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Verificacion tardia en la quiebra.

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A C U E R D O
VERIFICACION TARDIA EN LA QUIEBRA. doc
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En la ciudad de La Plata, a 17 de septiembre de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Hitters, Soria, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 87.270, “Saint Germes. Quiebra. Incidente de verificación de crédito promovido por Granja Macris S.A.”.
A N T E C E D E N T E S
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora revocó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión.
Se interpusieron, por la fallida, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
C U E S T I O N E S
1ª. ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
Caso negativo:
2ª. ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I O N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
El recurrente aduce la conculcación del art. 171 de la Constitución provincial al haberse apartado, a su juicio, del principio esencial previsto por ella entendiendo que la resolución que puso fin al incidente no lo fue mediante un pronunciamiento fundado en el texto expreso de la ley, sino que por el contrario se dictó en clara omisión del art. 32 de la ley 24.522 y en ignorancia de la causa y tema traído a conocimiento. También denuncia que existió un exceso jurisdiccional al intervenir en un recurso que se opone al criterio sostenido por la Cámara sin haber hecho mención a cambio de posición o nueva formulación.
Entiendo que el recurso no puede prosperar.
Sabido es que resulta improcedente el recurso extraordinario de nulidad en que se alega falta de fundamentación legal, si de la simple lectura de la sentencia se advierte que ella se encuentra fundada en derecho, ya que para que el mismo prospere es necesario que el fallo carezca por completo de sustentación. Lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia sanciona es la falta de fundamentación legal, con independencia de que las normas citadas se correspondan o no con los planteos de la parte (conf. Ac. 80.751, sent. del 23-XII-2002).
A ello debemos añadir que también resulta inaudible desde que, si bien se invoca violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, los agravios expuestos -promiscuamente con los del recurso de inaplicabilidad de ley- no se sustentan en el contenido normativo de dichos preceptos (conf. Ac. 82.741, resol. del 28-XI-2001; Ac. 83.034, sent. del 16-VI-2004; Ac. 86.629, sent. del 23-II-2005).
Por todo ello, doy mi voto por la negativa.
Los señores jueces doctores Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:
1. A mi juicio el recurso debe ser desestimado en atención a su evidente insuficiencia técnica (arts. 279 y 296, C.P.C.C.).
2. Como reiteradamente ha sostenido este Tribunal, son de tal manera distintas las fuentes de los medios de impugnación a que se refieren los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y por su parte el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, que el hecho de pretender fundarlos en los mismos argumentos o entrelazándolos -salvo supuestos excepcionales que en el caso no concurren- es totalmente inadmisible (Ac. 46.599, sent. del 10-VIII-1993; Ac. 50.762, sent. del 7-III-1995; Ac. 57.323, sent. del 13-II-1996; Ac. 61.024, sent. del 7-VII-1998, entre otras).
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los embates cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar donde comienza o finaliza uno u otro (doct. Ac. 45.213, sent. del 27-XII-1991; mi voto en causa Ac. 91.830, sent. del 3-V-2006), no siendo función de este Tribunal suplir esta clase de deficiencias.
Es que los recursos extraordinarios tiene exigencias técnico formales propias, de insoslayable cumplimiento que la Suprema Corte no puede dejar de lado, pues de lo contrario, se infringen normas de carácter constitucional y legal que lo sustentan (arts. 161, Const. prov.; 279 y 296, C.P.C.C.; Ac. 40.667, sent. del 6-VI-1989; Ac. 44.744, sent. del 13-VIII-1991; Ac. 50.193, sent. del 22-III-1994; Ac. 57.323, sent. del 13-II-1996).
3. Como es sabido, imperan en este ámbito las máximas del principio dispositivo (Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, Depalma, Bs. As., pág. 350), una de cuyas derivaciones consiste en que tanto la interposición de estos medios como su fundamentación está a cargo exclusivamente de las partes, quedándole prohibido al órgano jurisdiccional actuar de oficio en lo que a dichos menesteres respecta. La publicización del proceso civilístico moderno no ha alcanzado, en este capítulo de la materia recursiva, la altura que ganara en los trámites propios de las instancias ordinarias. Ello, a diferencia de lo que en algunos casos ocurre en el modelo adjetivo penal (v. C.S.J.N., sent. del 20-IX-2005, in re “Casal”, “Jurisprudencia Argentina”, 2005-V, pág. 13).
Por ello es que en este campo se advierte una característica propia, conocida como “principio de formalidad” por (ajeno, por supuesto, a toda connotación excesiva o formulista), del cual se deriva, como uno de sus principales corolarios, la regla de la “unicidad” recursiva, según la cual cada resolución tolera generalmente- un sólo carril de impugnación (mi voto en la causa L. 75.147, sent. del 6-VIII-2003; v. Barbosa Moreira, Comentarios ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, 4° ed., v. V, pág. 281). Si bien esta premisa, que impone al quejoso la carga de seleccionar adecuadamente el sendero de ataque, no prohibe la interposición de más de un recurso en la misma pieza (Ac. 55.645, sent. del 5-IX-1995), sí exige delimitar con precisión cuáles son los argumentos que pertenecen a cada remedio, función que -como adelanté- no puede ser ejercida oficiosamente por la Corte.
Lo contrario llevaría a adoptar una posición lindante con el sistema germánico del recurso indiferente (v. Goldschmidt, Derecho Procesal Civil, pp. 295 y 402; ídem en el ámbito del procedimiento administrativo, v. art. 88 del dec. ley 7647/1970, v. asimismo causa B. 57.700, sent. del 10-IX-2003), según el cual bastaría que el recurrente postule el agravio que le ocasiona la resolución, para que el Tribunal encasille la pretensión impugnativa en el carril correspondiente. Si bien de lege ferenda podrían analizarse los beneficios de dicha regla, es claro que nuestro régimen recursivo extraordinario vigente no la contempla.
4. En autos, se anuncia en el encabezado de la pieza recursiva la interposición de “recurso extraordinario” contra la decisión (fs. 148), mientras que en el parágrafo III se indica el “planteo de recurso extraordinario dentro del esquema que se indica, quedando incluido en [é]ste el de inaplicabilidad (art. 278) el de nulidad (art. 296) y el de inconstitucionalidad (art. 299)” (fs. 149).
Por su parte, en la fundamentación de la pieza se incluyen en un mismo apartado la totalidad de los agravios deducidos, sin siquiera discriminar ni adjudicar cada uno al sendero de ataque que se considera idóneo.
5. En este marco de confusión técnica, entiendo -como adelanté- que no corresponde formular más apreciaciones para rechazar por insuficientes al embate deducido, solución que se extiende (conforme lo expresado en la segunda cuestión) al recurso de inaplicabilidad de ley.
Voto por la negativa.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Por las razones expuestas por el doctor Hitters en los puntos 2, 4 y 5 de su voto, que estimo suficientes para desestimar el recurso bajo estudio, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara revocó el pronunciamiento que había desestimado la incidencia.
Basó su decisión, en lo que interesa al recurso, en que:
La incidentista promovió un juicio de ejecución sobre la base de 28 pagarés y la garantía hipotecaria prestada por Saint Germes por toda suma de dinero que los señores Jorge Alberto Saint Germes y/o Juan Carlos Degano y/o la sociedad Cremasur S.R.L. debiera por cualquier concepto a Granja Macris Sociedad Anónima, Industrial y Comercial (fs. 139).
El fallido reconoció que en razón de un vínculo comercial entablado entre Granja Macris S.A.C.I. y la sociedad Cremasur S.R.L. (e.f.) de la cual formaba parte su hijo, le fue requerido que prestara una garantía hipotecaria para garantizar dichas operaciones exclusivamente comerciales (fs. 139).
Sólo como principio la sentencia dictada en un juicio ejecutivo será insuficiente para obtener la verificación, pues plasmaría un evidente exceso semejante conclusión si las particulares circunstancias del caso y la propia conducta de las partes, apoyadas en criterios flexibles y realistas, despejan la falta de certeza que pudiera preexistir a la insinuación (fs. 139 vta.).
El fallido, cuando se encontraba in bonis defendió sus derechos dentro del proceso ejecutivo según estimó pertinente, lo cual permite descartar cualquier maniobra tendiente a incrementar indebidamente el pasivo de la quiebra, siendo que en dicho contexto interpretativo la sentencia ejecutiva constituye un título válido para la verificación, perdiendo fuerza cualquier óbice fundado únicamente en la falta de precisión en el registro de los libros de la acreedora (fs. 140).
Se han aportado elementos suficientes para crear convicción favorable a la verificación del crédito insinuado, siendo razonable considerar cumplido el requisito de la prueba de la causa del crédito (fs. 140).
II. Contra esta decisión se alza la fallida, denunciando la conculcación de los arts. 32 y 56 de la ley 24.522. Aduce la existencia de absurdo en el pronunciamiento.
Expone en suma que:
1) La ejecución de la garantía hipotecaria adolece de los requisitos que específicamente determinaron las partes al contratar y que se encuentran previstos en la cláusula 4º del documento base de la acción, resultando a tal efecto esencial la determinación del crédito efectivo y real de la actora que resulta de los libros y registros contables de la misma (fs. 150 vta.).
A fin de probar la incompletitividad del instrumento base de la acción por la inexistencia del crédito se ofreció pericial contable que quedó consentida y que corrobora que no se ha completado el título, que los pagarés que se reclaman no se corresponden en sus fechas con los de los libros contables de la actora, que no se pudo determinar el origen de la deuda reclamada y que la falta de rigor contable en los libros de la accionante que por resultar obligada por ley a llevar libros, no la beneficia (fs. 150 vta.).
La incidentista concurre tardíamente a solicitar la verificación del crédito que afirma poseer, omitiendo acreditar la causa y legitimidad del mismo y sin ofrecer la producción de ningún medio probatorio a tal efecto (fs. 151).
No hay diferencia alguna entre el insinuante que se presenta a verificar con pagarés o cheques y aquel que se presenta con una sentencia de trance y remate cuya base son títulos que traen aparejada ejecución; porque la sentencia dada en el proceso de ejecución no declara derecho alguno del ejecutante sino que simplemente reconoce a aquél formal habilidad ejecutiva de modo que obligatoriamente debe probar la causa del crédito que dice poseer contra el concursado o fallido (fs. 151 vta.).
De admitirse la postura del incidentista éste, sin acreditar la causa, existencia y legitimidad del crédito que pretende verificar tendría una preferencia derivada del privilegio que otorga el derecho real de hipoteca sin derecho personal alguno (crédito) que sostenga tal preferencia, situación ésta en total contradicción con las normas de derecho concursal, afectando no sólo el patrimonio de la fallida, sino los derechos de los restantes acreedores (fs. 151 vta./153).
III. Entiendo, en distinto sentido que lo dictaminado por el señor Subprocurador General, que le asiste razón al recurrente.
Debe puntualizarse que la reconocida vigencia del proceso falencial a la que se encuentra sometido todo concursado, impone a todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación, la necesidad de formular el pedido de verificación que establece la Ley Concursal en su art. 32. Siendo ello así, debe desestimarse toda pretensión que tienda a soslayar tal imperativo legal. El procedimiento de verificación establecido por nuestro ordenamiento concursal, tiene la característica de la “necesariedad”. Todo acreedor, por causa o título anterior a la presentación, debe presentar su solicitud de verificación. Esta importa un procedimiento típico, en tanto y en cuanto está regulado positivamente, imponiéndose a otros tipos de procedimiento que pudieran corresponder por la naturaleza del crédito (Grispo, Jorge Daniel “Tratado sobre la ley de concursos y quiebras”, Ed. Ad-Hoc S.R.L., Bs. As., 1997, tomo 1, págs. 433/434).
En este orden de ideas, nuestros tribunales han reiterado el principio de que “la sentencia recaída en juicio ejecutivo, título acabado para lograr satisfacer el crédito en el patrimonio del deudor in bonis, deviene insuficiente ante la quiebra de éste. Acota Quintana Ferreyra que, el pedido de verificación no está dirigido contra el deudor, simplemente se intenta su reconocimiento como acreedor, para hacer valer sus derechos en forma igualitaria con los demás acreedores. De tal manera que el titular de una sentencia favorable deberá pedir la verificación de su crédito, invocando ciertamente esa sentencia, pero sin que corresponda asignarle el valor de cosa juzgada; es decir que quedará sometida a la indagación que deba hacer el síndico, de manera semejante al tratamiento dado a los restantes pedidos de verificación (Conf. Grispo, Jorge Daniel, op. cit., pág. 501 y jurisprudencia allí citada, C. N. Com., Sala B, julio 7-980, Grande, Bartolomé, y doctrina citada por el autor Quintana Ferreyra, pág. 356)”.
Es que la sentencia ejecutiva de trance y remate no implica de por sí la “autenticidad” de un título de crédito. Lo que sí implica es que ese cartular reúne todos los elementos necesarios para ser considerado como tal, con absoluta abstracción de la causa que lo ha originado. En esta línea de pensamiento, se impone exigir la verificación de esa cambial, con precisa indicación de la causa, pues ese tamiz, lo es con relación al universo de acreedores concurrentes y no en contra, únicamente del deudor fallido, a quien el acreedor ya ha vencido en el proceso ejecutivo. Lo que se pretende ahora, es que demuestre el acreedor las causas que determinaron la emisión de ese título de crédito, requisito éste que no se cumple con la sentencia ejecutiva en el procedimiento de verificación de créditos. Para Maffia, verificar un crédito resultante de una sentencia recaída en juicio ejecutivo importa admitir que otro juez distinto al del concurso pudiera decidir la suerte de un acreedor en punto a su incorporación a la masa concursal pasiva. La sentencia ejecutiva es inidónea per se para sustentar la pretensión verificatoria, toda vez que la misma sólo hace cosa juzgada formal atento el estrecho marco cognoscitivo del proceso que impide analizar cuestiones causales. A su vez, tal decisión puede ser modificada mediante juicio ordinario posterior que promueva el afectado (conf. Grispo, op. cit., págs. 503/504 y jurisprudencia allí citada: C.Com., sent. del 30-XI-1984 “Azank Neazi s. Concurso s. Inc. de revisión por Banco del Buen Ayre S.A.”).
Ahora bien, conforme surge de las presentes actuaciones, el insinuante tardío alega la condición de deudor hipotecario del fallido, contra quien se dictara sentencia conjuntamente con la coejecutada Elisa Margarita de la Guarda Saint Germes derivado de los pagarés -simples títulos circulatorios- cuya causa subyacente según expone se encuentra en la relación comercial que ligara a la insinuante con los afianzados Jorge Alberto Saint Germes, Juan Carlos Degano o Cremasur S.R.L. (e.f.), no siendo el fallido firmante de las cambiales.
Por eso se imponía a la insinuante la prueba de que los pagarés -suscriptas por un sujeto distinto al quebrado- estaban dentro de la garantía asumida por Jorge Raúl Saint Germes en la escritura hipotecaria, máxime cuando, como esta Corte puntualizara, en el pedido de verificación todos aquellos que pretendan hacer valer sus derechos frente a la masa deberán indicar la causa del crédito, pero, una vez abierta la etapa incidental de revisión del crédito, será necesario probar la causa de la obligación (conf. Ac. 54.603, sent. del 8-IX-1998, “D.J.B.A.”, 155-366; Ac. 78.868, sent. del 2-X-2002; Ac. 78.568, sent. del 23-IV-2003; Ac. 79.573, sent. del 9-XII-2004).
Obra en autos copia de la escritura seiscientos noventa y siete del 17 de diciembre de 1980, en la que Jorge Raúl Saint Germes y su cónyuge Elisa Margarita de la Guarda Saint Germes gravan con derecho real de hipoteca dos inmuebles en garantía de toda suma de dinero que los señores Jorge Alberto Saint Germes y/o Juan Carlos Degano y/o la sociedad “Crema Sur S.R.L.” (en formación) le esté debiendo o le adeudare en el futuro por cualquier concepto a “Granja Macris Sociedad Anónima, Industrial y Comercial”. El artículo cuarto de dicho instrumento establece: “Queda expresamente convenido entre las partes que por el solo vencimiento de cualquier instrumento que así resulte de los libros y registros contables se producirá automáticamente la mora…”. Es decir, que es el propio documento, el que establece la remisión a los libros contables de la hoy verificante para la determinación de las obligaciones asumidas.
Entiendo que no resultan suficientes a tales efectos, la simple exhibición de los pagarés ni la sentencia que manda llevar adelante la ejecución contra el fallido, toda vez que se imponía la prueba de la causa de la obligación, extremo este no acreditado por el verificante. Tal conclusión se impone, ni bien se examine que en la copia de la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de ejecución traída por el insinuante, la pericia contable da cuenta de discordancias entre las fechas de emisión y vencimiento insertas en los pagarés con las registraciones contables de Granja Macris, lo que impide vincular operaciones comerciales con los pagarés, máxime cuando las registraciones de las que sí da cuenta el experto son del año 1987, posteriores a la ejecución, la que fue promovida en el año 1984.
Recordemos que la verificación de créditos es el procedimiento a través del cual los pretensos acreedores del deudor se insinúan en el pasivo concursal. Según ha sido señalado por la doctrina, dicho procedimiento: a) Busca equilibrar los intereses privado y público que convergen en el concurso, b) Encauza la pretensión de los acreedores de insinuarse en el pasivo concursal, c) Permite el control recíproco de las pretensiones verificatorias, d) Constituye el filtro de admisión en el pasivo concursal (Rivera, op. cit. pág. 219).
Tales condiciones no se visualizan en el pronunciamiento atacado, pues implica entrar en un círculo cerrado: la causa de la obligación sería la garantía hipotecaria, pero la causa de la garantía hipotecaria serían los pagarés, pero si intentamos demostrar la causa de la garantía hipotecaria con los títulos abstractos, sin demostrar a su turno la causa de los mismos, entonces caemos en un círculo vicioso que no tiene fin, donde la real causa, la que la ley quiere que se demuestre en este proceso -que Rivera califica como controvertido, típico y necesario y que pretende a través de una cognitio sumaria dirigir la pretensión hacia un pronunciamiento jurisdiccional que determine la incorporación del verificante al pasivo concursal- no ha sido acreditada (conf. Rivera, op. cit. págs. 222/223).
Ello, así, toda vez que tal como se señaló en Ac. 78.568 (sent. del 23-IV-2003, voto del doctor Roncoroni), el acreedor que concurre a solicitar la verificación de su crédito ante el órgano del concurso, no hace valer sus derechos frente a la “masa” mediante la solicitud de verificación que porta la pretensión, pues la “masa” no existe como tal. La solicitud se presenta ante el síndico pero la pretensión tiene por destinatario al juez de quien se espera la satisfacción y frente al concursado y los demás acreedores.
Es incorrecta entonces la conclusión de la Cámara de que no existiendo -a su juicio- concilium fraudis por haberse defendido el fallido en su oportunidad en el juicio ejecutivo, no resulta tan relevante la prueba de la causa de la obligación siendo suficientes a ese respecto el reconocimiento del fallido del vínculo comercial que lo ligó a Granja Macris S.A.C.I., toda vez que en las particulares circunstancias de autos se requiere algo más: la acreditación de la causa por la que se suscribieron los pagarés, y la prueba de que la misma cae dentro de las obligaciones afianzadas por el fallido, extremos éstos de ineludible prueba por parte de la insinuante.
Si lo que expongo es compartido, deberá revocarse la sentencia en recurso, manteniéndose lo decidido en primera instancia a fs. 98, con expresa imposición de costas en todas las instancias al insinuante (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.), toda vez que si bien, el principio de la imposición de costas al acreedor tardío también tiene sus excepciones y límites, conforme voto del doctor Roncoroni en Ac. 71.710, sent. del 10-IX-2003, éstas no son las que se presentan en autos.
Por todo ello, doy mi voto por la afirmativa.
Los señores jueces doctores Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:
De conformidad con lo expresado al votar a la primera cuestión, lugar al que remito brevitatis causae, corresponde igualmente el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en razón de su promiscua e insuficiente fundamentación (arts. 279 y 296, C.P.C.C.).
Voto por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Por idénticos fundamentos a los volcados al examinar la primer cuestión voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la segunda cuestión planteada también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (arts. 68 y 296, C.P.C.C.). Respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, oído el Ministerio Público -también por mayoría- se hace lugar, revocándose la sentencia recurrida y manteniendo el decisorio de primera instancia; con costas en todas las instancias al insinuante (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).
Notifíquese y devuélvase.

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