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Archive for 29 octubre 2010

COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA. EJECUCION FISCAL.

LEER DESDE LA CORTE;2;3
ACTO ADMINISTRATIVO. COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA .

El principio de la cosa juzgada administrativa no es, en modo
alguno, absoluto, ni tiene el carácter de irrevocabilidad
definitiva: no posee, en términos generales, el mismo
alcance de la cosa juzgada judicial, porque se trata de dos
situaciones de distinta naturaleza. Así, mientras los jueces no
pueden volver sobre lo que está juzgado sino cuando la ley
autoriza excepcionalmente el recurso de revisión, si puede el
poder administrador volver sobre lo decidido cuando, sin
perjuicio de los derechos de los particulares, trata de corregir
sus propios errores (Fallos 289:185; 306:1715; 308:601 y
311:161). Ello no obstante, se ha sostenido que el acto
administrativo regular, aun cuando traiga aparejados vicios de
ilegitimidad, ostenta cierto grado de legitimidad que o hace
estable y produce la presunción de su legitimidad, por lo que,
no le es dable a la administración revocarlo por sí y ante sí en
razón de su ilegitimidad, sino que debe demandarla judicialmente
o revocar el acto por razones de mérito, oportunidad o
conveniencia (Fallos: 293:133) (Cons. VI).

Argento, Grecco.

8.831/97
“Construcciones integradas Caenco SA c/ ferrocarriles Argentinos
en Liquidación s/ Daños y Perjuicios”.
4/10/05

C.NAC.CONT.ADM.FED.

Sala III.
ACTO ADMINISTRATIVO. COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA.

El acto administrativo impugnado presenta el vicio denominado
violación de la ley aplicable, contemplado en el art. 14, inc.
b) de la ley 19.549 toda vez que la administración no pudo
modificar (o revocar parcialmente, lo que es lo mismo) actos
administrativos alcanzados por la denominada “Cosa juzgada
administrativa”, expresión que condensa la idea de acto
administrativo inextinguible o inmutable en sede adminsitrativa
(Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T.
II, Buenos AIres, Abeledo Perrot, 1998, pp. 610/611) (Cons. X).

Grecco, Herrera.

2.422/08
“Transener S.A. c/ resolución 519/06 ENRE-resol 1.561/07 SE
(Expte.16.707/04)”.
27/08/09

C.NAC.CONT.ADM.FED.

Sala II.
EJECUCIÓN FISCAL. EXCEPCIONES. Inhabilidad de título. Comisión
Nacional de Comunicaciones. Sanciones. Multa. Acto
administrativo no firme. Procedencia.

Aún cuando la resolución sancionatoria pudiera tener carácter
definitivo -en tanto resolvió el fondo del asunto- y causar
estado- en cuanto agotó la vía administrativa obligatoria o bien
cuando no es susceptible de recurso alguno en dicha sede-, lo
cierto es que ello no significa que se encuentre firme,
entendiendo incluidos en tal concepto, “el acto consentido por
el sujeto afectado, expresa o tácitamente, sea que este último
modo resulte del vencimiento de los plazos legales o
reglamentarios establecidos para su impugnación administrativa o
judicial o de cualquier otra forma de voluntad aquiescente con
el acto” y el que “impugnado en sede administrativa y judicial,
han sido objeto, en esta última sede, de una valoración judicial
pasada en autoridad de cosa juzgada” (Julio Rodolfo Comadira; El
Acto Administrativo en la Ley de Procedimientos
Administrativos”, pág 200, Buenos AIres, 2003, Editorial La Ley)
(Cons. VIII).

Buján, Coviello.

33.425/06
“CNC-Resol 3432/04 y Otras (Expte 4627) c/ Telecom Argentina
S.A. s/ Proceso de Ejecución”.
13/08/09

C.NAC.CONT.ADM.FED.

Sala I.

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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Directivo de una obra social. Contratación en fraude a la ley.

Segundo párrafo del art. 13 de la ley 23660.
PEDACE, CARMELO HUGO C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y OTROS S/ DESPIDO.DOC
Leer desde la corte
El segundo párrafo del art. 13 de la ley 23660, que rige a las
obras sociales, prevé en relación a los cuerpos de conducción de
dichas entidades que “serán personal y solidariamente
responsables por los actos y hechos ilícitos en que pudieran
incurrir con motivo y en ocasión del ejercicio de las funciones
de conducción y administración de dichas entidades”. Si, en el
caso, se encubrió la verdadera relación laboral mediante un
contrato de locación de servicios, con la intervención directa y
personal del Presidente de la Obra Social, con el objeto de
evadir la debida registración del vinculo y de tal manera las
cargas fiscales y previsionales correspondientes, debe
responsabilizarse a dicho directivo en forma personal y
solidaria. Todo ello con prescindencia de la eventual solvencia
de los empleadores.

Fera. Balestrini.

32.703/2002 .
PEDACE, CARMELO HUGO C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA
DEL HIELO Y OTROS S/DESPIDO.
30/09/09

SD. 15852.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO.

Sala IX.
SENTENCIA DEFINITIVA N° 15.852-Leer fallo completo- Leer más…

Categorías:Fallos laborales

Liquidación de la sociedad conyugal. Restitución de los bienes propios. Desalojo. Procedencia.

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SOCIEDAD CONYUGAL. Divorcio. (art. 215 del Código Civil).
Liquidación de la sociedad conyugal. Restitución de los bienes
propios. Desalojo. Procedencia.
Leer desde la corte

1- Operada de pleno derecho la disolución de la sociedad
conyugal en virtud de la sentencia de divorcio, se recuperan con
plenitud los derechos sobre los bienes propios y su restitución
no se encuentra subordinada a norma alguna ni a la liquidación
de la sociedad conyugal, porque por su carácter no lo integran.
2- Si el divorcio vincular se decreto en los términos de los
arts. 215 y 236 Código Civil, no es aplicable en art. 211 Código
Civil en tanto quien ocupa el inmueble no se encuentra
comprendido dentro de quienes pueden acogerse a la posibilidad
de seguir usando la antigua vivienda común otorgada al cónyuge
inocente la norma es de aplicación restrictiva en tanto
establece excepciones a principios de carácter general, tales
como el ejercicio del derecho de propiedad y a la liquidación a
principios de carácter general, tales como el ejercicio del
derecho de propiedad y a la liquidación de los bienes
gananciales. Además se orienta a satisfacer las necesidades
habitacionales del cónyuge inocente del divorcio, posteriores a
la separación a través de un favor legal específico que le
permite seguir usando en forma exclusiva la antigua vivienda
común, pero opera de modo divorcio según que el hogar conyugal
se hubiera emplazado en un inmueble ganancial o en uno propio
del consorte.
3- Sin embargo en el caso no cabe atribuir la condición de
cónyuge inocente a ninguno de los cónyuges cuando el divorcio es
decretado con arreglo a los arts. 215 y 236 del Código Civil, en
tanto la sentencia no califica su conducta.
(Sumario N°18780 de la Base de Datos de la Secretaría de
Jurisprudencia de la Cámara Civil).

OJEA QUINTANA, CASTRO, VARELA.

I101720
D.C., N.C. c/ P.G., M.G. y otro s/ DESALOJO.
26/06/08

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL.

Sala I.

Categorías:Jurisprudencia civil

DAÑO AL EMPLEADOR. Improcedencia.

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INDEMNIZACION AL EMPLEADO POR DAÑOS Y PERDIDAS – DAÑO AL
EMPLEADOR.
Improcedencia. Necesidad de dolo o culpa grave del trabajador.
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 96150. DOC
art. 87 LCT.LEER DESDE EL SITIO DE LA CORTE.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 87 LCT., el
trabajador sólo deberá responder por los daños que ocasione a
los bienes del empleador cuando actúe dolosamente, es decir, con
el propósito deliberado de causarlos (sabotaje, destrucción de
un máquina en forma intencional) o con culpa grave, que importa
la omisión de aquellas diligencias elementales destinadas a
conservarlos. Los daños culposos u ocasionados por culpa simple
están excluidos de la responsabilidad impuesta por dicha norma,
ya que el empleador debe asumir el riesgo propio de su empresa
(Legislación del Trabajo Sistematizada, Comentada, Anotada y
concordada pág. 107 Ed. Astrea). La norma, a la par que amplía
el universo de bienes cuyos daños puede dar lugar a una
reparación, exige que el trabajador haya actuado con intención
de dañar o que tales daños sean consecuencia de un obrar
temerario. No es el caso de la trabajadora que, por error,
guardó en el freezer frascos de insulina que no deben
congelarse. Para más en el caso se demostró que la heladera no
poseía termómetro que la orientar en cuanto a la temperatura o
función que desarrollaba en el momento en que ocurrió el hecho.

Pirolo. Maza.

16.388/06
Berengue Carina c/ ABC SA s/ despido.
30/10/08

SD. 96150.

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO.

Sala II.
SENTENCIA DEFINITIVA Nº: -LEER MAS-96150 Leer más…

Categorías:Fallos laborales

FACTURAS. VALOR PROBATORIO.

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CONTRATO DE COMPRAVENTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
FACTURAS. VALOR PROBATORIO.

10.4.4.1.

LA CELEBRACION DE LA VENTA PLASMADA EN LAS FACTURAS, ES UN ASPECTO ONTOLOLICAMENTE DISTINTO DE LA EJECUCION (CFR. CNCOM, SALA B, IN RE “MANUEL ARLANIAN SA C/ VAINILLA SA S/ ORDINARIO”, DEL 9.8.96). EN ESE SENTIDO, RESULTA IMPROCEDENTE EL RECLAMO POR COBRO DE FACTURAS ADEUDADAS SI EL ACTOR NO PROBO LOS PRESUPUESTOS DE HECHO SOBRE LOS QUE SUSTENTO SU PRETENSION (POR
EJ: LA ENTREGA DE LAS MERCADERIAS DETALLADA EN LAS FACTURAS), PUES SEGUN LO DISPUESTO POR EL CPR: 377 CORRESPONDE A LOS LITIGANTES PROBAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INVOCAN COMO FUNDAMENTO DE SU PRETENSION, DEFENSA O EXCEPCION, POR LO QUE LA CARGA DE LA PRUEBA ACTUA COMO UN IMPERATIVO DEL PROPIO INTERES DE CADA UNODE LOS LITIGANTES, Y QUIEN NO ACREDITA QUE DEBE PROBAR PIERDE EL PLEITO (CNCOM, SALA A, IN RE “CONFROT SA C/ ATENA SA”, DEL
10.5.07).

DIAZ CORDERO – BARGALLO.

FCV8
MASSUH SA C/ PIÑEIRO, NORBERTO S/ ORDINARIO.
26/06/08

CAMARA COMERCIAL: B.

CODIGO PROCESAL: 377.

Ley de empleo. Trabajo clandestino y ley 24.013.

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CONTRATO DE TRABAJO.
Ley de empleo. Trabajo clandestino y ley 24.013.
REICHERT, DINAL ENRIQUE C/ CABLEVISION S.A. Y OTRO S/ DESPIDO.DOC
LEER DESDE LA CORTE
Arts. 8/10 y 15 L.N.E. art. 1 de la ley 25.323.

La ley 24.013 creó un sistema específico para multar el trabajo
clandestino. Por ello, el sistema de los arts. 8/10 y 15 L.N.E.
sanciona fundamentalmente la falta de registración que coloca al
dependiente en situación irregular, y secundariamente penaliza
la inscripción defectuosa en relación a la verdadera fecha de
ingreso o al real salario percibido por el dependiente, y por
efecto tributario (cfr. arts. 8, 9 y 10 citados). El art. 1 de
la ley 25.323 vino a completar ese esquema legal, de manera que
tales consideraciones son aplicables al caso en que -aun no
mediando esa situación de clandestinidad-, el trabajador no
acreditó haber percibido sumas clandestinamente, y la demandada
lo registró en una categoría laboral incorrecta, abonando
consecuentemente salarios por un importe menor al que
correspondía.

Maza. Gonzalez.

27.479/2005.
REICHERT, DINAL ENRIQUE C/ CABLEVISION S.A. YOTRO s/ DESPIDO.
21/05/09

SD. 96.685.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

Sala II.
SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 96.685 SALA II
Expediente Nro.: 27.479/2005 (Juzg. Nº 16)
AUTOS: “REICHERT, DINAL ENRIQUE C/ CABLEVISION S.A. Y OTRO s/ DESPIDO”
VISTO Y CONSIDERANDO:
En la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de mayo de 2009, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:-LEER FALLO COMPLETO- Leer más…

Categorías:Fallos laborales

ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPROCEDENCIA.

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Leer desde la corte
CONCURSOS: ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGACION. IMPROCEDENCIA. INCUMPLIMIENTO LC 70.

49.

La decisión del magistrado de grado de rechazar la homologación
del acuerdo preventivo extrajudicial resulta ajustada a derecho,
pues, en el caso, se carece de la debida certeza acerca de la
existencia y cuantía de los activos y pasivos declarados por la
deudora, impidiendo al juzgador realizar un control de
legalidad sustancial -como director del proceso, artículo 274
LCQ- sobre la situación económica patrimonial de la apista y así
esclarecer la verdad en lo referente a la composición y
valuación de su pasivo real, de modo de asegurar la autenticidad
de las bases que permitan sustentar la legitimidad del acuerdo
alcanzado. Ello en tanto, las facultades del juzgador
comprenden el análisis de todos los elementos que hacen a la
corrección procedimental y la concreción de los valores
superiores del ordenamiento jurídico (cfr. Alegría, Héctor,
“Facultades del Juez e interpretación de las normas sobre Acuerdo
Preventivo Extrajudicial”, La Ley, Suplemento especial), sin que
se advierta la posibilidad a esta altura del proceso de acudir a
algún remedio intermedio como podría ser una “sindicatura ad
hoc” o forma equivalente, debido al grado de avance de aquél que
es dable apreciar en el subexamine -cfr. fallo J.N.Com. N° 16
in re: “Modo Sociedad Anónima de Transporte Automotor s.
acuerdo preventivo extrajudicial”, del 18.05.04). A más, las
conformidades acompañadas contienen diversas irregularidades que
no hacen más que reafirmar la conclusión de que el APE propuesto
en el sub lite de todos modos no puede prosperar. Es que no se
ha cumplido en el caso con el recaudo previsto por el artículo
70, LCQ en punto a la agregación de los “documentos
habilitantes de los firmantes” que permite el control acerca de
los alcances del facultamiento de los comparecientes en relación
al contenido jurídico del acto que otorgan en representación de
personas jurídicas y físicas, falencia que impide que pueda
darse aquiescencia a estos acuerdos al desconocerse si sus
otorgantes revisten efectivamente la representación que invocan.

Uzal – Míguez – Kölliker Frers.

9214/08
PROTEL SERVICIOS SA S/ ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL (ED
16.2.10, F. 56263).
15/09/09

Cámara Comercial: A.

Ley 24522: 274.
Ley 24522: 70.

FPV5