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RECALCULO DE HABERES, REAJUSTES VARIOS. CASO BENTANCUR JOSE.

PODER JUDICIAL DE LA NACION
Año del Bicentenario
SENTENCIA DEFINITIVA N°: 132.851/10
EXPTE. N°: 10.312/08 SALA III
AUTOS:"BETANCUR JOSE C/ ANSES S/REAJUSTES VARIOS" EN PDF
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Buenos Aires, 19 de octubre de 2010-
EL DR.NESTOR A. FASCIOLO DIJO:
I.
De las constancias del expediente administrativo nro. 024-20081780626-004-1 que corre por
cuerda se desprende el actor, nacido el 26.11.46, acreditó haber prestado servicios con aportes por un
total de 25 años, 4 meses y 7 días, según el siguiente detalle: para la Armada Argentina por 4 años, 2
meses y 1 día (comunes), del 15.3.64 al 15.5.68 y para Y.P.F. por 21 años, 9 meses y 19 días
(privilegiados comprendidos en el régimen del decreto 2136/74 art. 1 inc. b) del 12.4.71 al 31.1.93.
Con esos antecedentes, el 1.2.01 solicitó su jubilación.
Previo a decidir, ANSeS practicó el cómputo ilustrativo de fs. 43 del administrativo con la
prorrata y porcentajes correspondientes que dio como resultado la edad mínima (51 años, 11 meses y
1 día) y los servicios requeridos (25 años, 4 meses y 7 días).
Una vez comprobado el cumplimiento de esos recaudos, por Res. 755 del 24.4.01 ANSES
otorgó el beneficio por la suma mensual de $676,84 (PBU de $200 más P.C. de $676,84) y fijó
como fecha de adquisición del derecho e inicial de pago el 1.2.01, con una retroactividad de
$1.922,20.
De acuerdo al “Detalle del Beneficio”, para arribar a ese resultado le fueron reconocidos 26 años
de servicios con aportes en relación de dependencia realizados antes del 7/94, una remuneración
promedio de los últimos 120 meses en Relación de Dependencia de $1.222,67 y un valor AMPO
de $ 80. (Ver fs. 45 y 50 del citado expediente).
Disconforme con el monto de la prestación, el 3.4.06 reclamó el reajuste de la misma,
adjuntando la certificación extendida por YPF (su ex empleador), según la cual, “de haber
permanecido en actividad, hubiera percibido la siguiente remuneración al 23.3.06: $4.224,94”.
(Ver fs. 64/65 del mentado trámite).
La Administración, por resolución 2994 del 28.4.06 denegó el pedido, (ver fs. 66/67 del
trámite y fs. 9/10 de autos), por lo que el interesado presentó demanda de impugnación en los
términos del art. 15 de la ley 24463, que quedó radicada y tramitó por ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia Nro. 1 de Salta, Provincia homónima, cuyo titular por sentencia del 20.9.07 hizo
lugar parcialmente a la prescripción opuesta y en parte a la demanda, por lo que ordenó a la
accionada proceder a reajustar el haber dentro del término de 20 días conforme los considerandos IX
y X (para el período terminado el 31.3.95), por un lado, y XII (de abril de 1995 en adelante), y abonar
la retroactividad resultante con más los intereses indicados en el considerando XIV. Asimismo,
rechazó los pedidos de inconstitucionalidad de los arts. 16, 17, 21, 22 y 23 de la ley 24463, impuso las
costas por el orden causado y difirió la regulación de honorarios.
A estar a los considerandos (y sin perjuicio de que la prestación fue atorgada a partir del 1.2.01),
del 1.4.91 al 31.3.95 mandó aplicar la pauta de movilidad según la doctrina del precedente “Chocobar”
de la C.S.J.N., por el lapso comprendido desde el 1.4.95 a septiembre de 1997 la variación del AMPO
cfr. “González Elisa” de Sala II, luego los lineamientos fijados por el Alto Tribunal en el caso “Badaro,
Adolfo Valentín” del 26.11.07 desde el 1.1.02 al 31.12.06 y, por último, los aumentos generales
dispuestos a partir del 1.1.07.
Contra lo así resuelto se dirigen las apelaciones de ambas partes, que fueron concedidas
libremente. Sólo la actora expresó agravios a fs. 67/71. La accionada, no obstante haber sido
notificada de la puesta de autos en oficina por giro masivo según constancia de fs. 65, no presentó
memorial alguno, por lo que cabe hacer aplicación de lo dispuesto por el art. 266 CPCCN y declarar la
deserción de su recurso.
Los agravios de quien demanda contienen cuestionamientos de dos órdenes: por un lado, los
que versan sobre la mecánica de cálculo dispuesta por la sentencia de grado para la revisión del
haber inicial de la P.C. y su movilidad; y, por el otro, los atinentes al importe de su prestación, que
representa una inadecuada -por manifiestamente insuficiente- “tasa de sustitución”.
Entre los primeros, se inscriben los planteos referidos al “pleno reconocimiento de derecho a
reajustar el haber jubilatorio de origen por ilegalidad de la aplicación de los índices de actualización...”
y los dirigidos contra la movilidad posterior.
En torno a la tasa de sustitución, “solicita se declare la inconstitucionalidad para el presente
caso, del porcentaje multiplicador (1.5%) de la fórmula establecida por la ley 24241 a los fines de la
determinación de la PC…” y, para evitar la consecuencia confiscatoria de su aplicación y obtener que
su haber alcance al 70% de su remuneración, propone sustituirlo por un 3% por año computable.
En cumplimiento de la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 78, el Perito Contador Oficial
produjo el informe de fs. 80/90, del que se corrió traslado a las partes, que guardaron la callada por
respuesta.
II.
Por considerar necesaria y de todo punto de vista conveniente, tratándose de sucesivos
regímenes nacionales de previsión de alcance general, la adopción de lineamientos homogéneos en
el empleo de reglas pretorianas de ajuste para la actualización de las remuneraciones a tener en
cuenta para la determinación del haber inicial, cuanto para su movilidad posterior, es que extendí la
aplicación de los mecanismos dispuestos por el Tribunal Cimero para prestaciones regidas por la ley
18037 a aquellas otras a cargo del R.P.P.R. que fueron acordadas con arreglo al S.I.J.P., siguiendo la
evolución habida a partir de los precedentes “Chocobar Sixto Celestino” (27.12.96, Fallos 319:3241) y
“Heit Rupp, Clementina” (16.9.99, Fallos 322:2226), hasta “Sánchez María del Carmen” (17.5.05,
Fallos 328:2833) y “Badaro Adolfo Valentín” (8.8.06 y 26.11.07, Fallos 329:3089 y 330:4866). (Vbgr.
sentencias definitivas nros. 97966 del 16.9.03, 115775 del 13.2.07 y 125354 del 11.5.09, causas
38347/98 “Macchi, Reinaldo Camilo c/ANSeS s/reajustes varios”, 30614/01 “Abadie, Juan Carlos
c/ANSeS s/reajustes varios”, 12685/06 “ y 39677/08 “Losano Hugo Osvaldo c/ANSeS s/reajustes
varios”, respectivamente)
No obstante ello, por razones de celeridad y economía procesal y al sólo fin dealinear este
pronunciamiento en lo que respecta a la determinación y movilidad de las prestaciones de que se trata
en autos ( otorgadas a partir del 1.2.01 bajo el régimen de la ley 24241), con la solución arribada por
la C.S.J.N. el 11.8.09 in re “Elliff, Alberto José c/ANSeS s/reajustes varios”, corresponde actualizar las
remuneraciones que sirven de base de cálculo de la P.C. hasta la fecha de adquisición del derecho sin
la limitación temporal establecida por la Res. ANSeS 140/95, por el Índice del Salario Básico de
Convenio de la Industria y la Construcción (promedio general no calificado) adoptado por la Res.
ANSeS 63/94 y, con posterioridad, estar a las pautas de movilidad establecidas por el Superior
Tribunal en “Badaro Adolfo Valentín” en los fallos del 8.8.06 y 26.11.07, debiéndose proceder al
recálculo del haber con arreglo a lo resuelto el 29.4.08 in re P.2674 XXXVIII. R.O. “Padilla, María
Teresa Méndez de c/ANSeS s/reajustes varios”.
Lo expresado atiende adecuadamente los planteos esgrimidos por la parte actora acerca del
ajuste de las remuneraciones para el cálculo del haber inicial de la P.C. y su movilidad.
III.
Dilucidado como ha sido en el apartado precedente el método a aplicar para el ajuste del primer
haber y la movilidad del beneficio de que se trata, corresponde ahora pasar al análisis de los
planteos de la parte actora acerca de la insuficiencia del haber inicial, que no alcanza al 70 %
del promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos diez años, para lo que
propone proceder al recálculo de la P.C. en razón del 3 % por año computable en lugar del 1,5
% establecido por el art. 24 inc. a) de la ley 24241.
A fin de circunscribir adecuadamente el tema a resolver, evitando confusiones y polémicas
improcedentes vinculadas a prestaciones de haberes mínimos, se hace necesario subrayar que tanto
la remuneración promedio de los últimos diez años del Sr. Betancur de $1.222,67 (según el cálculo
practicado por la Administración en base a valores actualizados hasta marzo de 1991), como el
primer haber previsional establecido para febrero de 2001 en $676,84 confrontado con la jubilación
mínima de $200 vigente a ese entonces, revelan que se trata de un trabajador de ingresos medios
y de un haber previsional superior al mínimo garantizado por el art. 125 de la ley 24241 y sus
modificatorias.
En este orden de cosas he de comenzar por recordar que la adecuada proporción del haber de
pasividad en relación con los ingresos ganados por el trabajador en actividad y sobre los que debió
aportar, no es más que una derivación directa e inmediata del mandato contenido en el art. 14 bis
tercer párrafo de la C.N. que impone al Estado otorgar los beneficios de la seguridad social con
carácter integral e irrenunciable, a la vez que asegura el derecho a “jubilaciones y pensiones móviles”.
Bajo esa premisa y en concordancia con calificada, abundante y coincidente doctrina y
jurisprudencia previa, ya desde los primeros fallos de este Tribunal, he sostenido el carácter
sustitutivo del haber previsional, pues “la jubilación constituye una consecuencia de la
remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral, una
vez cesada ésta y como débito de la comunidad por dicho servicio, razón por la cual el
principio básico que se privilegia es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de
pasividad y el de actividad” (C.S. sents. de junio 17-1086 y abril 10-1988 in re “Manzini, Francisco” y
“Márquez, Julio C.”, respectivamente, entre muchos otros, y FALLOS 255-306; 267-196; 279-389; 300-
84; 308-204, 1155 y 307-2376)”. (Cfr. "Szczupak, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de Previsión de la
Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Reajustes por movilidad" (sent. n° 54 del 16/8/89,
publicada en ED, 134-658); "Rodríguez, Camilo Valeriano c/ Caja Nacional de Previsión de la
Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Reajustes por movilidad" (sent. n° 55 del 16/8/89, publicada
en ED, 134-819; en JA, 1989-IV-279; en LT, Año XXXVII, n° 441, págs. 701/55 y en TSS, To.
XVII-1990-64); "Bastero, Benjamín c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y
Servicios Públicos s/ Reajustes por movilidad" (sent. n° 56 del 16/8/89, publicada en "Errepar",
Doctrina Laboral, To.III, págs.437 y sgts. y en ED, 136-118), también reiterada en la sentencia
definitiva nro. 40090 del 29.7.93 recaída en la causa 21356/93 "Chocobar, Sixto Celestino c/Caja
Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/reajuste por movilidad" –
luego revisada por la C.S.J.N.-, entre muchos otros).
Esos principios básicos de interpretación acerca de la naturaleza sustitutiva que tienen las
prestaciones previsionales y el rechazo a toda inteligencia restrictiva de la obligación asumida por el
Estado en la materia, fueron explícitamente reivindicados por el Máximo Tribunal el 17.5.05 in re
“Sánchez, María del Carmen c/ANSeS s/reajustes varios”, poniendo énfasis en que “los
tratados internacionales vigentes, lejos de limitar o condicionar dichos principios, obligan a
adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el progreso y plena efectividad de los
derechos humanos, compromiso que debe ser inscripto, además, dentro de las amplias
facultades legislativas otorgadas por el art. 75, inc. 23 de la Ley Fundamental, reformada en
1994, con el fin de promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los derechos
fundamentales reconocidos, en particular a los ancianos”, subrayando –asimismo- que “la
necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y la
Poder Judicial de la Nación situación de los activos, es consecuencia del carácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos los beneficiarios de la seguridad social y de la íntima vinculación que guardan las
prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza previsional, que son
financiadas primordialmente con los aportes efectuados durante el servicio. Los derechos a
una retribución justa y a un salario mínimo vital y móvil… encuentran su correlato en las
jubilaciones y pensiones móviles que deben ser garantizadas a los trabajadores cuando entran
en pasividad”.
En la misma dialéctica se enrola el siguiente aserto: “no sólo es facultad sino también deber
del legislador fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego, teniendo en
cuenta la protección especial que la Ley Suprema ha otorgado al conjunto de los derechos sociales,
ya que en su art. 75, incs. 19 y 23, impone al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano y
al progreso económico con justicia social, para lo cual debe legislar y promover medidas de acción
positivas…” (Fallos 329:3089, causa “Badaro Adolfo Valentín”).
A mi juicio, bien puede afirmarse que la suficiencia y adecuada proporcionalidad de la
prestación previsional, consustancial al carácter integral e irrenunciable de los derechos de la
seguridad social a los que pertenece, depende de una razonable tasa de reemplazo inicial
mantenida en el tiempo por una acertada pauta de movilidad, pero esta última, por sí sola, no
alcanza para corregir la eventual insuficiencia del primer haber.
IV.
Pues bien, desde el punto de vista de la cuantía del haber, es práctica común distinguir en la
legislación previsional nacional los sistemas especiales, que tanto en la determinación del primer
haber como en su movilidad posterior la vinculan estrechamente con el sueldo de actividad (vbgr.,
leyes 22731, 22929, 24016, 24018 y la recientemente sancionada ley 26508 para docentes
universitarios), por un lado, respecto de los sistemas generales o comunes, entre los que se
inscribe el S.I.P.A. (implementado por la ley 26425 actualmente vigente), sucesor del S.IJ.P
(regulado por la ley 24241 y sus modificatorias), que, a su vez, vino a sustituir el de las leyes 18037
y 18.038, por el otro.
Más allá de esas diferencias, el simple repaso de unos y otros permite advertir que el contenido
económico de la cobertura de la contingencia de invalidez siempre fue equiparado con el de la
vejez. Así lo establecieron, entre los primeros, los arts. 5 de la ley 22731, 8 de la ley 22929, 4 de la ley
24016, 22 de la ley 24018 y 1° inc.f) punto 3 segun do párrafo de la ley 26508.
Por su lado, los regímenes para trabajadores dependientes y autónomos vigentes a partir
del 1.1.69 contenían reglas precisas para la determinación del haber inicial de sus prestaciones
con tasas de sustitución expresamente definidas, como ser la de los arts. 49 de la ley 18037
to.1976 y 36 de la ley 18038 to.1980.
La primera de esas disposiciones establecía una misma pauta mínima del 70% tanto para la
“jubilación ordinaria” (que podía incrementarse hasta el 82% en función del exceso de edad) como
para la “jubilación por invalidez” y la segunda equiparaba la cuantía de esos beneficios con los
montos actualizados de las categorías en las que revistó el afiliado, en relación al tiempo con aportes
computado en cada una de ellas.
Cabe inferir, entonces, que el 70% al que hacía alusión el citado el art. 49 constituía el
piso de sustitución legalmente establecido para la jubilación del trabajador dependiente
cualquiera fuera su causa. De ese modo, el legislador procuró hacer efectivo, pleno de contenido y no
ilusorio, el carácter integral del derecho de seguridad social de que se trata, resguardado por el art. 14
bis tercera parte de la C.N. .
Ese mismo guarismo fue fijado de modo explícito como referencia para el cálculo del
“retiro por Invalidez” y la “pensión por fallecimiento” por los arts. 97 y 98 de la ley 24241, a
punto tal que conforme el decreto reglamentario 460/99, el 70% es, justamente, el porcentaje a
computar en el caso de tratarse de un aportante regular.
En cambio, no se advierte que en la sanción de la ley 24241 se haya puesto el mismo celo
acerca de la “tasa de sustitución” para la cobertura de la contingencia de vejez, otrora llamada
“jubilación ordinaria” (a cargo exclusivamente del régimen de reparto de administración pública
durante la vigencia de las leyes 18037 y 18038).
Ello fue así, en primer lugar, porque el S.I.J.P. propició la migración de esa institución
(J.O.) al régimen de capitalización (vaciada de su naturaleza y signada por algunos como
intencionalmente motivada para favorecer la opción a favor del mismo), cuya cuantía dejó de ser el
resultado de una fórmula legalmente prevista de reemplazo para convertirse en un importe por
demás incierto o aleatorio, derivado -entre otros factores a considerar- del saldo que pudiera
alcanzar la C.C.I. de administración privada.
En segundo término, porque para el caso que la cobertura de la contingencia de
ancianidad se encontrare exclusivamente a cargo del régimen previsional público de reparto
(como consecuencia de la opción ejercitada), aquella quedó atomizada a partir del 14.7.94 (fecha
de entrada en vigencia del S.I.J.P.) en tres prestaciones: P.B.U., P.C., P.A.P., con distintas
reglas de cálculo para cada una de ellas (arts. 19 a 21, 23 a 26 y 30, respectivamente), la primera
de las cuales, no guarda relación alguna con la remuneración o renta imponible sobre la que se
aportó en actividad. Lo cierto es que la regulación legal del S.I.J.P. no contiene regla expresa sobre tasa de
sustitución para la contingencia de vejez. Esta resulta, en cada caso, de la variable combinación
de esas tres prestaciones, siendo de destacar -por su trascendencia al respecto- la incidencia
Poder Judicial de la Nación inversamente proporcional de la P.B.U. en relación con los ingresos de actividad (de menor
peso relativo o significación porcentual cuanto mayor es el ingreso de actividad).
A manera de breve ejemplo válido para la fecha de adquisición del derecho del demandante
(1.2.01), resulta ilustrativo señalar que en base al valor de un AMPO/MOPRE de $80 (según fue
establecido a partir del 1.4.97 por la Res. S.S.S. 27/97 y se mantuvo inalterado), la P.B.U. normal de
$200 o una Máxima P.B.U. de $230, equivalían por sí solas al 100% o 115%, respectivamente, de una
remuneración equivalente al S.M.V.M. de $200 dispuesto a partir del 1.8.93 por Res. 2/93 del
CNEPySMVyM, (que recién fue elevado a $250 a partir del 1.7.03 por Dto. 388/03), en tanto esas
mismas prestaciones representaban tan solo un 4,16% y un 4,79% frente a un salario de actividad de
$4.800 (tope de aportación de la base imponible dispuesto por el texto originario del art. 21 de la ley
24241 hasta que fue modificado por el Dto. 814/01). Va de suyo que el agregado de los importes de la
P.C. y P.A.P. o J.O. que pudieran corresponder acrecentaba esos porcentajes, pero su incidencia no
bastaba para alcanzar en el caso de los trabajadores de mejores ingresos una razonable
proporcionalidad del haber previsional con la remuneración de actividad.
Sin embargo, a mi juicio, la omisión apuntada anteriormente en modo alguno puede
sustentar la legitimidad del monto a que arribe el haber total que resulte del cúmulo de
prestaciones del Sistema destinadas a cubrir la contingencia de vejez (antes “jubilación
ordinaria”), en la hipótesis que su cuantía no refleje una razonable proporcionalidad con la
remuneración o renta imponible a sustituir en base a las cuales el trabajador activo aportó,
frustrando –por exiguo- el carácter “integral” de la prestación.
Así lo afirmo, teniendo muy particularmente en cuenta las consideraciones vertidas por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación el 17.05.05 in re “Sánchez María del Carmen”, algunas de las
cuales fueron transcriptas precedentemente y por las que el Superior Tribunal ratificó enfáticamente
“los principios básicos de interpretación sentados acerca de la naturaleza sustitutiva que tienen las
prestaciones previsionales y rechaza toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al
Estado otorgar “jubilaciones y pensiones móviles”, según el art. 14 bis de la Constitución Nacional y
los fines tuitivos que persiguen las leyes reglamentarias en la materia”, contrarios, todos ellos, a
convalidar supuestos de retroceso como el que se trata.
En ese mismo precedentemente el Tribunal Cimero también sostuvo que “los tratados
internacionales promueven el desarrollo progresivo de los derechos humanos y sus cláusulas
no pueden ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido
en la primera parte de la Constitución Nacional” (art. 75, inc. 22). La consideración de los recursos
disponibles de cada Estado -conf. arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos- constituye una pauta que debe evaluar cada
país al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a los
compromisos asumidos por esos documentos, mas no importa disculpa alguna para desconocer o
retacear los derechos vigentes”.
La apuntada progresividad, viene a cuento mencionarlo aún cuando no constituye derecho
vigente que pueda ser aplicable al caso por no haber sido ratificado por nuestro país, también se
encuentra plasmada en el Convenio OIT 102 relativo a la norma mínima de Seguridad Social,
por cuanto al prever pisos de cobertura en la materia, admite y alienta el establecimiento de
mejores condiciones que las previstas en él. En efecto, en su “preámbulo” declara que “después
de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la norma mínima de seguridad social”,
estas resultan aprobadas en la sesión de la Conferencia General del 28.6.52 como Convenio
Internacional, cuya Parte V (arts. 25 a 30) referida a “Prestaciones de Vejez” contempla que “Todo
Miembro para el cual esté en vigor… deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de
prestaciones de vejez…” de conformidad con sus disposiciones, consistentes en pagos periódicos que
no podrán ser inferiores a los que resultan de los distintos métodos de cálculo que contienen las
normas de su Parte XI (arts. 65 a 67).
En la búsqueda de una solución justa y equitativa al planteo en cuestión, es válido recordar que
para dar respuesta a otro controvertido supuesto no previsto expresamente por la ley 24241 (texto
originario), como fuera la del “derecho de acrecer” en materia de pensiones, esta Cámara, por imperio
de su art. 156 (aplicación supletoria de las disposiciones de las leyes 18037 (t.o. 1976) y 18038 (t.o.
1980) y sus complementarias que no se opongan a la misma), reconoció la plena vigencia del derecho
aludido, tal como estaba previsto por los arts. 41 y 29 de los regímenes previsionales para
trabajadores dependientes y autónomos, respectivamente (crf., Sala I, fallo 86938 del 26.6.00, autos
“Fleitas Filipov Daniel Arturo c/ANSeS s/acrecimiento de pensión” y Sala III, sentencias 81195 del
6.11.01 y S.I. 80178 del 11. 8.03 in re “Burgos de Parera María Margarita c/Nación AFJP S.A.
s/acrecer haber de pensión” y 25446/01 “Sacerdote de Puente Ana María c/ANSeS s/amparos y
sumarísimos”, entre otras); hermenéutica cuya generalización condujo al dictado de las leyes 24733,
primero y 25687 (B.O. 3.1.03), después, por cuyo art. 2 el derecho de acrecer resultó finalmente
aplicable desde la fecha misma de entrada en vigencia del S.I.J.P., es decir, desde el 15.7.94 (crf.
sentencia interlocutoria 84625 del 12.10.04, causa 12169/04 “Maíz maría Elba c/ANSeS
s/prestaciones varias”).
Así las cosas, juzgo procedente acceder a la tasa de reemplazo reclamada por la parte actora,
pues a esa solución conduce el empleo de la misma regla de hermenéutica a la que recurrió la
Cámara en el caso del “derecho de acrecer”, declarando aplicable a ese fin el 70% establecido por el
art. 49 de la ley 18037 t.o., en cuanto no resulta incompatible con el S.I.J.P ( ahora S.I.P.A.), máxime
si se tiene presente que ese guarismo constituye el punto de referencia para la determinación del
Poder Judicial de la Nación Retiro por Invalidez y la Pensión por Fallecimiento (arts. 97 y 98 de la ley 24241 y sus
modificatorias).
Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, en base a una exégesis progresiva del
derecho y por aplicación del mencionado art. 156 de la ley 24241 t. originario, no cabe
hesitación alguna en afirmar que la tasa mínima de sustitución de una prestación de vejez o de
invalidez acordada con arreglo al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ahora
S.I.P.A.) para un trabajador dependiente no ha de ser inferior al 70% del promedio de las
remuneraciones actualizadas de los últimos diez años a computar, es decir, la misma tasa
otrora prevista por el art. 49 de la ley 18037 t.o. 1976, resultando insuficiente y confiscatorio
cualquier guarismo inferior.
V.
Corresponde ahora verificar si las constancias de autos permiten sostener que la P.B.U./P.C.
acordadas atendieron razonablemente al carácter integral y sustitutivo del haber antes pregonado,
para lo cual se ordenó a fs. 78 el informe contable que obra a fs, 80/90, en el que el perito contador
oficial incluyó un ANEXO “A” elaborado en base al Haber Inicial determinado por el organismo a
la fecha de cese ($676,84 al 1.2.01), por un lado, y un ANEXO “B” confeccionado con un Haber
Inicial revisado según “Elliff” a la fecha de adquisición del derecho ($836,98 al mes de febrero
de 2001), que ajustados por movilidad hasta septiembre de 2009 ascendían a $1.455,55 y
$2.779,70, respectivamente. Ese doble cotejo permite demostrar, como se verá más adelante, que
aún habiéndose hecho lugar a la revisión del haber inicial de la prestación por aplicación del citado
precedente, no se alcanza una tasa de sustitución inicial del 70%.
Asimismo, cabe tener presente que conjuntamente con el pedido de reajuste de haberes
presentado ante ANSeS el 3.4.06, el interesado acompañó un certificado de “equiparación de
haberes” expedido por Y.P.F. el 23.3.06, (su ex empleador), según el cual “de haber
permanecido en actividad” percibiría a ese entonces una remuneración de $4.224,94. (Ver fs.
64/65 del administrativo que corre por cuerda).
Pues bien, el “ANEXO A” del informe contable producido por el Perito Contador Oficial coincide
con lo actuado por ANSeS en el “Detalle del Beneficio” previo a su otorgamiento, dando cuenta de
una remuneración promedio de los últimos diez años calculada por el organismo en $1.222,67, un
AMPO-MOPRE computado de $80, una P.B.U. de $200 y una PC de $476,84, para arribar a febrero
de 2001, fecha inicial de pago, a un haber total bruto a cargo del régimen de reparto de $676,84,
es decir, equivalente al 55,35% de la base de cotización considerada. Ese porcentaje se redujo
progresivamente con el paso del tiempo y el dispar incremento de la prestación respecto de las
remuneraciones de actividad, Para el mensual marzo de 2006, la demandada puso al pago los
mismos parciales de PBU. y PC. más $67,69 de suplemento por movilidad, lo que dio un total bruto
de $744,53, es decir, el equivalente al 17,62% de la remuneración de $4.224,94 que le habría
correspondido percibir de continuar en actividad según el referido certificado. (Ver planilla de cálculo
de fs. 80/84).
Por otro lado, el “ANEXO B”, elaborado por el experto con arreglo a las pautas de revisión del
haber inicial y posterior movilidad que este fallo manda aplicar conforme a la doctrina sentada por el
Superior Tribunal en “Elliff”, arroja un promedio de remuneraciones a tener en cuenta de
$1.633,27, una PBU de $200 y una PC de $636,98 que sumadas alcanzan un haber bruto de
$836,98, equivalente al 51.24% del promedio salarial actualizado. Para el mensual marzo de
2006, incluido el suplemento por movilidad cfr. “Badaro”( de $490,44) le habría correspondido
percibir un haber bruto total de $1.327,41 (ver planilla de cálculo de fs. 85/89) lo que habría
representado solo un 31,41% de la remuneración de $4.224,94.
El cotejo de éstas cifras permite afirmar, sin hesitación alguna, que la aplicación del método
de revisión del haber inicial y su posterior movilidad por sí solo, no logra corregir la
insuficiencia del haber inicial de la prestación, pues ya revisado conforme “Elliff”, su cuantía
equivale a una “tasa de sustitución” de partida del 51,24% ($836,98 sobre $1.633,27).
En éste estado encuentro oportuno formular una reflexión adicional a propósito de la curiosa
paradoja que exhibe el sub examine, dado que el carácter privilegiado de los servicios
prestados para Y.P.F. le permitió al afiliado acceder al beneficio con tan solo un total de 25 años,
11 meses y 20 días de servicios con aportes, menos que los 30 años requeridos en el caso de
tareas comunes, pero ese guarismo inferior al general incidió en desmedro de sus intereses al
momento de fijar el haber de pasividad, pues por aplicación del art. 24 inc. a) de la ley 24241,
fueron computados 26 años para el cálculo de la P.C. , que a razón de 1,5% por cada período
representaron por tal concepto un 39% de la remuneración tenida en cuenta como base de
cálculo y no un 45 % como habría sido en la otra hipótesis, lo que traducido en dinero dio
$476,84 en lugar de $550,20.
La paradoja apuntada habrá de repetirse en cada caso en que se aplique un régimen diferencial
que, en consideración a los servicios prestados, permita al trabajador acceder a la jubilación con
menos años de servicios, aún cuando para ello se hubieren realizado cotizaciones adicionales, como
acontece con el recientemente establecido por la ley 26494 (B.O. 22.4.09) para los trabajadores de la
industria de la construcción, por lo que la situación que representa este efecto indeseado habrá de
formar parte de la agenda de temas pendientes para una futura reforma legislativa del sistema.
Así las cosas, con fundamento en lo expresado en el considerando anterior, a fin de concretar el
principio de integralidad de la prestación previsional amparado por el tercer párrafo del art. 14 bis de
la C.N. con arreglo a la tasa de sustitución mínima aplicable por remisión del art. 156 de la ley 24241 y
sus modificatorias al art. 49 de la 18037 t.o. 1976, en virtud de una interpretación armónica y
Poder Judicial de la Nación progresiva del derecho de seguridad social y –por ende- humano en juego, juzgo imperioso ordenar a la accionada proceder a incrementar el haber inicial que resulta de su revisión de acuerdo a
“Elliff” ( ANEXO “B” de fs. 80/90 de $836,98 (que comprende P.B.U. y P.C. ), con mas la adición
de un “suplemento por sustitutividad” de $306, 31, suficiente para alcanzar la cuantía originaria
de $1.143,29, correspondiente al 70% de la base remuneratoria de cálculo ya actualizada al
1.2.01 ( fecha de adquisición del derecho) de $1.633,27.
Con éste fundamento y alcance corresponde hacer lugar al reclamo de la parte actora tendiente
a obtener que su haber inicial refleje el 70 % de la remuneración promedio actualizada de los últimos
diez años, desestimando su pretensión de que se calcule la P.C. a razón de 3% por cada año de
actividad.
Va de suyo que a ese adicional integrante del haber inicial de $1.143,29, habrá de aplicarse
luego, en lo pertinente, la pauta de movilidad ordenada por remisión al precedente “Badaro” (fallos del
8.8.06 y 27.11.07) ya citado, seguida de los incrementos generales otorgados a partir del 1.1.07.
VI.
Encuentro suficiente para la correcta solución de las cuestiones litigiosas sometidas a
consideración de ésta alzada lo hasta aquí expuesto, porque “los jueces no están obligados a seguir y
decidir todas las alegaciones de las partes si no solo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para
la correcta solución del litigio”, (cfr. “Tolosa, Juan C. c/ Compañía Argentina de Televisión S.A.”,
fallado el 30.4.74, pub. L.L. T. 155, pág. 750, nro. 385). Ello es así en el marco de la conocida doctrina
en virtud de la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y
de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos para la decisión de la causa. ( Fallos
272:225; 274:113; y causa “Wiater c/ Ministerio de Economía”, LL 1998AA, pág. 281, entre otros).
VII.
No obstante ello y a modo de colofón, creo necesario recordar que, como he dicho al emitir mi
voto en la causa 2368/09 “Fernández Edgardo Ramiro c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ amparos y
sumarísimos”. S.D. 127170 del 24.9.09, publicado en El Dial.com como AA56EA y en Microjuris.Com
como MJ-JU-M-46882-AR / MJJ46882 / MJJ 46882 y en Boletín de Jurisprudencia de la C.F.S.S. nro.
50, en ejercicio de una atribución que le es propia, el Congreso sancionó las leyes 18037 y
18038, las “que conformaron el régimen previsional nacional de alcance general o común
vigente desde el 1.1.69 hasta el 14.7.94, en que fue sustituido por el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones ( S.I.J.P.) creado por la ley 24241, que no obstante haber sido presentado
en sociedad como la solución definitiva a un viejo problema, tuvo menos vida que el anterior y sufrió
diversas modificaciones (entre las que pueden citarse las introducidas por las leyes 24347, 24463,
25239, 26222 y dtos. 1495/01 y 491/04 y muchas más surgidas de su cambiante reglamentación como
ser los dtos. 1120/94, 136/97 y 460/99 sobre la condición de aportante regular, irregular con derecho y
–sin nombrarlo- irregular sin derecho), hasta que, luego de haber alcanzado un mayor equilibrio entre
el régimen de capitalización y el de reparto del que carecía en sus orígenes por imperio de la ley
26222, la ley 26425 dispuso su sustitución a partir del 9.12.08 por el Sistema Integrado Previsional
Argentino (S.I.P.A.), caracterizado por la derogación del régimen de capitalización y su absorción y
unificación en el de reparto”.
En esa oportunidad también sostuve la legalidad de ese proceder, sin desconocer que “las
leyes 24241 y 26425 se inspiraron en objetivos económicos, fiscales y financieros consonantes
con las distintas orientaciones de política general de cada momento y cuyas urgencias
circunstanciales forzaron su dictado, probablemente tanto o más importantes para sus
impulsores que los previsionales propiamente dichos; como así también que el continuo
proceso de cambio de sistemas jubilatorios en tan corto tiempo genera desconcierto, conspira
contra la seguridad jurídica y supone una total ausencia de política de estado en la materia; la
que, contrariamente a ello, debería ser el resultado de adecuadas y multidisciplinarias
ponderaciones previas a su adopción, con la mas amplia participación y consenso de todos los
sectores interesados para hacerla sustentable en el tiempo, aspecto que no es poca cosa visto
que su implementación involucra de modo obligatorio a varias generaciones actuales y futuras
de afiliados aportantes y beneficiarios, quienes –en definitiva- soportan las consecuencias
disvaliosas de las improvisaciones, omisiones, desaciertos, errores, incongruencias e
inconsistencias de los regímenes de que se trata, sancionados forzada y precipitadamente en
medio de un contexto de marcada confrontación”.
Pues bien, a mi entender la “tasa de sustitutividad”, estrechamente vinculada con “ la
movilidad del haber, es uno de los aspectos centrales que habrá de ser objeto de especial
tratamiento cuando el Poder Legislativo encare el cometido pendiente de establecer un nuevo
régimen previsional general debidamente ordenado, surgido del consenso interdisciplinario
mayoritario y sustentable en el tiempo, que venga a reemplazar al S.I.P.A. establecido por la ley
26425, en base al remanente del S.I.J.P. normado hasta el 9.12.08 por la ley 24241y sus
modificatorias.
Lo expresado en el párrafo anterior se encuentra en sintonía con lo señalado por la C.S.J.N. en
el ya citado caso “Sanchez” y en el considerando 24 de la sentencia recaída el 26.11.07 en autos
“Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS”, en reiteración de lo anteriormente requerido el 9.8.05 en “Andino
Basilio Modesto c/ ANSeS s/reajustes varios” y 8.8.06 en la misma causa “Badaro”. En ese orden de
cosas, el Tribunal Cimero consideró que “contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una
ley que estableciera pautas de aplicación permanente que asegure el objetivo constitucional. Una
reglamentación prudente de la garantía en cuestión, además de facilitar el debate anual sobre la
distribución de recursos y evitar el uso de facultades discrecionales, permitiría reducir la litigiosidad en
Poder Judicial de la Nación esta materia, que ha redundado en menoscabo de los derechos de los justiciables y del adecuado
funcionamiento del Poder Judicial ( Fallos: 328:566 “ Itzcovich”), por lo que se formula una nueva
exhortación a las autoridades responsables a fin de que examinen ésta problemática”.
Si bien referida a la movilidad (tema debatido en esos autos), la reflexión transcripta es
igualmente válida al presente, en que amén de ese mecanismo se cuestiona la “tasa de sustitución”
representada por el haber inicial.
Por lo expuesto, en el marco de conocimiento de la Alzada delimitado por los arts. 266, 271 y
277 del CPCCN. propongo: 1) Declarar desierta la apelación de la demandada y formalmente
admisible la deducida por la parte actora; 2) hacer lugar al recurso interpuesto por quien demanda en
lo que respecta al recálculo de la PC. otorgada, sustituyendo las pautas establecidas a ese fin en la
instancia de grado por las definidas el 11.8.09 en la causa “Elliff, Alberto José c/ ANSeS s/ reajustes
varios” por la C.S.J.N. , debiéndose proceder al recálculo del haber con deducción de los incrementos
otorgados con arreglo a lo resuelto el 29.4.08 in re P. 2674 XXXVIII. R.O. “Padilla, María Teresa
Méndez de c/ ANSeS s/ reajustes varios”; 3) ordenar a la accionada en este caso en particular
proceder a incrementar el haber inicial que resulta de su revisión de acuerdo a “Elliff” de
$836,98, con mas la adición de un “suplemento por sustitutividad” de $306,31, suficiente para
alcanzar la cuantía originaria de $1.143,29, correspondiente al 70% de la base remuneratoria de
cálculo ya actualizada de $ 1.633,27, debiéndose aplicar a ese haber inicial así recompuesto, la
pauta de movilidad dispuesta por remisión al precedente ya citado y al caso “Badaro”, todo ello
en base a los fundamentos y con el alcance indicado en los considerandos; y 4) confirmar la sentencia
en lo demás que decide. Costas de alzada por su orden (art. 68 segundo párrafo CPCCN. y 21 de la
ley 24463).NAF
EL DR. JUAN C. POCLAVA LAFUENTE DIJO:
Atento las particularidades del caso, adhiero al voto del Dr. Fasciolo.
EL DOCTOR MARTIN LACLAU DIJO:
Llegan las presentes actuaciones a este Tribunal a raíz de las apelaciones deducidas por José
Betancur y por la ANSES, a fs. 54 y a fs. 57, respectivamente, contra la sentencia de fs. 49/53, donde
se fijó el reajuste del haber jubilatorio del actor conforme a las pautas que allí se indican.
El recurso intentado por la ANSES ha de ser tenido por desierto, en razón de no haberse
adjuntado la pertinente expresión de agravios.
A fin de resolver el recurso de la actora, el Tribunal dispuso, a fs. 78 remitir el expediente al
Cuerpo de Peritos Contadores, a efectos de que éste recalculase el haber inicial del actor y su
posterior movilidad. La pericia de marras obra a fs. 80/91 y, al no haber sido cuestionada por ninguna
de las partes, sus cálculos, en mi opinión, han de ser aprobados.
Por ello, de prosperar mi voto, correspondería declarar desierto el recurso reapelación
intentado por la demandada y, respecto al deducido por la actora, revocar el pronunciamiento judicial
recaído en autos y, declarando ajustado a derecho el haber del beneficio acorado a don José
Betancur que surge de la referida pericia, devolver el expediente al juzgado de origen, a sus
efectos.V2
Por lo que resulta del acuerdo de la mayoría, el Tribunal RESUELVE: 1) Declarar desierta la
apelación de la demandada y formalmente admisible la deducida por la parte actora; 2) hacer lugar al
recurso interpuesto por quien demanda en lo que respecta al recálculo de la PC. otorgada,
sustituyendo las pautas establecidas a ese fin en la instancia de grado por las definidas el 11.8.09 en
la causa “Elliff, Alberto José c/ ANSeS s/ reajustes varios” por la C.S.J.N. , debiéndose proceder al
recálculo del haber con deducción de los incrementos otorgados con arreglo a lo resuelto el 29.4.08 in
re P. 2674 XXXVIII. R.O. “Padilla, María Teresa Méndez de c/ ANSeS s/ reajustes varios”; 3) ordenar
a la accionada en este caso en particular proceder a incrementar el haber inicial que resulta de
su revisión de acuerdo a “Elliff” de $836,98, con mas la adición de un “suplemento por
sustitutividad” de $306,31, suficiente para alcanzar la cuantía originaria de $1.143,29,
correspondiente al 70% de la base remuneratoria de cálculo ya actualizada de $ 1.633,27,
debiéndose aplicar a ese haber inicial así recompuesto, la pauta de movilidad dispuesta por
remisión al precedente ya citado y al caso “Badaro”, todo ello en base a los fundamentos y con el
alcance indicado en los considerandos; y 4) confirmar la sentencia en lo demás que decide. Costas de
alzada por su orden (art. 68 segundo párrafo CPCCN. y 21 de la ley 24463).Cópiese, regístrese,
notifíquese y oportunamente remítase.
NESTOR A. FASCIOLO MARTIN LACLAU JUAN C. POCLAVA LAFUENTE
JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA
Ante mí:
Nicolas J. Rizzi Jose Maria Giammichelli
Prosecretario de Camara Secretario
Poder Judicial de la Nación
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