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El freno de La Corte Suprema al proyecto Represa Ayuí.

E. 172. XLVI.
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Estado Nacional c/ Corrientes, Provincia de
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AMPARO PROYECTO DE REPRESA EN A. GRANDE.PDF
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Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
Autos y Vistos; Considerando:
1°) Que a fs. 264/279 el Estado Nacional promueve
acción de amparo en los términos de los artículos 41 y 43 de
la Constitución Nacional, de la ley 16.986 y del artículo 30
de la ley 25.675 General del Ambiente, contra la Provincia de
Corrientes, a fin de que cese en su actitud omisiva y le haga
entrega de todos los antecedentes e informes, incluidos los
estudios de impacto ambiental, relacionados con el proyecto de
construcción de una represa sobre el Arroyo Ayuí, situado en
las proximidades de la localidad de Mercedes de dicha provincia,
a los efectos de que las áreas competentes del Estado
Nacional puedan expedirse acerca de su viabilidad, pues Csegún
afirmaC una modificación en el curso, caudal o calidad de las
aguas del Río Uruguay podría generar responsabilidad internacional
de la República Argentina en virtud del eventual
incumplimiento del Estatuto del año 1975, suscripto con el
gobierno de la República Oriental del Uruguay.
Más allá del objeto del proceso al que se ha hecho
referencia Csegún lo que se desprende del punto I de fs. 264C,
efectúa consideraciones vinculadas con la Ley General del
Ambiente 25.675, con la Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos 26.331 y con la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas (RAMSAR
1971).
Asimismo, solicita que se dicte una prohibición de
innovar a fin de que se ordene el cese inmediato y la paralización
de las obras respectivas, hasta tanto la demandada haga
entrega de los antecedentes e informes indicados y las
autoridades nacionales puedan expedirse al respecto.
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2°) Que a fs. 287/289 esta Corte declaró su competencia
para entender en el caso por vía de su jurisdicción
originaria prevista en los artículos 116 y 117 de la Constitución
Nacional, y dio curso a la acción de amparo, ciñendo el
pedido de informe circunstanciado previsto en el artículo 8° de
la ley 16.986 a la omisión atribuida a la Provincia de
Corrientes en lo que concierne a la remisión de la documentación
respectiva, al efecto de que las autoridades nacionales
evalúen si corresponde informar al Estado co-ribereño, por
intermedio de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU),
de la existencia del emprendimiento denominado “Proyecto
Productivo Ayuí Grande”.
A su vez, en relación a la medida cautelar requerida,
el Tribunal consideró necesario, para mejor proveer, solicitar
a la Provincia de Corrientes que informe si comenzaron
las obras y, en tal caso, su estado de avance; o, en su
defecto, para qué fecha se encuentra programado el inicio de
las tareas de construcción pertinentes.
3°) Que a fs. 320/321 el Estado provincial contestó
que el emprendimiento aún no comenzó y que no existe una fecha
programada para su inicio. Destacó que el Instituto Correntino
del Agua y el Ambiente (ICAA), mediante la resolución
794/2009, ratificada por el decreto provincial 2353/2009,
emitió la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, y
que en el artículo 2° de la resolución se prevé un período de
trescientos sesenta (360) días corridos a partir de su entrada
en vigencia, para que se inicien las obras. Señaló asimismo
que nada obsta a que ese plazo pueda prorrogarse.
Agregó que el artículo 3° impone la obligación de
comunicar con sesenta (60) días de anticipación el inicio de
aquéllas y cualquier tipo de modificación sobre el proyecto,
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debiendo también acompañar los responsables los Programas de
Actividades del Plan de Gestión Ambiental, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9°, e indicó que el ICAA no ha
recibido comunicación alguna al respecto.
También informó que la Dirección de Recursos Naturales
provincial otorgó la “aprobación provisoria” al mencionado
proyecto (disposición n° 4 del 28 de enero de 2010), pero
que para obtener la aprobación definitiva y la autorización
para iniciar los trabajos, debe establecerse previamente un
“Cronograma de Actividades de las Propuestas a Desarrollar en
las Categorías de Áreas de Conservación”, y que al no haberse
cumplido con esa exigencia, no podrán iniciarse las tareas
correspondientes al cambio de uso de suelo de los bosques
nativos.
Finalmente explicó que la aprobación del “Proyecto
de Obras Principales y Complementarias del Proyecto Productivo
Ayuí Grande” (resolución 424/2010 del ICAA), no implica la
autorización para su inicio, que depende de los trabajos y
requerimientos antes indicados y de la Concesión para el Uso
de Aguas Públicas, que se encuentra pendiente.
4°) Que mediante la nota obrante a fs. 324, el ICAA
informó el dictado de las resoluciones n° 518, 519, 520, 521,
522 y 523 del 1° de octubre de este año, y a fs. 331/355, a
requerimiento del Tribunal (ver fs. 325), la demandada acompañó
copias de tales actos, mediante los cuales se otorgó la
concesión de uso de las aguas públicas a los integrantes de la
Unión Transitoria de Empresas involucrados en el proyecto, y
se autorizó al inicio de las obras aprobadas por la resolución
424/10 ya citada (artículos 1° y 3° de los actos referidos).
A su vez, a fs. 384/385, el Estado provincial acom-
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pañó copia de la resolución 600/10 del ICAA, dictada a instancias
del Poder Ejecutivo local, por medio de la cual se
decidió suspender los efectos de las autorizaciones otorgadas
en los artículos 3° de las resoluciones n° 518, 519, 520, 521,
522 y 523, en los términos y con los alcances solicitados por
el señor Ministro de Producción, Trabajo y Turismo correntino,
es decir, hasta tanto se adopte una decisión judicial en esta
acción de amparo (ver nota de fs. 381/382).
5°) Que a fs. 360/374 la Provincia de Corrientes
contestó el informe circunstanciado previsto en el artículo 8°
de la ley 16.986, y solicitó que se declare inadmisible la
acción de amparo promovida.
En esa oportunidad señaló que no consta en sus registros
la recepción de la nota SEREE del 16 de febrero de
2010 suscripta por el señor vicecanciller, y asimismo indicó
que sí contestó la del 18 de agosto de 2010, suscripta en
similares términos por el señor canciller.
Sostuvo que aun asumiendo la falta de respuesta de
la primera de las notas, lo cierto es que desde que se presentó
la reiteratoria hasta la fecha de inicio de la presente
acción, no transcurrió el plazo mínimo indispensable para que
se configure una denegación tácita, o una omisión ilegítima,
en los términos de los artículos 10, 30 y subsiguientes de la
ley 19.549, y 112 de la ley local 3460 de Procedimientos Administrativos,
que si bien no resultan directamente aplicables
al caso, servirían como pauta analógica si se considera a la
nota reiteratoria como un pedido de pronto despacho.
Cuestionó la legitimación del Gobierno Nacional para
interponer este amparo, con fundamento en que dicha acción ha
sido instituida como garantía a favor de los individuos, y no
como remedio a ser utilizado por uno de los poderes del
Estado.
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Destacó que las constancias del expediente CUDAP:
EXPE-MRE: 0038503/2008 acompañado por la actora, demuestran la
existencia del intercambio epistolar que existió entre el
Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y la Delegación
Argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay,
y que han sido las autoridades nacionales quienes no
asistieron a la audiencia pública a la que fueron invitadas,
ni se acercaron al ICAA a examinar la documentación relativa
al proyecto, la cual, dado su carácter público, siempre estuvo
a su disposición.
Expresó que este proceso carece de objeto actual en
la medida en que la supuesta ilegalidad o arbitrariedad denunciada
sólo quedaría reducida a la falta de contestación de
la nota del vicecanciller del 16 de febrero de 2010, y tal
omisión habría sido subsanada mediante la respuesta del señor
gobernador a la nota del 18 de agosto enviada por el señor
canciller.
Negó que con el emprendimiento se pudiese ocasionar
algún tipo de alteración significativa al caudal del Río Uruguay,
o que pudiese agravar el grado de eutrofización del
embalse Salto Grande por los nutrientes que pudiera recibir
del Río Miriñay, en el que desemboca el Arroyo Ayuí.
También negó que con la construcción de la represa y
el consiguiente embalse pudiera producir la desaparición del
cauce natural y las zonas ribereñas, o que importe una
afectación irrazonable del uso de bienes del dominio público,
o que suponga su destrucción y mucho menos en aras de un interés
privado.
Reivindicó el derecho de la provincia a poder explotar
sus recursos naturales de manera sustentable y amigable
con el medio ambiente, como así también el derecho al
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desarrollo y el principio de participación equitativa de las
aguas, y señaló que entre los Estados provinciales y países
vecinos, Corrientes es la que menor intervención agrícola
posee y, por lo tanto, la que menor aprovechamiento realiza de
las aguas del río en cuestión.
Acompañó como prueba documental copias certificadas
de los expedientes administrativos individualizados a fs.
372/373, en los que constan los antecedentes del emprendimiento
denominado “Proyecto Productivo Ayuí Grande”.
6°) Que en virtud de los antecedentes expuestos, y al
no haber ofrecido las partes otra prueba que la documental
incorporada al sub lite, este proceso se encuentra en condiciones
de dictar la respectiva sentencia en los términos del
artículo 8°, último párrafo, de la ley 16.986.
7°) Que, en tales condiciones, corresponde expedirse
en primer lugar en relación al cuestionamiento efectuado por
la demandada respecto a la legitimación del Estado Nacional
para interponer esta acción de amparo.
En tal sentido cabe puntualizar que el amparo, en
situaciones vinculadas con individuos, puede tener por objeto
la salvaguardia de derechos fundamentales garantizados por la
Constitución, pero que ello no es un requisito esencial del
amparo relacionado con este particular ámbito, en el cual
interesa, ante todo, la tutela de las facultades conferidas
por la Constitución a los órganos que ella crea (Fallos:
307:2249).
En efecto, en el sub examine el Poder Ejecutivo
Nacional interpuso esta acción en cumplimiento de la obligación
legal que le impone el Estatuto del Río Uruguay de 1975,
aprobado mediante la ley 21.413, de informar al Estado
co-ribereño, por intermedio de la Comisión Administradora del
Río Uruguay (CARU), de la existencia de cualquier tipo de obra
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o aprovechamiento de las aguas del río, que pueda llegar a
tener entidad suficiente para afectar su calidad.
De allí la legitimación que le asiste para interponer
esta acción, a los efectos de encontrar medios expeditos
de tutela jurisdiccional, tendientes a remover los obstáculos
indebidos que los funcionarios locales han opuesto Ccomo a
continuación se estableceráC a su actividad destinada a “valorar”
si se configuran los supuestos indicados que tornarían
exigible la comunicación en cuestión.
Cabe recordar que esta Corte ha dicho que no podía
pensarse que los jueces nacionales careciesen de jurisdicción
para amparar a los agentes del Presidente de la República en
el desempeño de sus comisiones, pues quedaría desarmado el
poder nacional para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales
(Fallos: 7:457; 307:2249).
8°) Que en cuanto al fondo del asunto es preciso
indicar que mediante la nota SEREE n° 29/2010 del 16 de febrero
de 2010, el señor Secretario de Relaciones Exteriores le
requirió al señor gobernador de Corrientes que remitiera todos
los antecedentes y la información completa del “Proyecto
Productivo Ayuí Grande”, incluidos los estudios de impacto
ambiental realizados, a los efectos de que las autoridades
nacionales respectivas pudieran determinar si la obra es susceptible
de producir cambios en el ecosistema del Río Uruguay
y consecuentemente, si corresponde o no someterlo a la CARU.
También se señaló la necesidad de que no se autorice la realización
ni el inicio de las obras proyectadas (ver fs. 58/59
del expediente CUDAP: EXPE-MRE: 0038503/2008).
Frente a la falta de contestación de la nota referida
Cno existe controversia al respectoC, el señor canciller
reiteró el pedido en términos similares mediante la nota sus-
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cripta el 18 de agosto de 2010 (fs. 81 del expediente citado).
Según surge de las copias certificadas acompañadas
por la demandada junto con su presentación de fs. 360/374,
este pedido reiteratorio fue contestado por el señor gobernador
provincial mediante su nota del 9 de septiembre de 2010,
ingresada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto el día 13 del mismo mes, en la que realizó
una breve reseña del procedimiento llevado a cabo en sede
local con relación al proyecto en cuestión, señalando que se
invitó al señor presidente de la Delegación Argentina en la
Comisión Administradora del Río Uruguay a participar en la
audiencia pública realizada, y que se le notificó de la
emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, pero en relación
a la documentación que le fue requerida comunicó que se
encontraba a disposición del señor canciller en la sede del
ICAA, para ser revisada por los técnicos que designe, ello
Csegún esgrimióC en virtud de su considerable magnitud.
9°) Que las excusas invocadas por el señor gobernador
para no remitir a las autoridades nacionales la documentación
que le fue requerida, no constituyen razones suficientes para
justificar esa negativa.
Demostración acabada de ello es que, no obstante su
voluminosidad, acompañó a este proceso como prueba documental
los antecedentes considerados por el Estado provincial en el
proceso de evaluación de la represa proyectada.
10) Que, en tales condiciones, el Tribunal considera
que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad
del amparo interpuesto y se hará lugar a la petición efectuada
en todo aquello en lo que se le ha dado curso, en los términos
que surgen de la parte dispositiva de este pronunciamiento.
Cabe señalar, por último, que en mérito al modo en
que se decide, resulta innecesario que esta Corte se expida en
E. 172. XLVI.
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lo que concierne a la medida cautelar solicitada.
Por ello, se resuelve: I. Hacer lugar a la acción de
amparo interpuesta por el Estado Nacional y, en consecuencia,
entregar al actor los expedientes administrativos acompañados
en copia certificada por la Provincia de Corrientes junto con
su presentación de fs. 360/374, a los efectos de que, en el
plazo de noventa (90) días corridos, valore si las obras concernientes
al “Proyecto Productivo Ayuí Grande” se encuentran
alcanzadas por las previsiones contenidas en los artículos 7°
al 13 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Dicho plazo comenzará
a correr a partir del quinto día de haber sido notificada
esta decisión. II. Suspender por el plazo establecido
precedentemente las obras proyectadas. Notifíquese, comuníquese
al señor Procurador General y, oportunamente, archívese.
RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – JUAN
CARLOS MAQUEDA – CARMEN M. ARGIBAY.
ES COPIA
Parte actora: Estado Nacional, representado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, doctor Aníbal Domingo Fernández, el señor Director de
Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, doctor Daniel Alfredo Muñiz, con el patrocinio letrado del
señor Procurador del Tesoro de la Nación, doctor Joaquín Pedro da Rocha.
Parte demandada: Provincia de Corrientes, representada por el señor Fiscal de
Estado, doctor Carlos Alberto Pila, y por el señor Procurador del Tesoro provincial,
doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, con el patrocinio letrado del doctor Gabriel
Bouzat.

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