidad. Agrega que, conforme lo normado en los arts. 12 y 13 de la ley 6932, el I.O.M.A queda comprendido entre las entidades que brindan servicios de medicina prepaga mencionadas en la ley 24.754. En sustento de su postura, invoca numerosa jurisprudencia de la Corte nacional, de las cámaras federales y tribunales de primera instancia.
Destaca, en particular, que el fallo de Cámara viola la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a la cual la cobertura integral prevista en la ley 24.901 debe ser respetada incluso por aquellos organismos que no han adherido a la misma.
b. Sobre el punto, viene al caso recordar que la doctrina legal a que se refieren los arts. 278 y 279 del Código Civil y Comercial para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la que emana de los fallos de esta Suprema Corte, y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación (conf. doct. Ac. 38.225, sent. de 1 IX 1987; Ac. 41.043, sent. de 6 III 1990; Ac. 42.717, sent. de 23 VII 1991; Ac. 46.142, sent. de 24 III 1992; Ac. 52.187, sent. de 19 IV 1994, Ac. 57.981, sent. de 27 XII 1996; Ac. 58.157, sent. de 4 XI 1997; conf. Ac. 89.762, sent. de 23 II 2005; Ac. 90.063, sent. de 23 XI 2005; Ac 89.834 y Ac. 93.927, sents. del 3 V 2006 y Ac. 88.175, sent. de 24 V 2006, entre muchas otras), por lo que devienen inatendibles los agravios sustentados sobre la base de las mentadas decisiones de otros tribunales.
Este Tribunal tiene dicho que sólo será suficiente un remedio extraordinario como el intentado cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. causa Ac. 84.617, sent. de 5 V 2004 y sus citas, entre otras).
Al contrario de lo sostenido por el recurrente, en lo que se refiere a la inaplicabilidad al caso de la ley 24.901, esta Corte ha puntualizado que se trata de una norma extraña al derecho local. En este sentido, se destacó que tal sistema, para aplicarse en situaciones como la que se plantea en el sub lite, requiere la adhesión de las jurisdicciones locales (conf. art. 2 de la ley 24.901, como asimismo el art. 27 de la norma marco ley 22.431), determinación que la Provincia de Buenos Aires no ha adoptado (conf. causa B. 67.212, “I. “, res. de 11 VIII 2004).
En consecuencia, el recurso no es de recibo en esta parcela.
2. Igual suerte ha de correr el argumento del recurrente dirigido a demostrar que el fallo atacado adolece de arbitrariedad por apartarse de la solución normativa y de las constancias de la causa conducentes a la solución del caso, vulnerando los arts. 18, 28 y 33 de la Constitución nacional.
a. Aduce que la sentencia de Cámara no otorga una razón plausible para prescindir del texto de las leyes 24.901, 6982 y 10.592, así como también de las Constituciones nacional y provincial, que claramente disponen según indica el derecho a la cobertura total de las prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Señala que omite considerar que, en virtud de la cobertura parcial, el amparista interrumpirá las prestaciones de rehabilitación que requiere, sufriendo daños irreparables e inminentes.
b. Sobre este planteo, cabe recordar que la denuncia de arbitrariedad resulta inadecuada en esta instancia, por ser una posibilidad que sólo se abre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sortear el valladar de la “cuestión federal” y obtener así un pronunciamiento de dicho Tribunal respecto de una sentencia que se denuncia como viciada por no ser derivación razonada del derecho positivo vigente. La mera denuncia de arbitrariedad no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, si no se demuestra que la decisión en crisis está afectada por un error grave y manifiesto que deriva en conclusiones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo (conf. art 279, C.P.C.C.; C. 94.618, sent. de 11 IV 2007).
El absurdo, entendido como causal heterodoxa fue creada pretorianamente por este Tribunal a imagen de la citada doctrina de la arbitrariedad del máximo Tribunal a los fines de descalificar lo atinente a la apreciación de la prueba y los hechos y no a la interpretación de las normas.
Empero este vicio del razonamiento no ha sido acreditado en la especie, desde que el quejoso reiterando argumentos antes expuestos opone a la apreciación efectuada por la Cámara consideraciones que se sustentan sólo en su propio criterio y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas. Esta Corte ha expresado que el vicio de absurdo se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa, no configurándose con la mera exhibición de un criterio discordante por parte del recurrente (L. 81.982, sent. de 20 XII 2006; L. 90.361, sent. de 6 VI 2007; L. 83.615, sent. de 20 VI 2007 y L. 83.398, sent. 31 VIII 2007).
A lo dicho cabe agregar que la mera referencia a que se habrían quebrantado los arts. 18, 28 y 33 de la Carta nacional no tiene eficacia pues el recurrente no ha expresado fundadamente, con la precisión que el caso requiere, de qué manera la Cámara incurrió en tales supuestas violaciones constitucionales (conf. L. 34.513, sent. de 30 IV 1985 y Ac. 94.316, sent. de 21 VI 2006).
3. No obstante ello, por los motivos que a continuación desarrollo, el recurso ha de prosperar en lo relativo a la inteligencia que en el caso cabe otorgar a los arts. 1º y 22, inc. b), de la ley 6982, 1º de la ley 10.592, 36 incs. 5º y 8º de la Constitución provincial, en el marco de los tratados de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional, conforme el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
a. En esta parcela el recurrente arguye que la Cámara al decidir que I.O.M.A continúe otorgando la cobertura parcial de la prestación de marras, se aparta de lo normado por los arts. 1º de la ley 6982 y 1, 4 y 19 de la ley 10.592. Considera que las mentadas disposiciones legales obligan al referido organismo a promover y prestar asistencia médica integral a sus afiliados que padecen discapacidad.
Sostiene que la violación a esta normativa se configura con el desconocimiento tanto del derecho a una cobertura integral de las prestaciones que necesita el amparista como a la protección de la continuidad de la rehabilitación que éste requiere, violándose los derechos consagrados por el art. 36 de la Constitución provincial.
Destaca que lo requerido es una prestación médico asistencial que hace directamente a la rehabilitación y a la salud mental del accionante, por lo que se encuentra incluida en lo normado por el art. 19 de la ley 10.592.
En otro orden, señala que la sentencia recurrida, contrariamente a lo consagrado por los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Const. Nac.) y aseguran la asistencia y cuidados que el Estado debe brindar al incapaz, propicia la interrupción de la prestación de la rehabilitación que éste requiere, circunstancia que se encuentra acreditada según aduce el recurrente con las notas que han sido remitidas por el establecimiento asistencial al que concurre el amparista.
También arguye que el fallo atacado viola el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución nacional y en tratados internacionales, al plantear una situación de evidente desigualdad respecto a las personas con discapacidad afiliadas a otra obra social, situación que se acrecienta porque el amparista no puede cambiar de obra social, “por encontrarse atado al I.O.M.A” (fs. 246 vta.).
Por último, argumenta que la sentencia recurrida viola los incs. 5 y 8 del art. 36 de la Constitución provincial, al no garantizar el derecho a la salud del discapacitado, ni su protección integral. Contrariamente, sostiene, debe interrumpir su rehabilitación y dejar de acceder a la única prestación que le permite ejercer plenamente su derecho a la salud.
b. En un proceso de amparo, en el que se debatía una cuestión sustancialmente análoga a la presente, tramitado en competencia originaria de esta Suprema Corte (causa B. 67.212, “I. “, res. de 11 VIII 2004) se decidió, al tratar la procedencia de la medida cautelar solicitada por el amparista arts. 22 de la ley 7166 y modificatorias y 230, 232 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial que no se encontraba configurada la verosimilitud del derecho necesaria para acceder, en aquel marco inicial del proceso, a la pretensión referida a que el I.O.M.A. le otorgue la cobertura integral (100%) de la prestación “Formación Laboral, Jornada Doble” ($1.088 mensuales) que la Escuela Especial “Redondel” le brindaba.
En aquella oportunidad se ponderó que, de las constancias de la causa y lo argumentado por los amparistas, no se desprendía que el I.O.M.A., al reintegrar un porcentaje cercano al 50% del arancel de la Escuela Especial “Redondel”, hubiera actuado de un modo ostensiblemente ilegítimo o con palmaria arbitrariedad. Es que del examen de las normas que resultan de aplicación en estos casos (leyes 10.592, “Régimen Jurídico Básico e Integral, para las Personas Discapacitadas” y ley orgánica de I.O.M.A.), no se desprendía con suficiente grado de nitidez obligación incumplida alguna a cargo del ente demandado de brindar la cobertura integral 100% de la prestación Formación Laboral Jornada Doble, en el mencionado establecimiento.
Por el contrario, se puntualizó que no era forzado estimar que el I.O.M.A. obró de conformidad con la normativa aplicable concretamente, con la Res. 2.544/91 que reconoce el pago de determinados porcentuales, fijados en función de la carga horaria de asistencia de los pacientes a los establecimientos, lo cual permitió avizorar, además, el empleo de una pauta razonable de proporcionalidad para la fijación del valor establecido.
A continuación, se descartó que el art. 19 de la ley 10.592, invocado por quienes accionaban, fuese de aplicación al caso, toda vez que dicha norma inserta en el Capítulo IV sobre Seguridad Social se refiere a la asistencia médica, a diferencia de la prestación educativa que se pretendía, que se halla regulada específicamente en el Capítulo III, “Educación”, cuyo examen preliminar, no evidenciaba la imposición de una concreta obligación en cabeza del I.O.M.A., en orden al otorgamiento de una cobertura íntegra para servicios brindados en establecimientos privados.
A ello se adunó que el Instituto “Redondel”, cuya prestación se requería en esa oportunidad, no era prestador del I.O.M.A. y que no se invocaba vinculación contractual alguna por la cual el Instituto se haya obligado a cubrir la prestación reclamada.
Sobre estas bases además de la falta de acreditación del peligro en la demora este Tribunal desestimó la medida cautelar allí pretendida.
c. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en dichos actuados exhibió una pauta interpretativa diversa, revocando el decisorio de este Tribunal (causa I. 248. XLI. “Recurso de Hecho en ‘I., C. F. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo’”).
Allí expresó que, al sostener que la protección parcial brindada por el I.O.M.A. no resultaba arbitraria frente al contenido del régimen normativo aplicable a la especie, se soslayaba aún en el limitado marco de conocimiento que permite la pretensión cautelar no sólo la índole y trascendencia de los derechos en juego sino, además, el espíritu mismo de dicha legislación.
En esa línea argumental, recordó que la vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido por la ley fundamental y que, en tanto eje y centro de todo el sistema jurídico, es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los demás tienen siempre carácter instrumental. Adunó que, conforme se desprende de sus precedentes, el Tribunal ha puntualizado, con especial énfasis tras la reforma constitucional del año 1994, que la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas (conf. arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y Fallos 321:1684; 323:1339 y 3229, entre otros).
En igual sentido, enfatizó que los tratados internacionales con jerarquía constitucional contienen cláusulas que resguardan la vida y la salud de los niños, según surge de los arts. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 41 incs. 11 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica , 24 inc. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 inc. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, vinculados con la asistencia y cuidados especiales que se les deben asegurar (Fallos 323:3229 cit.).
Sentado lo anterior, indicó que no sólo la ley orgánica del instituto demandado previó, como obligación expresa a su cargo, la de realizar en la provincia de Buenos Aires “todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial para sus agentes”, contemplando entre otras medidas “internaciones en establecimientos asistenciales” (conf. arts. 1º y 22 inc. b, ley 6982); y la ley 10.592 estatuyó un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas, mediante el que se aseguró los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social para quienes estuvieran en imposibilidad de obtenerlos (art. 1º, ley cit.), sino que la propia Constitución provincial consagró el derecho a una protección integral de la discapacidad, garantizando de manera expresa “la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales”, así como la promoción de la “inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad” para con quienes la padecieran (conf. arts. 36 incs. 5º y 8º y 198, Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Ello, en consonancia con lo establecido al respecto por la Constitución nacional (arts. 5º, 14, 33, 42 y 75 incs. 22 y 23).
Afirmó que tales conclusiones no quedaban, en aquel caso, desvirtuadas por la falta de prueba sobre la situación patrimonial de los reclamantes que les impediría acceder a la prestación requerida, de acuerdo a lo establecido en la ley especial (ley 10.592, art. 1º). En este orden de ideas, señaló que frente a la finalidad de las normas en juego, el interés superior que se intenta proteger y la urgencia en encontrar una solución acorde con la situación planteada, imponía no “ser tan rigurosos con la exigencia indefectible de una prueba negativa que resulta de muy difícil producción” (Fallos 327:2413 y 5210).
Por último, consideró la inexistencia de óbice real que impidiera al ente asistencial cubrir provisionalmente la prestación requerida en forma íntegra, sin perjuicio de que luego recupere los costos que ella devengue ya sea del Estado provincial lo que no apreció de imposible instrumentación dada la naturaleza jurídica del I.O.M.A. (conf. arts. 27 y 28, ley 10.592 y 1, 2 y 12, ley 6982) o, eventualmente, de los padres, en caso de que demuestre su aptitud económica y repita, así, contra ellos (doctrina de Fallos 321:1684; 327:2127, 2413; y F.838.XLI. “Floreancig, Andrea Cristina y otro por sí y en representación de su hijo menor H., L. E. c/ Estado Nacional s/ Amparo”, sentencia del 11 de julio de 2006).
Con tales fundamentos, hizo lugar a la presentación directa, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia de esta Suprema Corte que había desestimado la medida cautelar peticionada por el amparista.
d. Este Tribunal ha expuesto, con criterio general, que las doctrinas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tienen los efectos obligatorios propios de la ley, y sus pronunciamientos sólo comprometen a este Tribunal en el caso concreto en que aquélla se haya expedido (conf. Ac. 60.076, resol. del 12 IX 1995).
Mas, cierto es que sus decisiones tienen los efectos propios que surgen de su autoridad institucional en temas federales como en aquéllos que no lo son. En el primer caso, por tratarse del intérprete último y más genuino de nuestra Constitución, ámbito en el que no se halla limitada ni por la interpretación de los jueces inferiores ni por las articulaciones de las partes (conf. doct. Fallos 308:647, cons. 5º; 326:2880). En el segundo, en principio, razones de celeridad y economía procesal aconsejan su seguimiento en casos análogos, aunque sin perder de vista que las decisiones que involucran cuestiones regidas por el derecho público local son privativas de los tribunales provinciales, en virtud del respeto debido a las atribuciones de las provincias de darse sus propias instituciones y regirse por ellas (doctrina de Fallos 305:112; 324:1721, 2672, entre otros). De lo contrario se produciría una restricción indebida de las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes a su autonomía (arts. 1, 121, 122 y concs., Const. nac.).
En este marco, debe evaluarse la incidencia del precedente de la Corte Suprema, que deviene de la revocación por vía de recurso extraordinario de una decisión de este Tribunal que desestimó una medida cautelar en un caso sustancialmente análogo al presente. Dable es señalar, además, que este Tribunal ha sostenido reiteradamente que las resoluciones que deciden respecto de medidas cautelares no revisten carácter de definitivas, pues dicho tipo de medidas son provisionales por naturaleza (arg. arts. 202, 203, 207, 228 y concs., C.P.C.C.; 23 y 26 de la ley 12.008, conf. texto ley 13.101; doct. Ac. 78.450, sent. de 13 VIII 2003; Ac. 94.786, res. de 24 VIII 2005) y que constituyen una herramienta accesoria de otro procedimiento y como tal su existencia depende de la suerte del juicio principal (conf. doct. Ac. 81.845, int. de 20 VI 2001; Ac. 89.405, int. de 14 X 2003).
Empero, sin mengua de todo ello, estimo que si bien el pronunciamiento del alto Tribunal recaído en el precedente indicado no trasunta anticipo de jurisdicción acerca de la cuestión material aquí discutida, ni resulta obligatorio para este Tribunal en el sub lite, traduce un criterio de valoración que más allá de su acierto o error resulta prudente seguir en el examen del asunto ventilado en esta causa, en mérito a los principios de celeridad y economía procesal, que adquieren singular relevancia ante sus especiales características. Veamos.
4. J. M. P. padece síndrome de Down (conf. certificado de discapacidad de fs. 9). Del informe evolutivo confeccionado por el Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos surge que se encuentra cursando el Nivel de Formación Laboral, en el Taller de Administración y Cadetería y Arte Decorativo; recibiendo, además, foniatría, música, apoyo en terapia ocupacional, taller de computación, educación física, concurriendo semanalmente al Campo de Deportes donde realiza caminatas de hasta 2 kilómetros en velódromo. Recibe atención por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales, asistentes sociales, psicopedagogos y psicólogos, encargados de realizar el psicodiagnóstico y seguimientos necesarios. Allí se destaca que J. M. posee características pasivas, por lo que se ha orientado el trabajo pedagógico terapéutico en función de una mayor independencia, socialización y vinculación con pares y adultos. Se considera especialmente el grave perjuicio de una eventual interrupción de la escolaridad, que ocasionaría regresión en diversos aspectos, con deterioro de las habilidades logradas, con riesgo de caer en un estado depresivo, teniendo en cuenta sus características psicopatológicas. Allí se consigna, además, que surge del informe socioambiental que el alumno convive con sus padres y una hermana menor (adoptiva); que la madre es profesional independiente y su padre se encuentra desocupado (vide fs. 15).
En este contexto, ante las constancias de la causa, que evidencian la discapacidad que padece el amparista y su situación educacional y socioambiental, el I.O.M.A. no ha logrado demostrar que la atención brindada a J. M. P., realizada de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 2544/91, mediante trámite de excepción, vía reintegro que en el caso comprende el 50% del arancel U.S.P. por mes para medio pupilos, conf. punto I.2. de dicha normativa alcance a configurar un cumplimiento suficiente de la impostergable obligación de las autoridades públicas de garantizar mediante la realización de acciones positivas la plena vigencia de los derechos a la vida y la salud de las personas con capacidades especiales, consagrados por los tratados internacionales con jerarquía constitucional (indicados en el punto 3.c., art. 75 inc. 22, Const. nac.) y en el marco de lo dispuesto por los arts. 1 y 22 inc. “b” de la ley 6982, 1 de la ley 10.592 y 36 incs. 5º y 8º de la Constitución provincial.
Puntualmente, en orden al interés superior que trata de proteger, esta última norma establece que la Provincia “promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. A tal fin reconoce los siguientes derechos: (…) 5. De la Discapacidad. Toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La Provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales (…) 8. A la Salud. La Provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos (…)”.
En el sub lite, al momento de presentar el informe previsto en el art. 10 de la ley 7166, la demandada esboza argumentos referidos a la inaplicabilidad al I.O.M.A. de las disposiciones de las leyes 23.660, 23.661 y 24.901; a la necesidad de establecer prioridades y restricciones ante la realidad que imponen los recursos insuficientes para cubrir la totalidad de las prestaciones requeridas (informe del I.O.M.A. obrante a fs. 81/84 del expte. 2914 25928 04), mas no rebate adecuadamente los argumentos de la actora, sustentados en las constancias de la causa, en torno a la necesidad de mantener la prestación requerida y el daño irreparable que se configuraría con su interrupción.
Y en punto al alcance de la cobertura de tal presentación, el I.O.M.A. no se ocupó de indicar, ni proponer como alternativa, a alguno de sus prestadores que pueda proporcionar a J. M. un tratamiento educativo integral análogo al recibido en el C.E.P.P. Por el contrario, expresamente reconoció la inexistencia de convenios firmados con establecimientos educativos especiales de tales características (conf. fs. 82 del mentado informe), lo que en el sub examine, da por tierra con el argumento de la Cámara relativo a que la actora no alega la falta de instituciones alternativas adheridas para llevar a cabo las prestaciones encomendadas (fs. 231 de este expte.).
De este modo, ante las circunstancias del caso, los argumentos expuestos por el recurrente, que encuentran su base en las normas federales especialmente valoradas por la Corte Suprema en el precedente indicado y en las normas locales que protegen la vida y salud de personas en situaciones de discapacidad, conllevan una idónea impugnación de los fundamentos que, en este punto, estructuran la sentencia de la alzada, extremo que habilita el remedio casatorio intentado (art. 279, C.P.C.C.).
Pues bien, prospera entonces el recurso en cuanto al alcance que cabe otorgar en el caso a las normas federales y locales invocadas por el quejoso, en lo referido al derecho que le asiste al actor a percibir una cobertura integral de la prestación brindada por la entidad en que realiza su rehabilitación.
5. Por último, aduce el recurrente que el fallo de la alzada se opone a la ley 7166 (art. 25), al modificar la sentencia de primera instancia y aplicar las costas por su orden.
Señala que los jueces que votaron la mayoría (doctores Spacarotel y Milanta) reconocieron las demoras del demandado en el cumplimiento de la prestación a su cargo, circunstancia que configura una actuación antijurídica. Agrega que la prestación debida se regularizó a instancias de la providencia cautelar dictada en autos (v. fs. 255 vta.).
Sostiene que en el sub lite, no se dan las especiales circunstancias previstas en el art. 25 de la ley 7166, toda vez que la accionada no cesó con la omisión denunciada antes de evacuar el informe previsto en el art. 10 de la referida ley y tampoco las previstas en el art. 70 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial, considerando que para la aplicación de esa norma, el demandado debe reconocer la justicia de la pretensión dentro del plazo conferido para la contestación de la demanda.
En apoyo de su postura cita jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata y opinión doctrinaria.
Respecto al cuestionamiento de la forma en que fueron fijadas las costas (ver fs. 255 vta./257), el recurso resulta insuficiente.
Cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que su imposición y distribución es una típica cuestión de hecho, facultad privativa de los jueces de grado y como tal irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (conf. causas L. 51.571, sent. de 26 X 1993; Ac. 88.502, sent. de 31 VIII 2005, Ac. 77.574 citada y Ac. 92.476, sent. de 6 IX 2006, entre otras), esto es, que se haya alterado burdamente el carácter de vencido (conf. causas L. 81.159, sent. de 27 XI 2002, L. 76.339, sent. de 12 II 2003 y L. 84.407, sent. de 10 V 2006; Ac. 92.476, sent. de 6 IX 2006) o exista iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (conf. causas Ac. 42.763, sent. de 17 X 1999; Ac. 69.271, sent. de 29 II 2000 y Ac. 92.271, sent. de 9 VIII 2006, entre muchas otras), vicios que no han sido alegados ni patentizados en autos (conf. art. 279, C.P.C.C.).
A las consideraciones expuestas agrego que como señalé en el punto 1.b. la doctrina legal cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por esta Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales (conforme citas antes expuestas), ni la que emana de la opinión de los autores (causas Ac. 46.606, sent. de 31 III 1992; L. 53.311, sent. de 13 IX 1994 y A. 68.808, sent. de 20 VI 2007), como la alegada a fs. 256 vta./257.
IV. En consecuencia, teniendo en cuenta la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el referido caso “I., C. F.”, cuyo criterio he de seguir por razones de economía procesal, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia de Cámara, en orden a la determinación de la obligación del I.O.M.A. referida a la cobertura integral de la prestación “Formación Laboral, Jornada Doble” que brinda el Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos a favor de J. M. P.. Costas por su orden (arts. 68 segundo párrafo y 289, C.P.C.C.).
Con el alcance que surge de la presente, voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. He de adherir a lo manifestado por el Juez que emitió opinión en primer término, excepto lo expresado en los considerandos III (aps. 3 y 4) y IV de su voto, como así también a la solución propuesta para el caso bajo examen.
1. Al respecto, he de señalar que el criterio de valoración adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa I 248. XLI, “Recurso de hecho en I.C.F c/Provincia de Buenos Aires s/Amparo”, revocando por vía de recurso extraordinario una decisión de este Tribunal tramitado en competencia originaria de esta Suprema Corte (causa B. 67.212, “I. “, res. del 11 VIII 2004) que desestimó una medida cautelar en un caso análogo al presente, no resulta aplicable al sub lite.
Este Tribunal ha sostenido reiteradamente que las resoluciones que deciden respecto de medidas cautelares no revisten carácter de definitivas, pues dicho tipo de medidas son provisionales por naturaleza (arg. arts. 202, 203, 207, 228 y concs., C.P.C.C.; 23 y 26 de la ley 12.008, conf. texto ley 13.101; doct. causas Ac. 78.450, sent. del 13 VIII 2003; Ac. 94.786, res. del 24 VIII 2005) y que constituyen una herramienta accesoria de otro procedimiento y como tal su existencia depende de la suerte del juicio principal (conf. doct. causas Ac. 81.845, int. del 20 VI 2001; Ac. 89.405, int. del 14 X 2003).
Cabe destacar que en dicho precedente, el superior Tribunal resaltó expresamente el carácter provisional de la medida adoptada al señalar que nada impide al ente demandado “… recuperar los costos que ella devengue ya sea del Estado provincial lo que no apreció de imposible instrumentación dada la naturaleza jurídica del I.O.M.A. (cfr. arts. 27 y 28, ley 10.592, y 1, 2 y 12, ley 6982), o eventualmente, de los padres en caso de que demuestre su aptitud económica y repita, así, contra ellos (doctrina de Fallos: 321:1684; 327:2127, 2413; y F.838.XLI. ‘F. , A. C. y otro por sí y en representación de su hijo menor H., L. E. c/ Estado Nacional s/ Amparo’ sentencia del 11 de julio de 2006)” (considerando 10).
En el presente nos encontramos ante un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la sentencia definitiva que rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora, en el marco de un proceso de amparo, a través del cual se resuelve el fondo de la cuestión debatida.
2. El quejoso arguye que la Cámara al decidir que I.O.M.A. continúe otorgando la cobertura parcial de la prestación de marras, se aparta de lo normado por los arts. 1 de la ley 6982 y 1, 4 y 19 de la ley 10.592.
Reiterando argumentos vertidos al interponer el recurso de apelación consideran que las mentadas disposiciones legales obligan al referido organismo a promover y prestar asistencia médica integral a sus afiliados que padecen discapacidad.
Sostiene que la violación a esta normativa se configura con el desconocimiento tanto del derecho a la integralidad de la cobertura de las prestaciones que necesita el amparista como a la protección de la continuidad de la rehabilitación que éste requiere, violándose los derechos consagrados por el art. 36 de la Constitución provincial.
Destaca que lo requerido es una prestación médica asistencial que hace directamente a la rehabilitación y a la salud mental del menor, por lo que se encuentra incluida en lo normado por el art. 19 de la ley 10.592.
En otro orden, señala que la sentencia recurrida, contrariamente a lo consagrado por los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const. nac.) y que aseguran la asistencia y cuidados que el Estado debe brindar al menor, propicia la interrupción de la prestación de la rehabilitación que el niño requiere, circunstancia que se encuentra acreditada según aducen los recurrentes con las notas que han sido remitidas por el establecimiento asistencial al que concurre el amparista.
También arguye que el fallo atacado viola el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución nacional y en tratados internacionales, al plantear una situación de evidente desigualdad respecto a las personas con discapacidad afiliadas a otra obra social, situación que se acrecienta según aducen porque el menor no puede cambiar de obra social, “por encontrarse atado al I.O.M.A.” (fs. 246 vta.).
Por último, argumenta que la sentencia recurrida viola los incs. 2, 5 y 8 del art. 36 de la Constitución provincial, al no garantizar el derecho a la salud del señor P. , ni su protección integral. Contrariamente, arguye, éste debe interrumpir su rehabilitación y dejar de acceder a la única prestación que le permite ejercer el derecho a la salud.
3. Los señalados argumentos expuestos por el recurrente no son de recibo, pues no contienen una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia de la alzada desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas sin conseguir demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley (conf. causas Ac. 38.115, sent. del 26-XI-1987 y Ac. 49.703, sent. del 22 IX 1992).
Sobre el punto esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doct. causas Ac. 70.490, sent. del 22 XI 2000; Ac. 92.125, sent. del 26 X 2005; Ac. 92.476, sent. del 6 IX 2006 y C. 94.218, sent. del 25 IV 2007, entre otras) dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. doct. causas Ac. 76.982, sent. del 27 XII 2000; Ac. 77.230 citada; Ac. 83.742, sent. del 10 IX 2003; Ac. 86.256, sent. del 29 VI 2005; Ac. 91.522, sent. del 15 III 2006; Ac. 90.916, sent. del 28 VI 2006 y C. 94.419, sent. del 27 VI 2007, entre otras), como entiendo que ha ocurrido en el sub lite.
II. Por las razones dadas, no habiéndose demostrado las infracciones legales denunciadas como tampoco la violación a la doctrina legal invocada (art. 279, C.P.C.C. y su doctrina), juzgo que este recurso también debe ser desestimado, con costas a la vencida (art. 289, C.P.C.C., último párrafo).
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Adhiero a la relación de antecedentes efectuada en el punto I y II del voto del colega que inicia el acuerdo, y a los fundamentos dados para desestimar el agravio vinculado con la imposición de costas (pto. III, ap. 5).
En virtud de los argumentos y con los alcances que seguidamente expondré, coincido también en que el recurso en tratamiento debe prosperar.
Ello toda vez que, a mi entender, el pronunciamiento cuestionado, al sostener que la cobertura parcial brindada por el I.O.M.A. al causante de autos no se constituía en una conducta ilegal, irrazonable o arbitraria, se apartó del régimen jurídico aplicable, soslayando, de ese modo, derechos y garantías amparados legal y constitucionalmente.
II.a) La Constitución de la Provincia reconoce expresamente entre los derechos sociales los correspondientes a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos.
Consagra, asimismo, el derecho de la persona con discapacidad a la protección integral del Estado, garantizando su rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales, como también la promoción de su inserción social y laboral (art. 36 inc. 5, Const. prov.).
En consonancia con ello, y en virtud de lo dispuesto en los Tratados Internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), se ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud, comprendido dentro del derecho a la vida y expresado que existe en cabeza de las autoridades públicas una obligación impostergable de garantizarlos con acciones positivas (arts. 42 y 75 inc. 22, Const. nac. y 36 inc. 8º, Const. prov.; Fallos 321:1684, 323:3229; doct. causas B. 64.393, “Falcón”, sent. del 2 III 2005; B. 65.893, “D.R.O”, sent. del 17 X 2007, entre otras).
El derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y protegido por la Constitución, tanto provincial como de la Nación Argentina. El hombre es centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá de su naturaleza trascendente su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (conf. y comp. Fallos 302:1284; 310:112; 316:479, 323:3229).
b) En tal sentido, cabe señalar que el art. 1 de la ley 6982 prevé, en lo que al caso interesa, que el I.O.M.A. realizará en la Provincia “… todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial para sus agentes en actividad o pasividad…”.
Por su parte, a través de la ley 10.592 se estableció en el ámbito local un Régimen Jurídico Básico e Integral para las personas discapacitadas.
En el art. 1 de la norma mencionada se dispone que el Estado provincial asegurará los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social a los discapacitados en imposibilidad de obtenerlos, debiendo brindar, a su vez, los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad, teniendo en cuenta la situación psicofísica, económica y social.
Al regular lo atinente a los servicios de asistencia y prevención, se expresa que el Estado provincial “… brindará a los discapacitados, en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan o los organismos de obra social a los que pertenezcan no posean los medios necesarios para procurárselos, los siguientes servicios, beneficios y prestaciones destinados a eliminar factores limitantes:
a) medios de recuperación y rehabilitación integral para lograr el desarrollo de sus capacidades.
b) Formación educacional, laboral y/o profesional.
c) Sistemas de préstamos, subsidios, subvenciones y becas, destinados a facilitar la actividad laboral, intelectual y el desenvolvimiento social, fomentando la prioridad de los discapacitados en las líneas crediticias tendientes a cubrir las necesidades básicas contempladas en la presente ley.
d) Regímenes diferenciales de seguridad social.
e) Sistemas de seguros laborales por medio de los organismos con que cuente la provincia o a través de convenios con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, tendientes a facilitar la ubicación de las personas discapacitadas en empleos del área pública.
f) Orientación y promoción individual, familiar y social.
g) Otorgamiento de facilidades para utilizar el transporte público.
h) Eliminación de barreras arquitectónicas en los lugares de uso público.
i) Promoción de la investigación y desarrollo de la tecnología específica con el objeto de permitir la inserción de la persona discapacitada en los más altos niveles de la vida moderna” (conf. art. 4).
A su vez, el art. 19 prescribe que el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires promoverá y prestará asistencia médica integral a las personas discapacitadas afiliadas al mismo, con vistas a su rehabilitación, de conformidad con las disposiciones que rijan el funcionamiento de ese Organismo, y en concordancia con los propósitos y finalidades de la presente ley.
c) De los preceptos precedentemente señalados, se desprende la intención del legislador provincial de satisfacer acabadamente las mandas constitucionales aludidas, garantizando de manera integral a través del organismo demandado la efectiva tutela y pleno ejercicio de los derechos en juego.
Ello conduce, en el caso, a rechazar cualquier interpretación restrictiva que vacíe de contenido mínimo a dicho plexo normativo y ponga en grave riesgo la continuidad del tratamiento pretendido, en desmedro de la salud de la persona con discapacidad.
En esas condiciones, un debate acerca de la aplicación en autos de las leyes 24.901 y 24.754, queda desplazado.
d) Finalmente, resalto que ante la indiscutida patología de J.M.P.L. (síndrome de Down), la accionada no ha intentado siquiera demostrar a lo largo de todo el proceso que la cobertura que ofrecería a través de los establecimientos prestadores del I.O.M.A., resulten apropiadas a la complejidad de su enfermedad y le aseguren una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educacional y laboral.
III. Por las razones dadas y en atención a los derechos comprometidos y particulares circunstancias de la causa, corresponde revocar parcialmente la sentencia apelada, haciendo lugar a la acción de amparo promovida y, en consecuencia, condenar al I.O.M.A. a brindar al causante de autos cobertura integral de la prestación “Formación Laboral, Jornada Doble” que le ofrece el instituto Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos (C.E.P.P.), sin limitaciones temporales y garantizando la continuidad de las mismas.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Costas por su orden (arts. 68 segundo párrafo y 289, C.P.C.C).
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria y a mayor abundamiento entiendo que:
La quejosa arguye que la Cámara al decidir que I.O.M.A. continúe otorgando la cobertura parcial de la prestación, se aparta de lo normado por los arts. 1 de la ley 6982 y 1, 4 y 19 de la ley 10.592. Entiende que las mentadas disposiciones obligan al referido organismo a promover y prestar asistencia médica integral a sus afiliados que padecen de incapacidad.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa I.248.XLI “Recurso de Hecho”, del 30 IX 2008, revocando la sentencia de este Tribunal señaló que: “corresponde recordar que la vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y protegido por la Ley Fundamental (Fallos: 310:112; 312:1953, entre otros) y que, en tanto eje y centro de todo el sistema jurídico, es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los demás tienen siempre carácter instrumental (Fallos 316:479; 324:3569). En lo que al caso concierne, este Tribunal ha puntualizado con especial énfasis tras la reforma constitucional del año 1994 que la preservación de la salud integra el derecho a la vida, por lo que existe una obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizarla mediante la realización de acciones positivas (cfr. arts. 42 y 75, inc. 22 de la Constitución nacional y Fallos: 321:1684; 323:1339 y 3229, entre otros)”.
Además remarcó en sus considerandos 6º, 7º y 8º que: “los tratados internacionales con jerarquía constitucional contienen cláusulas específicas que resguardan la vida y la salud de los niños, según surge del art. VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los arts. 41, inc. 11 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, del art. 24, inc. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del art. 12, inc. 11, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y de los arts. 23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, vinculados con la asistencia y cuidados especiales que se les deben asegurar (Fallos 323:3229 cit.)”.
Agregando que no solo la ley orgánica del Instituto aquí demandado previó como obligación expresa a su cargo la de realizar en la provincia de Buenos Aires “todos los fines del Estado en materia médico asistencial para sus agentes”, contemplando entre otras medidas “internaciones en establecimientos asistenciales” (conf. arts. 11 y 22 inc. “b”, ley 6982); y la ley 10.592 estatuyó un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas, mediante el que se aseguró los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social para quienes estuvieran en imposibilidad de obtenerlos (art. 11, ley cit.), sino que la propia Constitución provincial consagró el derecho a una protección integral de la discapacidad, garantizando de manera expresa la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales, así como la promoción de la “inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad” para con quienes la padecieran (conf. arts. 36 incs. 5° y 8° y 198, Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Ello, en consonancia con lo establecido al respecto por la Constitución nacional (arts. 51, 14, 33, 42 y 75 incs. 22 y 23). Que, en este orden de ideas, el Tribunal ha dejado bien claro que las obligaciones que incumben a la Nación en materia sanitaria no son exclusivas ni excluyentes de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de actuación sino que, en estados de estructura federal, pesan sobre ellas responsabilidades semejantes, que también se proyectan sobre las entidades públicas y privadas que se desenvuelven en este ámbito (doctrina de Fallos 321:1684; 323:1339, 3229; 324:754, voto de los jueces Belluscio y Fayt, y 3569; 328:1708). De lo contrario, las leyes sancionadas en la materia no dejarían de ser sino enfáticas enumeraciones programáticas vacías de operatividad (conf. causas S.730.XL. “Sánchez, Norma Rosa c/ Estado Nacional y otro s/ Acción de amparo”, sentencia del 20 de diciembre de 2005, Fallos 328:4640; R.638.XL. A “Reynoso, Nilda Noemí c/ I.N.S.S.J.P. s/ Amparo”, sentencia del 16 de mayo de 2006, Fallos 329:1638 y F.838.XLI. A “F., A. C. y otro por sí y en representación de su hijo menor H., L. E. c/ Estado Nacional s/ Amparo”, sentencia del 11 de julio de 2006).
El derecho a la salud, en especial cuando se trata de discapacidades, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida y con el principio de autonomía personal.
Recordemos que ese conjunto trascendente de derechos está reconocido en los tratados internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22) entre ellos, el art. 12 inc. “c” del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1, arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; inc. 1 del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; como así también los arts. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (conf. Fallos 323:1339; 326:4931).
Las particulares circunstancias que rodean al caso, por encontrarse, en definitiva, comprometidas prerrogativas constitucionales que hacen al derecho a la salud y a la vida indican que no resultaba razonable ni fundado impedir la continuidad de un procedimiento o tratamiento cuyo objeto es lograr soluciones o razonables mejoramientos para las dolencias que afectan al interesado.
En el mismo sentido, se ha entendido que la identificación del derecho a la salud como un derecho de raigambre constitucional constituye un primer paso para asegurar su tutela jurisdiccional habilitando así, por ejemplo, el empleo de la acción de amparo (conf. Christian Courtis, “La aplicación de tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la protección jurisdiccional del derecho a la salud: apuntes críticos”, en “La aplicación de los Tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década”, obra compilada por Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis; C.E.L.S., Buenos Aires, año 2007, pág. 706; art. 15 de la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires).
Conforme surge del expediente J. M. P. L. padece de una discapacidad y el derecho que le asiste constitucionalmente no se abastece con una cobertura solamente parcial.
Por su parte aprecio que I.O.M.A. no ha propuesto tratamientos alternativos que cubran las necesidades del demandante.
Así, ha afirmado el más alto Tribunal nacional que la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar el derecho a la salud comprendido dentro del derecho a la vida con acciones positivas , sin perjuicio de las obligaciones que corresponden a las jurisdicciones locales, obras sociales y entidades de medicina prepaga, supuestos en los que es evidente la facultad del Estado de vigilar y controlar que las prestadoras cumplan su obligación, estando habilitado por las leyes respectivas y a través de sus organismos competentes, a imponer las sanciones establecidas por dichas normas para el caso de incumplimiento.
En consecuencia el recurso debe prosperar en la parcela indicada, en lo referido al derecho que le asiste a recibir una cobertura integral de las prestaciones “Formación laboral, Jornada Doble” por parte de la entidad que desarrollara su tratamiento y rehabilitación Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos-.
Las costas deberán ser impuestas por su orden (arts. 68 segundo párrafo y 289, C.P.C.C.).
Con este alcance voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Las razones brindadas por la Corte Suprema de Justicia en el referido caso “I.C.F.”, cuyo criterio hago mío, me persuaden de la necesidad de adecuar el criterio de este Tribunal al de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto y decidir que el recurso prospera en cuanto al alcance que cabe otorgar en el caso a las normas federales y locales invocadas por los recurrentes, en lo referido al derecho que le asiste al amparista a percibir una cobertura integral de la prestación brindada por la entidad en que realiza su rehabilitación.
Corresponde pues hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley y revocar la sentencia de Cámara, en orden a la determinación de la obligación del I.O.M.A. referida a la cobertura integral de la prestación “Formación Laboral, Jornada Doble” que brinda el Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos a favor de J.M.P. Costas por su orden (arts. 68 2° párrafo y 289, C.P.C.C.).
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:
I. Considero que debe hacerse lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, con el alcance y por las razones que a continuación desarrollo.
II. En lo que interesa a los fines del presente recurso, se impone señalar que el quejoso denunció como violadas por la alzada los arts. 1 de la ley 6982 (en función de lo que disponen los arts. 11 y 36, proemio, e incs. 2, 3, 5 y 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires); 1, 4 y 19 de la ley 10.592; 42 de la Constitución nacional, y otras normas de rango supranacional que individualiza.
Manifiesta que la denunciada violación se produce en atención a que la decisión recurrida desconoce la integralidad de las prestaciones a que tiene derecho el menor, al convalidar una cobertura parcial de la prestación debida por el I.O.M.A. (fs. 242/245). Sobre esa base, señala “la asistencia médica que debe prestar el I.O.M.A. es, en primer lugar, integral, y no parcial como brinda actualmente” (fs. 244 vta.).
III. La cuestión se ciñe a dilucidar el alcance de la obligación que grava a la demandada I.O.M.A., respecto de la cobertura reclamada (cobertura total de las prestaciones Formación Laboral, Jornada Doble $ 1.024 mensuales que le brinda el Instituto Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos, sin limitaciones temporales, garantizándose la continuidad de la prestación indispensable para su rehabilitación), y cuya existencia la decisión impugnada reconoce, aunque limitada a lo que disponga la reglamentación que rige al ente asistencial.
1. En la causa B. 67.211 (“Núñez”, sent. del 24 de noviembre de 2004), al pronunciarme acerca de la verosimilitud del derecho que invocaba el allí accionante como sustento de su pretensión cautelar en el caso, consistente en la cobertura integral de la prestación educación especial del menor discapacitado he suscripto la resolución de este Tribunal denegatoria de la misma sobre la base de considerar que no se encontraba configurado tal requisito, “ante la inexistencia de fundamento válido y apto para afirmar la obligación del IOMA de otorgar la cobertura íntegra en la forma pretendida”. Para resolver de ese modo, se ponderó que “no se halla configurado el fumus boni iuris, pues de las constancias acompañadas y lo argumentado por el amparista no se desprende que el IOMA, al reintegrar $498, cubriendo un porcentaje cercano al 50% del arancel de la Escuela Especial ‘Redondel’, haya actuado de un modo ostensiblemente ilegítimo o con palmaria arbitrariedad. Es que del examen de las normas que resultan de aplicación al caso (Leyes Nº 10.592 Régimen Jurídico Básico e Integral, para las Personas Discapacitadas y Ley Orgánica de I.O.M.A.), a tenor de los argumentos expuestos en el escrito inicial [se dijo en aquella oportunidad] no surge comprobado con suficiente grado de nitidez obligación incumplida alguna a cargo del ente demandado de brindar cobertura integral 100% de la prestación Educación Especial, Jornada Doble ($1.088 mensuales), en el mencionado establecimiento”.
2. El advenimiento de un nuevo contexto normativo, y una reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación me convencen de propiciar, en esta oportunidad, una solución distinta a la que este Tribunal adoptara cautelarmente en el citado precedente.
a) En primer lugar, debo señalar que nuestro país ha incorporado recientemente a su derecho interno la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo que fue aprobada por ley 26.378 (B.O., 9-VI-2008).
El citado instrumento (adoptado mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006), entró en vigor el decimotercer día a partir de la 20ª ratificación o adhesión (art. 45.1), lo que aconteció el 3 de mayo del año 2008. Su vigencia con relación a la República Argentina operó el trigésimo día a partir de la fecha en que la Nación depositó su propio instrumento de ratificación (art. 45.2), hecho que sucedió el 2 de septiembre de 2008. Es decir, sus normas integran el ordenamiento jurídico interno vigente en materia de discapacidad, y sus obligaciones se proyectan al ámbito local en virtud de la expresa directiva contenida en el art. 4.5 de la Convención, en cuanto prescribe que sus disposiciones se aplicarán “a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones” (conf. doct. de C.S.J.N., “Campodónico de Beviacqua”, Fallos 323:3229 reiterada en “Sánchez, Norma”, Fallos 328:4640, “I., C. F.”, cit., entre otros ; “Verbitsky”, Fallos 328:1146, voto del doctor Boggiano).
Este documento propicia, ya desde su Preámbulo, un tratamiento abarcativo de las diversas implicancias de la discapacidad, y en lo que aquí concierne, a través del reconocimiento de “la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación, y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (Preámbulo, ap. v). Enfáticamente proclama el art. 1 como propósito del Instrumento el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Tales postulados, se traducen entre otras obligaciones impuestas a los Estados en el compromiso de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención y de abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con ella; y en el deber de velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la misma (art. 4.1, aps. “a” y “d”).
En lo que atañe a la problemática traída por el recurrente, encuentran acabada recepción en los arts. 24 (en cuanto reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación, y el correlativo deber del Estado de asegurar un sistema de educación inclusivo), 25 (que impone el deber de asegurar el acceso a las prestaciones de salud incluida la rehabilitación, debiendo garantizar en particular aquellos servicios que necesiten específicamente como consecuencia de su discapacidad) y 26 (vinculado a la habilitación y rehabilitación, a partir del cual los Estados deberán adoptar “medidas efectivas y pertinentes” para que las personas con discapacidad “puedan lograr y mantener la máxima independencia y capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida)”.
La norma citada en último término, plasma el deber de los Estados de organizar, intensificar y ampliar los servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, “en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales”, los que deberán materializarse en oportunidad temprana (inc. a) y encontrarse “a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad” (inc. b).
b) Recordé al emitir mi voto en la causa “Espejo” (L. 88.775, sent. del 23 III 2010), que ya en el antiguo y conocido caso “Ekmekdjian c. Sofovich” (7 de julio de 1992, Fallos 315:1492) la Corte Suprema de Justicia de la Nación claramente alertó sobre la operatividad de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional y reiteradamente ha advertido sobre la responsabilidad de carácter internacional del Estado por la estricta observancia, que pesa sobre todos los órganos internos, incluidos los locales de carácter judicial a quien por otra parte le corresponde la expresa misión, constitucional e indeclinablemente asignada, de verificar la correspondencia de las leyes con la Constitución nacional de las normas establecidas en los tratados internacionales de los que el Estado forma parte (Fallos C. 547.XXI, 22-VI-1987; C. 92.XXI, 10-V-1994; M. 354.XXIV, 26-XII-1995; G. 288.XXXIII, 12-V-1998; M. 623.XXXIII, 21-XII-1999; P. 709.XXXVI, 5 III 2002; C. 732.XXXV, 30 IX 2003; N. 19.XXXIX, 16 XI 2004; E. 224.XXXIX, 23 XII 2004).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado últimamente que esta responsabilidad internacional, en el marco de la Convención Americana sobre derechos Humanos, nace en el momento mismo de la violación de las obligaciones generales erga omnes de respetar y hacer respetar garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos que allí se consagran en cualquier circunstancia y respecto de toda persona. Ello así conforme a lo dispuesto en los arts. 1.1 y 2 del referido documento internacional. Cabe acotar que esa responsabilidad, como lo ha destacado ese Tribunal regional, arranca de actos u omisiones de cualquiera de los tres Poderes del Estado independientemente de la jerarquía de los funcionarios que infrinjan las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, apareciendo inmediatamente el ilícito internacional (caso de la “Masacre del Pueblo Bello vs. Colombia”, sentencia del 31 de enero de 2006. Serie C, Nº 140; caso de la “Masacre de Mapiripán vs. Colombia”, sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C, nº 134, párr. 111).
Acotó desde esta vertiente el entonces Juez Cançado Trindade en su voto razonado en el caso del “Penal Miguel Castro Castro vs. Perú”, sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C, Nº 160, párraf. 31, que “… Después de volver a referirme a la cuestión en mi Voto Razonado (párr. 4) en el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2003), me permití reiterar, en mi Voto Razonado (párr. 14, y cf. párrs. 11 18), en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (Sentencia del 8.07.2004), mi entendimiento en el sentido de que: (…) En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la responsabilidad internacional del Estado surge en el momento mismo de la violación de los derechos de la persona humana, o sea, tan pronto ocurra el ilícito internacional atribuible al Estado … puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano o agente de éste” (conf. Corte I.D.H., caso de “La Ultima Tentación de Cristo vs. Chile”, sentencia del 05.02.2001, Serie C, Nº 73, p. 47, párr. 72 (“La Ley”, 2001 C 135; RU, Rev. 3/2001, p. 13); y conf. voto concurrente del Juez A.A. Cançado Trindade, p. 76, párr. 16 y conf. págs. 85 87, párrs. 31 33).
Esta postura que vengo desarrollando encuentra sustento, además, en el compromiso internacionalmente asumido por el Estado de propender al desarrollo social mediante acciones eficaces, positivas o negativas, cuando sea necesario remover los obstáculos que impiden la efectiva concreción del mismo (arts. 1 y 2, Pacto de San José de Costa Rica).
En tal orden de ideas no será baladí poner énfasis en destacar que para solucionar este tipo de problemáticas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha echado mano a los citados arts. 1.1 y 2 de la Convención, que obligan a los países a respetar los derechos y libertades reconocidos por ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 1.1); debiendo “adoptar” las respectivas disposiciones internas al Pacto de San José de Costa Rica (art. 2).
En este aspecto no debemos olvidar que según dicho Tribunal Internacional, para cumplir con el mandato del aludido art. 2, es necesario: 1) el dictado de normas y 2) el desarrollo de prácticas conducentes al acatamiento efectivo de los derechos y libertades consagrados en el pacto de marras. Por ello resulta obligatorio suprimir los preceptos y las prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación de las garantías previstas en la Convención (caso “Yatama Vs. Nicaragua”, sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, N° 127, párrs. 120 y 170; caso “Caesar”, sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C, N° 123; párr. 91; caso “Lori Berenson Mejía”, sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C, N° 119, párr. 219; caso “Instituto de Reeducación del Menor”, sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C, N° 112, párr 206; y “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”. Opinión Consultiva OC 18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A, No. 18, párr. 101, párr 78). “Este deber general del Estado Parte implica que las medidas del derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile), para el cual el Estado debe ‘adaptar’ su actuación a la normativa de protección de la convención” (el entrecomillado me pertenece), (caso “Yatama Vs. Nicaragua” [cit.], párr. 170; caso “Caesar” [cit.], párr. 91; caso “Lori Berenson Mejía” [cit.], párr. 220; caso “Instituto de Reeducación del Menor” [cit.], párr. 205; caso “Bulacio”, sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C. No. 100, párr. 142).
Desde antiguo, ese cuerpo jurisdiccional interamericano en concordancia con lo aquí dicho ha establecido que “en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y Estado de Derecho, constituyen una tríada”, en la que cada componente se describe completa, y adquiere sentido, en función de los otros, criterio ratificado en cada momento (La expresión “Leyes” en el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC 6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A, N° 6, párr. 34; Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC 17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A. No. 17, párr.92. Ídem caso “Yatama Vs. Guatemala” [cit.])
Corroborando lo expuesto no se le ha escapado a esa institución que una norma consuetudinaria generalmente aceptada apunta a señalar que el Estado debe adaptar sus normas locales para asegurar el cumplimiento de los tratados sobre la materia (caso “Cantos vs. Argentina”. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C., No.97, párr. 59; caso “Cinco Pensionistas Vs. Perú”, sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C, No.98., párr. 164; caso “Bulacio Vs. Argentina” [cit.], párr. 140, sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C., N° 100 y caso “Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay”, [cit.], párr. 205)
Cuando digo que el Estado debe buscar el effet utile, no me refiero sólo al Poder Legislativo, sino también a los jueces que a través de la interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos debemos acompasar el modelo interno con el transnacional, de lo contrario se originan injusticias en los pleitos y se genera responsabilidad internacional del país por actos u omisiones de cualquiera de los tres poderes (caso de la “Masacre de Mapiripán vs. Colombia”, sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C, No.134, párr. 111).
En tal orden de pensamiento ha manifestado la Corte Interamericana que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de las normas legales, y, en consecuencia, obligados aplicar las disposiciones domésticas. Empero si un gobierno ha ratificado una regla internacional como por ejemplo la Convención Americana, “… sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por las leyes contrarias a su objeto y fin, y que, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos. En este sentido, no sólo se debe abordar el ‘control de constitucionalidad’ de las normas, sino que también se tiene que ejercer el denominado ‘control de convencionalidad’, expresión utilizada por primera vez en el caso ‘Myrna Mack Chang’ (2003) de la CIDH en el voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, y posteriormente en el caso ‘Almonacid Arellano’ (2006) por la Corte en pleno, ya que este último tipo de inspección no es exclusivo de los organismos internacionales, sino, como ya dije, también se encuentra a cargo de los jueces de cada país, en el caso del nuestro, de todos los de cualquier fuero y jerarquía, dado el carácter difuso del sistema de contralor, admitiéndose la posibilidad de efectuarlo, aún, ex officio (véase Rey Cantor, Ernesto, Control de Convencionalidad de las Leyes y Derechos Humanos, Porrúa, México, 2008, pp. 68, 69, 70, 71 y ss.)”.
De mi parte agrego que está en juego aquí el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo que le otorga preponderancia al Instrumento internacional por sobre cualquier ley doméstica, tal como lo he puesto de manifiesto en numerosas oportunidades (causas Ac. 68.053, sent. del 7 VII 1998; Ac. 68.872, sent. del 1 IX 1998; P. 57.926, sent. del 13 IX 2000; Ac. 89.299, sent. del 23 XI 2005; Ac. 90.751, sent. del 18 VII 2007; C. 85.363, sent. del 27 VIII 2008, entre otros)
Resulta claro que todo cuanto se ha expresado respecto de la obligatoriedad de los compromisos internacionales es de rigurosa aplicación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La norma consuetudinaria que impone el deber de adaptar la preceptiva interna para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas en el plano internacional es válida universalmente y ha sido definida por la jurisprudencia de la Corte I.D.H. como un principio evidente (conf. caso “Almonacid Arrellano y otros vs. Chile”, sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C, Nº 154, nota 6, párr. 117; caso “Instituto de Reeducación del Menor”, sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C, Nº 112, párr. 205 y caso “Bulacio”, sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C, Nº 100, párr. 140. Véase, caso “La Cantuta vs. Perú”, sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C, Nº 162, párr. 170).
El aludido “control de convencionalidad” importa, pues, una búsqueda de compatibilidad entre las normas locales y las supranacionales, y cuando hablamos de esas últimas no nos referimos sólo al Pacto de San José de Costa Rica, sino a otros Tratados Internacionales ratificados por la Argentina (que integran el corpus iuris convencional de los derechos humanos), al ius cogens y a la jurisprudencia de los tribunales supranacionales.
Tal obligatoriedad redunda y esto es muy importante en la responsabilidad que tienen los magistrados judiciales de cumplir a cabalidad con los tratados internacionales, aun contradiciendo a su derecho interno (art. 27 de la Convención de Viena sobre el referido Derecho de los Tratados), y de controlar a los demás poderes, ya que aquéllos tienen prioridad sobre éste.
Como vemos, el Judicial como Poder del Estado está obligado a “acatar” y hacer “acatar” los preceptos internacionales, y estos deberes son quizás más fuertes que los del Ejecutivo y los del Legislativo, por ejercer aquél el control de los controladores (custodit ipso custodit).
c) También cabe computar para fundar la decisión que aquí se propicia, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re “I. C. F. c. Provincia de Buenos Aires s. Amparo”, sent. del 30 IX 2008), tuvo oportunidad de emitir su opinión sobre el tema que se ventila en autos, en un decisorio sustancialmente análogo al recaído en la ya citada causa B. 67.211, “Nuñez”, y que versaba sobre el alcance de la cobertura integral de la prestación educativa que la discapacidad del menor requería. Allí con similares argumentos a los vertidos en la citada causa B. 67.211 se había desestimado la pretensión cautelar por considerar que la prestación parcial brindada por el I.O.M.A. no resultaba arbitraria frente al contenido del régimen normativo aplicable.
Señaló en tal ocasión el Tribunal cimero que al resolver de ese modo “la corte local soslayó aún en esta etapa ‘larval’ no sólo la índole y trascendencia de los derechos en juego sino, además, el espíritu mismo de dicha legislación”. Luego de referir al rango preferente que ocupa la vida como primer derecho de la persona humana y enfatizar que la preservación de la salud integra tal derecho, puntualizó que “no sólo la ley orgánica del instituto demandado previó, como obligación expresa a su cargo, la de realizar en la provincia de Buenos Aires ‘todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial para sus agentes’, contemplando entre otras medidas ‘internaciones en establecimientos asistenciales’ (cfr. arts. 1º y 22, inc. b, ley 6982); y la ley 10.592 estatuyó un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas, mediante el que se aseguró los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social para quienes estuvieran en imposibilidad de obtenerlos (art. 1º, ley cit.), sino que la propia constitución provincial consagró el derecho a una protección integral de la discapacidad, garantizando de manera expresa ‘la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos asistenciales’, así como la promoción de la ‘inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad’ para con quienes la padecieran (cfr. arts. 36 incs. 5º y 8º, y 198, Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Ello, en consonancia con lo establecido al respecto por la Constitución Nacional (arts. 5º, 14, 33, 42 y 75 incs. 22 y 23)”.
d) Como lo he sostenido reiteradamente, la doctrina del Tribunal nacional tiene efectos de vinculación hacia los cuerpos jurisdiccionales inferiores, tanto en los temas federales como en aquéllos que no lo son. En el primer caso, por tratarse del intérprete último y más genuino de nuestra Carta fundamental; en el segundo, porque vincula moralmente sobre la base de los principios de celeridad y economía procesal (conf. Ac. 85.566, sent. del 25 VII 2002 en “Jurisprudencia Argentina”, 2003 I, 768; Ac. 91.478, sent. del 5 V 2004; Ac. 92.951, sent. del 9 XI 2005; C. 79.549, sent. del 22 XII 2008; C. 94.032, sent. del 29 XII 2008), razones que justifican su obligatorio acatamiento.
3. a) La Corte I.D.H. ha afirmado que “el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos” (caso “Ximenes Lopes”, sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C, No. 149, párr. 124; caso “Baldeón García”, sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C, No. 147, párrs. 82 y 83; caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa”, sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C, No. 146, párrs. 150, 151 y 152; caso de la “Masacre de Pueblo Bello”, sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C, No. 140, párrs. 119 y 120; caso de la “Masacre de Mapiripán”, sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C, No. 134, párr. 232; caso “Comunidad Indígena Yakye Axa”, sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C, No. 125, párrs. 161 y 162, caso “Huilca Tecse”, sentencia del 3 de marzo de 2005, Serie C, Nº 121, párrs. 65 y 66; caso “Instituto de Reeducación del Menor”, sentencia del 2 de septiembre de 2004, Serie C, Nº 112,. párrs. 156 y 158; caso de los “Hermanos Gómez Paquiyauri”, sentencia del 8 de julio de 2004, Serie C, Nº 110, párrs. 128 y 129; caso “19 Comerciantes”, sentencia del 5 de julio de 2004, Serie C, Nº 101, párrs. 152 y 153; caso “Juan Humberto Sánchez”, sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C, No. 99 párr. 110; caso de los “Niños de la Calle Villagrán Morales y otros “, sentencia del 19 de noviembre de 1999, Serie C, Nº 63, párr. 144), y añadió que “los derechos a la vida y a la integridad humana se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana” (Corte I.D.H., caso “Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador”, sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171, párr. 117).
De modo concordante, ha expresado con insistencia la Corte federal que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona; la vida y su protección constituyen un bien fundamental en sí mismo, y el derecho a la salud está íntimamente vinculado a este y al principio de autonomía personal, especialmente cuando se trata de enfermedades graves, destacándose su reconocimiento normativo a nivel supranacional (C.S.J.N., “Floreancig”, Fallos 329:2552 y “Hospital Británico”, Fallos 324:754, donde se enfatizó su consagración como garantía constitucional explícita). En esa línea, tempranamente afirmó el carácter preeminente que tiene con relación a los demás derechos (C.S.J.N., “American Cyanamid Company”, Fallos 278:313), criterios estos que deben orientar el sentido de las decisiones judiciales (C.S.J.N., “E.R.E.”, Fallos 324:677, voto del doctor Vázquez). En esta materia los jueces tienen el deber de encauzar el trámite a través de vías expeditivas que compatibilicen con la naturaleza urgente de las pretensiones (C.S.J.N., “Lifschitz”, Fallos 327:2413).
b) En autos como adelanté no se discute la existencia del deber que pesa sobre la demandada de cubrir las prestaciones reclamadas por los amparistas, sino el alcance fijado por la reglamentación (en el caso, dictada por el propio ente demandado), y que viene limitado en su cuantía a un valor que resulta inferior al costo que efectivamente deben afrontar los progenitores para alcanzar su satisfacción.
A poco que se analice la argumentación que subyace en la decisión impugnada a la luz de los deberes que en el plano internacional asumió la República Argentina y del alcance integral de las prestaciones que consagra el régimen constitucional y legal bonaerense, y supranacional, ha de concluirse que la decisión recurrida luce un manifiesto desarreglo con el ordenamiento jurídico, desde que permite a la demandada desentenderse sin más de su deber de ofrecer al reclamante la prestación que pide (con el alcance integral que surge de la normativa aplicable) a través de un prestador que brinde una adecuada cobertura al menor, acorde a las necesidades que su afección (Síndrome de Down) impone.
Sobre el particular, hago mías las observaciones efectuadas por el distinguido colega que abre el acuerdo, en cuanto a que la demandada no se ocupó de indicar ni proponer como alternativa a alguno de los prestadores adheridos a su régimen que puedan proporcionar al menor un tratamiento análogo al recibido en el CEPP, reconociendo expresamente la inexistencia de convenios firmados con establecimientos de similares características (conf. informe de fs. 82), lo que resulta suficiente para desvirtuar el argumento de la Cámara relativo a que la actora no alega la falta de instituciones alternativas para llevar a cabo tales prestaciones.
Desde ese mirador, advierto que asiste razón al quejoso cuando señala que la sentencia en crisis viola la normativa que impone al I.O.M.A. asegurar al menor los servicios de rehabilitación con el alcance que peticiona arts. 1, ley 6982 y 1, 4, 19 de la ley 10.592 . Ello así, toda vez que la normativa impone directamente al I.O.M.A., promover y prestar asistencia médica integral a las personas con discapacidad afiliadas al mismo (fs. 244 vta.).
c) No se me escapa que es la propia Constitución provincial la que al disponer que “toda persona discapacitada tiene el derecho a la protección integral del Estado” (art. 36 inc. 5) sindica a la Provincia como el sujeto obligado a garantizar “la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales” (ídem).
Mas, delineado el contenido de tal deber que, como quedó expresado, pesa sobre el Estado provincial atento el mandato constitucional citado , se impone señalar que a través de la ley 6982 la Provincia creó el Instituto de Obra Médico Asistencial como instrumento destinado a dar satisfacción a la mentada obligación, con relación al universo de sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la referida ley (todos los agentes en actividad o pasividad y aquéllos pertenecientes a los sectores de la actividad pública y privada que adhieran a su régimen).
Con ese alcance, impuso al I.O.M.A. el ‘deber’ de realizar “en la Provincia todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial” (art. 1, ley 6982), catálogo que indudablemente incluye la prestación reclamada, a tenor de lo dispuesto en el plexo jurídico antes mencionado, y en virtud del cual adquiere el ente demandado el carácter de obligado directo frente al elenco de sujetos allí señalado; tal y como según adelanté fuera puesto de manifiesto por el recurrente (fs. 244 vta.).
No empece a tal interpretación lo dispuesto en el art. 18 de la ley 10.592 en cuanto confió a la Dirección General de Escuelas la responsabilidad de “desarrollar planes y programas para satisfacer las necesidades de asistencia educativa rehabilitadora a niños, jóvenes y adultos que padezcan cualquier tipo de discapacidad, incluidas las mas severas, la estimulación temprana y la educación permanente y la capacidad laboral” (inc. a), y previó la implementación de un “sistema de becas para alumnos con necesidades especiales tendiente a satisfacer la asistencia educativa rehabilitadora e integradora” (inc. “j”, texto según ley 12.797). La competencia trazada por tales normas, no resulta exclusiva ni excluyente de la que pesa sobre la citada repartición gubernamental, toda vez que el inc. “b” del mismo dispositivo involucra expresamente a los “otros organismos de ejecución”, entre los que a mi juicio cabe situar al Instituto demandado, a tenor del plexo de deberes que según dije su propia carta de creación le impone.
De allí que, aún cuando no tenga a su cargo la “coordinación” de las acciones en la materia (que la ley atribuye a la Dirección General de Escuelas y Cultura en el citado art. 18 inc. “b”), indudablemente integra la estructura estatal destinada a satisfacer la prestación que el menor demanda, por lo que no puede invocar una limitación reglamentaria para privar de cobertura a un habitante, menor y discapacitado, que en ejercicio de un derecho consagrado por el ordenamiento jurídico la reclama (conf. doctrina C.S.J.N., “Orlando”, Fallos 325:519).
d) Como lo sostuviera la Corte I.D.H. (con cita del caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa”, sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C, No. 146, párr. 142; caso “Comunidad Indígena Yakye Axa”, sentencia del 17 de junio de 2005, Serie C, Nº 125, párr. 153 y caso “Juan Humberto Sánchez”, sentencia del 7 de junio de 2003, Serie C, Nº 99, párr. 142) en el contexto de una causa vinculada a la prestación de servicios de salud, los “Estados están obligados a respetar los derechos reconocidos en la Convención y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la administración, así como a otras instituciones a las que los Estados delegan su autoridad” (Corte I.D.H., caso “Ximenes Lopes”, sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C, No. 149, párr. 97).
Por ello, no advierto obstáculos que impidan al I.O.M.A. la obligación de brindar por sí, o articular con los restantes efectores, un mecanismo que permita satisfacer al discapacitado los servicios que impostergablemente su condición requiere y a los que tiene derecho (doctrina C.S.J.N., “Martín”, Fallos 327:2127; “Gutiérrez”, Fallos 321:1984). Máxime cuando como expliqué anteriormente , el carácter de legitimado pasivo del ente demandado respecto de las prestaciones reclamadas surge de las expresas obligaciones que le fueron impuestas a partir de su propia norma de creación, al instituirlo en el ente destinado a dar cumplimiento a los fines del Estado en materia médico asistencial con relación a un universo de sujetos entre los que cabe ubicar a los amparistas.
4. Por último es menester destacar que la decisión que aquí se propicia, lo es en salvaguarda del interés superior que se intenta proteger ante la urgencia de la situación, en miras de evitar al recurrente un nuevo tránsito por las instancias administrativas y judiciales (conf. doctrina C.S.J.N., “Monteserrín”, Fallos 324:3569; “Lifschitz”, Fallos 327:2413; “Segarra”, Fallos 331:1449).
Ello no empece a que el I.O.M.A. pueda adoptar las medidas que estime pertinentes en relación a los amparistas, siempre que demostrare la aptitud económica de los padres del incapaz, a efectos de repetir contra ellos, si así correspondiere, las erogaciones en que haya incurrido por encima de las previsiones reglamentarias para cubrir aquellas asignaciones (doctrina de C.S.J.N., “Lifschitz”, Fallos 327:2413; “I. C. F. c. Provincia de Buenos Aires s. Amparo”, sent. del 30 IX 2008), y sin perjuicio de las reclamaciones que pudiera efectuar el demandado al Estado provincial en lo que a este eventualmente le hubiera correspondido afrontar para dar satisfacción a la pretensión de marras.
A tal fin, no ha de perderse de vista que la ley 10.592 establece un sistema de prestaciones que el Estado deberá brindar a los discapacitados en la medida en que éstos, las personas de quienes dependan, o los organismos de obra social a los que pertenezcan no posean los medios necesarios para procurárselos (art. 4), de consuno con la obligación que pesa sobre el Estado en materia de derechos sociales (“La provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales” art. 36, “Proemio”, de la Constitución provincial ), deber que como expresé es extensible al I.O.M.A. en relación a sus afiliados en virtud de lo dispuesto en el art. 1 de la ley 6982.
IV. De conformidad a los desarrollos que anteceden, advierto que la decisión que aquí se propicia es a mi criterio la que mejor se compadece con el contenido que surge de una interpretación armónica de los dispositivos legales y constitucionales que rigen la materia, en perfecta armonía con lo establecido con alcance subordinante por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la jurisprudencia elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tal es, por otra parte, el sentido que de las referidas normas locales ha propiciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re “I. C. F. c. Provincia de Buenos Aires s. Amparo”, sent. del 30 IX 2008), opinión que según señalé resulta vinculante para este Tribunal, en mérito de las razones antes expresadas.
V. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley, revocar la sentencia de Cámara y ordenar a la demandada I.O.M.A. a brindar una cobertura integral de la prestación “Formación Laboral, Jornada Doble” que brinda el instituto “Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos” en beneficio de J. M.P. , teniendo en consideración lo expresado en el ap. 4º de este voto, sin limitaciones temporales y garantizándose la continuidad de las mismas (art. 289, C.P.C.C.), con costas a la vencida (art. 68, C.P.C.C.).
Voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad; con costas a la recurrente vencida (art. 298, C.P.C.C.)
Asimismo, por mayoría, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley revocando la sentencia de Cámara, en orden a la determinación de la obligación del I.O.M.A. referida a la cobertura integral de la prestación “Formación Laboral, Jornada Doble” que brinda el Centro de Estudios Psicológicos y Psicopedagógicos a favor de J. M.P. .
Las costas del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por mayoría, se imponen en el orden causado (arts. 68, segunda parte y 289, C.P.C.C.).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI HECTOR NEGRI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI DANIEL FERNANDO SORIA

JUAN CARLOS HITTERS

JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario

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