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ACCIDENTE DE TRABAJO. RECIDIVA

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SENTENCIA DEFINITIVA Nº 41281 PASSERANO C/ DIA SA S/ DESPIDO.DOC

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 41281

CAUSA Nº 3.884/2007 – SALA VII – JUZGADO Nº 10

En la ciudad de Buenos Aires, a los  17  días del mes de octubre de 2008, para dictar sentencia en los autos: “PASSERANO, MARTIN ERNESTO C/ DIA ARGENTINA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO”, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- En este juicio se presenta el actor e inicia demanda contra “DIA ARGENTINA S.A.” y contra “LIBERTY A.R.T.”, en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor, con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.-

Aduce que se desempeñó en relación de dependencia con la aquí demandada, cumpliendo tareas de cajero en la sucursal que funciona en la localidad de Ituzaingó, en las condiciones y con las características que explica.-

Relata que con fecha 20-09-03, mientras cumplía sus tareas habituales, se produce un asalto en el local, resultando víctima su parte, quien a posteriori presentó un cuadro denominado “Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado II” por lo que procede a realizar el correspondiente tratamiento, con la intervención de la Comisión Médica.-

A su retorno, ya recuperado, vuelve a ser víctima de otro asalto (el 03-06-04) lo que trae como consecuencia que aparezca nuevamente su dolencia, aunque aclara que se trata de un nuevo accidente laboral, no recidiva del primero. Es “un nuevo hecho incapacitante”, de modo que –afirma- no puede aducirse que fue una situación de “agravamiento” de un mismo y único accidente.-

Relata que luego de recibir la atención del caso y tras varias controversias con la Aseguradora y la empleadora en fecha 09-09-04 recibe una carta documento de aquélla mediante la cual se le comunica la reserva del puesto, tomando como punto de partida del mismo la fecha del primer accidente, acumulando el plazo al segundo como si fuese una recidiva, todo lo cual rechaza, generándose el intercambio cartular que reproduce y que, ante su resultado negativo, epiloga con su desvinculación por despido indirecto.-

Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes por despido incausado, salarios adeudados, multas y recargos previstos en el ordenamiento laboral.-

Sostiene que la aseguradora resulta solidariamente responsable hasta el monto correspondiente a los salarios caídos, mientras que el resto del reclamo recae exclusivamente sobre su otrora empleadora “Día Argentina S.A.” (ver demanda fs. 6/10 y fs. 12/13 vta.).-

A fs. 32/36 vta. responde “DIA ARGENTINA S.A.”.

Desconoce todos los extremos invocados por la parte actora, relata su versión de los acontecimientos y, tras impugnar la liquidación, pide el rechazo de la demanda.-

“LIBERY ART S.A.” se presenta y responde a fs. 46/48 vta. y opone excepción de falta de legitimación pasiva.-

La sentencia de primera instancia obra a fs. 232/237, en la que la “a-quo”, luego de analizar los extremos fácticos y jurídicos de la causa, decide en sentido favorable a las pretensiones de la parte actora.

Los recursos que analizaré llegan interpuestos por la demandada (fs. 249/250 vta.) y por la aseguradora (fs. 243/246). También hay apelación del Sr. perito contador, quien considera reducidos sus honorarios (fs. 240/vta.).-

II.- La demandada cuestiona el fallo en tanto declaró que el despido decidido por el actor resultó legítimo. Basa su defensa en sostener que debió acatar el alta determinada por la aseguradora y por ende, en tanto aquél no se reintegró a su puesto de trabajo, debió optar por la reserva del puesto, con arreglo a lo establecido por el art. 211 de la L.C.T.-

Sin embargo, no encuentro que el recurso aporte datos o argumentos que resulten eficaces para revertir lo resuelto.-

En efecto, de los datos acompañados por la aseguradora de riesgos del trabajo surge que el Sr. Passerano, luego del segundo accidente (que le causara la incapacidad psíquica por la que le volvieran a otorgar licencia), fue notificado del “cese de incapacidad laboral temporaria” con fecha 15-06-04, alta esta que fuera impugnada por aquél (v. telegramas de fs. 127/8 fechados el 18-06-08).-

Ahora bien, independientemente de que la demandada nada hizo más  que  ratificar  dicha alta, cabe dejar sentado que –tal como se indica en el fallo- en el caso los hechos que incapacitaron al actor fueron “accidentes de trabajo”, y como tales, regidos por la Ley de Riesgos del Trabajo. No son  enfermedades o accidentes inculpables, de los cuales se ocupa la Ley de Contrato de Trabajo en sus artículos 208 a 213.-

Por consiguiente, cabe tener en cuenta que según el art. 7 de la Ley de Riesgos de Trabajo existe “…situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales…”. La misma cesa: por alta médica; declaración de incapacidad laboral permanente (ILP);  transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante ó muerte del damnificado.-

Ahora bien, sin perjuicio de que la demandada ante la impugnación formulada por la actora sólo se limitó a ratificar su posición (en cuanto al alta informada por la aseguradora) lo cierto es que la reserva del puesto que decidió con base en lo dispuesto por el art. 211 de la L.C.T. no resultó atinada. El período de conservación del puesto es un plazo de suspensión del contrato de trabajo en el cual, el trabajador no tiene derecho a percibir salarios. Se trata de una ausencia que es consecuencia de una enfermedad o accidente que no guarda vinculación con el trabajo, que no es lo que ha ocurrido en el presente, en el que efectivamente hubo accidente de trabajo.

Desde esta perspectiva, no puedo más que compartir lo resuelto en grado en cuanto a que la reserva del puesto decidida por la empleadora, con la consiguiente falta de pago de las remuneraciones a partir de ese momento, constituyó un incumplimiento lo suficientemente grave e injuriante por lo que el despido decidido por el actor resultó legítimo y debe ser indemnizado.-

III.- En cuanto a la condena al pago del incremento previsto por el art. 2 de la Ley 25.323, tampoco veo razones para apartarme de lo resuelto.-

La norma  deviene aplicable a las consecuencias jurídicas o efectos  contractuales que  no  hayan  sido  cumplidos  por  el  empleador debidamente intimado. Ergo, son requisitos para su procedencia: la intimación fehaciente y el inicio de acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas. La norma parece apuntar a morigerar el daño que se produce al trabajador cuando no se cumple lo debido y a poner un marco diferencial entre el empleador que cumple con las indemnizaciones previstas en la ley y aquél que se toma los tiempos judiciales, aún sabiendo que debe pagar (ver trabajo publicado en ERREPAR, Nº 185, enero/01, T. XV, “Nuevo Régimen de Indemnizaciones Laborales  Establecido  por  la Ley 25.323”, Dra. Estela M. Ferreirós). La actora intimó fehacientemente y debió iniciar el presente juicio para poder obtener el cobro.-

No me parece atendible el planteo  de la demandada acerca  de que se la debió eximir totalmente de su pago  (en aplicación del 2º párrafo de la norma citada).-

En relación a ello, he tenido oportunidad de señalar que dicha norma no hace referencia a los motivos fundados para considerar injurioso el accionar del actor (para justificar la eliminación de su aplicación) sino que lo menciona, a mi modo de ver, con el objeto de que se valore el hecho del incumplimiento del deudor – empleador.-

Considero que no contempla el legislador la duda razonable del empleador acerca de la aplicación de la ley, porque no cabe en nuestro ordenamiento la duda de derecho. Lo que sí autoriza la ley es la merituación con graduación de la gravedad del incumplimiento (en igual sentido he resuelto en “Zitelli, Gustavo Martín c/ Fibertel SA”, sent. 37.287 del 23-02-04).-

Propongo entonces la confirmatoria del fallo también en este segmento.-

IV.- En líneas generales la aseguradora sostiene que el fallo resulta equívoco no sólo porque no le reconoció validez definitiva al alta médica que le otorgara al actor, sino porque  además, la condenó  por la totalidad de los rubros reclamados en la demanda, inclusive los del despido.-

En relación al tema del alta médica, cabe señalar que el agravio mediante el cual sostiene que le quitó validez  “sin fundamento” no cumple mínimamente con los requisitos impuestos por el art. 116 de la Ley 18.345.-

Mas sí tiene razón en cuanto a la condena dispuesta en grado. En relación a los salarios correspondientes por la licencia por enfermedad, cabe señalar que tal como lo indica el art. 13, inc. 1º de la Ley 24.557 la prestación de pago mensual (en caso de Incapacidad Laboral Temporaria) es de cuantía igual al valor mensual del ingreso base, el que, de acuerdo a lo informado por el Sr. perito contador ascendió  a $ 451,97 con lo cual, la condena por salarios entre septiembre/04 a marzo/05 –inclusive- es de $ 3.163, 79.-

Así  entonces  el  monto  total  de condena será de $ 13.111,61 más los intereses que se indican en el fallo.-

Ahora bien,  la  obligación   de   la   aseguradora -incumplida en el caso- se encuentra circunscripta al pago de las prestaciones  de acuerdo a lo establecido en el art. 13 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo. De hecho, el propio actor al iniciar demanda propugnó la responsabilidad solidaria de la ART con la empresa, hasta el monto correspondiente a salarios caídos durante la licencia por enfermedad.-

Luego, estimo que debe revocarse el fallo en este punto y establecer que la condena  solidaria  de LIBERTY A.R.T. S.A. únicamente lo es hasta el monto de los salarios caídos, siendo la restante condena exclusiva para la codemandada DIA ARGENTINA S.A.–

V.- Respecto de las costas –punto que cuestiona la demandada- no encuentro razones para apartarme de lo resuelto en primera instancia, en tanto se han dispuesto a cargo de la demandada vencida, en aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68 del Código Procesal.-

Los honorarios regulados en primera instancia me parecen equitativos, sobre la base del mérito de los trabajos cumplidos por lo que propongo sean confirmados (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).-

VI.- Sugiero que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada –a excepción de las generadas por el recurso interpuesto por la aseguradora que lo serán por su orden- y se regulen honorarios a las representaciones letradas de cada una de las partes en el 25% de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).-

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.-

EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo y reducir el monto de condena a la suma de $ 13.111,61 (TRECE MIL CIENTO ONCE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS) más los intereses que allí se indican. 2) Revocar parcialmente el fallo y disponer que la condena solidaria de LIBERTY A.R.T. S.A. únicamente recae hasta el monto de los salarios caídos por enfermedad, siendo la restante condena exclusiva para la codemandada DIA ARGENTINA S.A. 3) Confirmar el fallo en lo demás que decide. 4) Confirmar los honorarios regulados. 5) Costas de alzada a cargo de la demandada a excepción de las generadas por la apelación de la aseguradora, las que serán soportadas en el orden causado. 6) Regular honorarios de alzada para cada una de las representaciones letradas intervinientes, en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) de los determinados para la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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