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Extinción del proceso. Desistimiento. Insuficiencia de la impugnación

                                                           A C U E R D OVER DESDE SCBA.DOC

     En la ciudad de La Plata, a 18 de mayo de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, Pettigiani, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 101.650, “Sánchez, María Del Carmen contra Vicente, Carmen. Incidente de rendición de cuentas”.

A N T E C E D E N T E S

     La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen confirmó la resolución de primera instancia que había declarado extinguido el proceso.

     Se interpuso, por el apoderado de la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

     Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

     ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

     A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

     1. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen confirmó la decisión de primera instancia que había declarado extinguido el proceso.

     2. La actora -por medio de apoderado- dedujo el presente recurso en el que denuncia la violación de los arts. 304, 305 y 306 del Código Procesal Civil y Comercial.

     Afirma luego de transcribir el art. 304 del Código de rito, que aparece con claridad que tanto para el desistimiento del proceso, como del derecho resulta indispensable que tales actos procesales se produzcan con anterioridad a la sentencia. Destaca que el escrito de las partes con el pertinente desistimiento fue presentado con posterioridad al dictado de aquélla, contraviniendo las disposiciones del Código de forma que supedita el desistimiento del proceso al dictado de la sentencia.

     Con relación al voto del vocal doctor Lettieri explicita que el mismo entiende que el desistimiento del derecho resulta una manifestación de renuncia como modo extintivo obligacional, regulada por los arts. 724, 868 y concs. del Código de fondo y que a diferencia del desistimiento del proceso no resultaba impedimento que la sentencia se hubiera dictado.

     Cuestiona que la manifestación de esa renuncia no requería aceptación, y que en el caso la aceptación, vino con antelación a través de la apoderada de Carmen Vicente, o sea que desde un tiempo anterior al de la presentación del escrito constaba la voluntad de desistir del derecho. De tal modo, a partir de ese acto quedaron irrevocablemente fijados los efectos implicados en esa renuncia conforme al art. 875 del Código Civil, siendo el acuerdo para las partes como la ley (art. 1197, Cód. cit.).

     Finalmente alude al carácter judicial que tenía el escrito presentado, discutiendo su eficacia dado que el mismo fue desmerecido por revocación antes de su presentación, importando una interpretación contraria la infracción del art. 306 del Código Procesal Civil y Comercial.

     3. Soy de la opinión que el recurso no puede prosperar.

     Ello, porque después de un estudio de las circunstancias de la causa no advierto que se haya forzado la interpretación de la ley.

     Sostuvo el señor juez del primer voto que teniendo en cuenta que el desistimiento realizado importaba una renuncia, era improcedente la retractación del mismo el cual fuera acordado con la contraparte en el escrito de fs. 335, atento lo normado por los arts. 875, 1137 y 1197 del Código Civil.

     En efecto, entendió que -una vez agregado al expediente- el desistimiento del proceso y del derecho, realizado en el mismo acto por las dos partes, devino en irrevocable (v. fs. 353 vta.).

     Cabe recordar, que el desistimiento es una forma anormal de terminación del proceso (arts. 304, 305, C.P.C.C. y sus doctrinas), y como prescribe el art. 306 del referido Código, el mismo podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie o surja del expediente la conformidad de la contraria (conf. causas Ac. 49.823, sent. del 3-VIII-1993; Ac. 86.019, resol. del 9-X-2003).

     En la especie, habiendo sido presentado en forma conjunta por ambas partes, con la expresa conformidad de la contraria, quedó agotada la posibilidad de desistir de tal acto.

     Por lo demás, aceptar lisa y llanamente la nueva manifestación de voluntad del recurrente -en la que pretende volver sobre sus pasos, pese a la aceptación formulada- implica desconocer el concepto del acto en sí mismo, el cual no puede ser aislado del contexto en que se formuló.

     Por ello el fallo impugnado -que confirmara el de primera instancia- no colisiona con ninguna de las normas de referencia, porque se ha aplicado lisa y llanamente la ley.

     Por las consideraciones vertidas, voto por la negativa.

     A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

     I. Coincido con la solución propuesta por la doctora Kogan, aunque fundado en otras razones.

     II. Entiendo que el recurso no resulta idóneo para modificar la sentencia impugnada atento padecer dos deficiencias técnicas insalvables (art. 279 C.P.C.C.), estrechamente relacionadas entre si: (i) el apartamiento de la línea argumental seguida por el a quo para arribar a la solución del caso; y (ii) la -consecuente- falta de denuncia de los preceptos normativos actuados en dicha decisión (arts. 1197, 868, 875 y 972 del Cód. Civil).

     Surge de la sentencia de Cámara que los magistrados de alzada resolvieron la cuestión litigiosa en función de las normas del Código Civil ya mencionadas. Ello así por entender que se encontraban ante una renuncia del derecho (en tanto modo de extinción de las obligaciones sustanciales habidas entre las partes) y que, al no haberse denunciado vicio de la voluntad alguno, la misma era irrevocable por las circunstancias en que quedó configurada (v. fs. 353 vta. y 354 vta./356).

     Tal encuadre jurídico, de tipo sustancial, fue reconocido en forma expresa por el propio recurrente (fs. 366/366 vta.). No obstante, en el escrito en análisis se evitó criticarlo directamente y -como consecuencia de ello- denunciar cuál de las mencionadas normas fue violada (a lo cual debería haber seguido, en su caso, la pertinente demostración del error). El único planteo que puede encontrarse al respecto en el recurso fue vertido con especial referencia al desarrollo argumental de uno de los miembros de la Cámara, y en términos que no hacen más que confirmar lo esquivo de la queja: “Todas sus disquisiciones no sirven de nada, a mi entender, frente al texto inequívoco del citado art. 305…” (fs. 367).

     Tiene dicho esta Corte que para que el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla la función que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, el impugnante debe hacerse cargo, entre otras cosas, de las razones dadas por el Tribunal sentenciante; y no cumple ese requisito aquél cuyos fundamentos se apartan de la línea argumental de la sentencia omitiendo con ello impugnar razones que son de por sí decisivas (conf. causa C. 94.916, sent. del 19-IX-2007, entre muchas otras).

     Igualmente, es doctrina legal aquella que predica la ineficacia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no denuncia la “violación” de los preceptos legales actuados en el fallo y menciona la transgresión de otros, desde que previo a su análisis resulta indispensable la individualización y además la demostración de la infracción de las normas que sustentan el pronunciamiento (conf. causa L. 87.547, sent. del 23-IV-2008; también entre muchas otras).

     A la luz de estos criterios, y por las razones expuestas, considero que la impugnación resulta insuficiente y en virtud de ello debe desestimarse.

     III. Sellada la suerte del recurso en los términos indicados, a todo evento y para dar respuesta al agravio del recurrente que -con invocación de una errónea aplicación de los arts. 304, 305 y 306 del Código Procesal Civil y Comercial- sostiene la invalidez del desistimiento por haberse producido luego de una de las sentencias dictadas en autos (v. fs. 112/115, 157, 174 y 246/247), cabe recordar lo expuesto por este Tribunal en la causa Ac. 86.033 (sent. del 6-IX-2006).

     En tal ocasión acompañé la opinión del doctor Pettigiani, quien sostuvo que en el juicio de rendición de cuentas corresponde deslindar dos actividades lógicamente sucesivas y de las cuales una es presupuesto necesario de la otra: cabe, primero, saber si se debe o no rendir cuentas; o sea, si alguien y respecto de otro, viene obligado a hacerlo. Si hay dudas o discrepancias acerca de esta circunstancia, deberá dilucidarse con carácter previo y en el correspondiente proceso de conocimiento, si existe o no tal indeterminación, pues ello se establecerá mediante la respectiva sentencia de condena. En un segundo momento y despejada esta falta de certeza, al cabo de la comprobación de las cuentas, se abre paso al posterior procedimiento de rendirlas que es en donde, judicialmente, podrán ajustarse, discutirse y, por tanto agotar su resultado.

     En este orden de ideas, entiendo que el planteo del recurrente en el sentido de que “no hay dos etapas en el sentido de dos procesos que lleven a dos sentencias definitivas” (fs. 365 vta.) resulta acertado. Sin perjuicio de ello, tal conclusión es inconducente a los efectos de la solución del caso en los términos propuestos por el quejoso, toda vez que resulte igualmente cierto que -tal como se desprende de lo expuesto por esta Corte en el fallo citado- el proceso de rendición de cuentas no finaliza con la sentencia que declara la obligación de pago como parece insinuar aquél. De allí que tampoco por esta vía argumental podría haber procedido el recurso.

     Voto por la negativa.

     El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.

     A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

     Adhiero al voto de la doctora Kogan, con el agregado consignado en el ap. III del voto del doctor Genoud, que también suscribo.

     Voto por la negativa.

     Los señores jueces doctores Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.

     Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

     Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

     El depósito previo de $ 2.500 efectuado a fs. 371, queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.) debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).

     Notifíquese y devuélvase.

       EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI   HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA   LUIS ESTEBAN GENOUD

             HILDA KOGAN

                          CARLOS E. CAMPS

                             Secretario

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