Inicio > Camara Civil y Comercial Federal > Responsabilidad del Estado por accionar licito.

Responsabilidad del Estado por accionar licito.

Follow abogadolonghi on Twitter
DAÑO MORAL: CAUSADO POR EL ACCIONAR LICITO DEL ESTADO.
ANTECEDENTES DE LA SALA 2 Y DOCTRINA.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PAR ACCIONAR LICITO EN WORD.

Esta Sala ya se ha pronunciado sobre la procedencia del daño
moral cuando es causado por el accionar “lícito” del Estado;
doctrina que entronca con la corriente doctrinaria que ha
ampliado el campo de la responsabilidad para restañar el daño
injusto aun cuando no fuese antijurídico (confr. causa nº
4132/97 “Blumtin Salomón y otro c/ Estado Nacional Ministerio
del Interior Policía Federal y otro s/ daños y perjuicios”, del
05.03.02, consid. VII y sus citas; ver también, M.S. MARIENHOFF,
“Responsabilidad extracontractual del Estado por las
consecuencias dañosas de su actividad lícita”, L.L. del 16.11.
93; su Tratado de Derecho Administrativo, Bs.As. 1973, t. IV, Nº
1636). Por otra parte, el Tribunal ha adherido, desde la causa
nº 4412 del 1.4.77, a la doctrina que sostiene que la
indemnización del daño moral tiene carácter principalmente
resarcitorio, de manera que la atención debe ser centrada en la
situación de la víctima; y a ese principio ha adherido
masivamente la doctrina y la jurisprudencia quedando el maestro
J.J. LLambías y algunos de sus discípulos en franca minoría al
asignarle carácter punitivo.

Dr. Eduardo Vocos Conesa – Dr. Ricardo Víctor Guarinoni – Dr.
Alfredo Silverio Gusman.

5.045/93.
EMENS CARLOS ALBERTO C/ NACION ARGENTINA.FUERZA AEREA ARGENTINA
S/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y FUERZAS DE SEGURIDAD.
29/12/09

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.-LEER FALLO COMPLETO-<a

Sala 2.
CAUSA N° 5045/93 EMENS, CARLOS ALBERTO C/NACIÓN ARGENTINA.
JUZG. N° 7 FUERZA AÉREA ARGENTINA S/ACCIDENTE EN EL
SECR. N° 13 ÁMBITO MILITAR Y FUERZAS DE SEGURIDAD.

En Buenos Aires, a los 29 días del mes de diciembre de dos mil nueve reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “EMENS, CARLOS ALBERTO C/ NACIÓN ARGENTINA. FUERZA AÉREA ARGENTINA S/ ACCIDENTE EN EL ÁMBITO MILITAR Y FUERZAS DE SEGURIDAD”, respecto de la sentencia de fs. 330/335 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Eduardo Vocos Conesa, Ricardo Víctor Guarinoni y Alfredo Silverio Gusman.
A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor EDUARDO VOCOS CONESA dijo:
I.- El 28 de marzo de 1988, mientras prestaba servicios de limpieza en la unidad militar (la 10a. Brigada Aérea, con asiento en Río Gallegos) donde se halla¬ba cumpliendo con el servicio militar obligatorio, el entonces soldado Carlos Alberto Emens sufrió una herida grave en el ojo derecho al clavársele una astilla de vidrio; herida que a la postre -tras su atención en distintos nosocomios incluyendo una interven¬ción quirúrgica- determinó la pérdida total de la visión del referido órgano. En sede administrativa militar se determinó que esa minusvalía representaba un 42% de incapacidad y que la afección había sido producida "en y por los actos del servicio".
Con tal motivo, Fuerza Aérea Argentina le abonó al conscripto la indemnización prevista en el decreto 829/82, reglamentario del art. 76, inc. 13º, de la ley nº 19.101, equivalente a 35 haberes mensuales del grado de cabo, manifestando Emens, primero, su disconformidad con el grado de: minoración física establecida y, en segundo término, su desacuerdo con el monto del resarcimiento que le fue otorgado.
Por considerar que el grado de incapacidad que lo afectaba era superior al estimado por el cuerpo médico de Fuerza Aérea Argentina y por estimar, asimismo, insuficiente el monto que le fue resarcido, el ex soldado Carlos Alberto Emens promo¬vió contra el Estado Nacional -Fuerza Aérea Argentina- la demanda de autos reclamando una indemnización adecuada del daño económico (derivado de la incapacidad.), más la com¬pensación del lucro cesante, el daño estético y el agravio moral (confr. fs. 2/3 y ampliación de fs. 36/39), pretensiones éstas que fueron resistidas por la Nación Argentina por cuanto el actor fue ya resarcido conforme con la normativa vigente de orden militar, que es excluyente de la aplicación del régimen general del derecho civil. Ade¬más, cuestionó la accionada los rubros pretendidos así como el quantum de cada uno de ellos por exorbitantes (véase fs. 83/86).
II.- Vencido el período probatorio y agregados los alegatos de las par¬tes (actora, fs. 322/323 vta. y 325/328 la contraria), el señor Magistrado de primera instancia -en el pronunciamiento de fs. 330/335 vta.- tuvo por acreditados los extre¬mos fácticos en que se basa la demanda: accidente, secuela incapacitante, producción "en y por actos del servicio" y percepción del resarcimiento previsto en la normati¬va militar, como asimismo que el ex conscripto manifestó su disconformidad con el por¬centaje de incapacidad que le fue asignado y su pro-testa por el monto indemnizatorio. Tras ello, de conformidad con la peritación médica producida en autos (confr. fs. 289/ 291) -que confirmó el porcentaje de incapacidad determinado en el sumario administrati¬vo, esto es, el 42% de la T.O.-, consideró el Magistrado que la situación del accionante (con una minusvalía inferior al 66%) encuadraba en el art. 76, inc. 3º, apartado c), de la ley 19.101, que al reconocerle al afectado un resarcimiento equivalente a 35 sueldos de cabo excluía el juego de las normas civiles y compensaba el daño material experimentado (en el caso, lucro cesante, según la demanda), desechando el planteamien¬to de inconstitucionalidad articulado en la demanda respecto a ese límite del tope resarcitorio porque Emens sólo habríase basado en sede administrativa solamente en cuanto al porcentaje de incapacidad que le fuera reconocido aviniéndose, por tanto, a percibir la suma liquidada (con ajuste, decreto 829/82) según el art. 76, inc. 3º, antes citado).
A continuación, el sentenciante consideró que la norma indicada cubría tan sólo el "daño material" y no formaba óbice para la percepción de un resarcimiento por el "daño moral" -en el que debía ser englobado el daño estético-, rubro por el que fijó la suma de $ 40.000 (el error de fs. 335 fue aclarado a fs. 345).
En consecuencia, en primera instancia se hizo lugar parcialmente a la de¬manda condenado al Estado Nacional a pagarle al actor la suma de $ 40.000, con intereses desde la fe-cha del hecho (28.03.88) hasta el 31.03.91 a la tasa del 6% y de allí en adelante a las que establecen las reglamentaciones de la ley de consolidación 23.982. Impuso la totalidad de las costas al Estado Argentino por juzgar que fue sustancialmen¬te vencido (fs. 335, consid. VII).
III.- El fallo de fs. 330/335 vta. fue apelado por ambos contendientes (fs. 338 y 341). A fs. 352/354 expresó agravios el demandado y a fs. 355/357 hizo lo propio el actor, quien además contestó el memorial de la contraparte (confr. fs. 359/362 vta.).
IV.- Con relación a las quejas del Estado Nacional, me parece apropiado advertir -ante todo- que las reflexiones que formula a fs. 352 y vta. sobre el valor de un peritaje técnico y sobre las reglas o directivas para su valoración no configuran, en el caso, un agravio en sentido técnico, es decir, no constituyen una crítica concreta y razonada del pronunciamiento recurrido, máxime si se pondera que la exposición indi¬cada está concebida en términos teóricos y no se la relaciona, al menos en esta parte, con alguna circunstancia particular de la causa (doctr. arts. 265 y 266 CPCC).
El juez de anterior grado decidió que, en el rubro "daño moral", debía en¬globar el "daño estético", mas no especificó en qué consistía éste ni cual era su proyec¬ción visual para los terceros. Y lo único que consta en autos como huella secuelar es una cicatriz en el limbo corneano -cuyas dimensiones se ignoran, como se desconoce si produce alguna malformación visible que pudiera mortificar al actor-. La referencia a esa cicatriz aparece en la peritación médica de fs. 290 y vta. (que tiene como anexo un esquema del ojo), mas sin que exista una línea que dé pie para imaginar siquiera la naturaleza y las características de esa huella. De allí que juzgue procedente la queja del Estado Nacional sobre este punto, toda vez que al actor -que invocó el daño- le incumbía la carga de acreditarlo, en los términos del art. 377 del Código Procesal; carga esa que, de estar a las constancias de autos, no ha sido satisfecha mínimamente. Por con¬siguiente, habida cuenta de que en primera instancia se fijó una suma global para el daño moral y para la manifestación antiestética (o daño estético), corresponde disminuir una parte de esa suma, a cuyo fin impresiona como prudente efectuar una quita del 10% so¬bre el monto único, quedando el resarcimiento del daño moral en la cantidad de treinta y seis mil pesos ($ 36.000).
No asiste razón al Estado Nacional cuando afirma, a fs. 353 y vta., que el daño moral sólo es indemnizable cuando se incurrió en culpa (o negligencia) o en in¬cumplimiento de los deberes de una relación convencional. Al margen de diversas conside¬raciones que se pueden formular, en el caso, relacionadas con el incumplimiento del deber de seguridad y con la presunción de culpa que nace en esas condiciones, lo cierto es que esta Sala ya se ha pronunciado sobre la procedencia del daño moral cuando es causado por el accionar "lícito" del Estado; doctrina que entronca con la corriente doctrinaria que ha ampliado el campo de la responsabilidad para restañar el daño injusto aun cuando no fuese antijurídico (confr. causa nº 4132/97 "Blumtin Salomón y otro c/ Estado Nacio¬nal Ministerio del Interior Policía Federal y otro s/ daños y perjuicios", del 05.03.02, consid. VII y sus citas; ver también, M.S. MARIEN-HOFF, "Responsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias dañosas de su actividad lícita", L.L. del 16.11. 93; su Tratado de Derecho Administrativo, Bs.As. 1973, t. IV, Nº 1636). Por otra parte, el Tribu¬nal ha adherido, desde la causa nº 4412 del 1.4.77, a la doctrina que sostiene que la indemnización del daño moral tiene carácter principalmente resarcitorio, de manera que la atención debe ser centrada en la situación de la víctima; y a ese principio ha adheri¬do masiva-mente la doctrina y la jurisprudencia quedando el maestro J.J. LLambías y algu¬nos de sus discípulos en franca minoría al asignarle carácter punitivo.
Pasaré a examinar los planteos de la actora y al final trataré el agravio que sobre las costas propone el Estado en fs. 353 vta./354.
V.- Manifiesta el actor que se agravia "por cuanto el a quo rechazó el re¬clamo de reparación del perjuicio material experimentado… y desestimó el planteo de inconstitucionalidad oportunamente interpuesto respecto del art. 76 inc. 3 de la Ley Nº 19.101". Y sobre esta cuestión constitucional critica alguno de los fundamentos que dio el juez para no admitir la descalificación de la ley. Tras lo cual se explaya en soste-ner que la disconformidad asentada con ocasión del pago administrativo no se ciñó a la proporción de la incapacidad que había rechazado antes sino que tal disconformidad debe ser interpretada como disenso con el quantum que estaba recibiendo. Y finalmente dedica dos breves párrafos a afirmar que la ley 19.101, en su art. 76 inc. 3º viola los principios de igualdad ante la ley y de Propiedad (arts. 16 y 17 C.N.); ello, al establecer un tope ínfimo que resulta confiscatorio para el damnificado, al no permitirle obtener, como pueden hacerlo todos los ciudadanos, una indemnización integral de los daños.
Preciso es señalar que, en el escrito de demanda, el accionante expresó que el tope de la ley 19.101 (art. 76, inc. 3°) era inconstitucional por afectar las garantías de la igualdad ante la ley y de la propiedad. Empero, atendiendo a que la invalidación de una ley -que es la expresión popular a través de sus representantes- constituye una última ratio del ordenanamiento jurídico, su cuestionamiento debe ser efectuado mediante una crítica que demuestre con claridad de qué modo lesiona los derechos que la Carta Magna recono¬ce, no configurando tal la mera aserción de que la normativa es inválida formulada en tér¬minos de manifestación dogmática, genérica e infundada. Y si se tiene en cuenta que en la referida demanda el actor sólo expuso apenas siete renglones dedicados al tema (confr. fs. 37), resulta indudable que el planteo no satisface los requisitos formales para su admisibilidad, pues en esos renglones no se excede la afirmación dogmática y no se demuestra me¬diante un razonamiento lógico de qué modo la ley controvertida afecta las garantías cons¬titucionales que se dicen conculcadas.
En esas condiciones, y considerando que el a quo también señaló -entre otros puntos- la falta de fundamentación de la cuestión constitucional, la norma im-pugnada mantiene plena validez, de manera que su aplicación al caso es insoslayable. A lo que todavía es apropiado añadir que, en la expresión de agravios, el apelante no demuestra que haya experimentado daños económicos concretos que superen en forma sig¬nificativa la indemnización que le fue otorgada de acuerdo con la disposición del art. 76, inc. 3º, de la ley 19.101, importando ponderar que el daño sufrido en el ojo no le ha impedido -aparte de realizar actividades jurídicamente reprochables (confr. senten¬cia de fs. 114/121 y resolución de fs. 122)- ejercer un oficio técnico remunerable como es el de "oficial electricista", según se hizo constar en la experticia médica de fs. 290, cap. "IDENTIFICACIÓN", sin que esa anotación fuese impugnada.
No han sido demostradas en esta instancia, en síntesis, causas valederas para modificar lo decidido, cabiendo tan sólo anotar que en cuanto al monto del resarci¬miento del daño moral y al régimen de los intereses no media planteo alguno del actor, de modo que a su respecto la sentencia en esa parte se encuentra firme.
VI.- Resta por examinar el agravio del Estado Nacional referido al régi¬men de imposición de las costas establecido en la instancia anterior, las que fueron en su totalidad a él impuestas pese a que la demanda prosperó sólo en forma parcial, con desestimación del "lucro cesante", de la "inconstitucionalidad propuesta" y con una disminución del importe reclamado en el tercero de los ítems.
En causas promovidas por cobro de indemnizaciones de daños personales, cuyos montos están librados en gran medida a la apreciación prudencial de los jueces, el hecho de que la demanda prospere por sumas menores a las reclamadas no es razón suficien¬te para distribuir las costas. Mas sí tiene justificación no cargar la totalidad de e¬llas al demandado cuando de tres rubros pretendidos dos son desestimados in totum, y el tercero que prospera representa tan sólo el 20% de los anteriores. Se da aquí, con claridad, un supuesto de vencimiento parcial y mutuo, contemplado en el art. 71 del Cód. Procesal, que prevé la distribución de las costas en proporción -prudencial y no matemá¬tica- al éxito obtenido por cada uno de los contendientes.
A los efectos de la distribución de los accesorios, el Tribunal ha privi¬legiado el tema central del conflicto, que está dado por el de la responsabilidad, al que ha asignado -en múltiples casos- un 60% de las costas del juicio. Por ello, valo¬rando que la acción es acogida en ese aspecto y que es favorablemente acogida en uno de los ítems reclamados, estimo justo que las costas sean impuestas en primera instan¬cia en un 70% al Estado Nacional y en el 30% restante al actor (art. 71 CPCC).
VII.- Voto, pues, porque se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide, y porque se la modifique en dos aspectos: a) daño moral, reduciendo su mon¬to -por la exclusión del daño estético- a la cantidad de treinta y seis mil pesos ($ 36.000); y b) costas: se distribuyan en primera instancia en un 70% al Estado Nacional y en el 30% restante al actor (art. 71 CPCC). En atención al resultado de los recursos, propongo que en el interpuesto por Carlos Alberto Emens los accesorios queden a su cargo (art. 68 primer párrafo CPCC) y en el articulado por el Estado Nacional, que prospera parcialmente, en un 80% a él y en el 20% al actor (art. 71 cit.).
El señor Juez de Cámara doctores Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las aducidas por el señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, adhiere a las conclusiones de su voto.
El señor Juez de Cámara doctor Alfredo Silverio Gusman dice:
I. Si bien coincido con la decisión que propicia el primer voto, disiento con la propuesta en cuanto a la distribución de las costas.
II. Con relación a los accesorios del proceso devengados en la primera instancia, me parece que la manera postu-lada en el primer voto no se condice con el principio de inte-gralidad de la indemnización de daños y perjuicios, máxime ante un resarcimiento que tiene contenido alimentario. Tengo en cuenta para sustentar mi criterio que, en lo sustancial, que es la atribución de responsabilidad, la accionada ha salido derrotada (conf. esta Sala, expte. 7679/00, “De Marco”, fallada el 30/12/08).
Si se trata de ua acción resarcitoria de daños y perjuicios, las costas forman parte de la indemnización debida, sobre todo si -como sucede en el caso-, el demandado declinó por completo su responsabilidad al contestar demanda y aunque la misma no prospere íntegramente. Dada la naturaleza resarci-toria apuntada, corresponde imponer los accesorios del proceso a la accionada vencida (conf. MORELLO, Augusto, SOSA y BERI-ZONCE, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial, Prov. de Bs.As. y de la Nación”, T° II-B, y sus numerosas citas, entre las que se encuentra el fallo de la por entonces Sala Civil y Comercial de la Cámara Federal del 19/09/67, pub. en L.L. T.129, pág. 1019).
III. En cuanto a las costas devengadas durante el trámite ante esta instancia, en lo que concierne al recurso de la actora, al no mediar oposición de su contraparte (ver fs. 363) y confirmarse lo resuelto por el “a quo”, no ha generdo costas. En lo que atañe a la apelación del Estado Nacional, no tengo disnso respecto de la distribución de gastos que se propone en el voto del Juez preopinante.
Con lo que terminó el acto. EDUARDO VOCOS CONESA – ALFREDO SILVERIO GUSMAN – RICARDO VÍCTOR GUARINONI -.
Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n° 1696 a n° 1701 del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.-
Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, téngase por resolu¬ción de la Sala lo propuesto en el punto VII del primer voto.
De conformidad con lo establecido en el art. 279 CPCC, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el monto por el que prospera la demanda (computando capital e intereses; confr. plenario "La Territorial de Seguros S.A. c/ Staf", del 11.9.97), y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, fijase los honorarios de los doctores Eduardo G. Alberti, Carlos Emilio Luzzi y Ma¬rio Enrique Gutiérrez en el 1%, el 9,40% y el 6,20%, respectivamente, y los de los doctores Alejandro Sarrailth, Mar-celo C. Mamianetti y Pablo Pedro Torres Menaldi en el 4,15%, para cada uno; porcentajes todos que se aplicarán sobre la base arancelaria an¬tes precisada. Y confirmase, desde que sólo fue-ron apelados por altos, los honorarios regulados al doctor Carlos Emilio Luzzi en el incidente resuelto a fs. 96/97 (arts. 6, 7, 9, 10, 33, 37 y 38 de la ley 21839, modificada por la ley 24.432).
En atención al carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito médico doctor Raúl Solivella Cuenca, así como a la entidad y mérito de su dictamen y explicaciones, regulase sus emolumentos en el 5% de la base arancelaria aplicada en el párrafo anterior.
Por alzada, ponderando la entidad y resultado de los recursos, regú¬1ase: a) en el del actor, a cargo de su cliente, en la suma de DOS MIL OCHENTA PESOS ($ 2.080) los honorarios del doctor Mario Enrique Gutiérrez por la expresión de agravios, fijados sobre suma estimada prudencialmente por el Tribunal; y b) en el del demandado, en CINCUENTA PESOS ($ 50) los estipendios del doctor Pablo Pedro Torres Menaldi y en UN MIL VEINTE PESOS ($ 1.020) los del doctor Mario Enrique Gutiérrez, tomando en cuenta la cantidad por la que prospera la apelación (art. 14 del arancel).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

EDUARDO VOCOS CONESA
RICARDO VÍCTOR GUARINONI
ALFREDO SILVERIO GUSMAN

Anuncios
  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: