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Despido indirecto, Ius variandi.

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A C U E R D O
-LEER EN FORMATO WORD-Causa L. 92.396, Candela, Jorge Eduardo y otra contra Menafra, Juan Carlos y otros S/ Indemnización por despido
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En la ciudad de La Plata, a 2 de julio de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 92.396, “Candela, Jorge Eduardo y otra contra Menafra, Juan Carlos y otros. Indemnización por despido”.
A N T E C E D E N T E S
El Tribunal del Trabajo de Bragado rechazó parcialmente la demanda promovida por Jorge Eduardo Candela y Edith Blanca Strumia, imponiendo las costas del modo como especifica (fs. 492/515).
Los actores dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 523/526 vta.), concediéndose sólo el interpuesto por la coactora Strumia (fs. 551/552 vta.).
Dictada la providencia de autos, hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T I O N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I O N-LEER MAS-
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen desestimó la acción instaurada por Edith Blanca Strumia contra Juan Carlos Menafra, Top Home S.A. y Jucarvi S.A., por la que se perseguía el cobro de indemnizaciones por despido y sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, multa prevista por el art. 16 de la ley 25.561, y adicional cajero (art. 30 del C.C.T. 130/1975). Hizo lugar, en cambio, al reclamo por los rubros de vacaciones proporcionales, sueldo anual complementario, y adicional por antigüedad correspondiente al mes de junio de 2002, sólo respecto del codemandado Juan Carlos Menafra (v. fs. 492/515).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 523/526 vta., la parte actora denuncia violación del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo y de los principios que informan la doctrina legal emergente de la causa “García Etcheto” (L. 50.973, sent. del 16 II 1993).
En sustancia, controvierte el recurrente la definición del fallo vinculada a la no demostración del pretenso ejercicio abusivo del ius variandi, alegado por la accionante.
Considera que el cambio de lugar de prestación de tareas dispuesto por el principal no respondió a un uso razonable de la aludida facultad, ocasionándole a la trabajadora perjuicios de naturaleza material, traducidos en la irremediable pérdida de su fuente de trabajo, y moral, consistentes en la falta de reconocimiento a su esfuerzo y dedicación en el cumplimiento de su débito laboral.
Asevera que dicha decisión fruto de una maniobra fraudulenta pergeñada por el empleador que, involucró a dos sociedades comerciales más , importó la alteración de un elemento esencial del contrato, toda vez que las instalaciones del nuevo destino laboral no eran aptas para el desempeño de la función habitual de cajera cumplida por la actora.
Postula, a partir del cuestionamiento de la labor axiológica desarrollada por los jueces de la instancia de grado, que se logró acreditar en autos que la medida obedeció a un abusivo ejercicio de la facultad patronal de modificar las condiciones y modalidades de trabajo.
III. El recurso no prospera.
1. A modo de preámbulo, cabe recordar que determinar si en un caso concreto lo que existió fue un razonado ejercicio del ius variandi o no, en cuanto a los hechos, es materia reservada al tribunal de la instancia ordinaria y su revisión sólo puede hacerse en sede casatoria si se comprueba que la decisión fue consecuencia de un razonamiento absurdo (conf. L. 37.223, sent. del 23 VI 1987; L. 48.192, sent. del 18 II 1992; L. 55.814, sent. del 3 V 1995; L. 73.694, sent. del 19 XII 2001; L. 89.452, sent. del 15 III 2006).
Bajo esta perspectiva de análisis, he de anticiparme en señalar que el recurrente, si bien destina un tramo de su réplica a controvertir la ponderación que de las cuestiones de hecho efectuó el a quo, soslaya construir una crítica concreta, directa y eficaz en orden a derribar las conclusiones definitorias del fallo sustentadas sobre dichas premisas fácticas; a la par que, omite formular un despliegue argumental que denote que el pronunciamiento dictado transgrede lo prescripto por el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, o que luce apartado de la doctrina legal cuyo quebrantamiento invoca.
En este orden, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que exhibe reproches que traducen tan sólo una mera discrepancia subjetiva con el criterio exhibido por el juzgador de grado (conf. L. 85.307, sent. del 19 VI 2006), y que no logra tampoco demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el sentenciante de mérito resolvió la controversia (conf. L. 86.983, sent. del 6 VI 2007).
2. En el sub lite, el Tribunal del Trabajo estableció que Edith Blanca Strumia había laborado a las órdenes de Juan Carlos Menafra, en calidad de cajera, en el negocio de venta de artículos para el hogar de propiedad de este último (v. fs. 492/493 vta.).
En lo que atañe al núcleo central del recurso, partiendo de la autenticidad atribuida al intercambio telegráfico habido entre las partes (v. fs. 492/493 vta.), el juzgador de origen tuvo por probado que el empleador notificó el cambio de lugar de trabajo, enfatizando que las demás condiciones laborales permanecerían inalteradas; y que la trabajadora, al responder dicha comunicación, alegó que la decisión era irrazonable y que le causaba perjuicios de índole material y moral, destacando que era imposible asignarle un destino comercial de venta al público a la nueva sede, pues constituía un galpón que se utilizaba como depósito, por lo que mal podía continuar desarrollando su función de cajera. Consideró acreditado, asimismo, que luego de varias intimaciones cursadas por la patronal tendientes a que la actora se reintegrara a sus labores habituales en el nuevo asiento comercial, esta última se consideró despedida, invocando ejercicio abusivo del ius variandi, por los motivos ya explicitados (v. fs. 496/497).
Fincado en la plataforma cognoscitiva descripta, el sentenciante juzgó ajustada a la norma legal en juego (art. 66, L.C.T.) la medida dispuesta por el principal, toda vez que entendió que la promotora del juicio había incumplido su carga de acreditar los eventuales perjuicios irrogados por el cambio implementado por el empleador en lo relativo al lugar de prestación de servicios, a cuyo fin, tras evaluar en conciencia los elementos de convicción aportados, en función que le es privativa (art. 44 inc. d), ley 11.653), hubo de poner de resalto su insuficiencia en orden a probar tal extremo (v. fs. 497/501).
3. En línea con este enfoque del caso, reiteradamente ha declarado esta Corte que encuadrado el despido indirecto de la trabajadora en el supuesto previsto en el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la inteligencia de que el patrono dispuso en su perjuicio medidas vedadas por dicha norma, la parte actora debe probar que el principal ejerció abusivamente del derecho legalmente instituido de introducir modificaciones en el contrato individual de trabajo (conf. L. 49.492, sent. del 30 VI 1992; L. 70.311, sent. del 16 VIII 2000; L. 89.452, sent. del 15 III 2006). Por lo demás, ésta es la substancia de la doctrina legal que emerge del precedente cuya violación se invoca en la pieza recursiva (conf. causa “García Etcheto”, L. 50.973, sent. del 16 II 1993).
Así las cosas, conforme lo anunciado, la insuficiencia de la réplica resulta manifiesta (art. 279, C.P.C.C.), puesto que, aunque direccionada a rebatir la solución final contenida en el pronunciamiento, no consigue suplir siquiera mínimamente el déficit probatorio subrayado por el a quo; discurriendo incluso tardíamente acerca de los eventuales daños ocasionados por la medida patronal.
De lo dicho se colige que la impugnación se agota en la exposición de una mera divergencia de opinión en torno a típicas cuestiones de hecho y prueba, estructurándose sobre la base de una reflexión personal del impugnante acerca del modo de apreciar el elenco circunstancial que conformó el escenario fáctico de la litis.
Desde el señalado marco impugnativo, es posible afirmar que el recurrente circunscribe su formulación a explicitar las razones por las cuales considera que en la especie se configura un ilegítimo ejercicio del ius variandi, empero la sistemática que imprime a su crítica dista a tenor de lo expuesto de ocuparse de desplazar las motivaciones esenciales que inspiran el decisorio objetado. Por lo tanto, la suerte de la impugnación queda fatalmente sellada.
En tal sentido, ha declarado esta Corte que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es ineficaz si se limita a oponer a la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de origen, en función privativa, argumentaciones basadas en el propio criterio del recurrente, y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas del interesado, insuficientes para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y prueba (conf. L. 91.225, sent. del 13 XII 2006).
En suma, para que el cambio de lugar de prestación de tareas, entendido este último elemento como esencial o estructural del contrato individual de trabajo, en los términos del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. “Ley de Contrato de Trabajo”, T. I, dirigida por Antonio Vázquez Vialard, Ed. Rubinzal Culzoni, 2005, p. 464 y sgtes.), trasunte en los hechos un ejercicio abusivo del ius variandi, debe verificarse la irrazonabilidad de la medida, y que ésta, a su vez, irrogue un perjuicio al trabajador sea en el aspecto material, sea en el plano moral ; extremo que, en conclusión definitoria que subsiste inconmovida, la actora no ha logrado demostrar en la especie.
4. De suyo, entonces, la decisión de grado ha de permanecer incólume, desde que la queja traída, que como se ha visto intenta someter a revisión típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, deviene inidónea a los fines pretendidos por el quejoso, ya que no cristaliza más que una simple contraposición de criterios, prescindiendo evidenciar la infracción del precepto que invoca, así como de la doctrina legal que cita.
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad debe rechazarse. Con costas (art. 289, C.P.C.C.).
Voto por la negativa.
Los señores jueces doctores Kogan, Genoud y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, C.P.C.C.).
Notifíquese y devuélvase.

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