Inicio > Suprema Corte Bonaerense > La resolución contractual. Emergencia economica.

La resolución contractual. Emergencia economica.

A C U E R D O

Martínez, Héctor Raúl contra De la Rosa, Pedro Hugo y otros. Resolución contractual.doc

En la ciudad de La Plata, a 3 de noviembre de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Hitters, Genoud, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 95.064, “Martínez, Héctor Raúl contra De la Rosa, Pedro Hugo y otros. Resolución contractual”.

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la revisión de la liquidación aprobada a fs. 1045/1046, en dólares estadounidenses (fs. 1372/1379 vta.).

Se interpuso, por la demandada, recurso extraor-dinario de inaplicabilidad de ley (fs. 1385/1405).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inapli-cabilidad de ley?-LEER FALLO COMPLETO-

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. La Cámara departamental confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la revisión de la liquidación aprobada a fs. 1045/1046, en dólares estadounidenses (fs. 1372/1379 vta.).

En lo que interesa destacar, sostuvo que si bien las liquidaciones pueden ser ulteriormente rectificadas en virtud de que son aprobadas en cuanto corresponde por derecho, deviene manifiesto que la modificación propuesta por la accionada desborda dicho marco rectificatorio al no sustentarse en la falta de ajuste del cálculo con el decisorio dictado en el proceso (fs. 1374 vta./1375).

Además, consideró que la revisión intentada resultaba igualmente improcedente en virtud de lo dispuesto por el art. 3 in fine de la ley 25.820, modificatoria del art. 11 de la ley 25.561, en cuanto dicho texto legal establece que “… no modifica las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados o sentencias judiciales” (fs. 1375).

Por último, dijo que no correspondía la aplicación de la normativa de emergencia en el caso de autos, ya que no se trataba de consecuencias futuras de situaciones existentes sino de situaciones consolidadas con derechos incorporados al patrimonio de su titular, con raigambre constitucional (fs. 1376).

II. Contra dicho pronunciamiento la demandada, en su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denuncia la violación de los arts. 10, 15 y 31 de la Constitución provincial; 14, 17 y 28 de su par nacional; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; como también la vulneración de la ley 25.561 y de los decretos 214/2002 y 320/2002. Hace reserva del caso federal (fs. 1385/1405).

Sostiene en su queja que la liquidación del capital ha sido erróneamente aprobada en dólares estadounidenses cuando debió ser formulada en pesos, de conformidad con la conversión dispuesta por la normativa de emergencia, en violación del principio del debido proceso y del derecho de propiedad (fs. 1397 vta.).

Agrega que, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina mayoritarias, las resoluciones aprobatorias de liquidaciones permiten su revisión, en tanto no hacen cosa juzgada en sentido material (fs. 1399).

Asevera que la resolución atacada -de entenderse correcto el criterio normativo invocado- viola la ley 25.561 y los decretos 214/2002 y 320/2002, en tanto disponen la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución (fs. 1400).

Finalmente, pretende la revisión de la regulación de honorarios practicada en la misma resolución de fs. 1044/1045, tomando como base del juicio una liquidación que omitió considerar la aplicación de la normativa de orden público (fs. 1403).

III. El recurso debe prosperar con los alcances que en el presente se precisan.

a) A fin de fundar adecuadamente mi voto, estimo necesario extenderme en el relato de los antecedentes relevantes de la causa.

En el sub lite, el actor demandó a Pedro Hugo de la Rosa, María Josefina De la Rosa, Rosa Vázquez, Juan Carlos De la Rosa, Miguel Ángel De la Rosa y Elisa María Cacheiro, por resolución contractual. Ello respecto de un boleto de compraventa por el cual adquiría aquél 138 hectáreas de campo, por el precio total de doscientos seis mil dólares estadounidenses (u$s 206.000).

A fs. 739/760 el juez de origen condenó a los emplazados a devolver al señor Martínez las sumas por éste entregadas en concepto de pago del precio, más el 30% del precio de la venta por aplicación de la cláusula penal y, a este último, a reintegrar a los vendedores la posesión de la parte indivisa que le fue dada de las fracciones de campo.

Tal decisión fue confirmada por la Cámara de Apelación a fs. 945/962.

Por fin, a fs. 997/1000 esta Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por los demandados exclusivamente en relación a la posesión del inmueble vendido y al pago del saldo de precio.

Firme la solución recaída en autos, la actora practicó liquidación a fs. 1012/1013, determinándose un monto de ciento setenta y cuatro mil ochocientos noventa y un dólares estadounidenses (u$s 174.891), “… y/o su equivalente en pesos y sus actualizaciones de acuerdo a la ley 25.561, sus decretos reglamentarios y disposiciones del B.C.R.A., y/o las normas legales que se dicten en el ámbito de aplicación de estas obligaciones en moneda extranjera…”. También hizo expresa reserva de peticionar la inconstitucionalidad de aquéllas por afectar el derecho de propiedad garantizado por la Constitución nacional.

A fs. 1036/1037 los demandados se notificaron de la liquidación practicada y solicitaron la pesificación de la deuda, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 11 de la ley 25.561 y 8 del decreto 214/2002.

A fs. 1045/1046 se aprobó la liquidación en dólares estadounidenses, por considerar que no había sido observada en término por el interesado y, teniendo en cuenta la tasación de los valores reales de los inmuebles objeto de la litis, se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes.

Contra dicha resolución, el letrado apoderado de los demandados interpuso recurso de apelación y nulidad (fs. 1058/1060). Allí sostuvo la violación del derecho constitucional de defensa en juicio, habida cuenta de que no fue notificado correctamente del traslado conferido en el domicilio constituido en autos -de conformidad con la providencia de fs. 1011, que tuvo presente y por ratificado el domicilio procesal de la demandada- sino ministerio legis. Asimismo, arguyó que habiendo impugnado la liquidación y solicitado la aplicación de la ley 25.561 y del decreto 214/2002, el sentenciante guardó absoluto silencio sobre el tema, violando leyes de orden público que debió aplicar aún de oficio.

A fs. 1132/1137 la Cámara de Apelación confirmó el pronunciamiento de primera instancia.

A fs. 1172/1176, con nuevo patrocinio letrado, los demandados solicitaron la rectificación de la liquidación, alegando la procedencia de la revisión de la liquidación ante la inexistencia de cosa juzgada y, en consecuencia, la conversión a pesos del monto de condena en virtud de las normas que ordenan la reestructuración de las obligaciones estipuladas en moneda extranjera.

El juez de origen -como fue anticipado- desestimó el pedido de revisión de la liquidación por entender que se estaba ante una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (fs. 1253/1256 vta.). Y la alzada, a su turno, confirmó dicho pronunciamiento (fs. 1372/1379 vta.).

b) Liminarmente, cabe señalar que las liquidaciones judiciales se aprueban de acuerdo con la clásica expresión “en cuanto hubiere lugar por derecho”, lo que quiere significar que se las conforma en tanto y en cuanto se ajusten al derecho declarado y reconocido en la sentencia. Es decir, que en esta materia los jueces cuentan con amplias facultades para revisar las cuentas realizadas por las partes y que éstas se ajusten a la sentencia que la justifica: el magistrado no es un convidado de piedra (arts. 497, 501, 502 y concs., C.P.C.C.; conf. doct. causas L. 91.874, sent. del 2-V-2007; C. 98.893, sent. del 5-XI-2008; C.S.J.N., Fallos 312:570; 317:1845).

En tal sentido este Tribunal ha expresado que en el ámbito de las liquidaciones juega como principio o regla que, aun aprobadas, pueden ser reformuladas o modificadas, habida cuenta que las decisiones no causan instancia ni resulta aplicable el principio de la cosa juzgada, aunque una vez aprobadas, gozan sí de tal estabilidad (conf. causas L. 91.874 y C. 98.893 citadas; Morello, Augusto M., “Liquidaciones judiciales”, ed. LEP, 2000, págs. 115/116 y 156/157).

En igual línea de pensamiento la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que el hecho de que la liquidación haya sido consentida por las partes “no obliga al magistrado a obrar en sentido determinado”. Ello así, no cabe alegar la preclusión del derecho a impugnar la liquidación, frente al deber de los jueces de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, toda vez que la aprobación de las liquidaciones sólo procede en cuanto hubiere lugar por derecho, excediéndose los límites de la razonabilidad cuando se pretende aprovechar el resultado de una liquidación obtenida sobre la base de operaciones matemáticas equivocadas, a pesar de encontrarse dicha situación puntualmente evidenciada durante el trámite de ejecución (Fallos 310:302; 310:799; 317:1845; 325:1105; 326:1395; 329:755).

En suma: advierto que en el sub lite confluyen las excepcionales circunstancias que hacen viable la aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha admitido la modificación de liquidaciones firmes cuando éstas concluyen en un resultado que quiebra toda norma de razonabilidad, violentan los principios establecidos en los arts. 953 y 1071 del Código Civil y desnaturalizan la finalidad de la pretensión entablada (conf. C.S.J.N., L.137.XXXV “Luna, Eduardo Jorge (h) c/ El Libertador S.A.C.E.I. y otro s/sumario”, sent. del 27-VI-2002).

Ello así pues resulta forzoso concluir que el mantenimiento de la liquidación en dólares estadounidenses importa un notorio apartamiento de la realidad económica del caso, con grave menoscabo de los derechos de propiedad y de igualdad (Fallos 315:672; 318:912; 320:158).

Mantener el monto de la pretensión en la divisa extranjera contenida en la demanda, conduce a un resultado desproporcionado y produce un injustificado despojo del deudor, violatorio de su derecho de propiedad; por lo que la solución impugnada no puede ser sostenida so color de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada (Fallos 315:2768; 318:1345; 320:1038; 322:2109; 323:2562).

Por otra parte, resulta necesario destacar que la renuncia conciente a la verdad es incompatible con el adecuado servicio de justicia, toda vez que si bien los jueces deben fallar de acuerdo con las reglas y principios de forma, según las circunstancias de hecho que alegan y acreditan las partes, nada exime su indiferencia respecto de la objetiva verdad en la misión de dar a cada uno lo suyo.

En este orden de ideas, frente a la seriedad de los planteos introducidos por la demandada, que remitían a la aplicación de normas de orden público susceptibles de tener influencia decisiva para el cálculo del monto de la condena -y, por ende, sobre el recto cumplimiento de la sentencia de fs. 739/760- se imponía por la alzada la correcta solución del litigio. Ello así pues, no obstante la importancia de las técnicas y principios que rigen la organización y el desarrollo del proceso, no cabe legitimar que dichas formas procesales sean utilizadas con prescin-dencia de la finalidad que las guía y con el olvido de la verdad objetiva.

Por otra parte, es necesario resaltar -si bien a modo de obiter dictum– que constituye un excesivo rigorismo formal considerar, como lo hizo el juzgador de primera instancia y luego la alzada, extemporáneo el planteo de los demandados relativo a la aplicación de la ley 25.561 y concordantes, en virtud del vencimiento del plazo para impugnar la liquidación, impidiendo de tal modo el conocimiento y decisión de un tema de trascendencia decisiva en la causa sobre el cual tenían obligación de expedirse por tratarse de normas de orden público (v. fs. 1038, 1045 y 1134/1134 vta.).

Más aún cuando la expiración del plazo se debió a no haberse corrido a los demandados el debido traslado por cédula (no obstante se tuvo presente la ratificación del domicilio procesal: fs. 1011 y se ordenó tal forma de notificación: fs. 1014), considerándolos notificados de dicho acto procesal ministerio legis, por no haber notificado a la otra parte el cambio de domicilio (conf. art. 42 in fine, C.P.C.C.). Tal apego excesivo a las normas instrumentales resulta -en el caso- violatorio del derecho de defensa en juicio y no se compadece con un adecuado servicio de justicia.

Los precedentes reseñados y los principios aludidos fijan el marco interpretativo de la cuestión y abonan la crítica efectuada por el impugnante.

c) Dada la conclusión a la que se arriba en el apartado anterior, debe analizarse lo alegado por la parte ausente en la tramitación del recurso que se acoge, en tanto el fallo impugnado ante esta Corte le había resultado favorable (conf. Ac. 96.382, sent. del 18-XI-2008; Ac. 99.209, sent. del 25-II-2009). El postulado de la “adhesión” a la apelación impone en estos supuestos abordar toda la cuestión materia del litigio en la misma extensión y con la misma plenitud con que fue sometida al tribunal inferior (conf. Ac. 77.267, sent. del 27-II-2002; Ac. 85.081, sent. del 11-V-2005).

Sobre esa base cabe examinar la constitucionalidad del denominado bloque de legalidad para la emergencia y, por ende, analizar la compatibilidad de la protección del patrimonio tanto del acreedor como del deudor, con la regulación general del régimen monetario y la fijación del valor de la moneda.

Sobre este aspecto ha habido precedentes constantes acerca de su constitucionalidad fundados en el principio de la “soberanía monetaria” (Fallos 52:413; 431:149 y 187:195). El Congreso y el Poder Ejecutivo, por delegación legislativa expresa y fundada, están facultados para fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras a fin de restablecer el orden público económico (arts. 75 inc. 11 y 76 de la Constitución nacional).

Postuló el alto Tribunal nacional que el bloque legislativo de emergencia, que fundamenta jurídicamente la regla general de la pesificación, es constitucional, de acuerdo, en este aspecto, con lo ya resuelto en la causa “Bustos” (Fallos 327:4495), sin perjuicio de lo que se opine sobre su conveniencia. Una interpretación contraria a esta regla fundamental del funcionamiento económico, efectuada años después de establecida, traería secuelas institucionales gravísimas, lo cual sería contrario al canon interpretativo que obliga a ponderar las consecuencias que derivan de las decisiones judiciales (Fallos 312:156). De acuerdo con esta centenaria jurisprudencia y en las circunstancias actuales resulta evidente que no se ocasiona lesión al derecho de propiedad.

En similar orden de ideas, este Tribunal ha confirmado la constitucionalidad del bloque normativo de emergencia en las causas “Quiroga”, C. 89.562; “International Trade Logistic S.A.”, C. 93.176; “Inalpa Industrias Alimenticias Pavón Arriba S.A.”, C. 99.406; “Rechou”, C. 94.032; “Zella”, C. 97.043, todas con sentencia del 29-XII-2008. Y a dicha conclusión debe estarse.

Así pues, al haber sido alterado el sinalagma contractual y por ende, la reciprocidad obligacional inicial que unía a las partes, por causas extraordinarias e imprevisibles, corresponde considerar la aplicación de la normativa citada al caso de autos, que vino a regularizar el estado de las cosas, toda vez que no puede mantenerse la literalidad de lo pactado cuando la prestación se ha tornado excesivamente onerosa para uno de los contratantes en virtud de la grave crisis económica imperante.

En consecuencia, toda vez que lo resuelto por la alzada omitió considerar la aplicación de la normativa de emergencia solicitada por los demandados, apartándose de la realidad económica del caso y desentendiéndose de las consecuencias patrimoniales del fallo, corresponde casar la sentencia y asumir esta Corte competencia positiva (conf. arts. 278, 279, 289 y conc., C.P.C.C.).

d) Ahora bien, analizados los argumentos desplegados por el impugnante, encuentro que ellos se refieren a una situación fáctica análoga a la examinada en el precedente “International Trade Logistic c/ Tevycom Fapeco S.A. Incidente de revisión en autos: Tevycom Fapeco S.A. s/ concurso preventivo”, C. 93.176, sentencia dictada por este Tribunal el 29 de diciembre de 2008, cuyos fundamentos considero que resultan de aplicación en la especie.

Ello así, en la medida que aquí la controversia se planteó en torno de un contrato de compraventa cuyo monto total alcanzaba la suma de doscientos seis mil dólares estadounidenses (u$s 206.000; v. boleto de compraventa glosado a fs. 5/6). Esto es, en el caso no se constituyó garantía real en resguardo del cobro de dicha acreencia.

En consecuencia, conforme a las pautas establecidas en el citado fallo y que remiten al precedente “Picapau S.R.L. s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por: Karsten S.A.” (C.S.J.N., sent. del 20-VIII-2008), entiendo que corresponde convertir a pesos el capital en moneda extranjera adeudado en los presentes, a razón de un peso por dólar estadounidense, más el 50% de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa en el mercado libre de cambio -tipo vendedor- del día que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización, previsto en las normas de emergencia económica, arroje un resultado superior, con más una tasa de interés del 7,5% anual, no capitalizable entre moratorios y punitorios desde la fecha en que se produjo la mora y hasta el efectivo pago, deduciendo a dicho importe los valores entregados a cuenta.

e) Por último, con relación al agravio relativo a la regulación de honorarios practicada a fs. 1045/1046, considero que la misma deberá dejarse sin efecto, hasta tanto se practique una nueva liquidación conforme a las pautas que aquí se indican.

Las costas de la ejecución serán soportadas en los términos del art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial, salvo las correspondientes a los incidentes generados con motivo de los planteos atinentes a la validez constitucional de las normas de emergencia, como las de esta instancia, que se imponen en el orden causado, atento a la forma en que se decide y a la naturaleza de las cuestiones propuestas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Los autos serán remitidos a la instancia de origen, a fin de que practique el cálculo de la deuda conforme a las pautas aquí señaladas.

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

1. El recurso no puede prosperar.

a. Del cotejo de la presente causa surge que el crédito cuya ejecución se persigue en autos fue reconocido mediante sentencia recaída en julio de 1999 (v. fs. 739/760), que declaró resuelta la compraventa celebrada entre las partes y condenó a los vendedores -aquí demandados- a devolver al actor las sumas por éste entregadas, con más el pago de la cláusula penal pactada, debiendo el accionante reintegrar la posesión de la parte indivisa de las fracciones de campo objeto de la citada operación (v. fs. 739/760). Este pronunciamiento fue confirmado por la Cámara en diciembre de 2000 (v. fs. 945/962) y por esta Suprema Corte en febrero de 2002 (v. fs. 997/1000).

b. Con posterioridad, encontrándose ya vigente la legislación de emergencia, se practicó la liquidación correspondiente en dólares estadounidenses (v. presentaciones de fs. 1004/1006 de abril de 2002 y fs. 1012/1013 de junio de igual año). Corrido el traslado a los emplazados (v. fs. 1007 y 1014), éstos plantearon la aplicación de la legislación de emergencia (v. fs. 1036/1037 de julio de 2002), presentación que fue considerada extemporánea por el juzgador de origen mediante providencia del 9 de octubre de 2002 (v. fs. 1038).

Mediante escrito del 12 de noviembre de 2002, los demandados solicitaron se deje sin efecto el auto de fs. 1038 y ratificaron su planteo de fs. 1036/1037 (v. fs. 1047/1048), fijando el magistrado una audiencia a los fines conciliatorios (v. proveído del 3 de diciembre de 2002 -fs. 1049-), la cual fue suspendida a pedido de los accionados a fs. 1061.

Con fecha 20 de noviembre de 2002 el señor juez de primera instancia aprobó la liquidación en dólares estadounidenses (v. fs. 1045/1046).

A fs. 1058/1060 los emplazados interpusieron recurso de nulidad y apelación contra la decisión de fs. 1045/1046 que aprobó la liquidación en dólares estadouni-denses, recurso que fue concedido a fs. 1061. Con fecha 28 de agosto de 2003 la Cámara de Apelación desestimó, en lo que aquí interesa, el recurso de los demandados (v. fs. 1132/1137), decisión que quedó firme y consentida.

c. Ahora bien, a fs. 1172/1176 los demandados solicitaron la rectificación de la liquidación aprobada a fs. 1045/1046 alegando la existencia de un error en la moneda utilizada, pues -adujeron- si bien resultaban correctas las cifras empleadas en cuanto a la moneda extranjera, debía aplicarse al caso la legislación de emergencia que imponía su pesificación.

Tal requerimiento fue rechazado por el juzgador de origen, quien sostuvo que no medió error alguno en la liquidación, la cual era conteste con los parámetros brindados en la condena de autos. A ello añadió que si bien la ley 25.561 dispone la pesificación de las deudas en dólares, deja a salvo los supuestos en que medie una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 1253/1255).

Apelado dicho pronunciamiento, a fs. 1372/1379 la Cámara de Apelación desestimó los planteos de los demandados y confirmó la decisión de fs. 1253/1256, lo que motivó la interposición del recurso extraordinario bajo estudio.

2. En este particular contexto no corresponde acoger el remedio intentado por los demandados.

i] Si bien es cierto que la Corte de la Nación in re “Souto de Adler, Mercedes c. Martorano, Marta T.”, causa S.499.XXXIX, fallada el 14 de agosto de 2007 se pronunció, bajo ciertas circunstancias, por la inexistencia de “cosa juzgada”, no lo es menos que expresamente juzgó que resultaba adecuado interpretar que cuando la nueva ley dispuso no modificar situaciones ya resueltas por acuerdos privados y/o sentencias judiciales, lo hizo con referencia a aquéllas finiquitadas en virtud de la autonomía contractual de las partes o por decisiones emanadas de órganos jurisdiccionales encontrándose vigentes las leyes en cuestión y dentro del marco jurídico que ellas reglamentan (v. consids. 11 y 12).

En el presente caso, no puede soslayarse que el tema vinculado a la moneda en la que debía practicarse la liquidación fue planteado por los demandados estando ya vigente la legislación de emergencia, siendo resuelto -más allá del acierto o error- de modo desfavorable por el juez de primera instancia, en pronunciamiento confirmado por la Cámara que quedó firme y consentido (v. fs. 1045/1046 y 1132/1137).

ii] De otra parte, tampoco estimo que pueda dejarse sin efecto la liquidación aprobada con base en que aquéllas lo son “en cuanto hubiere a lugar por derecho”. Es claro que aquí no medió un error al momento de su aprobación, sino que como claramente surge del cotejo de la causa su aprobación en dólares estadounidenses configuró una decisión clara y concreta sobre el tópico que ahora se pretende reeditar, resolución que en su momento fue consentida por los demandados.

iii] En adición, en el sub examine no concurren circunstancias excepcionales que hagan viable la aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de la Nación que ha admitido la modificación de liquidaciones firmes cuando éstas concluyen en un resultado que quiebra toda norma de razonabilidad, violentan los principios establecidos en los arts. 953 y 1071 del Código Civil y desnaturalizan la finalidad de la pretensión entablada (conf. C.S.J.N., Fallos 317:53, sent. de 8-XI-1994; C.S.J.N., causa O.38.XXIV, “Ojea Quintana”, sent. de 7-VIII-1996; causa D.451.XXVIII, “Delpech”, sent. de 6-VII-1995; causa L.137.XXXV, “Luna”, sent. de 27-VI-2002; causa F.523.XXXVII, “Ferro de Goce”, sent. de 25-II-2003).

iv] Tampoco altera la solución propuesta lo resuelto por el alto Tribunal en el precedente “EG3 SA c/Bonomi”, causa E. 294.XXXIX, fallado el 4-VIII-2009. De su lectura, a diferencia de lo que ocurre en el sub lite, surge que el requerimiento de pesificación no tuvo lugar respecto de liquidaciones, firmes y consentidas, aprobadas en dólares estadounidenses con posterioridad a que entrara en vigencia la legislación de emergencia. Antes bien, allí se cuestionó: de un lado, una liquidación aprobada durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad y, del otro, una liquidación en dólares estadounidenses que no se encontraba firme, la cual fue impugnada por el deudor, al contestar el respectivo traslado, reclamando la pesificación, planteo que la Corte juzgó temporáneo (v. ptos. IV y V del dictamen del Procurador y consids. 14, 15 y 18). Asimismo, en dicha oportunidad, se reiteró la doctrina “Souto de Adler” (consids. 10 y 13).

Estas circunstancias, insisto, difieren de la situación de autos en donde existió un pedido de pesificación del deudor desestimado en ambas instancias de grado y que culminó en la aprobación de la liquidación en dólares estadounidenses ya vigente el régimen de emergencia, decisión que quedó firme y consentida. De ahí que el nuevo pedido del deudor que origina la decisión ahora recurrida, pretendiendo reeditar aquella cuestión, deviene improcedente.

2. Por las razones expuestas, voto por la negativa; con costas al vencido (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

1. La parte actora con fecha 5 de junio de 2002 practicó liquidación en dólares estadounidenses (v. fs. 1012/1013) y, en virtud de la misma, los demandados requirieron la pesificación de la deuda (v. fs. 1036/1037)

Esa petición fue considerada extemporánea por la jueza de primera instancia (v. fs. 1038) quien, con posterioridad, aprobó la liquidación oportunamente presentada y reguló honorarios (v. fs. 1045/1046)

Este pronunciamiento, en lo que aquí interesa, fue confirmado por la Cámara que, además, aclaró que las alegaciones de la demandada referidas al art. 1198 del Código Civil, como así también a la normativa de emergencia, no podían ser atendidas al no haber sido sometidas oportunamente al juzgador de origen.

La decisión de la alzada, dictada con fecha 28 de agosto de 2003 y obrante a fs. 1132/1137, quedó firme y consentida.

2. No obstante ello, unos meses más tarde los codemandados Elisa María Cacheiro, Miguel Ángel de la Rosa y Juan Eduardo de la Rosa, con nuevo patrocinio letrado, requirieron se rectificara la ya aprobada liquidación obrante a fs. 1012/1013 (v. fs. 1172/1176). Alegaron que existió un error al consignar la moneda de pago e insistieron en que correspondía pesificar la deuda.

De esa petición se dio traslado a la parte actora quien a fs. 1205/1211 pidió su rechazo.

Así las cosas, la jueza de primera instancia desestimó la pretensión de los codemandados tras destacar que se estaba en presencia de una sentencia consentida que había pasado en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 1253/1256).

La Cámara confirmó esa decisión. Para así decidir señaló que mediante la revisión de la liquidación practicada la demandada procuraba un nuevo juzgamiento sobre puntos que habían quedado definitivamente decididos en acto jurisdiccional anterior y firme (v. fs. 1374 vta.).

Aclaró que, si bien las liquidaciones podían ser ulteriormente rectificadas, en el caso “… deviene manifiesto que la modificación propuesta por la accionada desborda dicho marco rectificatorio al no sustentarse en la falta de ajuste del cálculo con el decisorio dictado en el proceso…” (v. fs. 1374 vta./1375).

Agregó también que, prescindiendo aún de la inadmisibilidad formal de la revisión, ésta igualmente, no resulta procedente por aplicación de lo dispuesto por el art. 3 in fine de la ley 25.820 que, respecto al bloque normativo de emergencia económica, expresamente estatuyó que no serían modificadas las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados o sentencias judiciales (situación que acontece en la especie)

3. Contra esta última decisión la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1385/1405).

Denuncia conculcadas normas de raigambre cons-titucional que hacen al debido proceso y al derecho de propiedad. Alega que la Cámara ha interpretado las pruebas y los hechos de manera absurda y caprichosa, como así también considera que se ha violado el principio de congruencia, los arts. 26 del decreto ley 8904/1977; 3, 1198 y 4055 del Código Civil, y normas relacionadas con la emergencia pública (v. fs. 1385/1405).

4. El recurso no puede prosperar.

En estas actuaciones la liquidación fue presentada ya encontrándose vigente la normativa de emergencia y los codemandados tuvieron oportunidad de formular observaciones sobre la misma, sólo que lo hicieron de manera extemporánea. Pues, así lo entendió el juez de primera instancia en el pronunciamiento obrante a fs. 1038 que, conforme lo resaltó la Cámara a fs. 1134 vta., no fue controvertido.

Surge, entonces, de manera elocuente que el pronunciamiento que tuvo por aprobada la liquidación en dólares estadounidenses -confirmado por la Cámara- fue dictado en vigencia del citado bloque normativo y que, más allá de su acierto o error, quedó firme y consentido.

Ello así no puedo soslayar que el recurrente pretende reeditar una cuestión ya resuelta por el órgano jurisdiccional, lo que deviene improcedente.

5. En relación a la legislación que cita el impugnante en sustento de su pretensión agrego que, este Tribunal remitiendo a los fundamentos expresados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha pronunciado respecto de la constitucionalidad de la ley 25.561 y las normas dictadas en consecuencia (conf. C. 90.928, sent. del 9-IX-2009; C. 94.032; C. 97.043, C. 99.406, C. 89.562, C. 93.176, todas sents. del 29-XII-2008, entre otras).

En ese contexto, y en virtud de los argumentos vertidos por el recurrente a fs. 1400/1402 vta. pongo de relieve que es mi criterio, que la congruencia constitucional de una norma se plantea al juez como un problema de verificación previa (conf. Ac. 75.329, sent. del 18-IV-2001; Ac. 82.405, sent. del 23-XII-2002; Ac. 78.984, sent. del 30-VI-2004, entre otros).

Y, en esas condiciones, a primera vista, podría advertirse que la cuestión constitucional implicada ‑aplicación al caso de dicha normativa en salvaguarda del derecho de propiedad de los accionados- no podría ser soslayada con el solo argumento de que ha sido consentida por la parte.

Sin embargo, partiendo de la naturaleza estrictamente patrimonial de la litis y del alcance individual del pronunciamiento recurrido, observo que la postura asumida por los propios deudores en relación a los pronunciamientos de fs. 1038 y 1132/1137, ha generado un derecho adquirido para los acreedores, también de raigambre constitucional, que impide abordar en el análisis de la cuestión antes referida.

En conclusión, en la especie no se han visto vulneradas las garantías del derecho de defensa ni del debido proceso: los deudores han consentido el alcance patrimonial determinado en las instancias de grado en ejercicio de derechos disponibles. En virtud de estas circunstancias puestas de manifiesto, estimo que modificar la decisión adoptada, implicaría conculcar lo prescripto por los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional.

6. En mérito de las particulares consideraciones expuestas entiendo que el recurso incoado debe ser desestimado, con costas a los recurrentes vencidos (art. 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Hitters, Genoud y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto. Costas al recurrente vencido (arts. 84 y 289, C.P.C.C.).

Notifíquese y devuélvase.

HILDA KOGAN

HECTOR NEGRI         EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA   JUAN CARLOS HITTERS

LUIS ESTEBAN GENOUD

CARLOS E. CAMPS

Secretario

Anuncios
  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: