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Pedido de verificación tardía. Prescripción prevista en art. 56 de la ley 24.522. Punto de arranque del término extintivo

                                                 A C U E R D OVER DESDE SCBA.DOC

     En la ciudad de La Plata, a 11 de mayo de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Negri, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 106.827, “Valiño de Segura, María Cristina contra Pesquera Costa Brava S.R.L. Incidente de verificación de crédito”.

A N T E C E D E N T E S

     La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata revocó el fallo de primera instancia, haciendo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la concursada y rechazando en consecuencia el incidente de verificación tardía promovido por María Cristina Valiño de Segura; con costas en ambas instancias a la vencida (fs. 105/108 vta.).

     Se interpuso, por la incidentista, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 113/119 vta.).

     Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

     ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

     A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

     I. El tribunal a quo revocó el fallo de primera instancia, haciendo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la concursada y rechazando en consecuencia el incidente de verificación tardía promovido por María Cristina Valiño de Segura. Impuso las costas de ambas instancias a la incidentista vencida (fs. 105/108 vta.).

     Para así decidir, en lo que interesa destacar, consideró que si bien los actos procesales realizados con posterioridad a la presentación del deudor en concurso preventivo -en el caso, la demanda por accidente de trabajo- pueden interrumpir el curso de la prescripción, tal circunstancia no opera sine die, sino que, por el contrario, una vez finalizado el proceso donde el acreedor obtuvo el reconocimiento de su derecho, la prescripción vuelve a correr por el término legal (fs. 106/107).

     De este modo entendió que si la sentencia dictada en el fuero federal adquirió firmeza por la desestimación de los recursos extraordinarios allí deducidos, el plazo bienal de prescripción previsto por el art. 56 de la ley 24.522 debe computarse a partir de ese momento -19 de abril de 2001- (fs. 107/vta.).

     En razón de ello, concluyó que el presente incidente había sido incoado fuera de término, ya sea que se tome la fecha de iniciación del presente (21-IV-2004) o bien la del pronto pago laboral (31-X-2003); sin que el interesado hubiera acreditado alguna circunstancia que le hubiera impedido promover esta pretensión (fs. 107 vta.).

     Finalmente, juzgó que los actos procesales practicados con posterioridad al cumplimiento del plazo prescriptivo son ineficaces, dado que la interrupción sólo puede actuar sobre la prescripción en curso y no -como entendió el juez de grado- cuando el plazo ya se había completado (fs. 107/108).

     II. El apoderado de la incidentista deduce contra este pronunciamiento recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 113/119 vta.), denunciando la arbitrariedad de la sentencia pues, a su entender, hace una incorrecta aplicación de los arts. 21 y 56 de la ley 24.522; 3886, 3980, 3986, 4017 y 4051 del Código Civil, vulnerando los derechos constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley (fs. 113 vta./114).

     El quejoso se agravia por cuanto el fallo hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la concursada, rechazando el incidente de verificación de crédito promovido. Sostiene que se encuentra debidamente acreditado mediante la presentación de fecha 31 de octubre de 2003 que su parte demostró en forma inequívoca su intención de mantener la instancia abierta, por lo que resulta eficaz para interrumpir la prescripción (fs. 114/vta.).

     Expone que en los autos “Valiño de Segura, María Cristina contra Costa Brava S.R.L. Accidente de trabajo” la incompetencia fue declarada el 26 de diciembre de 2002, razón por la cual, teniendo en cuenta que hasta ese momento el plazo de prescripción estuvo interrumpido, el pedido de verificación de fecha 31 de octubre de 2003 se encontraba dentro del plazo establecido por el art. 56 de la ley 24.522 (fs. 114 vta.).

     Argumenta, asimismo, que los actos procesales cumplidos en la instancia federal con posterioridad a la iniciación del concurso, interrumpieron también el plazo de prescripción (fs. 115).

     Aduce, por otro lado, que el crédito que pretende verificar es el resultado de un proceso laboral cuya litis se trabó con anterioridad a la iniciación del concurso de la demandada; y que la sentencia recién quedó firme luego del período ordinario señalado para la verificación, por lo que entiende que durante la tramitación del juicio laboral no corrió el término de prescripción, a la vez que existió imposibilidad de hecho y de derecho de verificar, pudiendo sólo incoar un pronto pago o, en su caso, un incidente de verificación tardía (fs. 115 vta.).

     Por último, afirma que el crédito reclamado es de naturaleza laboral, pese al desconocimiento formulado por la concursada (fs. 117/vta.); y que, en el caso de que se desestime la verificación, la condena en costas no puede hacerse efectiva hasta que se demuestre que su parte haya mejorado de fortuna (fs. 117 vta./118).

     III. El recurso no puede prosperar.

     1) Una breve reseña de los antecedentes más relevantes del caso me permitirán justificar con mayor precisión la solución propiciada.

     Como fuera anticipado, estamos ante un pedido de verificación tardía interpuesto por un acreedor de origen laboral que oportunamente había articulado su pretensión de resarcimiento ante la justicia federal, siendo reconocido su derecho ante esa sede por sentencia firme de fecha 19 de abril de 2001.

     Pese a obtener así un título idóneo para presentarse en el concurso de su contraparte a verificar la acreencia de marras, recién el 31 de octubre de 2003 se hizo presente en este juicio universal, requiriendo pronto pago. Posteriormente, el 21 de abril de 2004, promovió el incidente de verificación tardía que ha sido desestimado por el a quo, por haber transcurrido el término de prescripción previsto en el art. 56 de la ley 24.522.

     2) Como puede advertirse, el cómputo de la alzada es claro: la actio verificatoria tuvo inicio el 19 de abril de 2001, por lo que el plazo bienal (art. 56, ley cit.) se hallaba vencido tanto al momento de iniciarse el incidente de verificación tardía (21 de abril de 2004) como al de peticionarse el pronto pago con anterioridad (31 de octubre de 2003). Razón por la cual, obviamente, este último no podría tener eficacia interruptiva dado que dicho efecto sólo opera frente a plazos en curso y no ante los ya fenecidos (doct. causas Ac. 49.947, sent. del 22-III-1994; Ac. 54.369, sent. del 5-XII-1995; Ac. 69.088, sent. del 24-XI-1999).

     3) El quejoso considera que dicha interpretación es arbitraria, señalando que el lapso extintivo recién comenzó a correr el 26 de diciembre de 2002, oportunidad en la que la justicia federal se declaró incompetente para seguir actuando, al haber tomado conocimiento de la existencia del concurso de la demandada.

     He aquí el núcleo del debate traído a esta sede: el dies a quo del término de prescripción de la pretensión verificatoria tardía en el sub lite. La alzada entendió que el plazo de marras debe computarse desde el momento en que el incidentista estuvo en condiciones de presentarse en el concurso a insinuar su crédito (esto es: con la sentencia definitiva del proceso laboral tramitado en el fuero federal, abril de 2001); mientras que el quejoso entiende que el inicio del mismo recién se dio con la declaración de incompetencia posterior (diciembre de 2002).

     La diferencia es fundamental, ya que la suerte del planteo de prescripción depende directamente de que se adopte una u otra tesitura. Ello así, dado que -como fuera adelantado- teniendo en cuenta la fecha de la petición de pronto pago (octubre de 2003) y de la posterior promoción del incidente de verificación tardía (abril de 2004), para dirimir el interrogante planteado en el sub discussio, no se necesita más que determinar cuál de los dos puntos de arranque de la prescripción es el adecuado, sin que interese examinar, por ejemplo, si el pedido de pronto pago tuvo o no efectos interruptivos.

     4) He procurado centrar el análisis de la cuestión aquí planteada, para despejar todo aquello que carece de trascendencia para darle respuesta.

     De este modo, quedan a la vera del camino necesario para resolver el planteo sub examine, las denuncias de infracción normativa incorporadas en la impugnación (arts. 21 y 56, ley 24.522; 3986, Cód Civ.) y de su doctrina legal también citada, ya que el éxito de dichos planteos depende, a fin de cuentas, de la revisión del momento en que la prescripción de la acción verificatoria tuvo inicio, teniendo presentes las reseñadas circunstancias del caso.

     5) Entrando así a analizar la procedencia de la queja, es de advertir inicialmente que -en las condiciones antedichas- resulta de aplicación la conocida doctrina de esta Corte según la cual el reexamen del dies a quo de la prescripción alegada constituye una cuestión de hecho sobre la cual la Corte no puede entrar a juzgar, salvo el supuesto excepcional de absurdo (art. 279, C.P.C.C.; conf. causas Ac. 76.908, sent. del 28-VIII-2002; C. 94.753, sent. del 13-XII-2006; C. 94.070, sent. del 27-II-2008; C. 94.920, sent. del 17-XII-2008; C. 100.645, sent. del 10-VI-2009, etc.).

     En tal orden de consideraciones, es dable recordar que no cualquier diferencia de criterio autoriza a tener por acreditado dicho vicio extremo. Por el contrario, para que esta Corte ingrese en tales materias, resulta inexcusable la demostración de un error grosero, palmario y fundamental por parte del sentenciante (doct. causas Ac. 87.935, sent. del 18-V-2005; C. 94.798, sent. del 13-XII-2006; C. 100.016, sent. del 4-III-2009, entre muchas otras).

     No veo que en el sub judice nos encontremos ante una hipótesis semejante, lo que ha de sellar la suerte del embate. Como fuera adelantado, la alzada consideró que con la firmeza de la sentencia dictada en el juicio de conocimiento inicial (autos “Fernández de Balbiano Esther c/ Pesquera Costa Brava S.R.L. s/ Accidente de Trabajo”, tramitada ante el Juzgado Federal n° 2 de Mar del Plata), acaecida en el mes de abril de 2001, al ser desestimados por inadmisibles los recursos extraordinarios intentados contra la decisión confirmatoria de la condena, el accionante estaba en condiciones de verificar su acreencia en el concurso de la demandada. Por lo que a partir de dicho momento debía computarse el plazo bienal del art. 56 de la ley falimentaria.

     El quejoso pretende trasladar el dies a quo a una época posterior, afirmando en su pieza impugnativa que luego de la sentencia firme su parte continuó actuando ante la justicia federal, hasta que ésta se declaró incompetente al tomar conocimiento de la existencia del proceso universal abierto respecto de la demandada (diciembre de 2002).

     Como puede advertirse, la argumentación aludida lejos está de demostrar un notable apartamiento de las circunstancias probadas de la causa, como expresa el quejoso al calificar de “arbitrario” el fallo atacado.

     Para llegar a desplazar el punto de arranque del término extintivo fijado por la Cámara, debió el recurrente acreditar en qué consistió la “imposibilidad” a la que ‑según afirma, v. fs. 115 vta.- se vio sometido durante el lapso trascurrido desde la firmeza del decisorio que había hecho lugar a su pretensión resarcitoria (abril de 2001) y la declaración de incompetencia del fuero federal (diciembre de 2002).

     No basta a tal efecto con señalar que esa parte recién se anotició de la existencia del concurso en el mismo momento en que se le comunicó la decisión del juez de origen de cesar en su intervención, como se acota al pasar y sin más precisión a fs. 115, ya que ello en modo alguno transforma en absurda la conclusión del fallo por la que consideró finalizado el efecto interruptivo de la demanda inicial y abierta la vía verificatoria, con la ejecutoriedad de la sentencia condenatoria del juicio de conocimiento laboral. Ello, sin olvidar -por otro lado- el régimen especial previsto en materia concursal para la comunicación de la existencia del proceso universal de marras (art. 27, ley 24.522), dato que enerva la eficacia del argumento relativo al “desconocimiento” de la apertura del concurso, y al que el quejoso no hace referencia alguna en su deficiente impugnación de esta premisa (art. 279, C.P.C.C.).

     IV. Por último, en cuanto a los alcances de la condena en costas (fs. 118), esta Corte ha resuelto que el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 de la ley 11.653 (conf. asimismo, ley 12.200) no impide la imposición de los gastos causídicos al vencido, ya que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como una eximente de pago hasta que se mejore de fortuna (L. 87.742, sent. del 29-VIII-2007).

     Por lo que la crítica deducida es prematura (y por tanto, inadmisible por ausencia de interés, doct. causas Ac. 78.552, sent. del 19-II-2002; Ac. 74.085, sent. del 2-XI-2005; C. 101.241, sent. del 12-XI-2008), ya que el a quo no se expidió sobre la exigibilidad directa de la condena accesoria ni rechazó la vigencia de la aludida licencia de gratuidad en el sub lite, sino que se limitó a aplicar las costas a la parte vencida, decisión que -como dije- no se ve obstaculizada por la regla sentada en los arts. 1 y 2 de ley 12.200.

     V. Si lo expuesto es compartido, corresponde desestimar el recurso interpuesto, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

     Voto por la negativa.

     Los señores jueces doctores Negri, Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron también por la negativa.

     Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

     Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (arts. 84 y 289, C.P.C.C.).

     Notifíquese y devuélvase.

       EDUARDO JULIO PETTIGIANI

HECTOR NEGRI           DANIEL FERNANDO SORIA

         JUAN CARLOS HITTERS

                          CARLOS E. CAMPS

                             Secretario

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