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DESPIDO INCAUSADO. EMERGENCIA PERSONAL DEL EMPLEADO.

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PODER JUDICIAL DE LA NACION

SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 41043
CAUSA Nº: 7.227/07 – SALA VII – JUZGADO Nº:1

En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio de 2.008, para dictar sentencia en los autos: “ GANGL DANIEL OSCAR C/ TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A. S/ DESPIDO”; se procede a votar en el siguiente orden:
LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:
I.- A fs. 5/9 se presenta el Sr. Daniel Oscar Gangl e inicia demanda contra Transportes Metropolitanos General Roca S.A. en procura del cobro de las sumas e indemnizaciones provenientes del despido incausado.
Manifiesta que comenzó a laborar para la demandada el 10 de febrero de 1994, desempeñándose como “guardabarreras” y cumpliendo un horario de lunes a lunes de 5 a 13 horas, con un franco semanal los días miércoles.
Refiere que prestó servicios durante un lapso de 11 años y 5 meses, siendo su comportamiento excelente, no habiendo incurrido durante toda la relación laboral, en ninguna inconducta que mereciera sanción por parte de su empleadora.
Señala que el 9 de julio de 2006, en ocasión de estar prestando sus tareas habituales, alrededor de las 6:30 horas, recibe un llamado de su esposa en el cual le contaba que unos ladrones habían entrado a su casa para robarles y se llevaron todo mientras que ella estaba allí con los hijos de ambos. Ante esta situación decide dejar su puesto de trabajao e ir a su casa, no sin antes avisar telefónicamente a la empresa de este acontecimiento (llamada que no pudo concretarse toda vez que nadie atendió).
Sostiene que al no poder comunicarse con su empleadora, se retira de su puesto dando cumplimiento a lo normado por el reglamento vigente para la actividad, el cual prevé para casos de tener que ausentarse,”dejar las barreras bajas del paso a nivel”, hecho éste que realizó, dando aviso además de lo acontecido a un comerciante de la zona.
Aclara que al llegar a su hogar, corroboró el robo del cual fue víctima e hizo la pertinente denuncia (la cual se acompaña como prueba documental en las presentes actuaciones).
Afirma que a pesar de haber hecho el descargo pertinente ante su empleadora, ésta procedió a despedirlo en forma directa mediante carta documento de fecha 17 de julio de 2006 aduciendo que el haber abandonado su puesto de trabajo, dejando las barreras altas puso en grave peligro de accidente la vida y bienes de terceros y de la empresa, produciendo la pérdida de confianza de la empleadora atento el incumplimiento de sus deberes de diligencia, obediencia y fidelidad.
Practica liquidación. Solicita la entrega de los certificados de trabajo previstos por el art. 80 de la L.C.T. .
A fs. 11/35 contesta la demanda el accionado Transportes Metropilitanos General Roca S.A. quien niega todos y cada uno de los hechos expuestos en la demanda y manifiesta que no es verdad que el actor no haya tenido sanciones previas durante el desarrollo de la relación laboral, y refiere que el accionante jamás cumplió sus funciones con eficacia y corrección; por lo tanto el despido directo fue totalmente justificado.
Impugna la liquidación. Solicita el rechazo de la demanda.
A fs.179/182, obra la sentencia de primera instancia. En ella el “a quo”, luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, decide hacer lugar al reclamo impetrado por el actor, por considerar que el despido en el que incurrió la demandada fue una medida desproporcionada habida cuenta la falta de sanciones previas del actor, su antigüedad en la empresa y el motivo que produjo el abandono del actor de su puesto de trabajo.
El recurso a tratar llega interpuesto por la demandada (fs. 209/212) quien no sólo apela el fondo de la sentencia, sino también la totalidad de los honorarios en ella regulados, por considerarlos altos.
También hay apelación del perito contador (fs.197) quien estima exiguos los honorarios que le han sido regulados.
II.- Trataré en primer lugar el recurso interpuesto por la demanada.
Respecto al fondo de la sentencia, varios son los planteos de la accionada:
a) Primeramente se agravia por cuanto considera que el juez “a quo” al hacer lugar a la demanda, no hizo una correcta valoración de la prueba aportada, concluyendo el sentenciante, que la misma era insuficiente para demostrar el hecho injurioso que se le atribuyó al actor. Expresa a su vez la accionada, que con las testimoniales brindadas en autos, quedaría acreditada la inexistencia de duda acerca de la injuria cometida y de lo acertado de la decisión arribada (despido del actor).
Ahora bien, primeramente, debo recordar que una vez producido el despido directo, la carga de la prueba de la causa del mismo, queda en cabeza de la demandada y de no ser así, cae la justificación de rescisión del vínculo, más allá de la existencia o no de actividad probatoria del actor. Ello es así en los términos del art. 377 CPCCN y del art. 499 C.C. .
Es función del jurista reconstruir el pasado para ver quién tiene razón en el presente y según se haya distribuido la carga de la prueba, será la actividad que deba desarrollar cada uno.
Esa carga determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el éxito en el proceso y debe apuntar al objetivo de la prueba, es decir, de los hechos no admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos,sean conducentes a la dilucidación del litigio.
En el caso que nos convoca, la demandada tuvo a su cargo la prueba de que el actor no sólo había incurrido en el hecho injurioso que se le atribuye -abandonar su puesto de trabajo dejando las barreras del paso a nivel levantadas, poniendo en grave peligro de accidente la vida de terceros- sino también que tenía otros antecedentes previos, y que el despido directo con el que se puso fin a la relación laboral, no ha sido una medida desproporcionada sino ajustada a derecho. Al igual que el sentenciante, entiendo que este objetivo no ha sido alcanzado por la legitimada pasiva.
Ahora bien, entiendo que para poder dilucidar dicha cuestión, resulta fundamental el análisis de la prueba testifical brindada en la causa.
Veamos:
HÉCTOR RUBÉN HOURCADE,(fs.84) propuesto por la parte demandada dijo que: “…conoce al actor y a la demandada porque era empleado de la misma, que el actor era guardabarreras de Metropolitanos… que el actor trabajó hasta mediados de 2006 y tiene entendido que ello fue por consecuencia de un abandono del servicio del paso a nivel a su cargo… que ello lo sabe por medio del Puesto de Control de Trenes… que se le informó al dicente que la barrera no estaba protegida, es decir estaba con las paralelas levantadas… que el guardabarreras que estaba en el lugar no era personal de la empresa… que el actor no se encontraba…”.
PABLO GARCÍA (fs.85), propuesto por la demandada manifestó que: “… conoce al actor y a la demandada porque trabajaba en dicha empresa… que el actor trabajó hasta medidados del año 2006, que lo despidieron, cree, por hacer abandono de servicio en su puesto de trabajo… que un conductor de tren avisó que las paralelas estaban levantadas y estaba pasando el tránsito vehicular; que la persona que estaba en la barrera era un particular… que todo esto lo sabe por la Oficina de Control… que no sabe si el actor fue despedido o se fue de la empresa…”
LUIS HÉCTOR SIRES (fs. 86) propuesto por la demandada, refirió que: “… no conoce al actor, que conoce a la demandada porque trabajó allí… que el dicente es conductor de trenes y haciendo su turno, al llegar a la barrera de Dorrego se encontró sin señas del guardabarrera y al no ver la seña tuvo que deternerse, ahí vio que estaban pasando colectivos, autos, etc, y ve que las paralelas se encontraban altas… que al ver hacia adentro de la garita vio a un hombre aparentemente dormido que no llevaba ropa de la empresa… que comunicó lo sucedido al auxiliar de turno al llegar a la Estación de Lavallol… que cuando el dicente pasó por el paso a nivel, las barreras se encontraban levantadas…”
La testigo VIVIANA ANGÉLICA MORÁN (fs. 87), propuesta por la parte actora, sostuvo que: “…conoce al actor porque es vecina desde hace muchos años, que conoce a la demandada por viajar en dicha línea… que sabe que el actor trabajaba en Metropolitanos como guardabarreras… que el 9 de julio de 2006 entraron a su casa a robarle y la esposa lo llamó a su trabajo, que el actor se acercó hasta su casa… que tiene entendido que por ese hecho el actor se quedó sin trabajo…”
Finalmente el testigo DANIEL ANIBAL CLERI (fs. 89), propuesto por la actora, afirmó que: “… conoce al actor y a la demandada porque viaja en dicha empresa… que el dicente vende churros, tiene un puesto a 30 o 40 metros de donde estaba el puesto de trabajo del actor, de la vereda de enfrente. Que el actor trabajaba de guardabarreras… que el dicente estaba vendiendo churros, a las 5 de la mañana y lo llamó el actor diciéndole que había recibido un llamado telefónico de su esposa… que supuestamente le habían entrado a robar… que el actor bajó la barrera y salió en dirección a su domicilio… que el actor volvió a la hora y media de haberse ido…que el lugar de trabajo del actor quedó vacío y el dicente se quedó mirándolo desde la vereda de enfrente… que pasó un solo tren en el tiempo que el actor se fue y volvió… que los pocos autos que querían cruzar el paso a nivel tocaban bocina y después daban la vuelta y se iban por otra calle… que nadie pasó con las barreras bajas en el tiempo que el actor no estuvo”.
A mi jucio, y en virtud de los testimonios analizados precedentemente, entiendo que, si bien la demandada sostiene que de la prueba testifical por ella ofrecida, quedaría probada la supuesta injuria en que incurrió el actor, ello no es tan así.
Veamos; debe tenerse en cuenta en primer lugar que, ni el testigo Hourcade ni el testigo García presenciaron los acontecimientos relatados sino que saben lo ocurrido por comentarios; y en segundo lugar, si bien la declaración del testigo Sires sería la única realmente valedera para acreditar fehacientemente la veracidad de la injuria en que incurriera el actor, luego de la lectura minuciosa de la misma, quedan dudas acerca de si realmente el accionante al irse dejó o no la barrera baja, pudiendo haber sido otra persona -ajena a la empresa- quien levantara la misma una vez retirado el actor de su puesto de trabajo.
Es por ello que, luego del estudio de estos testimonios y los de la parte actora (los cuales no han merecido impugnación alguna por la contraria), estimo que la prueba testifical aportada por la demandada, carece de la suficiente fuerza convictiva como para considerar acreditada la injuria laboral por ella alegada.
Por lo expuesto, no encontrando que accionada haya logrado aportar datos relevantes o claramente descriptivos para determinar la disolución del vínculo entre ambos (art. 242 LCT) ni elementos de juicio que sean hábiles para revertir el fallo, propongo su confirmación sobre este tema.
b) También agravia a la demandada que el Juez de grado haya resuelto que el hecho injurioso cometido por el actor no debió haber sido sancionado con el despido. Insiste en sostener que dicho acontecimiento resultó de suficiente gravedad como para tomar tal decisión; máxime que el Sr. Gangl no observó las obligaciones derivadas del contrato de trabajo celebrado con la empresa (en el sentido de cumplir con las normas de seguridad que impone el reglamento para los casos en que el trabajador deba ausentarse de su puesto por una emergencia).
Con respecto a este punto, estimo que tampoco le asiste razón a la apelante.
Considero que la evaluación de la injuria es una tarea reservada a los jueces teniendo en cuenta los parámetros de la causalidad, proporcionalidad y oportunidad y, en virtud de ello, si bien es real que la conducta adoptada por el actor es merecedora de reproches por imprudente, estimo que haber decidido el despido resulta excesivo (art. 242 LCT).
Soy de la opinión que la falta cometida por el actor, bien pudo ser sancionada con una medida de menor envergadura, previo a la máxima sanción prevista por la normativa vigente, máxime si se tiene en cuenta no sólo la antigüedad del Sr. Gangl en su trabajo (11 años y 5 meses) sino también la falta de pruebas que demuestren sus “supuestos antecedentes” desfavorables (ver pericial contable de fs. 157).
Por todo ello, creo que la postura de la demandada se encuentra debilitada y que la decisión de la ruptura se torna –en el caso- excesiva y desproporcionada, correspondiendo en todo caso, la aplicación de correctivos previos en forma progresiva y escalonada, de menor trascendencia que el despido.
A mayor abundamiento, no puedo dejar de destacar que la tarea de guardabarreras es sumamente delicada y que el abandono de las mismas puede generar graves riesgos y/o daños. Empero, la empresa, debe tener previsto que quien tiene a su cargo un paso a nivel, puede padecer algún evento imprevisto, como puede ser también un problema de salud o como en el caso de autos, advertir un grave riesgo familiar, para tales supuestos, esta empleadora, debe tener preparado un sistema de emergencia que permita el reemplazo del trabajador.
Uno puede preguntarse qué pasa si un guardabarreras se desmaya, o se accidenta?, queda totalmente desgaurnecido el paso a nivel?
Parece que más allá de la obligación delicada del trabajador que se observa en autos, surge una situación de emergencia para Gangl, que no está negada y, también se acredita con el testimonio más claro e independiente de Cleri, que cumplió con la reglamentación dejando las barreras bajas.
Dadas tales circunstancias, es obvio que existe una falta de previsión en la empleadora, que justifica lo obrado por el actor.
En atención a todo lo dicho “ut supra”, no veo motivos para apartarme de lo decidido por el “a quo” sobre este punto y estimo pertinente la confirmación del fallo.
III.- En cuanto a los honorarios regulados en primera instancia a la totalidad de los profesionales intervinientes en la causa (letrados de ambas partes y perito contador); considero que sobre la base y el mérito de los trabajos por ellos realizados en las presentes actuaciones, los mismos resultan ser adecuadamente remunerativos, por lo que, pese a la apelación formulada por la parte demandada y por el perito contador en este aspecto, propongo su confirmación (art. 38 de la Ley 18.345 – modificada por la Ley 24.635- y demás normas arancelarias).
IV.- De compartirse mi tesitura, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada vencida(art. 68 CPCCN) y se regulen honorarios a la representación letrada de la parte demandada en el 25% de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores). EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:
Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.
EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345 –modificada por ley 24.635-).
Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal RESUELVE: 1)Confirmar el fallo en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de alzada a la parte demandada. 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la parte demandada en esta instancia en el 25% de las que los correspondientes por su actuación en origen. 4) Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2° del art. 62 de la ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada C.S.J.N. No. 6/05).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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