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DAÑO AL EMPLEADOR. Improcedencia.

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INDEMNIZACION AL EMPLEADO POR DAÑOS Y PERDIDAS – DAÑO AL
EMPLEADOR.
Improcedencia. Necesidad de dolo o culpa grave del trabajador.
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 96150. DOC
art. 87 LCT.LEER DESDE EL SITIO DE LA CORTE.

De conformidad con lo dispuesto por el art. 87 LCT., el
trabajador sólo deberá responder por los daños que ocasione a
los bienes del empleador cuando actúe dolosamente, es decir, con
el propósito deliberado de causarlos (sabotaje, destrucción de
un máquina en forma intencional) o con culpa grave, que importa
la omisión de aquellas diligencias elementales destinadas a
conservarlos. Los daños culposos u ocasionados por culpa simple
están excluidos de la responsabilidad impuesta por dicha norma,
ya que el empleador debe asumir el riesgo propio de su empresa
(Legislación del Trabajo Sistematizada, Comentada, Anotada y
concordada pág. 107 Ed. Astrea). La norma, a la par que amplía
el universo de bienes cuyos daños puede dar lugar a una
reparación, exige que el trabajador haya actuado con intención
de dañar o que tales daños sean consecuencia de un obrar
temerario. No es el caso de la trabajadora que, por error,
guardó en el freezer frascos de insulina que no deben
congelarse. Para más en el caso se demostró que la heladera no
poseía termómetro que la orientar en cuanto a la temperatura o
función que desarrollaba en el momento en que ocurrió el hecho.

Pirolo. Maza.

16.388/06
Berengue Carina c/ ABC SA s/ despido.
30/10/08

SD. 96150.

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO.

Sala II.
SENTENCIA DEFINITIVA Nº: -LEER MAS-96150 SALA II

Expediente Nro.: 16.388/06 (Juzg. Nº 57)

AUTOS: “BERENGUE CARINA ALEJANDRA C/ABC S.A. s/Despido”

VISTO Y CONSIDERANDO:
En la Ciudad de Buenos Aires, el 30/10/08, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
Miguel Ángel Pirolo dijo:
La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial y rechazó la reconvención deducida por la parte demandada.
A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte demandada, en los términos y con los alcances que explicita en su expresión de agravios (fs. 283/287). A su vez, cuestionó la regulación de honorarios profesionales efectuada en favor de la parte actora, del perito contador y del perito ingeniero, por considerarlos elevados. Asimismo, la perito contadora y el perito ingeniero, cuestionan la regulación de honorarios efectuadas en su favor, por considerarlos bajos.
Al fundamentar el recurso, la recurrente se agravia porque el a quo consideró que no se había acreditado la causal de despido de la actora y porque había desestimado la reconvención por considerar que tampoco estaban acreditados los hechos que la motivaron. Por las razones que -sucintamente- se han reseñado, solicita se rechace la demanda, se haga lugar a la reconvención y que, en definitiva, se condene a la actora a abonar las sumas que debió afrontar la empresa como consecuencia de su descuido, error o negligencia.
Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término los agravios expresados con relación al despido.
Al fundamentar el recurso, la parte demandada se agravia porque, a su juicio, se acreditó en debida forma la causa que la llevó a disolver el vínculo laboral con la accionante.
La empleadora despidió a la actora mediante c.d. del día 17 de abril de 2004 en los siguientes términos: “Rechazamos su telegrama de fecha 11/4/06 por improcedente, falso y malicioso. Ratificamos la suspensión impuesta oportunamente en razón de perjuicios ocasionados a la empresa por su conducta negligente en la administración y cuidado de medicamentos a su cargo. Tal circunstancia fue por usted consentida mediante nota remitida a nuestra sede social con fecha 17/3/06 admitiendo el error cometido y asumiendo las siguientes consecuencias. Negamos inexistencia de termómetros para controlar temperatura de heladeras y refrigeradores, instrumentos que eran de su uso habitual. Atento su negativa a asumir responsabilidades propias de su función, desdiciéndose de la aceptación de faltas cometidas, consideramos que su actitud constituye grave injuria laboral. Asimismo, el jueves 13/4/06 usted se retiró de su lugar de trabajo sin cerrar las puertas de acceso al local comercial, tarea que también tenía a su cargo, lo cual ocasionó que se active la alarma de seguridad, situación que fue comunicada por la empresa de monitoreo ADT, teniendo que concurrir personal de ABC conjuntamente con la empresa de seguridad Tavi S.A. a constatar dicha anomalía. Por todo ello, se le notificaba su despido por justa causa”. (ver fs. 22).
La Sra. juez de primera instancia en sustento de su decisión favorable a la parte actora, señaló que la conducta negligente en el cuidado de los medicamentos ya había sido sancionada, por lo que no podía ser nuevamente valorada en virtud del principio procesal “non bis in idem”; y, con relación al supuesto incumplimiento consistente en haber dejado las puertas abiertas del establecimiento, consideró que no había sido acreditado por lo que, en definitiva, hizo lugar a las pretensiones indemnizatorias de Berengue.
De la lectura detenida de la comunicación resolutoria (fs. 22), resulta que, en realidad, la accionada procedió a disolver el vínculo de trabajo, debido a la negativa de la actora a asumir responsabilidades propias de su función, desdiciéndose –supuestamente- de la aceptación de faltas cometidas (lo que consideraba grave injuria laboral); y por el hecho ocurrido el día 13 de abril de 2006, en que se retirara del lugar de trabajo sin cerrar las puertas del establecimiento. La recurrente en la presentación recursiva no expresa agravio alguno relacionado con que la accionante no habría aceptado responsabilidades propias de su función, “desdiciéndose de las faltas cometidas” y su crítica está referida únicamente a la supuesta acreditación del retiro del establecimiento sin cerrar las puertas.
Sentado lo expuesto, como la recurrente se agravió por el modo en que la Sra. juez a quo valorara la prueba producida para tener por no acreditada la injuria que diera lugar a resolver el vínculo laboral, resta determinar entonces si, efectivamente, tal como lo sostuviera la demandada en el responde y en el escrito recursivo, la actora el día jueves 13 de abril de 2006 se retiró de su lugar de trabajo sin cerrar las puertas de acceso al local comercial. De acuerdo con los términos en los cuales quedó trabada la litis, correspondía a la demandada acreditar el hecho injurioso precedentemente señalado (art. 377 CPCCN); pero, valorados los elementos de juicio aportados a esta causa, estimo que no lo ha logrado. Por lo pronto, observo que quedó incursa en la situación procesal de rebeldía prevista por el art. 86 de la LO (ver fs. 94); y ello lleva a tener por reconocidos los hechos alegados en el escrito inicial, máxime cuando no se ha producido prueba que desvirtúe la presunción legal que dicho estado procesal implica. En efecto, en virtud de la confesión ficta de la accionada, corresponde tener por reconocido que era falso que la actora el día 13 de abril de 2006 se haya retirado de su lugar de trabajo sin cerrar las puertas de acceso al local comercial (ver carta documento enviada por la actora transcripta a fs. 7 y afirmación de fs.8). Esta afirmación de la accionante –reitero- fictamente reconocida por la demandada-, no ha sido desvirtuada por prueba en contrario. En efecto, ninguno de los testigos que declararon a propuesta de la accionada aportan evidencia objetiva de que la actora, en la fecha precedentemente referida, se retirara de su lugar de trabajo sin cerrar la puerta del establecimiento. La testigo Franchino (fs. 133/134) si bien manifestó que la actora era la encargada de abrir y cerrar la puerta del establecimiento, lo cierto es que, luego de ello, indicó que el día en el que que ocurrió el incidente de la alarma ya se había retirado de la farmacia y que no recordaba la fecha exacta, ni el horario en que el supuesto incidente habría ocurrido. El testigo Eusebio (fs. 137), si bien al momento de iniciar su declaración con relación al supuesto hecho injurioso, refirió que la actora -cuando se retiró del lugar de trabajo- habría dejado la puerta abierta, lo cierto es que de su testimonio se desprende claramente que dice haberse enterado de este hecho a raíz del informe suministrado por el personal de seguridad al día hábil siguiente en que esto supuestamente ocurrió, por lo que sus dichos carecen de eficacia probatoria plena en la medida que evidentemente no tuvo conocimiento directo y personal de las circunstancias que describe (cfr. art. 90 LO). El testigo Sosa (fs. 146), declaró desconocer los motivos por los cuales había dejado de trabajar la actora y cómo era el sistema de cierre de la puerta de la farmacia, por lo que no aporta evidencia alguna del incumplimiento que se atribuyó a la accionante. La testigo Rocco (fs. 148) si bien declaró que luego del hecho ocurrido con la insulina, había recibido un llamado telefónico de la empresa de seguridad que le avisaba que se había activado la alarma de la farmacia porque había quedado la puerta abierta, explicó que, en dicha oportunidad, no había concurrido a la farmacia. Por otra parte, si bien indicó al final de su testimonio que era la actora quien el día del hecho le había hecho entrega de las llaves a la directora, lo cierto es que no puede dar razón de sus dichos por cuanto no estuvo presente en ese momento y aclaró tener conocimiento de ello porque “esa era la forma de hacer bien las cosas”. En definitiva, en las presentes actuaciones ninguno de los testigos ofrecidos por la demandada aportó evidencia objetiva de que haya sido la actora quien dejó abierta la puerta de la farmacia (cfr. art. 377 CPCCN).
Valorada la prueba testimonial precedentemente analizada, bajo la luz de las reglas de la sana crítica (art.386 CPCCN y 90 LO), sumado al estado procesal de rebeldía en la prueba confesional en el que se encuentra la accionada (cfr. art. 86 LO), que –como ya lo he señalado- lleva a tener por reconocido que era falso que la actora el día 13 de abril de 2006 se retirara de su lugar de trabajo sin cerrar la puerta del establecimiento, llego a la conclusión que –tal como lo señalara la Sra. juez de primera instancia- la empleadora no ha acreditado la supuesta omisión de cierre del establecimiento por parte de la actora que fue la circunstancia que la llevó a decidir la resolución del vínculo laboral con la Sra. Berengue. En tal contexto, propicio se desestime el agravio y se confirme el decisorio de grado en cuanto consideró carente de causa legítima la decisión resolutoria de la accionada.
Se agravia también la demandada porque la magistrada de la instancia anterior, desestimó la reconvención por considerar que la prueba producida no había sido suficiente para tener por acreditado el daño con fundamento en el art. 87 de la LCT. Destaca que la grave negligencia de la trabajadora quedó debidamente acreditada a través de las declaraciones testimoniales aportadas a la causa, en tanto confirman que los medicamentos estaban congelados y que, por ello, tuvieron que ser destruídos. En tal contexto, solicita se haga lugar a la reconvención y se condene a la actora a abonar la suma de $ 8.153,20.-, que debió afrontar la empresa ante su descuido, error o negligencia.
En base a las premisas expuestas, incumbía a la demandada acreditar la pérdida económica que le ocasionó el congelamiento de la insulina y que dicha pérdida guardaba relación de causalidad adecuada con el dolo o culpa grave de la actora en el ejercicio de sus funciones (cfr. arts. 377 CPCCN y art. 87 LCT).
La ex-empleadora manifestó en el escrito de reconvención (ver fs. 32 in fine) que la actora había cometido una falta irreparable que le provocó perjuicios económicos a la empresa debido a su “culpa grave” en el ejercicio de sus funciones. Relató que el día 15 de marzo de 2006, la Sra. Alejandra Franchino, Director Técnica de la farmacia, advirtió que la actora había almacenado insulinas en el freezer, en lugar de hacerlo en la heladera donde se almacenaban los medicamentos. Señaló que al momento en que fueron encontrados, la insulina ya estaba congelada y, ante ese acontecimiento, la Sra. Franchino dio aviso inmediato a la Sra. Claudia Sosa –Director de Obras Sociales de la Red de Farmacias- y al Sr. Eusebio –Director Farmacéutico-, quienes constataron en el momento que la insulina estaba congelada. Destacó, que al solicitarle explicaciones a la actora, ésta no pudo dar razón de “su grave negligencia” en la ubicación de los medicamentos, ocasionándole a la empresa una importante pérdida de dinero. Señaló, que no tuvo otra alternativa que retirar de la venta los medicamentos, debido a que se encontraba freezados y, por lo tanto, inhibidos de sus efectos curativos, teniendo que ser retirados del mercado. Puso de manifiesto, que la trabajadora debió haber actuado con debida diligencia y cuidado (cfr. art. 84 LCT) en su almacenamiento y refrigeración a fin de no causar daños como los que había provocado. Asimismo, relató que frente a lo ocurrido, la Sra. Franchino elevó un informe a su superior, Silvia Rocco –Supervisora de la Red de Farmacias-, quien en la misma fecha envió al Dr. Carlos Carrera un solicitud de sanción para la trabajadora por su mal desempeño y daños causados, destacando que “se trataba de una sub-gerenta de tanta experiencia”. Afirmó que como consecuencia de todo esto, el día 15 de marzo de 2006 le envió a la trabajadora la carta documento Nro. 0033147-8, notificándole que quedaba suspendida por un día en el ejercicio de sus funciones, a la vez que se le informaba la pérdida económica que por la suma de $ 8.153,20.- había sufrido la empresa. Asimismo, indicó que por razones internas OCA no remitió en tiempo y forma la misiva descripta, por lo que el día 18 de marzo de 2006 cuando la actora se presentó a trabajar, se le notificó la decisión de la empresa, procediendo a notificarse, firmó y consintió la sanción aplicada, circunstancia ésta que omitió describir en el escrito inicial. Señaló, que sin perjuicio de ello, la trabajadora el día viernes 17 de marzo de 2006, envió un e-mail a la Sra. Silvia Rocco, donde le informaba que adjuntaba un descargo con respecto a lo ocurrido con las insulinas y en el que reconocía expresamente que no había hecho bien las cosas, que había cometido un error creyendo que la temperatura no era de freezer sino de heladera y donde se hacía cargo del error y de sus consecuencias. Asimismo, indicó que el día 20 de marzo de 2006 le envió una carta documento a la actora notificándole nuevamente la suspensión, la que con fecha 11 de abril del mismo año fuera contestada por la trabajadora, desconociendo y negando los hechos, olvidando que ya los había reconocido por otros medio escritos (e-mail del 17/3/06) y verbales.
La trabajadora, al contestar la reconvención, manifestó que la empleadora no había cumplido con los requisitos formales del procedimiento previsto para las suspensiones disciplinarias, privándola de toda posibilidad de ejercer su derecho de defensa atento a que la suspensión ya se encontraba cumplida. Sostuvo que al no poder cuestionar oportunamente la medida disciplinaria, resolvió hacerlo mediante la carta documento enviada el 11 de abril de 2006, cuyos términos transcribe a fs. 54 vta./55. Destacó que paralelamente a lo acontecido, el día 17 de marzo de 2006, su superior –Silvia Rocco- le había remitido un e-mail requiriéndole información acerca de si las heladeras poseían termómetros y, en caso de no ser así, cuántos les estarían faltando. Señaló la actora, que tales termómetros jamás existieron, pese a los requerimientos oportunamente formulados. Con relación al hecho puntual que se le imputaba, negó haber congelado la insulina, como así también haber incurrido en alguna irregularidad, culpa grave o negligencia que justifique el progreso de la reconvención.
Sentadas las premisas expuestas, en virtud de las prescripciones establecidas por el art. 87 de la LCT, corresponde determinar si la trabajadora en el ejercicio de sus funciones obró con dolo o culpa grave.
Si bien quedó desconocida por parte de Berengue la impresión del e-mail que habría enviado a Silvia Rocco en el que la actora supuestamente asumía la responsabilidad de haber congelado las insulinas, en lugar de haberlas colocado en la heladera (ver fs. 25/26), por las razones que se puntualizarán a continuación, estimo que debe tenerse por acreditada la existencia del referido correo electrónico. De todos modos, por las razones que también he de explicar, estimo que la actitud y el reconocimiento efectuado por la accionante, no llegan a evidenciar que la pérdida de la insulina se haya debido al dolo o culpa grave de Berengue. Veamos. El testigo Franchino (fs. 132) declaró que la actora era la encargada de la farmacia; que tenía a su cargo hacer los pedidos en la droguería y recibirlos; que si bien no sabía exactamente el motivo por el cual habían despedido a Berengue, aclaró que suponía que era por el problema que tuvo con la insulina. Manifestó la testigo que cuando fue a la farmacia observó que las insulinas estaban en el freezer; que en ese momento le fue a mostrar al gerente del departamento de obras sosicales -Claudia Sosa- y al Dr. Eusebio; que juntos las revisaron y decidieron sacarla de la venta porque perdía la actividad como medicamento, que ya no servían. Asimismo manifestó la dicente que le informó lo sucedido a la gerente de la farmacia –Silvia Rocco- y que sabía que había sido la actora quien había guardado la insulina en el freezer porque ella era la única persona que estaba en la farmacia. Relató la testigo que le preguntó a la actora sobre lo acontecido y que ésta le respondió que pensó que estaba como refrigerador. Indicó la dicente que el freezer era para guardar los congelantes y que, además, poseen una función refrigerador para lo cual se debe mover una palanca; que los aparatos no son similares; que la heladera tenía puerta de vidrio y el freezer era horizontal y blanco; que no podía haber confusión en su almacenamiento. Que las insulinas se sacaron de la venta y se mandaron a destruir. El testigo Eusebio (fs. 137) declaró que la trabajadora había tenido un primer inconveniente ocurrido con la insulina que había colocado en el freezer; que no le constaba pero que la persona encargada de hacer esto era Berengue. Indicó que él mismo había podido verificar que las insulinas habían sido colocadas en el freezer dual, donde ya se encontraba stockeados geles refrigerados congelados y que por lógica las insulinas se congelaron y no pudieron ser utilizadas. Que las insulinas tuvieron que ser destruídas y que él mismo había dado la orden de hacerlo. Asimismo, refirió que la actora había asumido la equivocación, que había enviado un mail asumiendo su error y ofreciendo asumir sus costos; que al tiempo de esto la empresa recibió una carta documento de la actora, negando su responsabilidad. Que por cuestiones de stock en una par de farmacias se había colocado un freezer dual con la función refrigerador para guardar las insulinas. Que el dicente era director farmacéutico de la demandada y que por ello integraba el directorio. Que no era exigido por el órgano de policía que regula la actividad, colocar termómetros; que la normativa de la empresa era colocar controladores de temperatura que al momento del incidente de la insulina aún no habían sido colocados en las heladeras porque no eran equipamientos estandar. La testigo Sosa (fs. 146) declaró que sabía que la actora había tenido un inconveniente con las insulinas y que esto lo sabía porque Franchino –directora técnica- la había llamado para mostrarle que las insulinas estaban congeladas guardadas en el freezer; que sabía por las reuniones de directorio que se la había sancionado. La testigo Rocco (fs. 148) declaró que el problema era que la actora había guardado la insulina junto con los refrigerantes y que por ello se había congelado. Que ella no había visto esto y que se había enterado porque le había avisado la directora técnica –Sra. Franchino-. Que habló con la Sra. Berengue y que ella le dijo que no se había dado cuenta que se había equivocado; que de hecho le había enviado un e-mail diciéndole que había cometido un error y que se iba a hacer cargo de las consecuencias. Que por esto se le aplicó una sanción. Que el valor de las insulinas que se congelaron eran de $ 8.000.- Que ningún freezer tenía termómetro. Que las insulinas habían sido retiradas de la farmacia y destruídas. El testigo Brasso (fs. 135) no refiere nada en concreto acerca del supuesto incidente ocurrido con la insulina, pues todo lo que manifestó dijo saberlo por comentarios.
El perito ingeniero designado de oficio en la presente cuestión informó a fs. 206 pto. IV, que la heladera que existía en la farmacia al momento de realizar su experticia, no coincidía con las fotos adjuntadas, en virtud de que había sido agregado un regulador de motor con termómetro digital. Agregó que la heladera en el mes de marzo de 2006, no poseía termómetro. Asimismo señaló el experto que interrogó al Sr. Eusebio acerca de dicho elemento externo no perteneciente al diseño original de la heladera y que la respuesta fue que al poseer un sistema de control con trazabilidad era necesario contar con dicho control y que ese elemento no estaba colocado en el momento del incidente debido a que no había habido tiempo para hacerlo pues hacía poco que se habían mudado.
Analizada la prueba producida en las presentes actuaciones, a la luz de las reglas de la sana crítica (cfr. art. 386, 456 y 477 CPCCN), llego a las siguientes conclusiones: 1) Que la actora era la encargada de la farmacia y en tal carácter era la responsable de recibir y guardar los medicamentos que se recibían; 2) Que era ella quien en el ejercicio de sus funciones había guardado la insulina en el freezer y provocado así el congelamiento de la misma; 3) Que en la farmacia habían freezers duales en los que se podía optar por la función refrigerador o freezer; 4) Que al momento del incidente la heladera no poseía termómetro; 5) Que el termómetro no había podido colocarse al momento del incidente porque no había habido tiempo para hacerlo y porque hacía poco se habían mudado; 6) Que, pese a ello, era necesario contar con ese control de trazabilidad que permitía poder determinar en cualquier momento el historial de la cadena de frío del medicamento; y 7) Que la actora asumió su error y las consecuencias de su obrar.
El testimonio de testigo Rocco en el que hace referencia a que la actora le había enviado un e-mail admitiendo su error y asumiendo las consecuencias de ello, unido a la presunción que emana del instrumento obrante a fs. 25/26 (que si bien carece de eficacia probatoria plena, a la luz del testimonio referido, tiene singular valor presuncional), me lleva a tener como cierto que la actora, frente al incidente ocurrido con la insulina, remitió dicha nota, admitió su error, asumió las consecuencias de ello y manifestó su voluntad de continuar trabajando para A.B.C. S.A.
Ahora bien, determinado como está, que fue la actora quien colocó la insulina en el freezer y luego la congeló, corresponde analizar si ello es atribuible a culpa grave o dolo de su parte, como para hacerla responsable por el daño económico que le produjo a la empresa la pérdida de ese medicamento.
A mi entender, a través de las declaraciones testimoniales referidas y la nota vía e-mail enviada por la trabajadora a la empleadora queda evidenciado que la actora no obró con culpa grave ni con dolo.
El art. 87 de la LCT dispone que: “El trabajador será responsable ante el empleador de los daños que causa a los intereses de éste, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones”. De conformidad con lo dispuesto por dicha norma, el trabajador sólo deberá responder por los daños que ocasione a los bienes del empleador, cuando actúe dolosamente, es decir, con el propósito deliberado de causarlos (sabotaje, destrucción de una máquina en forma intencional), o con culpa grave, que importa la omisión de aquellas diligencias elementales destinadas a preservarlos. Por el contrario, como ya lo he señalado con anterioridad, los daños no culposos u ocasionados por culpa simple están excluídos de la responsabilidad impuesta por dicha norma, ya que el empleador debe asumir el riesgo propio de su empresa (Legislación del Trabajo Sistematizada -Comentada, Anotada y Concordada, pág. 107, Editorial Astrea). La norma, a la par que amplía el universo de bienes cuyos daños puede dar lugar a una reparación, exige que el trabajador haya actuado con intención de dañar (dolo) o que tales daños sean la consecuencia de un obrar temerario y desprovisto de los demás elementos cuidados (culpa grave). La Ley de Contrato de Trabajo, al igual que lo hacía la antigua Ley de Accidentes de Trabajo, distingue en esta disposición grados de culpa y exonera de responsabilidad al trabajador cuando el daño fue provocado por culpa simple o negligencia tolerable (Cfr. “Ley de Contrato de Trabajo –Comentada y Anotada-“, dirigida por Antonio Vazquez Vialard y Raul Horacio Ojeda, Tomo I, pág. 87, Editorial Rubinzal Culzoni).
En las presentes actuaciones, la actora admitió haberse equivocado y se hizo “cargo” de su error, de sus consecuencias, expresó el cariño por la empresa y su intención de continuar trabajando en ella, a la vez que se mostraba preocupada por el lamentable hecho ocurrido, lo cual, denota que no medió representación del daño, ni intención de causarlo, sino, acaso, un error humano derivado de culpa simple. La equivocación de la actora aparece como subsumible en un obrar negligente, mas no en uno de carácter temerario, es decir, de un obrar cuyas consecuencias dañosas hubieren sido previstas por Berengue. En otras palabras, no está demostrado que la actora haya obrado sin importarle las consecuencias dañosas que pudieran derivarse de sus actos, ni que hubiere previsto –con actitud de indiferencia o indolencia- tales posibles consecuencias. Por otra parte, ha quedado demostrado a través del testimonio de Eusebio que el freezer en el que guardó la medicación en cuestión era dual, es decir que se podía optar por la opción congelado o refrigeración y que, al momento del incidente, la heladera no tenía termómetro, todo lo cual pudo llevar a la trabajadora a incurrir en un error o equivocación que, a mi modo de ver, descarta la posibilidad de encuadrar su conducta en el concepto de culpa grave.
En consecuencia, al no haberse acreditado que el daño, cuyo resarcimiento pretende la reconviniente, guardara relación causal adecuada, con culpa grave o dolo, conforme lo requiere el art. 87 de la LCT, propicio se desestime el agravio y se confirme la sentencia de primera instancia en cuanto desestimó la reconvención deducida por la demandada (cfr. art. 499 Código Civil).
La accionada se agravia también por la remuneración que tuvo en cuenta la a quo como base de cálculo de la indemnización por antigüedad. En tal sentido, manifiesta que la Sra. magistrada de primera instancia debió haber descontado de la suma de $ 1.646,88.- -remuneración de la actora-, el importe total de $ 352,18.-, correspondiente al rubro “a cuenta de futuros aumentos” por no poseer carácter remunerativo. Delimitado de tal modo el cuestionamiento sometido a estudio, cabe puntualizar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, expresando argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, invocando aquella prueba cuya valoración se considera desacertada o poniendo de manifiesto la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art.116 LO); debiéndose demostrar, punto por punto, la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador y la indicación precisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: “Tapia, Román c/Pedelaborde, Roberto”, S.D. Nº73117, del 30/03/94, entre otras).
Sin embargo, a poco que se examina este aspecto de la pretensión revisora de la accionada, tales extremos no se advierten satisfechos con las dogmáticas alegaciones contenidas en el escrito que se analiza, las que solo se muestran como una posición en discrepancia con el resultado del litigio. La apelante se limita a señalar que la magistrada de grado debió haber descontado de la remuneración tenida en cuenta como base de cálculo de la liquidación final, el rubro “a cuenta de futuros aumentos”, mas no explica porqué dicho rubro no debió haberse considerado remunerativo. Obsérvese que en el recibo de haberes correspondiente al mes de marzo de 2006, agregado en el sobre reservado nro. 4267, fue ella misma quien le otorgó carácter remunerativo al ubicarlo dentro de la tabla de “remuneraciones sujetas a retenciones”. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que nada dijo la accionada en el responde sobre el rubro que ahora cuestiona y menos aún al corrérsele vista del informe presentado por la perito contadora (ver fs. 238/239 y fs. 246).
En tal orden de ideas, propicio se desestime el agravio y se confirme la sentencia de grado en cuanto tuvo en cuenta como mejor remuneración la suma de $ 1.646,88.- a los efectos indemnizatorios.
Se agravia también la recurrente porque la Sra. magistrada de grado hizo lugar a la suma $ 54,90.- que fuera reclamada en concepto de “suma descontada injustificadamente”. Critica el fundamento de la sentencia de primera instancia en cuanto tuvo por acreditada la extemporaneidad de la sanción impuesta e hizo lugar a la suma reclamada por la actora. Manifiesta que la sanción impuesta oportunamente no resultó extemporánea, pues la actora había sido oportunamente notificada de la suspensión a través de la nota del día 18 de marzo de 2006, suscripta por aquélla. Sin embargo, la nota a través de la cual la actora se habría notificado personalmente de la suspensión, -según la invocación de la demandada- no fue acompañada en el responde y tampoco se produjo prueba alguna a fin de acreditar que Berengue se hubiera notificado oportunamente de la suspensión. En consecuencia, como la demandada no acreditó que notificó la medida disciplinaria a la actora en tiempo oportuno, propicio desestimar este segmento del agravio y confirmar la sentencia dictada en la anterior instancia, en cuanto consideró carente de legitimidad la medida disciplinaria dispuesta por la empleadora (cfr. art. 218 LCT). La circunstancia de que la actora no prestara tareas el día de la suspensión, en la medida que se ha considerado que la sanción disciplinaria carecía de legitimidad, no justifica el descuento de los haberes respectivos.
La parte demandada se agravia porque el pronunciamiento de grado admitió el agravamiento previsto en el art. 16 ley 25.561 no obstante que la situación de la actora, al haber ingresado con posterioridad al 1/1/03, habría estado excluída de la prohibición de despidos incausados en virtud de lo normado por el art. 4 tercer párrafo de la ley 25.972. En orden a ello, el art. 4° de la ley 25.972 prevé la improcedencia del agravamiento dispuesto en el art. 16 de la ley 25.561 a los contratos celebrados a partir del 1/1/03, siempre que éstos impliquen un aumento de la plantilla total de trabajadores que el empleador tenía al 31/12/02. Ahora bien, en autos, no obra elemento de juicio alguno que indique que la sociedad demandada, a través del ingreso de la actora, haya incrementado el plantel de trabajadores que tenía al 31/12/02 (la pericia contable de fs. 238/239 sólo se refiere al año 2006). En consecuencia, es evidente que no se verifica el supuesto de excepción previsto en el citado art.4 de la ley 25.972; y que, en tanto el despido se produjo dentro del lapso contemplado en el art.16 de la ley 25.561 prorrogado por la ley 25.972 y en el Dec.2014/04, resulta ajustado a derecho el pronunciamiento de grado en cuanto viabilizó el agravamiento de la indemnización por antigüedad, por lo que propicio confirmar en este aspecto el decisorio de grado.
Por otra parte y de acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto para resolver la apelación, estimo que las costas de alzada deben ser impuestas a cargo de la recurrente vencida (art.68 CPCCN).
En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, a la perito contadora y al perito ingeniero, se adecuan a las normas arancelarias vigentes, por lo que propongo confirmarlos. A su vez y con arreglo a lo establecido en el art.14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la recurrente y de la asistencia letrada de la parte actora, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25% y 30% de lo que corresponde a cada uno de ellos por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.
El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:
Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia dictada en la instancia de grado anterior en todo lo que fue materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la Alzada, a cargo de la recurrente vencida; 3) Confirmar los honorarios regulados por las tareas realizadas en la anterior instancia; 4) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada, por los trabajos realizados en esta Alzada, en el 30% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Miguel Ángel Pirolo
Juez de Cámara Juez de Cámara

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Categorías:Fallos laborales
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