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Derecho a la salud y acceso a la vivienda digna. Fallo ejemplar de la Camara en lo Contencioso Administrativo de San Martin.

EL PRO DEBERIA LEER ESTE FALLO A PROPOSITO DE LOS ULTIMOS SUCESOS

causa Nº 2379/10 “R., J. O. c/Municipalidad de San Fernando s/amparo”.

En la ciudad de General San Martín, a los _13__ días del mes de diciembre de 2010 se reúnen en acuerdo ordinario los jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Ana María Bezzi, Jorge Augusto Saulquin y Hugo Jorge Echarri, para dictar sentencia en la causa Nº 2379/10 “R., J. O. c/Municipalidad de San Fernando s/amparo”. Efectuado el sorteo de ley, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
VOTACIÓN
A la cuestión planteada, la Señora Jueza Ana María Bezzi dijo:
ANTECEDENTES
I.- El 13/10/2010 el señor titular del Juzgado de 1 Instancia en lo Civil y Comercial nº 8 resolvió hacer lugar a la acción de amparo promovida por J. O. R. contra la Municipalidad de San Fernando y contra la Provincia de Buenos Aires, y dispuso que deberían arbitrar los medios para proveer, una vivienda adecuada para el accionante por la vía o modalidad jurídica que corresponda, en forma coordinada y solidariamente, en un plazo que no exceda de los sesenta días. Asimismo, en su caso, y hasta tanto se dé cumplimiento a dicha prestación, las demandadas deberán cubrir a su exclusivo costo, dentro de las cuarenta y ocho horas, el alojamiento del amparista en un hotel o complejo habitacional similar que reúna las condiciones adecuadas, medida que regirá mientras persista la situación denunciada por el amparista (arts. 12 inc. 1 y 3, 15, 20 inc. 2, 26, 28, 36 y 39 de la Constitución Provincial; 14 bis, 19, 33, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional; arts. 4, 5 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 2, 3 y cc. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; ley 13.928).
Para así decidir, en lo sustancial, sostuvo que la ampliación de la demanda respecto a la Provincia de Buenos Aires, era procedente. Ello, pues pese a lo manifestado por el actor en el sentido de que el actor sólo había instaurado esta demanda contra la Municipalidad de San Fernando y que la incorporación de nuevos demandados que, procesalmente, no revisten el carácter de litis consortes necesarios, sino facultativos, era extemporánea en tanto se efectuaba en una etapa posterior a la oportunidad fijada por el artículo 331 de la ley ritual.
En este aspecto, el juez de grado, sostuvo que, dado que los elementos objetivos de la pretensión (causa y objeto) permanecían inalterables, era factible ampliar los límites subjetivos del litigio con el fin de procurar una economía procesal, al evitar la iniciación de un nuevo proceso paralelo y conexo con el presente (art. 34 inc. 5) ap. b del C.P.C.; CCCLa PLata, sala III, Reg. Int. 135/71, citado por Morello, Passi Lanza, Berizonce, Códigos Procesales Civiles y Comerciales, comentados y anotados, T. IV, pág. 248).
Seguidamente, el a quo desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por La Municipalidad de San Fernando.
En este sentido, consideró que de acuerdo con el decreto ley 6769/56 -Ley Orgánica de las Municipalidades- los municipios pueden realizar obras públicas, las que consisten, entre otras, en “…las de ornato, salubridad y urbanización…” (art. 60).
Asimismo, afirmó que estas obras públicas municipales se realizarán, entre otros formas, por acogimiento a las leyes de la Provincia o de la Nación, lo cual requiere aprobación legislativa (v. arts. 59 del decreto ley 6769/56).
En consecuencia, entendió que no está fuera de las atribuciones del Municipio demandado la realización de obras públicas, entre las cuales se encuentra, como se señaló, la construcción de viviendas; y que no es posible considerar ajena a la presente contienda a la Comuna demandada, en virtud de las especiales características de las cuestiones planteadas, debiendo asumir su responsabilidad conforme su respectiva competencia y políticas públicas adoptadas o por adoptarse.
Por lo demás, analizó las constancias del expediente y consideró que se encontraba acreditado en autos los extremos expuestos por el amparista que avalaban su petición.
Así, señaló que se desprende de la prueba testimonial producida que el actor vive con su pareja en un espacio público, en la calle, porque no tiene donde vivir (fs. 100). Además, que concurre a comedores de diferentes iglesias, que ha tenido dos operaciones y que tiene que practicarse otra operación (fs. 104). Destacó que, obran testimonios contestes en cuanto a la situación crítica que padece el amparista, en lo que respecta a su salud y su situación de calle.
Subrayó que, la pericia médica de fs. 113/114 y explicaciones de fs. 130/131, da cuenta de que el accionante ha sido operado en diferentes oportunidades y que le ha quedado como secuela una incapacidad parcial y permanente.
Como así también, que el experto informa que el amparista requiere la programación de una nueva cirugía abdominal, cuya recuperación no puede realizarse en la vía pública, por los riesgos que ello importa: infección y complicaciones metabólicas y hemodinámicas (v. puntos a, b, g de fs. 113/114), dictamen que no fue impugnado por las partes (art. 474 y cc. del C.P.C.).
El magistrado, tuvo en cuenta la historia clínica acompañada núm. 8.249.016 del Hospital Zonal General de Agudos de San Fernando, de la cual se desprende que el actor fue operado de una eventración de Kocher en abril de 2006; y la historia clínica del Hospital Juan. A. Fernández núm. 575.748, en tanto surge que fue nuevamente operado pero de una hernia inguinal bilateral derecha recidiva en diciembre de 2008.
Por otra parte, citó que obra en la documentación constancia de la atención del amparista en el Centro de Orientación Social para la Familia y la Juventud de la Municipalidad de San Fernando, donde se le diagnosticó trastorno depresivo mayor, habiéndosele prescripto la medicación adecuada para su patología.
Entendió, que la gravedad de la situación en la que se encuentra el amparista resulta compleja debido a su imposibilidad de trabajar, lo cual lo coloca en situación de vulnerabilidad, más aún teniendo en cuenta su edad (65 años) y estado de salud. Remarcó que, dicho estado se agravará si no es sometido a las operaciones quirúrgicas que se le han prescripto. Destacó que el accionante se encuentra prácticamente en estado de indefensión, situación que debe ser tutelada.
Opinó que, esa realidad revela un cuadro complejo y crítico, con riesgo previsible para las condiciones de la existencia digna del accionante. En consecuencia, consideró que una correcta comprensión del problema planteado no permite cerrar los ojos ante su evidencia, que, por otra parte, no ha sido contradicha por los demandados.
Luego, refirió en cuanto al encuadre legal del caso, que en autos concurren los presupuestos suficientes para tener por cumplida la arbitrariedad o ilegalidad del acto administrativo, en cuanto deben resultar de manera ostensible, patente, o ser, cuanto menos resultado de un comportamiento grosero de la administración, en pugna con el ordenamiento jurídico.
Ello, en razón de la situación descripta por el accionante, y las lesiones a los derechos constitucionales invocados: a la salud y al acceso a una vivienda digna. Dicha circunstancia, ameritan la vía intentada.
Recordó, que la consagración de derechos sociales reconocidos constitucionalmente y a nivel supranacional, constituyen normas operativas, respecto de los cuales el Estado se encuentra obligado a otorgarles plena efectividad en el marco de programas especiales de gobierno, más aún cuando los derechos invocados requieren de una protección impostergable.
Puntualizó que, el acceso a una vivienda digna ha sido incorporado a los tratados internacionales con jerarquía constitucional, de acuerdo con las prescripciones del art. 75 inc 22 de la Constitución Nacional. Remarcó que, esa disposición Constitucional, no consagra meros principios teóricos, y se dirige a situaciones de la realidad en la que puede operar inmediatamente, debiendo tales derechos ser invocados, ejercidos y amparados sin requerir de pronunciamiento expreso de otra índole, bastando su aplicación al caso concreto para hacerlos surtir plenos efectos. En síntesis, concluyó en que se trata de dar efectivo cumplimiento con los tratados internacionales mencionados, que después de la reforma tienen jerarquía constitucional y en los que el Estado asumió el compromiso internacional de promover políticas tendientes a la efectividad, la igualdad de trato y oportunidades respecto de personas frágiles y con graves problemas de salud. En este sentido, precisó que el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional impone que el Estado debe asumir la concreción de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos; por lo tanto, los jueces deben interpretar las normas vigentes a la luz de principios de acción positiva (SCJBA. Ac. 86.250, sent. Del 23 de diciembre de 2003 y Ac. 70.717, del 14 de junio de 2010, “P., C.I. y otro contra Provincia de Buenos Aires, Amparo. Recurso de Inaplicabilidad de ley”).
Desde esta perspectiva, consideró que es necesario mantener una suerte de vigilia interpretativa. La exigibilidad judicial del derecho a la salud y a una vivienda digna, invocadas por el amparista, no pueden convertirse en una mera enunciación simbólica, sino que exige que los derechos sociales sean interpretados desde nuevos paradigmas (C.S.J.N., 7/11/2006, “Mosqueda, Sergio v. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, Fallos: 329:4918 (RDLSS 2007-III-215); 30/10/2007, “María, Flavia J. v. Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos –Estado Provincial” “S.,M.F.”, 18/6/2008).
Citó, la “Declaración universal de derechos humanos”, en cuanto establece en su art. 24 que “…toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.La “Convención Americana sobre derechos humanos”, al establecer en su preámbulo que los derechos esenciales del hombre tiene como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican la protección internacional. Dispone, asimismo, en su art. 26 que los Estados parte se “…comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante cooperación internacional… para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”. El “Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales” dispone en su artículo 11 que los “Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia…”. El art. 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el derecho de toda persona a una vivienda digna y el art. 75 inc 19, pone en cabeza del Estado el diseño de políticas públicas para facilitar el acceso a una vivienda digna. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en concordancia, con la Constitución Nacional, en cuanto reconoce los derechos sociales y prevé el acceso a la vivienda; y al disponer en su artículo 36 inc. 7 que “La Provincia promoverá el acceso a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar como bien de familia; garantizará el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a las familias radicadas o que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos…”.

II.- Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado y la Municipalidad de San Fernando, interponen recurso de apelación (fs. 164/169 y 171/175 respectivamente), que fueron concedidos (fs. 176) y contestado el traslado por la actora (fs. 179/187 vta. y fs. 191/200).
En lo sustancial, la Fiscalía de Estado interpone recurso de apelación, planteando, ante este Tribunal tres agravios: a) El primer agravio se refiere a la improcedencia de la citación, en razón de que la acción fue iniciada originalmente contra el Municipio de San Fernando, y ampliada contra la Provincia de Buenos Aires, luego de trabada la litis, en contra de lo previsto en el art. 331 del C.P.C.C.
En tal sentido, expresa que el transcurso de las distintas etapas del proceso se realiza en forma sucesiva y concatenada, mediante la clausura de cada una de ellas; por lo cual es válido que la preclusión se concibe como la pérdida o consumación de una facultad procesal.
b) El segundo agravio se vincula con la cuestión de fondo. Reitera que no ha existido arbitrariedad ni ilegalidad por acción u omisión de la Provincia que haga viable la procedencia de la acción intentada. Ello, por cuanto el actor no inició trámite administrativo alguno para requerir a las autoridades provinciales la satisfacción del derecho de vivienda. Precisa que, en el marco conceptual señalado por el a quo, “la arbitrariedad o ilegalidad del acto administrativo deben resultar de manera ostensible, patente, o ser cuanto menos resultado de un comportamiento grosero de la Administración, en pugna con el ordenamiento jurídico”; y entiende que resulta contradictorio con la solución del caso. En tal sentido, destaca que no repara en la inexistencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del Estado Provincial, quien recién tomó conocimiento de la situación del actor después de trabada la litis. Cita el art. 20 inc. 2) de la Constitución Provincial, art. 42 de la Constitución Nacional, y jurisprudencia sobre el carácter excepcional de la vía de amparo.
Afirma que no se encuentra demostrado que la administración provincial hubiese excluido en forma manifiestamente arbitraria o ilegitima al actor de los planes de vivienda, ni que tampoco el requirente hubiese acudido a peticionar la autoridad provincial.
Agrega que la cuestión excede la competencia del Tribunal, en tanto el Poder Judicial no está facultado para “…valorar o emitir juicios generales de las situaciones cuyo gobierno no le está encomendado”, con cita de fallos.
Finalmente, destaca que la sentencia soslaya considerar en todo momento la existencia de los hijos del actor, sobre quienes recae la obligación alimentaria conforme el art. 367 del C.C. c) Se agravia de que mediante la sentencia apelada, se ha impuesto una condena en costas a la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una acción extemporánea, sin que se haya acreditado la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en los términos propuestos en la sentencia; y que se impone una obligación al Estado, que antes debe ser cumplida por los hijos del actor-art.367 C.C.-
Por su parte, la Municipalidad de San Fernando trae, en lo sustancial, a consideración de este Tribunal dos agravios: a) Que el rechazo de la excepción de falta de legitimación por parte del “a quo”, carece de un fundamento legal, toda vez que los textos legales imponen obligación a la Nación y a la Provincia de Buenos Aires, no existiendo atribución legal al Municipio para resolver la cuestión planteada.
Sostiene que el Municipio de San Fernando, conforme la normativa, se ha constituido en colaborador o ejecutante de algunas políticas sociales de la Provincia de Buenos Aires o de la Nación.
Señala que el Municipio cuenta con un Registro de demanda único y permanente de Vivienda, el cual corresponde a familias para incluirlas en alguna operatoria habitacional con presupuesto propio de la Nación y de la Pcia. De Buenos Aires. En tal sentido, afirma que la posibilidad de construir viviendas depende de la Nación y del Estado Provincial- art 36 inc. 7) Constitución Pcial.-; aspectos que considera que no ha tenido en cuenta “el aquo”, “quien solo menciona al Estado como obligado a asumir el compromiso internacional de promover políticas tendientes la efectividad, la igualdad de trato y oportunidades respecto de personas frágiles y con graves problemas de salud.” Asimismo, menciona que “la cita de la Ley Orgánica Municipal formulada por el a quo en su Resolución nada agrega respecto de la responsabilidad que pretende imponérsele”.
Señala que la Administración comunal se encuentra obligada a distribuir los recursos materiales y humanos de modo equitativo a las necesidades de todos los habitantes de San Fernando; no siendo compatible con los principios constitucionales volcar todo el esfuerzo en un solo caso.
Agrega que el conjunto de los inscriptos presentan situaciones de emergencia habitacional, sanitaria, agravado en algunos casos por la cantidad de niños o enfermos en el grupo conviviente; y si bien la asignación de vivienda al actor parece un acto de justicia, conlleva inevitablemente la pérdida de chance de una familia que, con iguales necesidades, se inscribió y aguardo la inclusión en los planes, con inscripción en el Registro de demanda único y permanente de Vivienda; b) Que en el fallo se realiza un análisis parcial de la prueba producida.
Ello, en cuanto omite pronunciarse respecto de la propuesta formulada por el Municipio y agregada a las actuaciones con fecha 25-3-2010. Señala que en dicho ofrecimiento, proponía al actor la asignación de un subsidio por un plazo de seis meses a fin de cubrir el costo de un alojamiento en una pensión, así como continuar brindando al actor las prestaciones de salud que recibe de la comuna desde el año 2005; y la gestión de una pensión por discapacidad. Afirma que esta propuesta fue rechazada por el actor, con una actitud intransigente que mantuvo durante todo el proceso.
Concluye que no se configura en autos la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, que es presupuesto de la acción de amparo; sino que por el contrario, la Municipalidad ha realizado un esfuerzo en atención al caso en particular, teniendo siempre presente su obligación para con el bienestar general del pueblo de San Fernando.
Por último, en la contestación de traslado de los recursos, oportunamente conferida, el actor manifiesta que:
1) Respecto de la apelación de la Fiscalía, que existe preclusión con respecto al planteo de “improcedencia de citación, por cuanto el proceso continuó con la etapa probatoria y no reiteró la oposición. Agrega que, el juez se hace cargo en la sentencia, pues no la trató como defensa previa. Entiende que, el recurso se encuentra desierto por falta de fundamentación. Afirma que, la Fiscalía de Estado, insiste con la misma argumentación ya expuesta, y no efectúa una crítica razonada y concreta sobre el punto. Sostiene que, el agravio- cap V -1 se desentiende de lo establecido en el art. 260 primer párrafo del CPCC. No obstante, en forma subsidiaria contesta los agravios y se remite a lo dicho a fs. 56v/57/v. Sostiene que, la integración de la provincia como nuevo sujeto no la perjudica.
Agrega que, el amparo no requiere preexistencia de un reclamo administrativo.
Concluye en que, puesta en conocimiento la Provincia del estado físico-mental del amparista, agravado por la incapacidad, no propuso nada al contestar el informe del art. 10. Considera que, incurrió en responsabilidad por omisión. Destacó, los fundamentos dados por el Juez y, la documentación acompañada que acredita su incapacidad. Cita jurisprudencia.
2- Respecto de la apelación de la Municipalidad, también considera que el recurso se encuentra desierto por falta de fundamentación, en tanto los agravios no constituyen una crítica concreta y razonada del fallo apelado, en los términos del artículo 260 del CPCC. Destaca que, la Comuna accionada se remite a los términos vertidos en sus anteriores presentaciones. Sin perjuicio de lo dicho, formula en forma subsidiaria la réplica de los agravios esgrimidos. Sostiene que, resulta improcedente el agravio expuesto con respecto a la falta de legitimación pasiva de la Municipalidad demandada. Para ello, desarrolla la competencia municipal en el marco de la Ley Orgánica Municipal (LOM). Cita, entre otros los arts. 24, 25, 27, 36- LOM-, art. 59 LOM inc) b) “vivienda”, “ornato, salubridad y urbanismo”. Disiente con la alegada falta de autonomía municipal y cita en apoyo a su postura diversos artículos de la Constitución Nacional y Provincial. Recuerda el rol del Municipio en vinculación con el principio de inmediatez y la garantía de eficiencia. Destaca, el nuevo concepto de ciudadano: De ciudadano beneficiario de la acción del Estado a ciudadano corresponsable de las acciones que tienen lugar en el territorio que habita.
Subraya que, la Municipalidad de San Fernando cobra impuestos provinciales y los administra. También, repara en la descentralización tributaria y la creación de fondos con destino específico de asistencia social. En este sentido, cita las leyes 13010 y 13163. Entiende que, la Municipalidad pretende un desvío de responsabilidad. Sostiene que, en el tercer párrafo del pto. 2, entre la “documentación lote” se le requiere al necesitado la “Adjudicación municipal refrendada por el Señor Intendente Municipal en función…” lo que permite deducir que ante un requerimiento de lote para vivir por parte de un habitante que carece de propiedad, el Intendente está facultado para adjudicarle una parcela. Siendo esto así, con más razón la Comuna puede ofrecer una vivienda, petición que ha dado origen a estos actuados por no haberse satisfecho. Concluye, con cita del Sr. Ministro Negri, que si la justicia social no llega a tiempo, la judicial es la que debe expedirse.
III.- El Señor Juez de Primera Instancia elevó las actuaciones a esta Alzada según surge de fs. 201 y, recibidas según constancia de fs. 201 vta., pasaron los autos para resolver (ver fs. 202).
IV.- Relatados los antecedentes de la causa, corresponde señalar que de las constancias de autos surge que:
1- El señor J. O. R. inició acción de amparo contra la Municipalidad de Fernando para solicitar que ésta le provea los medios necesarios para satisfacer su derecho a una vivienda digna, haciendo realidad la garantía que en tal sentido consagran los tratados internacionales y la Constitución Nacional y Provincial.
Explicó que en la actualidad vive en situación de calle y que duerme junto a su perro, en la plaza de San Fernando. Dijo que estuvo casado y que de esa unión tuvo tres hijos, con los cuales no tiene contacto alguno. Asimismo, manifestó que en su juventud realizó diversas tareas en el Banco de Italia y Río de la Plata, en el Banco de Crédito Argentino y en “Carnicería Integral Coto S..A.” Luego, desarrolló actividades en forma independiente, pero la fortuna no lo acompañó, debiendo vender su casa, hasta concluir en la situación en la que se encuentra actualmente.

Por otra parte, explicó que tiene serios problemas de salud, que le impiden desarrollar cualquier tipo de actividad, éstos comenzaron cuando fue operado de una colecistectomia abierta. Luego, se le realizó una eventroplastía en el Hospital General de Agudos de San Fernando, pues padecía de eventración de Kocher. Posteriormente, en el año 2007, lo operaron en el Hospital General de Agudos Juan A. Fernández de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de eventroplastía con colocación de malla de prolene y en el 2008 fue sometido a otra operación quirúrgica de hernoplastía inguinal derecha. Debido a estas dolencias su estado de salud es delicado y le impiden desarrollar tareas rentables. Asimismo, debería someterse a una nueva intervención quirúrgica de su hernia inguinal, según se desprende de la documentación acompañada.
Relató que debido sus afecciones de salud debió acudir a terapia psicológica y psiquiátrica concurriendo al “Centro de Orientación Social para la Familia y la Juventud” que funciona en la Municipalidad de San Fernando, donde se le diagnosticó “trastorno depresivo mayor”, debiendo tomar medicación para esta patología.
2- La Municipalidad de San Fernando presentó el informe circunstanciado (fs. 36/38). Desconoció la documental acompañada y señaló que el actor se encuentra inscripto en el registro de demanda único y permanente de vivienda con el núm. 6602 desde el 14 de octubre de 2008, registro que corresponde a familias residentes en el partido de San Fernando que solicitan vivienda para su evaluación en el caso de que el municipio deba seleccionar familias para incluirlas en alguna operatoria habitacional. Por otro lado, señala que la posibilidad de construir viviendas depende de la inversión del Estado Nacional y Provincial.
Por tal motivo, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, cuyo tratamiento fue diferido para la presente etapa.
3- A fs. 45 se dispuso integrar el litigio con la Provincia de Buenos Aires.
A fs. 51/54 se presentó, por intermedio de su apoderado, la Provincia de Buenos Aires y produjo el informe circunstanciado del art. 10 de la ley 13.928.
En primer lugar, plantea la improcedencia de la citación por cuanto la acción fue iniciada originariamente contra la Municipalidad de San Fernando y, luego, el amparista solicitó la ampliación de la acción contra la Provincia de Buenos Aires. Considera que esta circunstancia se encuentra vedada por el art. 331 del C.P.C., por lo que solicita el rechazo de la demanda.
Por otra parte, señaló que el actor no inició trámite administrativo alguno para requerir a las autoridades provinciales la satisfacción del derecho a la vivienda que pretende por esta vía. Agrega los formularios correspondientes, para efectuar el pedido.
Asimismo, manifiesta que el propio amparista colocó al estado provincial ante la imposibilidad de asumir y cumplir con su obligación constitucional de asistencia familiar y social. Por lo cual estima que no ha existido arbitrariedad ni ilegalidad por acción u omisión de la provincia que haga viable la procedencia de la acción intentada.
4- A fs. 113/114 obra pericia médica. De la pericia médica aludida y de las explicaciones de fs. 130/131, se desprende que el accionante ha sido operado en diferentes oportunidades y de las cuales le ha quedado como secuela una incapacidad parcial y permanente.
Asimismo, el experto informa que el amparista requiere la programación de una nueva cirugía abdominal, cuya recuperación no puede realizarse en la vía pública, por los riesgos que ello importa: infección y complicaciones metabólicas y hemodinámicas (v. puntos a, b, g de fs. 113/114), dictamen que no fue impugnado por las partes (art. 474 y cc. Del C.P.C.). De la historia clínica acompañada núm. 8.249.016 del Hospital Zonal General de Agudos de San Fernando, se desprende que el actor fue operado de una eventración de Kocher en abril de 2006 y de la historia clínica del Hospital Juan. A. Fernández núm. 575.748 surge que fue nuevamente operado pero de una hernia inguinal bilateral derecha recidiva en diciembre de 2008.
5- Por otra parte, obra en la documentación constancia de la atención del amparista en el Centro de Orientación Social para la Familia y la Juventud de la Municipalidad de San Fernando, donde se le diagnosticó trastorno depresivo mayor, habiéndosele prescripto la medicación adecuada para su patología.
6- En la documentación acompañada con la demanda, consignada bajo el ítem QQ, carpeta de documental adjunta, obra copia certificada del Certificado de discapacidad extendido al Sr. R. por el Ministerio de Salud de la Provincia, de fecha 27-04-2009 por el plazo de tres (3) años.
7- A fs. 125 el actor denuncia que tiene en trámite una pensión por invalidez en el ANSeS.
V.- Bajo el contexto referenciado, en primer lugar, por orden metodológico, trataré los agravios formales y procesales, esgrimidos por la Fiscalía de Estado y por la Municipalidad de San Fernando. Seguidamente y, con su resultado, examinaré en forma conjunta los agravios dirigidos a la cuestión sustancial debatida.
VI.- Sobre esa base, entiendo que el agravio de la Fiscalía de Estado, en cuanto a la extemporaneidad de la integración de la litis a su respecto, resulta infundado. En efecto, la ley 13928 resulta clara en cuanto prevé que el juez está facultado para acelerar los trámites, mediante formas más sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada (cfr. art. 5 ley 13928).
Además, las normas de la ley citada o las que se apliquen supletoriamente no podrán ser interpretadas de manera restrictiva o dilatoria para la tramitación expedita del proceso (cfr. art. 5 cit.). Por su parte, el CPCC de aplicación supletoria, también establece como deber del magistrado, vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal (cfr. art. 34 ap. 5) e). Asimismo, en lo que respecta a la integración de la litis con litisconsortes, resulta claro que, cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Sí así no sucediere, el juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita al litigante o litigantes omitidos (cfr. art. 89 del CPCC).
En tales condiciones, el temperamento seguido por el juez de grado, resulta conteste con la finalidad constitucional del amparo y de la tutela judicial efectiva (cfr. Art. 20 y 15 de la Constitución Provincial). Es que, la situación planteada y constatada en autos, impone adoptar criterios y pautas procesales, acordes con un adecuado servicio de justicia.
En este punto, recuerdo que, en forma reiterada, esta Cámara ha sostenido que, los temas de salud en general (y agrego aquí de vulnerabilidad) poseen aristas específicas signadas por las necesidades propias de aquéllas y colocan al juzgador en una situación que lo obliga a encontrar soluciones concretas para cada caso, en aras a proteger el derecho fundamental a la vida y a la integridad de la persona (expte. 501/06 “Tardieu“, S. 18-V-2006; expte. Nº 633 “Estigarribia”, S. 27-VI-06; expte. Nº 938, “Giliberti”, S. 13-IV-07, entre otras).
VII.- Por su parte, también debe ser desestimado el agravio expuesto por la Municipalidad de San Fernando, relativo a su falta de legitimación pasiva.
Es que, en este caso, su mera condición de órgano ejecutor del Registro de Demanda, en el cual, además, el actor se encuentra inscripto, determina que a los fines del amparo revista la calidad de sujeto del deber de la relación jurídica sustancial denunciada por el Sr. R.. Ello, pues, en la presente acción, dados los términos de la pretensión inicial, uno de los extremos sujetos a consideración de la justicia, es, justamente, si dicha Comuna, en el marco del plan aludido, obró u omitió obrar con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (ver marco normativo agregado a fs. 191/192/208 e inscripción de fs. 176).
VIII.- En esas condiciones, descartados los agravios liminares, examinaré la cuestión sustancial debatida.
En este sentido, entiendo pertinente recordar que esta Cámara ha tenido oportunidad de expedirse en relación a la viabilidad de la acción de amparo en supuestos en que se alega una situación de vulnerabilidad que comprometa la integridad física de la persona.
En el presente caso, dado la gravedad del cuadro de salud que presenta el amparista y las consideraciones médicas vertidas, la vivienda pedida, trasciende el mero derecho a una vivienda digna, pues representa para el Sr. R. –en este momento- un instrumento vital para preservar su salud y su integridad psicofísica.
Es que, en forma reiterada se ha dicho que: “La acción de amparo prevista en la ley 7166, con su correlato en las Constituciones Provincial y Nacional (arts. 20 y 43) se presenta como el procedimiento judicial más simple y breve para tutelar real y verdaderamente los derechos consagrados tanto en la Constitución Provincial como en la Carta Magna. En este sentido, la Corte Suprema de la Nación ha reiterado que la acción de amparo tiene por objeto una efectiva protección de derechos (Fallos 321:2823) y ha señalado que ella resulta la vía idónea para la salvaguarda del derecho fundamental de la vida y la salud (del dictamen del procurador General de la Nación que la Corte Suprema compartió e hizo suyos in re: “Asociación de Esclerosis Múltiple de Sala c. Ministerio de Salud-Estado Nacional s/acción de amparo-medida cautelar”, del 18 de diciembre de 2.003). El Máximo Tribunal ha declarado que “…el derecho a la vida es el primer derecho natural de toda persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional” (Fallos 302:1284, 310:112 y 323:1339). Asimismo ha entendido “…que la vida de los individuos y su protección – en especial el derecho a la salud – constituyen un bien fundamental en sí mismo, que a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal” y que “el derecho a la vida es un derecho implícito, ya que el ejercicio de los restantes derechos requiere necesariamente de él y a su vez, el derecho a la salud – especialmente cuando se trata de enfermedades graves – está íntimamente relacionado con aquél, toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por su propio plan de vida” (conforme Dictamen del Procurador General de la Nación, op. cit.). Por las razones que anteceden, y habida cuenta de que en autos se encuentran comprometidos tales derechos, no caben dudas sobre la procedencia de la vía intentada” (esta Cámara en las causas Nº 10, “Cardei”, sent. del 17/8/2004; Nº 892, “Puglisi”, del 20/02/07; Nº 930, “A.G. Asencio”, del 03/04/07; Nº 961, “Labanca”, del 03/05/07, entre otras).-

Sentado ello, la acción de amparo promovida, se justifica principalmente por las razones de urgencia que presenta el caso y la naturaleza de los bienes comprometidos (ver causas SCBA B 65.166, “B., M. P. y otros c/ provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud) s/Acción de Amparo”, del 23 de diciembre de 2003, B 65.493, “G. A., Z. S. y ot. Contra IOMA s/ Amparo”, del 9 de diciembre de 2004, entre otras).-
De las constancias de la causa, surge que se encuentra acreditada la discapacidad del Sr. R. y la necesidad de llevar a cabo una intervención quirúrgica, que requiere para el post operatorio condiciones habitacionales adecuadas (ver fs. 113/114).
Es que, lo dicho no implica desconocer la complejidad del entramado social contemporáneo, en orden al acuciante problema habitacional.
Tampoco, supone desconocer que las problemáticas sociales, muchas veces traídas a consideración a la justicia, exceden la competencia del Tribunal, en tanto el poder judicial no está facultado para valorar o emitir juicios generales de las situaciones cuyo gobierno no le está encomendado, ni asignar discrecionalmente los recursos presupuestarios disponibles, pues no es a ella a la que la Constitución le encomienda la satisfacción del bienestar general en los términos del art. 75 inc. 18 y 32 (conf. esta alzada, in re: “Picca”, S. 22-V-2007).
En efecto, el poder Judicial no tiene a su cargo funciones que son más propias de las políticas sociales, sino queda reservado como garantía ante el incumplimiento de los planes de inclusión (conf. esta alzada, in re: “Picca”, S. 22-V-2007).
En este aspecto, cabe precisar que en la órbita municipal, el Sr. R. se inscribió en el registro de Demanda (bajo el número 6602) en el año 2008 y reiteró su pedido, con aclaración y detalle de su situación de extrema precariedad física, a principios del 2009 (ver fs. 184 expte. 5100-40315/09).
Por su parte, la presente acción de amparo fue promovida el 25 de noviembre de 2009. Es decir, que tanto en el ámbito administrativo, como producto del desarrollo del proceso, la Administración municipal y provincial, se encuentran desde hace más de un año en conocimiento de la delicada y apremiante situación padecida por el amparista, sin que aún haya dado solución al reclamo inicial, en cuanto a garantizarle, al menos, un ámbito habitacional adecuado, atendiendo a las particularidades propias de su salud y a la necesidad de someterse a una nueva intervención quirúrgica (ver doct. SCBA, 70717).
Bajo tales parámetros, resulta particularmente importante lo dispuesto por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo XI en el sentido de que: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la Comunidad”.
Por su parte, la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente, se encuentra prevista la pertinencia del acceso a una vivienda digna, como parte integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, que en lo que respecta a las personas con discapacidad, encuentra previsión en el art. 28º de la Convención: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad”.
En esta inteligencia, cabe tener presente que el artículo 36, de la Constitución Provincial prevé que, la Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. En el apartado 5, establece que toda persona discapacitada tiene derecho a la protección integral del Estado. La provincia garantizará la rehabilitación, educación y capacitación en establecimientos especiales; teniendo a la equiparación promoverá su inserción social, laboral y la toma de conciencia respecto de los deberes de solidaridad sobre discapacitados. En el apartado 7) expresamente dispone que la Provincia promoverá el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar única y de ocupación permanente, a las familias radicadas o que se radiquen en el interior de la provincia, en municipios de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos. Por último, en el apartado 8), en lo que aquí interesa, estatuye que la provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos; sostiene el hospital público y gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación.
Asimismo, debo señalar que – por la Ley Nº 10.592, que regula el Régimen Jurídico Básico e Integral de las Personas Discapacitadas – el Estado Provincial asume serias responsabilidades en materia de este universo de ciudadanos, pasivos ellos de una vulnerabilidad mayor a la del resto de sus congéneres, circunstancia por la cual han recibido por parte del atento legislador provincial, una tutela especial que atenúe, morigere o limite en todo lo humanamente posible los males de sus condiciones de vida. En aras de esta tutela que emana del mandato legal, el Estado Provincial se compromete a brindar determinadas prestaciones en materia de seguridad social que el propio legislador ha calificado de integrales.-
Sobre esas premisas, estimo que el Sr. R. merece particular consideración por su discapacidad, ante la pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (arts. 16, 33, 75 incs. 19, 22 y 23).
Frente a esta combinación de obstáculos físicos que en la vida diaria este hombre enfermo, con discapacidad y pobreza extrema enfrenta, sin posibilidad en este momento de cambio, forzoso es concluir en que la mera inscripción en el Registro de Demanda y su consiguiente espera, no resulta en la práctica efectivo, pues involucra una aspiración, la que está condicionada a las asignaciones presupuestarias y al tiempo que demande la correspondiente adjudicación. Tan es así, que aunque la implementación tenga un resultado promisorio, el tiempo de diligenciamiento en su puesta en marcha no alcanza a ser una respuesta eficaz y oportuna, para combatir los problemas que presentan las circunstancias actuales de vida del amparista.
En tales condiciones, ante el pedido concreto de la provisión de una vivienda digna y, por entrar en juego dentro del proceso el derecho a la salud y conformar el Sr. R. un grupo social identificado como de mayor vulnerabilidad por ser un hombre discapacitado y desocupado, creo atinada la solución del magistrado de grado, en cuanto dispuso una específica conducta a desarrollar en lo inmediato por el Poder Administrador, a fin de revertir cuanto antes la insostenible situación fáctica descripta y procurar que se cumpla con el mandato constitucional de asegurar la protección integral de las personas (arts. 14 bis, 16, 19, 28, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 16 párr. 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 4.1, 5.1, 11.1, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3, 11.1 y 2, 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 36. 5, 7 y 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
De lo que se trata, en síntesis, en estos casos extremos, es de dar efectivo cumplimiento a la Constitución nacional y a los tratados de derechos humanos, en los que el Estado asumió el compromiso internacional de promover políticas tendientes a la efectividad, la igualdad de trato y oportunidad respecto de personas tan frágiles como es el amparista, con graves problemas de salud. En este sentido, la SCBA ha sostenido (Ac. 86.250, sent. del 23-XII-2003), que la referida reforma constitucional, en el art. 75 inc. 23 impone que el Estado debe asumir la concreción de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de la salud y de la integridad de la personas, por lo tanto, el juez debe interpretar las normas existentes a la luz del principio de acción positiva (con cita de Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Las acciones positivas” publicación de la Asociación de Abogados de Bs. As., abril de 2001; también ver Ac. 84.856, sent. 26-II-2003).
Por tales razones, cobra plena actualidad la necesidad de proveer de inmediato a una solución respecto del problema habitacional. De ello surge claro, según entiendo, que sin el reconocimiento de prestaciones positivas por parte del Estado, se continuarán vulnerando, por omisión, derechos y principios de raigambre constitucional y convencional.
En tal contexto, y en ejercicio de la jurisdicción, compete al Poder Judicial adoptar las decisiones más idóneas para asegurar la efectividad de los derechos de los accionantes. De ningún modo puede verse en ello un propósito de sustituir a los otros poderes del Estado en la definición, programación y ejecución de las políticas públicas, ni tomarse su decisión como una valoración o emisión de juicio general respecto de situaciones cuyo gobierno le son ajenas (cfr. Doct. SCBA, 70717).
No obstante, tal como lo reseñara, la insuficiencia de las respuestas ensayadas por las administraciones (Provincia y Municipalidad de San Fernando), quedan en evidencia ni bien se atiende al mantenimiento estructural de la afligente situación del amparista, que se ve agravada conforme transcurre el tiempo.
Es que, ha quedado acreditado en autos, que la condición en la que se encuentra el amparista resulta compleja debido a su imposibilidad de trabajar, lo cual lo coloca en situación de vulnerabilidad, más aún teniendo en cuenta su edad (65) años y su estado de salud, el que indefectiblemente se agravará si no es sometido a las operaciones quirúrgicas que se le han indicado. Esta realidad revela un cuadro crítico, con riesgo previsible para las condiciones de la propia existencia del accionante.
Finalmente, considero oportuno aclarar que la decisión aquí propuesta, difiere de la adoptada en los precedentes Picca y Uran, en los cuales también se solicitaba la provisión de una vivienda digna.
Ello, pues la plataforma fáctica de los antecedentes aludidos, difiere de la situación de hecho acreditada en autos. En particular, en lo que respecta al estado de salud del actor y a la entidad que cobra la vivienda en su condición de instrumento necesario para preservar dicho derecho, en miras de la intervención quirúrgica que debe efectuarse el actor. Recuerdo que, en el precedente “Picca” el amparista tenía una vivienda alquilada y a fin de paliar la situación planteada podía acceder a un subsidio. Por su parte, en el antecedente “Uran”, la Provincia y la Comuna accionadas habían adoptado un rol activo. Además, en esa oportunidad, el actor tenía una pensión por invalidez y era afiliado al PAMI. En el transcurso de ese proceso, las demandadas le ofrecieron una vivienda al Sr. Uran, la que rechazó por motivos de desarraigo. También, le pusieron a disposición un subsidio de $5000.
IX.- Por todo lo dicho, propongo desestimar los agravios esgrimidos en lo sustancial por la Fiscalía de Estado y por la Municipalidad de San Fernando, con excepción de la condena en costas y, en consecuencia, confirmar por los fundamentos y alcances aquí dados, la sentencia de grado en cuanto ha sido materia de agravio.
Sin perjuicio de lo cual, en atención a los fundamentos y particularidades del caso reseñadas en el considerando VIII., propongo confirmar el fallo apelado en los siguientes términos: 1) Desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Municipalidad de San Fernando; 2) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por el Sr. J. O. R. contra la Municipalidad de San Fernando y contra la Provincia de Buenos Aires, quienes deberán arbitrar los medios necesarios para dar prioridad al amparista, dentro del programa en que se encuentra inscripto o en el que considere de acuerdo a la situación, en forma coordinada, a partir de la notificación de la presente, en la adjudicación de una vivienda adecuada para el accionante. En su caso, y hasta tanto se dé cumplimiento a la aludida prestación, las demandadas deberán cubrir a su exclusivo costo, dentro de las cuarenta y ocho horas, el alojamiento del amparista en un lugar que reúna las condiciones adecuadas, que determinen los médicos tratantes. Dicha medida regirá mientras persista la situación denunciada (cfr. Arts. 12 inc. 1 y 3, 15, 20 inc. 2, 26, 28, 36 y 39 de la Constitución Provincial, 14 bis, 19, 33, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional; arts. 4, 5 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 2, 3 y cc. de la Declaración Universal de Derechos humanos, ley 13928); 3) Por su parte, mientras dure la medida, disponer que se efectúe en el área social pertinente, un informe socio-ambiental que supervise y avale las medidas adoptadas, en especial, en lo que respecta a las conductas necesarias que el actor debe seguir para mejorar su estado de salud. Ello, de conformidad con las consideraciones médico legales y las prescripciones médicas de los especialistas tratantes. Además, que el Sr. R., acceda, para la resolución integral de la problemática planteada, al trabajo conjunto entre aquél y las autoridades administrativas, en lo que respecta a la revinculación familiar y a la culminación de la pensión por discapacidad que tiene en curso en el ANSeS, para el fortalecimiento de sus ingresos; 4) Por último, en atención a que la decisión que se propone se fundamenta básicamente en la preservación de la salud y la integridad del amparista, se hace saber a la administración accionada que –en caso de corresponder- puede repetir contra los obligados legales (hijos), si así correspondiere, las erogaciones en que haya incurrido por encima de las previsiones normativas y reglamentarias para cubrir las asignaciones dispuestas (cfr. art. 266 del Código Civil, doctrina de C.S.J.N., “Lifschitz”, Fallos 327:2413; “I. C. F. c. Provincia de Buenos Aires s. Amparo”, sent. del 30IX2008, y SCBA causa A69412, del 18/8/10); 5) Las costas de ambas instancias, deben distribuirse en el orden causado, en atención a las particularidades del caso y el modo en que se resuelve (arg. Art. 68, 2da. parte del CPCC, en igual sentido esta Cámara in re: “Terrenzi Olivo”, expte. 2272, S. 30-09-2010). ASÍ VOTO.
Los Sres. Jueces Jorge Augusto Saulquin y Hugo Jorge Echarri adhieren al voto precedente, con lo que se dio por terminado el acuerdo dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
En virtud del resultado del acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE: En atención a los fundamentos y particularidades del caso reseñadas en el considerando VIII., confirmar el fallo apelado en los siguientes términos: 1) Desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Municipalidad de San Fernando; 2) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por el Sr. J. O. R. contra la Municipalidad de San Fernando y contra la Provincia de Buenos Aires, quienes deberán arbitrar los medios necesarios para dar prioridad al amparista, dentro del programa en que se encuentra inscripto o en el que considere de acuerdo a la situación, en forma coordinada, a partir de la notificación de la presente, en la adjudicación de una vivienda adecuada para el accionante. En su caso, y hasta tanto se dé cumplimiento a la aludida prestación, las demandadas deberán cubrir a su exclusivo costo, dentro de las cuarenta y ocho horas, el alojamiento del amparista en un lugar que reúna las condiciones adecuadas, que determinen los médicos tratantes. Dicha medida regirá mientras persista la situación denunciada (cfr. Arts. 12 inc. 1 y 3, 15, 20 inc. 2, 26, 28, 36 y 39 de la Constitución Provincial, 14 bis, 19, 33, 75 inc. 22 y 23 de la Constitución Nacional; arts. 4, 5 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 2, 3 y cc. de la Declaración Universal de Derechos humanos, ley 13928); 3) Por su parte, mientras dure la medida, disponer que se efectúe en el área social pertinente, un informe socio-ambiental que supervise y avale las medidas adoptadas, en especial, en lo que respecta a las conductas necesarias que el actor debe seguir para mejorar su estado de salud. Ello, de conformidad con las consideraciones médico legales y las prescripciones médicas de los especialistas tratantes. Además, que el Sr. R., acceda, para la resolución integral de la problemática planteada, al trabajo conjunto entre aquél y las autoridades administrativas, en lo que respecta a la revinculación familiar y a la culminación de la pensión por discapacidad que tiene en curso en el ANSeS, para el fortalecimiento de sus ingresos; 4) Por último, en atención a que la presente decisión se fundamenta básicamente en la preservación de la salud y la integridad del amparista, se hace saber a la administración accionada que –en caso de corresponder- puede repetir contra los obligados legales (hijos), si así correspondiere, las erogaciones en que haya incurrido por encima de las previsiones normativas y reglamentarias para cubrir las asignaciones dispuestas (cfr. art. 266 del Código Civil, doctrina de C.S.J.N., “Lifschitz”, Fallos 327:2413; “I. C. F. c. Provincia de Buenos Aires s. Amparo”, sent. del 30IX2008, y SCBA causa A69412, del 18/8/10); 5) Las costas de ambas instancias, deben distribuirse en el orden causado, en atención a las particularidades del caso y el modo en que se resuelve (arg. Art. 68, 2da. parte del CPCC, en igual sentido esta Cámara in re: “Terrenzi Olivo”, expte. 2272, S. 30-09-2010).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

ANA MARIA BEZZI

JORGE AUGUSTO SAULQUIN

HUGO JORGE ECHARRI
ANTE MÍ

ANA CLARA GONZALEZ MORAS
Secretaria

Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo –San Martín
Registro de Sentencias Definitivas Nº……186… Fº…2647/2665……………

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