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NULIDAD DE PRENDA CON REGISTRO, RECHAZO. EXTREMOS A PROBAR.

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NULIDAD DE PRENDA.doc

En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los seis días del mes de abril del  año dos mil once, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Tercera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mercedes de la Provincia de Buenos Aires, doctores LUIS MARIA NOLFI y CARLOS ALBERTO VIOLINI, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. nº 1183 en los autos: “CASTELLANI ALICIA ESTHER C/ PEREYRA OSCAR ALFREDO S/ EJECUCION PRENDARIA”.

 La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones de acuerdo con los artículos 168 de la Constitución y 266 del Código Procesal.

PRIMERA: ¿Es justa la providencia apelada de fs. 69?.-

SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia interlocutoria apelada de fs. 49/52?.-

TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-

Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Luis María Nolfi y Carlos Alberto Violini.

VOTACIÓN:

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Luis María Nolfi dijo:

                   I.- Que a fs. 69 la Sra. Juez a quo proveyó, en lo que aquí interesa, dar por contestado en término a la parte actora el traslado conferido a fs. 61, respecto del memorial presentado por la accionada a fs. 55/60 y vta.-

                   II.  A fs. 70/71 la demandada se presenta e interpone revocatoria con apelación en subsidio contra dicha providencia. Básicamente considera errado dicho auto por entender que en el presente proceso no es de aplicación el plazo de gracia que confiere el art. 124 del ritual, y que en tal sentido el traslado conferido a fs. 61, por dos días, notificado por ministerio legis, ha sido contestado extemporáneamente por la actora en el escrito de fs. 65/68 y vta.-

                   III. Como bien señala la Sra. Juez de la Instancia de origen, al momento de rechazar la revocatoria interpuesta (ver fs. 75 y vta.) conforme cargo puesto al pie del escrito en cuestión (fs. 68 vta.) éste fue presentado en término el día 3/12/2010 a las 9,39 hs. cuando el plazo para contestar el traslado vencía dicho día a las 12,00 hs. (el traslado de fecha 26/11/2010 se notifica por nota el día 30/11/2010: art. 133 del CPCC), en atención al plazo gracia concedido por la norma ritual.-

                   Respecto de la aplicación del mentado plazo de gracia, se ha dicho: “Dicho plazo de gracia es de aplicación en toda clase de procesos, no existiendo razón alguna para excluirlo tratándose de la acción de amparo” (Morello y Ots. en “Códigos…” Tº II-B, pág. 596. Cám. 2ª, Sala I, La Plata, causa B-56.686).-

                   Ello así en tanto no existe norma alguna que establezca que el plazo de gracia establecido en el art. 124 del ritual, que obedece a una razón de de orden superior en pos del resguardo de la defensa en juicio y debido proceso legal, no sea aplicable en la especie.-        

                  Por ello propongo confirmar la providencia   apelada de fs. 69 en todo cuanto decide y fue materia de recurso y agravio; con costas de Alzada al apelante en su condición de vencido (art. 68, 69 y ccs. del ritual).-

                 A esta primera cuestión:

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN: El  señor juez Dr. Carlos Alberto Violini, dio su voto en el mismo sentido.

 A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Luis María Nolfi  dijo:

I. En sentencia interlocutoria de fs. 49/52 la Sra. Juez a quo resolvió rechazar las excepciones opuestas mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto el demandado, Oscar Alfredo Pereyra, haga integro pago a la actora del capital reclamado, con mas los intereses pactados siempre y cuando no excedan la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento. Asimismo rechazó el pedido de levantamiento de embargo del bien prendado e impuso costas a la parte demandada.-

II. El recurrente de fs. 53 se agravia de la referida sentencia a fs. 55/60 y vta..-

La demandada a fs. 30/35 y vta. ha opuesto al progreso de la presente acción excepción de nulidad de la prenda en ejecución. En base a ello se queja del rechazo sentenciado. Básicamente considera afectado el contrato, y de allí sus agravios frente al decisorio cuestionado, por ausencia de identificación del automotor prendado por no haberse descripto el uso a que el mismo se destinaba. Asimismo hace referencia a la existencia de claros en el texto del contrato que el Registro Prendario debió sanear y no lo ha hecho. Por otro lado ataca la validez del mismo por considerar exorbitantes los intereses pactados.-

Se agravia también del rechazo de la excepción de falta de legitimación activa opuesta al tiempo de solicitar la declaración de inconstitucionalidad del art. 5 de la actual ley de prenda, actualizado por decreto 897/95.-

Por ultimo se queja del rechazo del pedido levantamiento de embargo en atención a que considera se ha desconocido lo normado en los arts. 219 del ritual y 3878 del CC.-

  III.  a) Sabido resulta que: “La nulidad del contrato de prenda para que sea admisible debe resultar del contrato mismo, según así lo dispone el art. 30, segundo párrafo del dec. ley 15.348/46, ratificado por ley 12.962”
(CC0201 LP 91036 RSD-40-00 S 14-3-2000).-

La nulidad de la prenda con registro debe resultar, en principio, del contrato mismo, pero no por ello prosperará si tiene su único fundamento en circunstancias tangenciales que se subsanan dentro del propio título ejecutado (datos personales, especificación del objeto de la cosa, etcétera). (MUGUILLO, Roberto A. “Prenda con Registro” 2ª ed. act. y ampliada. Astrea. pág. 196).-

Que las citas precedentemente traídas al discurso alcanzan a dar por tierra con los agravios referidos al rechazo de la excepción de nulidad  de contrato planteada por la referida ausencia de mención al uso del vehículo prendado, como así también al claro existente en su texto. Es que, por un lado, los recaudos exigidos por el art. 11 inc. d) del dec. ley 15348/46 se encuentra en la especie suficientemente abastecido. Por otro lado, en cuanto al claro existente el excepcionante, aquí recurrente, ni siquiera ha argumentado cual es el supuesto perjuicio que ello le causaría, de allí lo hibrido o inocuo del planteo.-

Es que: “Cuando la parte ataca de nulidad el contrato, por omisiones en el mismo, debe expresar el perjuicio que ello ocasione”. (CCAZ02 AZ 49052 RSD-143-5 S 25-10-2005, “Caja de Crédito Cooperativa la Capital del Plata Ltda. c/ Pichardo María Nélida s/ Cobro Ejecutivo”).-

b) En lo que hace al planteo de nulidad por intereses excesivos. Por un lado, sabido resulta que: “La nulidad del contrato prendario resulta procedente únicamente cuando ha existido una violación de los requisitos esenciales del instrumento base de la ejecución prendaria o vicios en la inscripción en el Registro, por lo que el cuestionamiento a la tasa de interés pactada no es materia que justifique una declaración de nulidad del mismo”. (SN 992421 RSD-30-99 S 24-2-2000). No obstante ello, el recurrente, en esta Instancia, debió advertir que en la sentencia atacada la Sra. Juez a quo ha puesto un tope o limite a los intereses pactados, en resguardo de sus derechos, por lo que al respecto aquí carece de agravio cierto y actual (art. 242, 260 y ccs. ritual).-

c) En cuanto a la excepción de falta de legitimación activo e inconstitucionalidad del art. 5 del dec. ley 15348/46 (T.O. dec. 897/95).-

Considera el quejoso que la iudex a quo ha “desconocido el planteo de inconstitucionalidad”. Ello no es así, los motivos por los cuales en la sentencia apelada el planteo no ha sido expresamente resuelto se encuentran allí consignados. Motivo que debiera haber sido el objeto de ataque por el recurrente, quien en esta porción en su critica rayana la deserción del remedio opuesto (arts. 260, 261 y ccs. del ritual). No obstante, por una cuestión de amplitud de criterios al respecto, a efectos de salvaguardar derechos constitucionales, se abordara el punto.-

Si bien es cierto que: “El control judicial de constitucionalidad, y la eventual declaración de inconstitucionalidad de una norma o acto, es un deber (u obligación) que implícitamente impone la constitución formal a todos los tribunales del poder judicial cuando ejercen su función de administrar justicia, o cuando deben cumplir dicha norma o dicho acto” (Manual de la Constitución Reformada- Germán J. Bidart Campos T° I p. 338). Ello implica que el sistema de control en nuestro derecho constitucional (federal y provincial) en cuanto al órgano que lo ejerce se denomina “sistema jurisdiccional difuso” por que todos los jueces pueden llevarlo a cabo.-

No es menos cierto que el  indicar expresamente los derechos que se entienden vulnerados por las normas atacadas es un requisito que debe cumplirse en todo planteo de inconstitucionalidad, así lo entendió la Suprema Corte cuando dijera: “La impugnación de inconstitucionalidad debe ser suficiente, es decir, debe indicar de qué modo la norma impugnada habría quebrantado los derechos constitucionales cuya tutela se procura y en caso de deficiencia argumental, esta no puede ser suplida por el Tribunal y debe rechazarse el planteo”. (SCBA, B 49340 S 12-8-1986, AyS 1986-II, 395 – DJBA 131, 405).-

Asimismo, en igual sentido, pueden colectarse reseñas del máximo Tribunal local tales como: “El Tribunal ha considerado indispensable precisar de qué modo la norma impugnada ha quebrantado o quebrantará las garantías constitucionales cuya tutela se procura e impuesto, a la vez, que exista una relación directa entre aquélla y éstas. También ha exigido que la actora acredite que el ejercicio de alguno de los derechos constitucionales se halla afectado debido a la aplicación de la ley cuya constitucionalidad se controvierte, o demuestre de qué manera y con qué alcance la norma produce una afectación a una garantía constitucional. Tales pautas interpretativas encuentran su razón de ser en la necesidad de circunscribir la labor judicial a la resolución de contiendas, evitando desbordes que al contravenir la manda del art. 171 de la Constitución provincial, la sitúen más cerca de la función consultiva que dentro de la propiamente jurisdiccional”. (SCBA, I 2223 S 4-6-2008, Voto Juez SORIA. “Medipharma S.A. c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Inconstitucionalidad decretos”).-

“La declaración de inconstitucionalidad tiene lugar cuando la aplicación de la norma al asunto particular es contraria a los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución (“unconstitutional statute as applied“), supuesto en el cual los efectos del pronunciamiento no operan más allá de la contienda. Como suele decirse: “…los tribunales no son…comisiones asignadas para emitir un juzgamiento (general) sobre la validez de las leyes…”. Sus decisiones se justifican en la necesidad de reconocer derechos entre los litigantes que se encuentran frente al órgano judicial”. (SCBA, I 2162 S 23-12-2003, LL 2004, C-1084).-

Asimismo harto sabido la declaración de inconstitucionalidad de una norma jerárquica legal es un acto de suma gravedad institucional, constituyendo la mas delicada de las funciones suceptible de encomendarse a un tribunal de justicia. De ahí que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico y solo practicable como razón ineludible (ver: Morello y Ot. en “Códigos…” T° II-A.p.587).-

Lo cierto es que, en la especie, a la hora de formularse el planteo de inconstitucionalidad el demandado ni siquiera ha hecho mención de cual derecho constitucional (propio) se encontraría vulnerado. Es que, pretende la inconstitucionalidad de una norma para escapar al cumplimiento de un contrato que él mismo, en plena autonomía de voluntad, suscribiera. Sin dudas que su actitud importa ir contra sus propios actos o invocar su propia torpeza, lo que no esta permitido en derecho (arg. art. 1047 del CC).-

A lo que debe anudarse que la norma cuestionada lejos de restringir derechos que su antecesora concediera, amplia el margen de interesados de contratar de tal forma, en consonancia con la autonomía de la voluntad que rige nuestro sistema contractual (arg. art. 1197 del CC).-

Así es que, corresponde, a mi criterio, no dar acogida al planteo de inconstitucionalidad, confirmándose en tal sentido, el sentenciado rechazo de la excepción de falta de legitimación activa.-

d)  En cuanto al rechazo del pedido de levantamiento de embargo.-

Que al margen de no encontrarse acreditado en autos que el bien en cuestión reúna las condiciones previstas en la norma citada por el recurrente (art. 219, 375, 384 del CPCC), lo cierto es que la ley especial que rige la relación contractual que une a las partes expresamente establece como regla la traba de la cautelar en crisis (art. 29 del dec. ley 15.348/46 (T.O dec. 897/95), sellando así la suerte adversa del planteo argüido.-

En tal sentido se ha dicho (en la especie ver continuación del contrato de fs. 10 y vta.): “Ponderando que el contrato base del compulsorio se encuentra “prima facie” inscripto, al igual que el anexo, es que corresponde atender a la acordada facultad del acreedor a dinamizar, en caso de mora, el secuestro del automóvil, en consonancia con las particularidades instrumentales allí concertadas. Es que la inscripción registral acuerda al documento que exterioriza el contrato de prenda y anexos los mismos efectos que los instrumentos públicos (arts. 17 y sgts. dec. ley 15348/46, ratificado por ley 12862), razón por la cual el certificado constituye presupuesto suficiente para admitir el objeto principal del embargo en este juicio especial, esto es, el secuestro afectado al pago de la deuda; sobremanera cuando ello fue previsto por los contratantes y sin que en el texto legal específico medie impedimento para ello (arts. 6, 17, 18, 28, 29, 31 y sgts. dec. ley cit.) (CC0201 LP, B 74759 RSI-420-92 I 2-11-1992; Errea, Juan José c/ Flamini, Graciela Gloria s/ Secuestro prendario).-

                   IV. Por ello propongo confirmar la sentencia interlocutoria apelada de fs. 49/52, en todo cuanto decide y fue materia de recurso y agravio; con costas de Alzada al apelante en su condición de vencido (art. 68, 69 y ccs. del ritual).-

                 A esta segunda cuestión:

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN: El  señor juez Dr. Carlos Alberto Violini, dio su voto en el mismo sentido.-

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, el señor Juez doctor Luis María Nolfi  dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

              1º) Confirmar la providencia de fs. 69 en todo cuanto decide y fue materia de recurso y agravio; con costas de Alzada al apelante en su condición de vencido.-

                         2º) Confirmar la sentencia interlocutoria apelada de fs. 49/52, en todo cuanto decide y fue materia de recurso y agravio; con costas de Alzada al apelante en su condición de vencido.-

 ASÍ LO VOTO

A LA MISMA TERCERA CUESTIÓN: El Sr. Juez Dr. Carlos Alberto Violini, aduciendo análogas razones, dio su voto en el mismo sentido.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA:

Mercedes,           de abril de 2011.-

Y VISTOS:

                   CONSIDERANDO:

 Que en el acuerdo que precede, en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales ha quedado establecido que la sentencia apelada es justa.-

 POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede SE RESUELVE:

                         1º) Confirmar la providencia de fs. 69 en todo cuanto decide y fue materia de recurso y agravio; con costas de Alzada al apelante en su condición de vencido.-

                         2º) Confirmar la sentencia interlocutoria apelada de fs. 49/52, en todo cuanto decide y fue materia de recurso y agravio; con costas de Alzada al apelante en su condición de vencido.-

               REGÍSTRESE.  NOTIFÍQUESE. DEVUELVASE.-

Fdo. Luis Maria Nolfi. Juez. Carlos Alberto Violini. Juez. Ante mi Santiago Meda. Auxiliar Letrado.-

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