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Ley de empleo. Trabajo clandestino y ley 24.013.

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CONTRATO DE TRABAJO.
Ley de empleo. Trabajo clandestino y ley 24.013.
REICHERT, DINAL ENRIQUE C/ CABLEVISION S.A. Y OTRO S/ DESPIDO.DOC
LEER DESDE LA CORTE
Arts. 8/10 y 15 L.N.E. art. 1 de la ley 25.323.

La ley 24.013 creó un sistema específico para multar el trabajo
clandestino. Por ello, el sistema de los arts. 8/10 y 15 L.N.E.
sanciona fundamentalmente la falta de registración que coloca al
dependiente en situación irregular, y secundariamente penaliza
la inscripción defectuosa en relación a la verdadera fecha de
ingreso o al real salario percibido por el dependiente, y por
efecto tributario (cfr. arts. 8, 9 y 10 citados). El art. 1 de
la ley 25.323 vino a completar ese esquema legal, de manera que
tales consideraciones son aplicables al caso en que -aun no
mediando esa situación de clandestinidad-, el trabajador no
acreditó haber percibido sumas clandestinamente, y la demandada
lo registró en una categoría laboral incorrecta, abonando
consecuentemente salarios por un importe menor al que
correspondía.

Maza. Gonzalez.

27.479/2005.
REICHERT, DINAL ENRIQUE C/ CABLEVISION S.A. YOTRO s/ DESPIDO.
21/05/09

SD. 96.685.

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

Sala II.
SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 96.685 SALA II
Expediente Nro.: 27.479/2005 (Juzg. Nº 16)
AUTOS: “REICHERT, DINAL ENRIQUE C/ CABLEVISION S.A. Y OTRO s/ DESPIDO”
VISTO Y CONSIDERANDO:
En la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de mayo de 2009, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:-LEER FALLO COMPLETO-
I. Contra la sentencia de primera instancia de fs. 416/22 se alzan las codemandadas Telecableados S.A. y Cablevisión S.A. en los términos de los escritos de fs. 425/6 y 445/50, respectivamente, y la parte actora a mérito del memorial obrante a fs. 428/33.
La coaccionada Telecableados S.A. se agravia por el período que corresponde contabilizar para determinar el monto de la condena impuesta por el pago de salarios al actor en base a una categoría laboral inferior a la correspondiente a la índole de las tareas efectivamente desarrolladas. Asimismo cuestiona la fecha desde la que deben computarse intereses respecto de aquéllas, y por último se queja de la omisión de decidir en materia de costas.
El actor se agravia de la sentencia apelada, por cuanto: a) considera desacertado el juzgamiento efectuado acerca de la ilegitimidad de la medida resolutoria adoptada por su parte; b) el período de las diferencias salariales a que considera que tiene derecho resulta mayor al admitido; c) la condena en concepto de salarios por “guardias pasivas” resulta menor del que –a su entender- corresponde; d) no fue admitido el reclamo por los francos no gozados; e) fueron desechados los créditos peticionados con apoyo en la ley 24.013; salarios por suspensiones; horas extraordinarias en días feriados y franco e integración del mes de despido; y f) fue desestimada la integración del mes de despido.
La codemandada Cablevisión S.A. se queja por que en el decisorio apelado se la condenó solidariamente responsable en los términos previstos por el art. 30 de la LCT, y asimismo se agravia de la condena por ciertos rubros salariales.
II. Por razones de estricto orden metodológico analizaré en primer término los agravios deducidos por la parte actora, quien en primer lugar se queja del juzgamiento efectuado en la sentencia de grado por el que se consideró que la decisión resolutoria del contrato de trabajo adoptada por el trabajador resultó intempestiva, pues para su adopción no se aguardó que transcurriera el plazo de 48 horas que el propio trabajador había otorgado en su anterior interpelación bajo apercibimiento de considerarse despedido (ver fs. 417).
Argumenta la parte actora que “…aunque resultare supuestamente prematuro el despido indirecto, la patronal continuó injuriando al trabajador al no cumplir con la recategorización pedida –a la que, por otra parte, hace lugar la sentencia en crisis- y tampoco pagó las diferencias salariales y horas extras reclamadas, motivos por los que el actor se encontraba también injuriado…” (ver fs. 428, últ. párr.). Asimismo sostiene que la “situación de injuria” subsistió en la respuesta otorgada el día 10 de diciembre de 2003, y asevera que nada hubiera cambiado si Reichert para considerarse despedido hubiera aguardado 24 horas más para que se cumpla el plazo de 48 horas que había impuesto, a la cual agrega que este último fue “…para que la intimación del trabajador no quede diferida sine die y como plazo máximo de contestación…” (fs. 429, 2° párr.).
Luego de resumir la posición adoptada por la parte actora contra dicho segmento del decisorio, considero que no le asiste razón. Ello así por cuanto –a mi modo de ver- los argumentos que expone la quejosa no rebaten la cuestión sustancial del juzgamiento atacado, consistente en que el actor no aguardó el término que él mismo había impuesto “como plazo máximo de contestación”, lo cual evidencia -sin hesitación- que el despido indirecto resultó “prematuro” como parece reconocer la recurrente en la transcripción efectuada en el párrafo anterior, e implica un serio quebrantamiento de los principios de buena fe y de continuidad del contrato de trabajo (arts. 63 y 10 LCT), que deriva inexorablemente en la ilegitimidad de dicha medida. Corresponde remarcar que resulta irrelevante a los fines que aquí se tratan el hecho de que fuesen reales los incumplimientos por los cuales el actor intimará bajo apercibimiento de denunciar el contrato laboral, ni tampoco que la accionada desconociera aquéllos luego del distracto, pues la valoración de la justificación del despido conforme a lo dispuesto por el art. 242 LCT debe realizarse al momento en que aquél es declarado, y lo jurídicamente relevante en el sub lite consiste –reitero- en que al momento en que el trabajador decidió poner fin a la relación laboral, no existía una “justa causa” que lo habilitase a dicha medida resolutoria, ya que no había fenecido el plazo que él mismo había otorgado para dar posibilidad al diálogo, y para que la demandada reviera su posición acerca de tales requerimientos.
Con apoyo en las consideraciones expuestas, y tal como anticipara, voto por confirmar lo decidido en la sentencia apelada acerca de la ilegitimidad del despido indirecto del caso.
III. En la sentencia apelada se consideró que las tareas que el actor describiera en el escrito inicial, “concernientes a informar el mantenimiento requerido, corte de señal, desperfectos en la recepción de la red, etc. (v. fs. 16 vta.)” fueron reconocidas por las accionadas, al no haber sido cuestionadas en los respectivos escritos de contestación de demanda (conf. art. 356 inc. 1° CPCCN). Sobre dicha base, el Dr. Alberto M. González valoró, que si bien no se invocaron ni demostraron las funciones atinentes a la categoría de Técnico de Mantenimiento Electrónico que fueran invocados en la demanda, tales tareas resultan análogas a las que el art. 18° del C.C.T. 223/1975 asigna al Técnico de Líneas de primera categoría, aunque tuvo en cuenta que conforme a la declaración testimonial de Martínez el actor fue el ayudante de este último en tareas relativas a instalaciones, desconexiones y mantenimiento de redes, por el período transcurrido entre mediados de 2002 y mediados de 2003, momento a partir del cual el actor asumió las labores de las que era responsable dicho deponente.
Sobre tales pautas, el Sr. Juez a quo concluyó que la categoría laboral que fuera asignada al actor por la ex empleadora resultó incorrecta, haciendo lugar a las diferencias salariales que surjan en la etapa prevista por el art. 132 de la LO, al considerar que al Sr. Reichert le correspondía “…la de Técnico de Líneas de segunda categoría desde la fecha invocada en la demanda (a dos meses de su ingreso, es decir, febrero de 2002) hasta mediados de 2003 y la de Técnico de Línea de primera categoría desde mediados de 2003 al dictracto” (fs. 418 vta, antepenúlt. párr.). Contra dicha solución se agravian las tres recurrentes aunque, a mi modo de ver, a ninguna le asiste razón.
La parte actora pretende que se aplique la “primera categoría” a partir de los dos meses del ingreso, pues argumenta que ello se ha basado en los dichos del testigo Martínez, “…ignorando que el resto de los testigos afirmaron que Reichert era el técnico que se ocupaba del funcionamiento de las líneas y que inclusive tenía ayudante…” (fs. 429 vta.). Sin embargo, la recurrente a continuación hace referencia al testigo Naboulet, por cuanto éste declaró que el actor era técnico de la empresa, mas de lo expuesto, amen de que dicho deponente prestaba tareas en calidad de cobrador, no surge cuál sería el error o desacierto del juzgamiento que pretende revertir, máxime si se considera que luego hace alusión a la testificación de Martínez, en lo que respecta a la descripción de las tareas de ayudante y a que el actor ocupó su lugar luego de que dicho deponente fuera ascendido en calidad de supervisor, los cuales precisamente –y al contrario de lo pretendido- dieron basamento a la decisión atacada.
La codemandada Telecableados S.A. entiende que las consideraciones efectuadas sobre este punto difieren y son incoherentes con la parte resolutiva sobre este punto, por lo que pretende que se revoque lo resuelto en la sentencia apelada, “…disponiéndose el cambio de categoría recién a partir de mediados de 2003 y no mediados de 2002 como se resolviera, ya que hasta que no sustituyera a Martínez no era mas que un ayudante…” (fs. 425 vta., últ. párr. y 426, 1er. párr.). Sin embargo, parece no advertir el recurrente que en la decisión cuestionada se deciden dos cambios en la categoría, como así también se resolvió que la categoría de auxiliar de línea no se compadecía con las labores efectivamente desarrolladas en calidad de ayudante, pues éstas correspondían a la categoría de Técnico de Líneas de segunda, consideraciones que no merecieron crítica por parte de la recurrente (art. 116 LO).
Finalmente, la accionada Cablevisión S.A. sostiene que el actor no individualizó las tareas que efectivamente desempeñaba, como asimismo que las tareas descriptas en el peritaje contable para la categoría en que se encontraba registrado el contrato de trabajo de Reichert de “ayudante de línea”, “…son las que –según los dichos del actor en su demanda- realizaba para Telecableados S.A….” (fs. 449 vta., pto. 29). Pero observo que la quejosa no cuestiona ni se hace cargo de lo argumentado en sentido contrario en la sentencia apelada, acerca del reconocimiento tácito de las tareas denunciadas en el escrito inicial, como así tampoco efectúa una crítica concreta y específica acerca de las razones por las cuales tales labores no permitían ser enmarcadas en las categorías convencionales decididas por el magistrado que me precede. No obstante lo expuesto, no puede soslayarse que el planteo recursivo resulta algo contradictorio, pues por un lado afirma que el actor habría omitido individualizar en el escrito inicial las labores que cumplimentaba, y por otro asevera que las tareas descriptas por el CCT aplicable al actor para un ayudante de línea son las que Reichert dijo haber realizado en la mencionada presentación inicial. En definitiva, permanece incólume el juzgamiento efectuado en la sentencia en crisis acerca de que las tareas descriptas por el actor en la demanda, y reconocidas por las accionadas (conf. art. 356 inc. 1° CPCCN) no se ajustaban a la categoría convencional en base a la que le eran liquidados sus salarios, y que debían ser enmarcadas en las correspondientes al Técnico de Línea de segunda y primera categoría del CCT 223/1975, por lo que corresponde confirmar dicho segmento del pronunciamiento recurrido.
IV. Corresponde ahora analizar los agravios que la codemandada Telecableados S.A. vierte contra la decisión de la sentencia en crisis en cuanto dispone la aplicación de intereses desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, pues considera que ésta resulta errada, y sostiene que los intereses deberían computarse “…desde el día en que venció el plazo de 48 hs. otorgado por la actora a fin que mi mandante recategorice al actor, es decir desde que fue constituido en mora…” (ver fs. 426, lo remarcado pertenece al original).
Liminarmente corresponde precisar que no se advierte una correspondencia entre la decisión atacada y la argumentación efectuada, pues lo que la demandada parecería cuestionar es el momento desde el que debe considerarse que son debidas las diferencias salariales derivadas de la categoría laboral que correspondía al actor, ya que creo que no existe margen para cuestionar la aplicación de intereses a partir de la exigibilidad de los créditos (art. 622 Código Civil).
En tal ilación, cabe memorar que el artículo 137 de la LCT expresamente dispone que la mora en el pago se produce en forma automática por el simple vencimiento de los plazos señalados en el art. 128 de la LCT, por lo que lo argumentado acerca de la constitución en mora resulta contrario al orden normativo vigente, por lo que corresponde desechar este segmento del recurso.
V. Se agravia la parte actora por cuanto la reclamación efectuada por diferencias salariales por las “guardias pasivas” prestadas por el actor, fue receptada en la sentencia apelada tomándose únicamente el valor simple de las horas correspondientes a aquéllas, desestimándose por ende el recargo del 100% que fue requerido en el escrito inicial. A tal efecto, hace hincapié la parte actora en que durante el desarrollo de tales guardias el actor no podía disponer libremente de su tiempo, y que la situación podría equipararse con una situación en la cual, por determinadas circunstancias, el empleador no otorgase tareas al trabajador, pues en tal hipótesis no podría sostenerse que ello habilite a no pagar “…las horas que está a disposición…” (fs. 429 vta., últ. párr.).
Los argumentos que expone la quejosa lejos están de constituir una crítica concreta y pormernorizada de los sólidos argumentos que expusiera el Dr. Alberto M. González para arribar al juzgamiento que pretende modificar, conforme lo exige el art. 116 de la LO. Sin perjuicio de ello, y en aras de salvaguardar el derecho de defensa de la parte y del criterio restrictivo que –en mi opinión- debe aplicarse para declarar la deserción del recurso, habré de abordar la temática sobre la que versa este segmento del recurso.
Al respecto, cabe precisar que si bien resulta atinado lo expuesto por la parte actora en el sentido de que durante el tiempo en que perdura la “guardia pasiva” el trabajador se halla a disposición del empleador, y que por lo tanto no puede disponer libremente de su tiempo, por lo que debe ser remunerado, lo cierto es que dicho derecho a la percepción de salarios por la prestación de tales “guardias” no fue soslayado por el Sr. Juez a quo, sino que –con criterio que comparto- la cuestión sustancial de la decisión giraba en torno a la medida en que debían ser remuneradas aquéllas.
Sobre este punto en particular, comparto el criterio expuesto por la Sala III de esta Cámara en la causa “Pelle, Jorge Sebastián c/Sky Cop. S.A. s/desp. (S.D.89380 del 28/12/2007), en el sentido que “El caso de la guardia pasiva es un híbrido respecto de la definición del artículo 197: durante su transcurso el trabajador es libre de usar su tiempo a su voluntad, por lo que no es apropiado decir que no puede disponer de su actividad en beneficio propio; pero al mismo tiempo se halla obligado a acudir cuando es convocado, por lo que tampoco puede negarse que está a disposición del empleador. El artículo 103, sin embargo, zanja toda duda clasificatoria al condicionar el salario a la disponibilidad del trabajo para el empleador, restando relevancia al hecho concreto de la prestación del servicio”.
Asimismo se sostuvo en el citado precedente “…que, si bien el tiempo de guardia pasiva (sin prestación efectiva de servicio) ha de ser retribuido, no puede equipararse a la hora efectivamente trabajada en horario suplementario. El concepto “estar a disposición” debe interpretarse con razonabilidad, para adecuarlo a las peculiaridades de ciertas labores distintas de las que obreros y empleados desarrollan a “tiempo completo” en la industria y en el comercio, que son las figuras típicas tenidas en vista por el legislador (Carcavallo, Hugo R.” La jornada y el ‘estar a disposición’ en trabajos especiales”, en TySS, 1993, p. 891 y ss.).”
“De este modo, las horas extraordinarias son las que se ejecutan en un trabajo efectivo, tal como lo define en sentido estricto, el artículo 197 de la LCT, primer párrafo, en exceso de la jornada legal o por encima del límite convencionalmente fijado. Esta descripción no es satisfecha por las guardias pasivas: durante ellas, el trabajador dispone libremente de su tiempo en cuanto no sea requerido por el empleador; pone su fuerza de trabajo a disposición de la empresa, por lo que merece un salario; pero no presta efectivamente el servicio y dispone supletoriamente de su tiempo, por lo que ese salario pasivo no debe llevar recargo aunque exceda el límite legal de la jornada.” (ver voto del Dr. Ricardo A. Guibourg en el fallo referido)
Por lo demás, cabe agregar que la aseveración de la parte actora acerca de que “…es absolutamente verosímil que el trabajador era llamado asiduamente a reponer el servicio de cable…” (fs. 430), amén de que carece de todo sostén, no escapa a la valoración que, tanto en la sentencia apelada, como en los argumentos que en similar sentido expusiera, es atinente al caso de las denominadas “guardias pasivas”.
Para finalizar este segmento del recurso, considero que la determinación que efectuara el Sr. Juez a quo en uso de las facultades conferidas por los arts. 56 LCT y 56 LO del salario correspondiente por el tiempo puesto a disposición de la empleadora durante las guardias pasivas (equivalente al valor simple de la jornada, es decir sin recargo alguno) resulta razonable y adecuado, por todo lo cual, sugiero confirmar lo así decidido.
VI. Se agravia la parte actora del rechazo de la pretensión de la demanda en concepto de compensación por francos laborados. Asevera la parte actora que el plenario en que se fundara dicha decisión (n° 33 en autos “Casabone de Becerra, Blanca c/ Consorcio de Propietarios Alberdi 1626) no se conforma a la situación planteada en el sub lite, en el que la relación laboral se halla extinguida, resultando por ende imposible obtener el descanso compensatorio (fs. 430 vta.).
Si bien corresponde dejar a salvo mi opinión acerca de dicha cuestión, la cual resultaría favorable a la pretensión, pues tal como expusiera –entre otros argumentos- al expedirme en autos “Kolmaier, Rael Esteban c/ Derudder S.R.L. S/ Diferencias de Salarios” (S.D. n° 94.987 de fecha 14-05-2007 del registro de esta Sala) se trata de un “…supuesto de trabajo prohibido en la LCT, la obligación de resguardar la integridad psicofísica del trabajador está a cargo del principal (art. 75 LCT) y que la organización del trabajo -puesto por la L.C.T. en cabeza del principal- debe formularla respetando los descansos diarios y semanales. La falta de cumplimiento de esas reglas implica una situación de trabajo prohibido y las consecuencias de éste siempre están a cargo del empleador, no pudiendo causar un perjuicio adicional al dependiente ya agraviado por el incumplimiento de las leyes y reglamentos sobre tiempo posible y prohibido de labor (doc. arts. 40 y 44 LCT)…”, lo cierto es que dicha postura ha quedado en minoría en el referido precedente de esta Sala, por lo que por razones de economía procesal carece de sentido insistir en la misma.
Salvado lo anterior, y conforme al criterio mayoritario del Tribunal, considero que los argumentos del recurso son inatendibles, pues si bien los períodos de descanso mínimos a que da derecho la Ley de Contrato de Trabajo, sea que se trate del diario, semanal o hebdomadario, o de la licencia anual ordinaria, tienen un fin sanitario para el restablecimiento físico y psíquico del trabajador, por la que tales períodos no pueden ser compensados con dinero, pues –de ser así- se quebrantaría el mentado propósito que –vale aclarar- conforma los derechos mínimos inderogables del trabajador. Por ello es que la ley laboral, para el caso de que –por las razones que fueren- no le sean otorgados al trabajador dichos períodos de descanso, otorga al trabajador la facultad de gozar de aquéllos por su propia decisión, estableciendo a tal efecto la obligación de comunicar ésta al empleador y de hacerla efectiva en un determinado plazo de caducidad, como resultan los previstos por los arts. 157 y 207 LCT, vencidos los cuales el trabajador pierde la posibilidad de ejercitar dicho derecho. Ello no implica que no corresponda pagar los períodos de descanso efectivamente trabajados –extremo que resulta admitido en la sentencia de grado anterior- sino la pérdida del derecho a gozar de aquéllos en un futuro, al parecer –de hecho- la posibilidad de que se cumpla con el objetivo sanitario previsto por la ley, que –obviamente- no puede ser suplido con otra prestación de distinta naturaleza, razón por la que resulta irrelevante que el contrato laboral continúe –o no- vigente luego de transcurridos los plazos de descanso no observados, lo cual evidencia que no se trata de una mera cuestión formal.
Consecuentemente, voto por confirmar lo decidido en la sentencia apelada.
VII. Se queja la parte actora por cuanto en la sentencia de grado anterior fueron rechazadas las pretensiones resarcitorias con apoyo en la ley 24.013. Mas omite el recurrente expresar las razones o argumentos por los cuales considera desacertado el juzgamiento efectuado al respecto, reduciéndose este segmento del recurso a la mera disconformidad con lo resuelto en la instancia anterior, a lo cual cabe agregar mi moción acerca de la ilegitimidad del despido indirecto del caso (art. 116 LO).
Asimismo, y a modo subsidiario, plantea que debería admitirse la aplicación de la ley 25.323 “…que sancionan el grave incumplimiento laboral que significa la registración defectuosa como lo es la subcategorización del trabajador…” (fs. 430 vta.).
Considero que no es viable tampoco este segmento del recurso, pues aunque se encuentra demostrado que el trabajador fue inscripto en una categoría laboral distinta a la que correspondía de acuerdo a la índole de las tareas efectivamente ejercitadas, ello no implica la existencia de una relación laboral en la que hayan mediado pagos total o parcialmente clandestinos. Por ende, no se verifican, a mi juicio, los presupuestos previstos por la ley 25.323, pues amén de lo expuesto acerca de la categoría laboral del actor, no se ha producido una defraudación del sistema previsional al no observarse remuneración pagada en forma irregular.
Tal como esta Sala ya lo aclaró en casos anteriores (“Cedrón, Martín E c/ Cosméticos Avon y otros s/ despido”, SD Nº 94.320 del 4-7-06; “Galeazzi Bailon, Laura Mariana y oro c/ Visa Argentina SA y otro s/ despido”, SD Nº 95.011 del 29-5-07, entre otros), la 24.013 creó un sistema específico para multar el trabajo clandestino, y es indiscutible que lo que la normativa de referencia buscó es penalizar el trabajo total o parcialmente clandestino, en razón de que la clandestinidad priva al trabajador del goce de los beneficios sociales respectivos y provoca perjuicios a múltiples sujetos (trabajador, obra social, régimen tributario en general, etc).
Al no ser registrado (o siendo falsa, incompleta o incorrecta la registración) el dependiente no accede a los servicios de una obra social, no está cubierto por el régimen de la ley 24.557, no recibe asignaciones familiares, eventualmente se verá privado del subsidio por desempleo en caso de pérdida del trabajo y, en el futuro, no podrá gozar de la cobertura por vejez, invalidez o muerte que ofrece la ley 24.241.
A la par, la ley también pretende evitar la evasión en que incurre el empleador que no registra (o, reitero, registra falsamente en perjuicio del trabajador) una relación de trabajo.
Por eso, el sistema de los arts. 8/10 y 15 LNE sanciona fundamentalmente la falta de registración que coloca al dependiente en situación irregular, y secundariamente penaliza la inscripción defectuosa en relación a la verdadera fecha de ingreso o al real salario percibido por el dependiente en razón de los perjuicios que esos defectos pueden acarrear al empleado y por el efecto tributario ya aludido (cfr. arts. 8, 9 y 10 citados).
El art. 1 de la aquí invocada ley 25.323 vino a complementar ese esquema legal, de manera que tales consideraciones son aplicables al caso en el que, reitero, no media esa situación de clandestinidad pues el trabajador no acreditó haber percibido sumas clandestinamente, sino que la demandada registró al trabajador en una categoría laboral incorrecta y como consecuencia de ello abonó salarios por un importe menor al que correspondía.
Consecuentemente, juzgo que aún cuando la demandada debió haber registrado al actor en las categorías laborales precisadas en la sentencia apelada (y que he propuesto confirmar), ello no supone uno de los tipos legales previstos por el sistema de las leyes 25.323 y 24.013, lo que inhibe, a mi juicio, de castigar por un incumplimiento que -repito- la ley no ha tipificado como es el del defectuoso registro de la jornada laboral.
Voto, entonces, por desestimar la pretensión recursiva del actor y confirmar el decisorio de primera instancia.
VIII. Se queja el actor por cuanto en el decisorio recurrido se consideraron justificadas las suspensiones impuestas los días 1 y 20 de noviembre de 2003, y en consecuencia se desestimó el reclamo de la demanda por los salarios caídos derivados de aquéllas.
En relación a la primera de ellas, considero que la queja resulta viable. Al respecto, es menester precisar que la causal que fuera invocada por la accionada para la sanción, consistió en imputar al Sr. Reichert que contradijo una orden del supervisor, al indicar a un compañero suyo -Sr. Morel- que pusiese en marcha la camioneta de la empleadora que éste conducía, hasta la siguiente estación de peaje de la autopista 25 de mayo, y que como consecuencia de dicho proceder, el vehículo resultó dañado.
Al respecto, cabe remarcar que, como señalara la apelante, el actor no era superior jerárquico del Sr. Morel ni se encontraba a cargo del vehículo averiado, lo cual denota que la acción dañosa fue concretada por el Sr. Morel por voluntad propia, y conociendo que ésta resultaba contraria a la directiva impartida por el supervisor, Sr. Martínez. Nótese que no fue invocado –y menos probado- que el actor haya ejercitado algún ardid o engaño, ni tampoco que ejerciera violencia sobre Morel, como para que éste desoyera la orden que había recibido de Martínez acerca de cómo debía proceder.
No obstante lo expuesto, considero que tampoco existen elementos de prueba que evidencien el accionar que le es reprochado al demandante. En primer lugar observo que el supervisor Martínez, al referirse acerca de este episodio en el testimonio prestado en autos (ver fs. 369/74), manifestó que se produjo una “confusión”, lo cual deja a entrever que habría existido un desentendimiento acerca del modo de proceder, a lo que se suma que lo expuesto por este deponente acerca de la hipotética directiva del actor en sentido contrario a las órdenes impartidas por éste, fue en base a los dichos del Sr. Morel, lo cual revela un conocimiento meramente referencial acerca de los hechos imputados para sancionar.
Por lo expuesto, únicamente quedaría el testimonio de Morel para analizar lo ocurrido, quien declaró en la causa a propuesta de la codemandada Telecableados S.A. (ver fs. 83 y acta de fs. 383/5), aunque liminarmente debe repararse en que este deponente fue quien, en definitiva, realizó la maniobra provocadora del daño y que –hipotéticamente- contradijo la directiva del supervisor, razón por la que sus dichos, intentando diluir su responsabilidad en el evento, no pueden ser reputados –por sí solos- convictivos. A lo expuesto, se suma que al referirse en un primer momento acerca de lo ocurrido, expresó que “…cree que el actor le dijo al testigo que fuera hasta el peaje que así se iban…” (fs. 384), lo cual revela que el deponente carecía de precisión acerca de lo que supuestamente le habría dicho el actor, por lo que cabe concluir que no se encuentran probados los extremos fácticos que invocara la demandada para aplicar la sanción impugnada (arts. 90 LO y 386 CPCCN).
Consecuentemente, propongo revocar lo decidido al respecto en la sentencia apelada, y hacer lugar a la pretensión por los salarios caídos por la suspensión que aplicara la demandada el día 1° de noviembre de 2003, al carecer esta de una justa causa (art. 218 LCT), cuyo calculo deberá efectuar el perito contador en la etapa procesal prevista por el art. 132 de la LO, conforme a las pautas determinadas en la sentencia de grado anterior, que arriban firmes a esta instancia revisora.
En lo que atañe a la suspensión de tres días impuesta en fecha 20 de noviembre de 2003, observo que la negativa a restablecer el servicio producido por un corte de señal en la zona de Bernal Oeste que fuera imputada para aplicar dicha sanción, fue admitida en la impugnación formulada por el trabajador mediante telegrama de fecha 1° de diciembre de 2003 (ver copia a fs. 306 e informe del Correo Argentino de fs. 315), a poco que se repare en que allí expuso que “…en el supuesto en responde cumplo en aclarar que al carecer de autorización del supervisor para la tarea que describe no correspondía realizarla pues contraría directivas de la empresa…” y que “…la función de mantenimiento de red corresponde a una categoría y grupo salarial más alto, siendo que me retribuyen como auxiliar de línea…”. Tales dichos evidencian que, como analizara el Sr. Juez a quo, la negativa de tareas del actor existió y se fundamentó en que éstas correspondían a una categoría superior, razón por la que corresponde confirmar la valoración efectuada al respecto en el decisorio de grado anterior, en cuanto a que dicha actitud reticente aparece reñida con el deber de buena fe (fs. 418), aspecto que no mereció cuestionamiento específico en el escrito recursivo, por lo que –además de ser compartida- arriba firme a esta instancia.
IX. Los agravios que deduce la parte actora en el último párrafo de fs. 432 acerca del pago de horas extraordinarias en días feriados y francos carecen de asidero. Ello así a poco de observar que en el escrito inicial se aseveró que el trabajador prestaba tareas en jornadas de nueve horas diarias de lunes a viernes y los días sábado en el horario de 9 a 13, agregando que además cumplía “guardias pasivas” en días sábado y domingo por medio en los horarios de 13 a 22 y 8 a 22, respectivamente (fs. 16 vta., 4° párr.). Por otro lado, aprecio que en la sentencia de grado se consideró demostrada la extensión de dichas jornadas laborales, y sólo se redujo la relacionada con la duración de las guardias pasivas, con lo cual no se explica qué segmento de la sentencia es el que pretende revertir la quejosa en dicho punto, pues en la hipótesis de que se trate del recargo pretendido por la duración de las “guardias pasivas”, dicha cuestión ha sido analizada al tratar los agravios referidos expresamente al respecto.
X. Aunque tampoco resulta del todo claro el objeto del intitulado “OCTAVO AGRAVIO SOBRE MES DE INTEGRACION”, corresponde precisar que conforme a la solución que he propuesto mantener acerca de la ilegitimidad del despido resuelto por el actor, no corresponde la indemnización por la integración del mes de despido, aunque sí –lógicamente- los salarios por los días trabajados en dicho mes.
XI. Corresponde ahora dar tratamiento a los agravios deducidos por la codemandada Cablevisión S.A. en relación a la responsabilidad solidaria que, respecto de ésta, fue decidida en la sentencia apelada en los términos del art. 30 de la LCT. Allí se valoró que dicha codemandada admitió que su actividad normal y específica es la prestación de servicio de televisión por cable y que subcontrató con la empleadora del actor el mantenimiento y reposición de cableado -defensa que reitera en el escrito dirigido a este Tribunal (fs. 446, pto. 6)-, y que a pesar que dicha delegación importaba un aspecto relevante de su actividad, en la causa se demostró que además comprendió la distribución de revistas de programación y la cobranza del servicio a los clientes, como así también que el actor recibía órdenes directas de personal de Cablevisión. También se tuvo en consideración que del contrato que celebraran ambas codemandadas se desprende que Telecableados S.A. se obligó a proveer e instalar la red de calle, las conexiones domiciliarias y el mantenimiento del servicio de TV por cable en determinadas zonas, como así también todos los servicios necesarios para la correcta prestación de dicho servicio y su mantenimiento administrativo, entre los que se detallan las cobranzas, eliminación de conexiones clandestinas, reparto de revistas y correspondencia de Cablevisión, service e instalación de equipamiento, “…y toda otra operatoria que Cablevisión le encomendara en concordancia con similares gestiones realizadas por Cablevisión para el resto de las zonas aledañas a cada anexo en las cuales Cablevisión por sí presta servicios a clientes…” (ver fs. 422).
Las mencionadas circunstancias que –entre otras- fueron expuestas en la sentencia apelada, no merecieron cuestionamiento de la quejosa, y evidencian en forma abrumadora que las tareas efectuadas por el actor efectivamente resultaban atinentes a la actividad normal y específica de la recurrente, compartiendo la conclusión del Dr. Alberto M. González en el sentido que existió “…una verdadera cesión de su actividad principal, normal y específica pues la empleadora del demandante tomó a su cargo todas las tareas inherentes a la instalación de la red y de las conexiones domiciliarias, su reparación y mantenimiento, la atención al cliente, la gestión administrativa y la cobranza del servicio, tareas sin las cuales no se concibe el funcionamiento de servicio brindado por Cablevisión…” (fs. 422, últ. párr.).
Finalmente, no veo ocioso puntualizar que, a mi modo de ver, el sólo cumplimiento de las reglas de control introducidas por la ley 25.013 en el art. 30 LCT no desactiva la responsabilidad vicaria.
Tal como lo he señalado al comentar dicho precepto (Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Editorial La Ley SA, Buenos Aires, 2006, págs. 66 y stes.), la ley 25.013 no aprovechó la ocasión legislativa para terminar con las discrepancias interpretativas que rodean al precepto y, en cambio, introdujo un nuevo problema en torno a este punto.
En efecto, la duda la genera el párrafo cuarto –que importa en el caso bajo análisis- en cuanto dispone que el incumplimiento de algunos de los recaudos de control hará responsable solidariamente al principal cedente o contratante por las obligaciones de los cesionarios, contratistas y subcontratistas respecto del personal ocupado en la prestación de los trabajos o servicios respectivos.
A mi manera de ver, la intención del legislador no fue condicionar la solidaridad a que se produzcan estos incumplimientos ni crear una fuente adicional de responsabilidad solidaria, sino que meramente buscó establecer con claridad el rol vigilante que le cabe al empresario principal (cedente y/o contratante) que cede su establecimiento o parte de éste o bien delega actividades que forman parte de su objeto específico, así como darle derechos para defenderse ante la posible responsabilidad vicaria o en garantía que podría tener que asumir luego.
Lo expuesto resulta suficiente a fin de aventar los agravios por la demandada Cablevisión S.A. sobre este punto, y confirmar la responsabilidad solidaria impuesta en la sentencia apelada.
XII. Se queja la codemandada Cablevisión S.A. de la condena impuesta en concepto de diferencias salariales por haber prestado tareas el actor en horas suplementarias. Sin embargo, aprecio que la queja se limita a una mera disconformidad con dicha decisión, y a mencionar lo dicho por el testigo Martínez en el sentido que el actor no hacía horas extraordinarias, lo cual de manera alguna evidencia que el juzgamiento que pretende revertirse haya resultado equivocado o desacertado, pues en primer lugar tengo presente que la recurrente omite siquiera exponer cuál sería entonces la extensión de la jornada que consideraba acreditada, y en base a qué elementos, y además, aprecio que la mentada aserción del testigo Martínez carece de relevancia, en tanto este deponente no precisó concretamente cuál era la cantidad de horas trabajadas, aunque sí expuso que el actor trabajaba de lunes a sábado y que se hallaba obligado a cumplimentar las “guardias pasivas” semana por medio.
Por otra parte, arriba exenta de crítica la valoración del sentenciante de grado –en la que coincido- en cuanto a que la prestación de tareas por parte del actor de lunes a viernes en el horario de 8 a 17 y días sábado de 9 a 13 fue corroborada mediante las declaraciones testimoniales de Naboulet y Savestri, ya que si bien éstas fueron impugnadas, no existió cuestionamiento concreto en los escritos respectivos acerca de tal extremo fáctico (ver fs. 419, 1er. párr.).
En base a lo expuesto, propongo confirmar la condena impuesta por las referidas diferencias salariales.
XIII. Resta analizar los agravios que formulan la parte actora y la codemandada Telecableados S.A. por la decisión adoptada en la sentencia apelada de diferir la imposición de las costas.
La queja es atendible, pues el pronunciamiento sobre costas es requisito legal de la sentencia definitiva de primera instancia (conf. art. 163 inc. 8 CPCCN), por lo que corresponde a este Tribunal subsanar la omisión planteada por las recurrentes (art. 278 ídem). Al respecto, tengo presente que la solución que sustancialmente propicio confirmar, aunque desestima los resarcimientos derivados del despido indirecto por haber carecido éste de justa causa, no puede soslayarse que el demandante resulta vencedor en las cuestiones relativas a las diferencias salariales reclamadas por no ajustarse su remuneración a su real categoría laboral; horas suplementarias trabajadas y no abonadas; guardias pasivas prestadas; y por aplicación de una suspensión por diez días, cuestiones cuya discusión también ha cobrado relieve en el pleito. Ante la clara existencia entonces de vencimientos mutuos, y también teniendo presente que en este tema (costas) no es forzoso en todos los casos atenerse a un criterio exclusivamente aritmético, lo cual así he venido resolviendo en consonancia con los criterios mayoritarios imperantes en la jurisprudencia de esta Sala que integro, es que considero pertinente en el caso concreto, acudir al dispositivo contemplado por el art. 71 del código procesal, dentro de un marco de razonabilidad. Por ello, mociono imponer las costas de la anterior instancia en un 60% solidariamente a cargo de las demandadas, y el restante 40 % a cargo del trabajador.
XIV. En atención a la suerte obtenida por los recursos en esta instancia, sugiero que las costas de alzada sean impuestas del mismo modo que las de la instancia anterior, regulando a tal fin los honorarios de los letrados intervinientes por las partes actora y codemandadas Telecableados S.A. y Cablevisión S.A., en el 3,8%, 3,5% y 3,5% del monto reclamado en la demanda (fs. 19) sin inclusión de intereses (art. 14 ley arancelaria).
La Dra. Graciela A. González dijo:
Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza, por análogos fundamentos.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada, y elevar el monto de condena conforme a la propuesta que surge del punto VIII del primer voto de este acuerdo; 2) Imponer las costas de la instancia anterior en un 60% solidariamente a cargo de las demandadas, y el restante 40% a cargo del actor; 3) Confirmar el decisorio recurrido en todo lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; 4) Declarar las costas de Alzada del mismo modo que las de la instancia anterior; 5) Regular los honorarios por su actuación en Alzada de los letrados intervinientes por las partes actora y codemandadas Telecableados S.A. y Cablevisión S.A., en el 3,8%, 3,5% y 3,5% del monto reclamado en la demanda (fs. 19) sin inclusión de intereses. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González Miguel Ángel Maza
Juez de Cámara Juez de Cámara
(MCF)

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Categorías:Fallos laborales
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