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NULIDAD DE INTIMACION DE PAGO. EJECUCION FISCAL

En la ciudad de Mar del Plata, a los 9 días del mes de febrero del año dos mil once, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad, en Acuerdo Extraordinario, para pronunciar sentencia en la causa P-1659-AZ1 “TIERNO ADRIANA MARIEL s. INCIDENTE”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora, Sardo y Riccitelli, y considerando los siguientes::VER FALLO DE CAMARA
ANTECEDENTES
I. Con fecha 22-09-2009 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Azul, resolvió rechazar el incidente de nulidad impetrado por la actora –Sra. Adriana Mariel Tierno-, manteniendo la validez de la totalidad de los actos procesales consecuentes de la intimación de pago impugnada. Impuso las costas a la incidentista en su carácter de vencida -con sustento en los arts. 68 y 69 del C.P.C.C.- y reguló los honorarios profesionales de los letrados intervinientes por ambas partes (v. fs. 35/39).
II. Éstas quedaron notificadas de tal pronunciamiento el 23-09-2009 (según cédulas de notificación obrantes a fs. 40 y fs. 41) y, con fecha 28-09-2009, la perdidosa interpuso recurso de apelación en su contra. Acto seguido, expresó agravios en tiempo y forma (conf. fs. 43/49).
III. A fs. 50, el a quo tuvo por interpuesto en término el remedio intentado, concediéndolo en relación (arts. 242, 243 y ccds. del C.P.C.C. y 25 de la ley 13.406).
De sus fundamentos ordenó correr traslado a la contraria por el término de cinco (5) días, quien ejerció su derecho a réplica con fecha 17-02-2010 (conf. fs. 58/59).
IV. Por auto de fs. 60, el juez de grado tuvo por contestado en legal tiempo y forma el traslado conferido y, atento su estado, dispuso sin más trámite la elevación de las actuaciones a esta Alzada donde fueron recibidas.
V. Puestos los autos al Acuerdo para Sentencia (conf. fs. 63), corresponde plantear la siguiente
CUESTION
¿Es fundado el recurso de apelación obrante a fs. 43/49?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El a quo rechazó el planteo de nulidad del mandamiento de intimación de pago dirigido a la accionada (cfr. fs. 17/19 de los autos principales que en este acto tengo a la vista), manteniendo la validez de la totalidad de los actos procesales que fueron su consecuencia. Impuso las costas del proceso a la incidentista vencida (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.) y reguló honorarios profesionales a los letrados actuantes en el presente proceso (cfr. fs. 35/39).
2. Anoticiada la accionante-incidentista de tal pronunciamiento, procedió a apelarlo (cfr. fs. 42) expresando agravios por presentación separada (cfr. fs. 43/49).
a. La recurrente se agravia –primeramente- de lo resuelto por el a quo en torno a la temporaneidad del planteo de nulidad. En tal sentido, alega que mal pudo articular planteo alguno con anterioridad a la promoción del presente incidente, toda vez que antes del momento en que lo hizo, no había tomado conocimiento de la promoción del juicio de apremio por parte del Fisco actor. Denuncia, además, que el crédito reclamado es inexistente.
Conforme relata, la incidentista no tomó oportuno conocimiento de la promoción del apremio en trámite ni de la intimación de pago allí cursada, en razón de haber cesado su inscripción respecto del tributo por el que se le sigue el juicio a partir del año 1996 y, por lo demás, por no existir la numeración del inmueble en el que se habría practicado la diligencia de intimación de pago y embargo en el expediente principal.
b. En segundo lugar, se agravia de lo resuelto por el sentenciante en cuanto a la subsistencia del domicilio fiscal. Entiende que so pretexto de cumplir lo dispuesto por el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires se vulneran principios y derechos de linaje constitucional tales como defensa en juicio, debido proceso, igualdad ante la ley e, inclusive, de legalidad.
Según manifiesta, se vio privada de oponer defensas con el pueril argumento de que el domicilio fiscal debe subsistir a ultranza, pese a que ya no reside más en la provincia, ni desempeña actividad gravada en dicho ámbito y aún habiéndose dado de baja en la inscripción del mentado tributo.
Indica, asimismo, que lo alegado en el pronunciamiento atacado en torno al domicilio como fuente argumental de su decisión, resulta estéril para justificarla, en atención a que no tuvo obligación de comunicar a la D.P.R. –actualmente A.R.B.A.- su cambio de domicilio, toda vez que dejó de ejercer su profesión –por la cual tributaba-, mudando su domicilio a la Capital Federal. Aclara que cambió de jurisdicción, por lo cual su conducta se ajustó a derecho, al corresponder dar de baja su inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos.
En tal entendimiento, todas las obligaciones que derivan de esa posición fiscal caducaron de pleno derecho, incluyendo el domicilio fiscal. Agrega a lo anterior, que resulta baladí pretender que la accionada –además de haber cesado su inscripción- tuviera que haber comunicado su cambio de domicilio.
Señala, por otra parte, que “… no es admisible consagrar jurisdiccionalmente la procedencia de un crédito inexistente y respecto del cual se ha demostrado –prima facie- la carencia de legitimidad. La contribuyente con los medios a su alcance ha probado documentalmente en la causa que: -1° no fue intimada de pago, diligencia esencial, art. 529 C.P.C.C.; 2° no era contribuyente del impuesto reclamado desde el año 1996; 3° efectuó tempestivamente el único trámite posible para comunicar a la D.P.R. su cambio de jurisdicción, cual fue dar de baja su inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos…”. Deduce, en consecuencia, de lo anterior que “… si alguien deja de ser contribuyente del único impuesto que lo liga a un ente recaudador, va de suyo que el domicilio fiscal que oportunamente sirvió a ese impuesto, cae por un principio general del derecho. Además cuando un contribuyente da de baja a un impuesto, no debe comunicar ningún cambio de domicilio, máxime cuando esa baja halla causa en su mudanza a otra jurisdicción distinta a la primera…”.
3. A su turno, el Fisco replica los argumentos de la actora, expresando que “… centra el apelante su planteo exclusivamente en la ausencia de la demandada de su domicilio fiscal, en ese sentido y de manera caprichosa, pretende se tenga en cuenta una supuesta nota de baja provisoria de dicho impuesto presentada ante la Autoridad Administrativa y que la misma sea entendida extensivamente como baja del domicilio fiscal y a partir de ahí, entonces, la inexistencia de la notificación del mandamiento oportunamente diligenciado que diera lugar a la sentencia condenatoria. Por tal motivo inicia un incidente de nulidad que tampoco prosperó y pretende en esta etapa revertir, un decisorio indudablemente ajustado a derecho, fundado en supuestas violaciones inconstitucionales inexistentes…”.
Seguidamente, reitera los fundamentos vertidos en ocasión de contestar el traslado del incidente promovido (cfr. fs. 30/31), requiriendo el rechazo del recurso de apelación intentado, con costas.
II. En atención al modo en que han quedado fijadas las posiciones de ambas partes, soy de opinión que el recurso debe prosperar.
1. Previo a ingresar al análisis de lo que constituye materia propia de agravio examinable por esta Alzada, resulta conveniente efectuar una breve reseña de los fundamentos que apuntalaron la resolución desestimatoria del a quo.
Así, se advierte que el sentenciante fundó su decisión con base en dos pilares centrales: (i) que el planteo de nulidad debió articularse al tiempo en que se diligenció el mandamiento de intimación de pago, mas nunca a posteriori, como en el caso, tras el dictado de la sentencia interlocutoria (de trance y remate) recaída en los autos principales (cfr. fs. 22/23); y (ii) que la prueba documental obrante a fs. 7/8 no puede entenderse como una baja del domicilio fiscal, sino como una baja del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, concluyendo -en consecuencia- que si la accionada no alegó ni intentó probar el cambio de su domicilio fiscal –imperativo procesal que, según entiende, hacía a su propio interés-, el domicilio oportunamente denunciado continuó subsistente y, por ende, las notificaciones allí producidas resultaron válidas surtiendo los efectos que le son propios.
2. En torno a la oportunidad del planteo de nulidad sub examine, surge de lo actuado que fue promovido por vía incidental en el marco de un juicio de apremio, proceso de ejecución con características propias y con una regulación específica en el ámbito provincial -esto es- la ley 13.406 norma, esta última, complementada por las normas procesales contenidas en el Código Fiscal (ley 10.397 y sus modificatorias) y con aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil y Comercial provincial para todas aquellas situaciones no previstas en las anteriores (cfr. art. 25 ley 13.406).
Ahora bien, advirtiendo que la nulidad planteada adolece de tratamiento procesal específico en la ley 13.406, como así también –tal se viera- que el juicio de apremio es una especie particular dentro del género de los procesos de ejecución que -por su naturaleza- resulta compatible con el juicio ejecutivo, corresponde recurrir, a los fines de su consideración y en primer lugar, a las normas que para este tipo de procesos regula la legislación ritual civil y comercial (Libro III, Título II, arts. 518 y sigtes.), por conducto del nominado art. 25 de la ley 13.406 y –además- en atención a su vinculación a través del principio de especialidad (cfr. doct. esta Cámara en causa P-288-DO1 “Von Humefeld”, sent. del 12-II-2009).
Cierto es, entonces, que el art. 543 del C.P.C.C. deviene aplicable a la especie. Dicho precepto admite la posibilidad de solicitar la nulidad de la ejecución, con fundamento en: (i) No haberse hecho legalmente la intimación de pago –como se alega en autos- y, (ii) Incumplimiento de las formalidades establecidas para la preparación de la vía ejecutiva. La norma impone adicionalmente, como requisitos ineludibles para su admisibilidad, por un lado, que sea articulado dentro del plazo fijado por el art. 540 del C.P.C.C. -término que debe computarse a partir del conocimiento del acto supuestamente viciado- y, por otro, que en el acto de requerir la declaración de nulidad el ejecutado deposite la suma fijada en el mandamiento u oponga excepciones.
En el caso traído a resolución, no existen elementos –ni en el presente incidente ni tampoco en los autos principales- que permitan presumir que la incidentista hubiera tomado conocimiento del acto supuestamente viciado –obrante a fs. 17/19 de los autos principales- con anterioridad a la articulación del incidente, por lo que debe reputárselo interpuesto tempestivamente.
Por otra parte, se advierte que la incidentista cumplió el imperativo procesal de oponer defensa, ello por cuanto dedujo excepción de inhabilidad de título –por inexistencia de la deuda- tal como surge de su presentación inaugural (cfr. fs. 11 vta. segundo párrafo).
Desde tal plataforma, no se vislumbra atinada la conclusión a la que arriba el magistrado de grado cuando afirma que la oportunidad que tenía la ejecutada para efectuar cuestionamientos en torno al mandamiento de intimación de pago fue en aquel momento –coincidente con la diligencia- y nunca con posterioridad, como en el caso, tras el dictado de la sentencia (cfr. fs. 36 segundo párrafo reiterado a fs. 39 segundo párrafo).
Ello así, atento que el supuesto de nulidad contemplado por el art. 543 del C.P.C.C. para el caso en que no se hubiere hecho legalmente la intimación de pago, resulta viable no sólo cuando se peticiona la nulidad dentro del plazo para oponer excepciones, sino también cuando se la formula con posterioridad, para la hipótesis de que se hubiera conocido o estado en condiciones de conocer el vicio que la afectara en un momento ulterior (arg. art. l70 C.P.C.C.).
En consecuencia, habiendo la incidentista adecuado su proceder a las circunstancias de admisibilidad del planteo expresamente previstas por el art. 543 del Código Procesal, toda vez que ha deducido la excepción de inhabilidad de título –por inexistencia de la deuda- e intentado el planteo dentro del plazo previsto, deviene formalmente procedente el incidente de nulidad articulado (cfr. doct. esta Cámara en causa P-288-DO1 “Von Humefeld”, sent. del 12-II-2009).
3. En cuanto a la subsistencia y validez del domicilio fiscal para el caso traído a resolución, corresponde formular las siguientes precisiones.
a. Surge de lo actuado que el título en ejecución comprende la determinación oficiosa efectuada por el Fisco provincial –en virtud de lo dispuesto por los arts. 39 bis y 50 del Código Fiscal- del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a los períodos comprendidos entre el 01/2006 y el 02/2007 respecto de la Sra. Adriana Mariel Tierno (D.N.I. 14.887.945) con domicilio fiscal en Av. San Martín N° 811 de la ciudad de Bolívar.
Por auto de idéntica fecha a la resolución ahora en crisis, el sentenciante de grado -valorando el estado procesal en que se encontraban los actuados y en orden a lo dispuesto por los arts. 12 de la ley 13.406, 546 y 547 del C.P.C.C. (por aplicación supletoria conforme el art. 25 de la ley precitada)-, entendió innecesario disponer la apertura a prueba del incidente promovido atento que, según su visión, no se habían ofrecido medios probatorios conducentes ajenos a las constancias de la causa [en este punto, no debe perderse de vista que la prueba documental aportada por la incidentista, obrante a fs. 07/08, fue desconocida por su contraparte, cfr. fs. 30 pto. III].
Teniendo en consideración esta última circunstancia y con la finalidad de proceder a la revisión de la solución jurídica propuesta por el a quo, este Tribunal ordenó –como medida para mejor proveer- producir la prueba informativa ofrecida por la incidentista dirigida a A.R.B.A. a fs. 65. Como resultado de tal diligencia, el Fisco provincial informó que la contribuyente Adriana Mariel Tierno (D.N.I. 14.887.945) registra su inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde el 26-01-1994, habiendo cesado definitivamente en tal condición con fecha 31-07-1996.
b. Ante tal plataforma fáctica, corresponde –ahora sí- determinar el derecho aplicable.
Conforme lo prevé la ley de apremio, la intimación de pago que deba practicarse se efectuará en el domicilio fiscal del deudor conforme los términos de la ley 10.397 (art. 24, primer párrafo, de la ley 13.406).
Y, tal como lo define el ordenamiento tributario, el domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables es el domicilio real o legal –legislado por el Código Civil- ajustado a la prevención del art. 29 del Código Fiscal y a las que determine la pertinente reglamentación, debiendo constituirlo el contribuyente en la forma que ésta lo indica (cfr. art. 29, quinto párrafo, segunda parte) o, en su caso, determinarlo oficiosamente la Administración (cfr. art. cit., sexto párr. y sgtes.).
Ahora bien, la perduración (subsistencia) de tal domicilio depende de la existencia del hecho que lo motiva, por lo cual, cesando tal hecho antecedente, el domicilio debe determinarse por la residencia con intención de permanecer en el lugar en que se habite (art. 91 del Cód. Civ.). Es que cesada la causa determinante de la fijación del domicilio fiscal, esto es, la relación tributaria que unía al contribuyente con la Administración, debe reputarse también extinguido el domicilio constituído al efecto, reapareciendo, de tal forma, el domicilio real como alternativa de notificación.
Contrastando lo reseñado anteriormente con los hechos verificados en la causa, se advierte que si bien la accionada poseía un domicilio fiscal al tiempo de revestir la condición de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (sito en Avda. San Martín N° 811 de la localidad de Bolívar), tal domicilio especial cesó con fecha 31-07-1996, como consecuencia de la extinción de la relación tributaria que la unía con el Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
No paso por alto que el domicilio fiscal es único para todas las obligaciones tributarias que los contribuyentes y demás responsables mantengan con la Administración (cfr. art. 29 quinto párr. Cód. Fiscal) empero, no habiendo el Fisco alegado que el domicilio oportunamente constituído subsistiera en razón de alguna otra relación tributaria entre la accionada y la Administración, no puede más que reputárselo cesado en concomitancia con la cesación definitiva del tributo que determinó su primitiva constitución (cfr. surge de fs. 66).
En consecuencia, habiendo acreditado la incidentista su cesación definitiva en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con fecha 31-07-1996, el domicilio fiscal por ella constituído al efecto del tal tributación también debe reputarse extinguido y, en consecuencia, no operativo en relación con el crédito cuyo cobro persigue el Fisco devengado entre el 01/2006 y el 02/2007.
III. Conforme lo expresado anteriormente, he de proponer al Acuerdo hacer lugar al incidente de nulidad promovido por Adriana Mariel Tierno y, en consecuencia, declarar la nulidad del mandamiento de intimación de pago obrante a fs. 17/19 –de los autos principales- y de los actos que resulten su consecuencia o alcanzados por los efectos de la nulidad. Las costas deben imponerse al Fisco accionado atento su objetiva calidad de vencido (cfr. arts. 69, primer párrafo, 274, 543 del C.P.C.C.; 25 de la ley 13.406; 90 y sgtes. del Cód. Civ.).
Voto, en consecuencia, por la afirmativa.
Los señores Jueces doctora Sardo y doctor Riccitelli por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, votan la cuestión planteada por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
SENTENCIA
1. Hacer lugar al incidente de nulidad promovido por Adriana Mariel Tierno y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento recurrido, declarando la nulidad del mandamiento de intimación de pago obrante a fs. 17/19 –de los autos principales- y de los actos que resulten su consecuencia o alcanzados por los efectos de la nulidad Las costas deben imponerse al Fisco accionado atento su objetiva calidad de vencido (cfr. arts. 69, primer párrafo, 274, 543 del C.P.C.C.; 25 de la ley 13.406; 90 y sgtes. del Cód. Civ.).
2. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 del Dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen. Fdo: Dres. Roberto Daniel Mora – Adriana M. Sardo – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.

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