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Empleo no registrado. Indemnización art. 15 de la Ley 24.013. Condiciones de procedencia

A C U E R D OVER DESDE SCBA.DOC

En la ciudad de La Plata, a 24 de mayo de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, Soria, Negri, de Lázzari, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 105.817, “Amongero, Fernando Jorge contra Valigas S.A. Despido.”

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial Junín hizo lugar en forma parcial a la acción incoada, imponiendo las costas del modo como especifica.

Ambas partes dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ª. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 740/760 vta.?

     En su caso:

2ª. ¿Lo es el de fs. 726/735 vta.?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. El tribunal de grado admitió parcialmente la demanda promovida por Fernando Jorge Amongero contra Valigas S.A., condenando a ésta a abonarle al actor los rubros de comisiones por cobranzas y ventas indirectas correspondientes a los dos últimos años de la relación laboral, sueldo anual complementario de 2004, 2005 y proporcional de 2006, vacaciones proporcionales, indem-nizaciones por antigüedad y preaviso, días trabajados en abril de 2006 e integración del mes de despido, indemnización por clientela (art. 14, ley 14.546), agravamientos indemnizatorios de los arts. 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561 y multa del art. 45 de la ley 25.345.

Para así decidir, tuvo por probado que entre las partes existió un vínculo de trabajo dependiente.

II. Contra la decisión de grado se alza la demandada mediante recurso extraordinario de inaplica-bilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 34 inc. 4), 163 inc. 3) y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 7, 10 y 11 de la ley 14.546; 232 y 233 de la Ley de Contrato de Trabajo; 26, 39, 44 inc. “d”, 47 y 63 de la ley 11.683 -debió decir ley 11.653-; y de la doctrina legal que cita.

La recurrente cuestiona cuatro aspectos del fallo, a saber: el cómputo del rubro “viáticos” en la determinación de la remuneración del trabajador; la fecha de ingreso de la relación laboral que se tuvo por acreditada; la extensión cuantitativa de la condena en concepto de integración del mes de despido; y el quantum de las comisiones por ventas indirectas.

III. El recurso progresa parcialmente.

1.a. En lo vinculado al ítem “viáticos”, en concreto alega el impugnante que el fallo resulta violatorio de los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 7, 10 y 11 de la ley 14.546; 39 de la ley 11.683 -debió decir ley 11.653-; y de la doctrina legal que menciona, pues -afirma- el juzgador ha invertido erróneamente la carga de la prueba, reputando veraz el monto que el actor denunció como percibido por el referido concepto, cuando -en rigor- resulta necesario analizar primeramente la causa jurídica que habría dado origen a la obligación de abonarlo, extremo cuya demostración, ante la negativa formulada por la demandada, recaía en el accionante.

En subsidio, denuncia absurdo en la valoración del informe de fs. 511 proveniente del “Hotel Los Fuegos S.A.” y de los testimonios de Distefani y Ortellano, probanzas que si bien -aclara- contribuyeron a formar la convicción del tribunal en lo vinculado a la prueba de la existencia de relación laboral entre las partes, habida cuenta de su contenido, podrían considerarse relacionadas con la conclusión censurada.

b. Me adelanto en señalar que el quejoso acierta en evidenciar que el a quo ha quebrantado las normas citadas.

Sobre el particular, interesa destacar que, en el escrito de inicio, el actor alegó que había convenido con la empresa demandada que se abonarían los gastos que efectuara en concepto de viáticos (v. fs. 45 vta./46); circunstancia que fue negada en la contestación de la demanda (v. fs. 82 vta./83).

En la sentencia, a la hora de establecer el monto de la remuneración del trabajador, el juzgador de mérito consideró que el juramento prestado por el actor condujo a imponer a la accionada la carga de probar en contrario sobre los hechos invocados por aquél que debieron consignarse en el libro previsto en la ley 14.546. Sostuvo que entre esos datos inherentes a la actividad del viajante estaban comprendidos el “sueldo, viático y porciento en concepto de comisión y toda otra remuneración” (v. fs. 682). Luego, determinó que el salario debía integrarse, entre otros ítems, con “la suma de $ 2.600 en concepto de viáticos, que fuera denunciado por el accionante y al que he de atenerme habida cuenta que la demandada no ha demostrado que otro sea el monto mensual que debió desembolsar el accionante para la realización de la tarea encomendada (arts. 10 y 11 ley 14.546 y 39 de la ley 11.653)” (v. fs. 682 in fine/683).

c. Reiteradamente se ha pronunciado esta Suprema Corte sosteniendo que si lo que se discute es la existencia de la causa fuente de la obligación de pagar viáticos, su demostración corresponde a la parte actora (art. 375, C.P.C.C.), no siendo de aplicación la inversión de la carga de la prueba que dispone el art. 11 de la ley 14.546 (conf. causas L. 85.898, “Hernández”, sent. del 18-X-2006; L. 55.661, “Acuña”, sent. del 27-VI-1995).

Surge de la reseña efectuada que en el sub lite se halla controvertido, precisamente, el hecho generador de la obligación atribuida a la demandada, vale decir, la existencia de un pacto entre las partes en materia de viáticos.

De ello se sigue, sin hesitación, que al decidir del modo en que lo hizo, el a quo quebrantó lo normado en los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 39 de la ley 11.653; 7, 10 y 11 de la ley 14.546, contrariando la doctrina legal de referencia.

Tiene dicho el Tribunal que integro que los viáticos forman parte de la remuneración del viajante, siempre y cuando se hubieran convenido (conf. causas L. 85.898, cit.; L. 47.735, “Escudero”, sent. del 23-XII-1991).

En el caso, la existencia o inexistencia del presunto acuerdo no fue dilucidada por el sentenciante a partir de la errónea aprehensión y aplicación de lo establecido en las normas que se invocan vulneradas, y específicamente, de lo dispuesto en los arts. 7, 10 y 11 de la ley 14.546, aplicables cuando se juzga sobre la relación laboral de un viajante de comercio.

Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, deberá hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en esta parcela y revocarse el fallo impugnado en lo relativo a la conclusión sentada en materia de viáticos, debiendo los autos volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado y previa renovación de los actos procesales pertinentes, dicte nueva decisión ajustada a lo que aquí se ha dejado establecido y, en su caso, pronunciándose sobre la validez constitucional del tope previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, calcule nuevamente los rubros de condena que correspondan.

2. a. En otro orden, cuestiona el agraviado la fecha de inicio de la relación laboral establecida en el fallo atacado, sustentando este tramo de la impugnación en la denuncia de infracción del art. 11 de la ley 14.546 y en el absurdo que imputa a la valoración efectuada por el juzgador de grado de las declaraciones de los testigos Bosco, Bustamante y Rossa acerca de las zonas asignadas al actor y los períodos en que se habría desempeñado como viajante en cada una de ellas, y de las pruebas informativa y documental que -a su criterio- dan cuenta de tales circunstancias.

De dichos elementos de juicio infiere que el promotor del pleito se vinculó laboralmente con la accionada desde el mes de marzo de 2000 (y no desde marzo de 1992 como se concluyó en el pronunciamiento), lo que importa -destaca- el cumplimiento por parte de aquélla de la carga de acreditar en contrario sobre los dichos del demandante, enervando así la operatividad de la presunción contenida en la norma citada.

b. En lo que aquí tiene relevancia, debe señalarse que el tribunal de grado definió lo atingente a la fecha de ingreso del demandante situándola en el mes de marzo de 1992 por aplicación de lo normado en el art. 11 de la ley 14.546. Declaró que el trabajador no se hallaba inscripto en el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni en aquél que prevé el art. 10 de la normativa estatutaria citada llevado por la demandada, sin que -a su juicio- existiera “prueba certera y concluyente” que desvirtuara lo expresado por el accionante (v. fs. 657).

c. Tiene dicho este Tribunal que el juramento prestado por el trabajador tiene por efecto imponer al accionado la carga de probar en contrario sobre aquellos hechos invocados por el demandante -en el caso, la fecha de ingreso del trabajador- que debieron consignarse en el libro a que se refiere el art. 11 de la ley 14.546 (conf. causa L. 61.893, “Fiore”, sent. del 18-XI-1997).

En esta línea, se advierte que el sentenciante aplicó correctamente lo prescripto por la norma de referencia cuya violación denuncia el quejoso, pues llegó a la conclusión impugnada sin soslayar evaluar la ausencia de prueba opuesta a las afirmaciones del actor.

Sobre esto último, preciso es recordar que en reiteradas ocasiones ha dicho este Tribunal que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas -en principio- de la revisión extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (conf. causas L. 95.979, “Valerio”, sent. del 28-X-2009; L. 93.010, “Mondini”, sent. del 15-IV-2009).

En este sentido, los argumentos desplegados en el tramo de la crítica que se analiza exhiben una opinión divergente del recurrente en torno al extremo que discute, toda vez que partiendo de su personal ponderación del material probatorio vinculado a las distintas zonas de trabajo del actor y los períodos en que éste laboró en ellas, construye premisas para arribar a la conclusión que expone sobre la fecha de ingreso del trabajador, que -al cabo- no es más que una definición que se ajusta mejor a sus intereses.

Olvida que el absurdo está representado por la existencia de un error grosero o manifiesto, traducido en un razonamiento despojado de bases lógicas, o inconciliable con las constancias objetivas de la causa; y que no cualquier yerro puede ser así reputado, ni queda configurado dicho vicio ante una conclusión opinable, discutible o poco convincente, o la posibilidad de otras interpretaciones (conf. causa L. 95.836, “Legarra”, sent. del 18-II-2009; entre otras).

Tampoco puede esta Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito, ni el quejoso pretender reemplazarlo con el suyo propio (conf. causa L. 92.936, “Días”, sent. del 23-VII-2008), como se propone.

En suma, su discrepante opinión no es apta para demostrar el absurdo invocado (conf. causas L. 91.219, “Babiarz”, sent. del 4-VI-2008; L. 90.477, “Leguizamón”, sent. del 19-III-2008), máxime frente al convencimiento expuesto por el juzgador de grado acerca de la inexistencia de prueba “certera y concluyente” para avalar una conclusión diversa a la establecida en el fallo (art. 44, inc. “d”, ley 11.653).

3.a. En lo concerniente a la integración del mes de despido que forma parte de la condena, se agravia el quejoso del modo en que fue computado el rubro, alegando infringidos los arts. 232 y 233 de la Ley de Contrato de Trabajo, 26 y 47 de la ley 11.653, y 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial, y el principio de congruencia.

Sostiene que habiendo quedado demostrado que el distracto se produjo el 19-IV-2006 y que, según aduce, el actor no reclamó los días trabajados, no debió liquidarse un mes de salario por tal concepto como lo hizo el a quo. Destaca que sus argumentos se ven reforzados por el hecho de que en la demanda se calculó una suma menor a la correspondiente a un mes de sueldo.

b. A la hora de fijar el monto del rubro en cuestión, se refirió en la sentencia que la disolución del vínculo laboral ocurrió el 19-IV-2006 (v. fs. 687). Partiendo de esa base, expresó el tribunal de grado que “… corresponde acceder a la petición de pago de los días laborados en el mes de Abril de 2006, considerando que el despido se produjo el 19 y la integración del mes de despido“, por lo que -sostuvo- “… no habiéndose abonado los 19 días efectivamente trabajados en el mes de abril de 2006 a tales efectos corresponde liquidar un salario completo…” (v. fs. 687/vta.).

c. La crítica resulta procedente.

Tiene dicho esta Corte que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto sólo puede ser revisada en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación al principio de congruencia (conf. causas L. 93.988, “Ferrara”, sent. del 3-VI-2009; L. 87.372, “Antonini”, sent. del 7-III-2007).

En el caso, como anticipé, asiste razón al quejoso cuando afirma que no fue reclamado el pago de los diecinueve días laborados en el mes de abril de 2006, pues ello se desprende de la lectura del contenido del escrito de inicio (v. demanda, fs. 54 vta. “objeto” y fs. 65 vta./66).

De suyo entonces, con relación a este tópico, el interesado consigue demostrar cabalmente que el juzgador de mérito interpretó erróneamente la petición actoral, rebasando los lindes del área litigiosa al condenar en más de lo pedido (decisión extra petita), lo que importa una manifiesta transgresión del postulado de la congruencia (arts. 44 inc. “d” y 47 de la ley 11.653; 34 inc. 4º y 163 inc. 6º del C.P.C.C.).

De modo que, no habiendo sido reclamado el pago de los días de abril efectivamente trabajados, deberá ajustarse el cálculo de la integración del mes de despido a lo establecido en el art. 233, segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.

Por ello, corresponde hacer lugar al recurso en esta porción y revocar la sentencia en cuanto ha sido materia de agravio. Una vez que se pronuncie el tribunal de origen, nuevamente integrado, de conformidad con lo establecido en el punto III, aps. 1.b y 1.c, deberá estarse a lo aquí decidido cuando se proceda a liquidar el rubro en cuestión.

4. a. Por último, controvierte el recurrente las pautas utilizadas para calcular las comisiones indirectas, imputándole al tribunal de la instancia ordinaria absurdo en la apreciación del escrito de demanda.

Argumenta que el actor peticionó que se tomaran en cuenta las operaciones de venta con detracción del porcentaje del I.V.A., y sobre esa base se liquidara el 5% por dicho concepto remuneratorio, apartándose el senten-ciante de tal pedimento.

b. Cabe señalar que en el libelo postulatorio, cuando el accionante se refirió a las comisiones indirectas, planteó, sin más, que su cálculo debía sujetarse a lo que el perito contador estableciera (v. fs. 66).

A la hora de determinar el importe, el tribunal de grado, basándose en la pericia contable y la prueba documental aportada, al monto total facturado de conformidad con las constancias obrantes en los libros de la empleadora y las declaraciones juradas de ingresos brutos de los períodos 1-III-2001/28-II-2005 y 1-III-2005/28-II-2006, sustrajo la suma de ventas directas efectuadas por el trabajador por iguales lapsos, y sobre el resultado que arrojó dicha operatoria calculó el 5% por comisiones indirectas (v. fs. 688/689 vta.).

c. Sobre esa infraestructura, el interesado no logra demostrar cabalmente mediante su planteo, la hipótesis de la efectiva configuración de absurdo en la interpretación de la postulación inicial, pues ello importa la evidencia de un error palmario y manifiesto que no encuentro verificado en la especie.

Ahora bien, si en su propio beneficio pretende que el concepto debió computarse con sustracción de la alícuota del referido gravamen, contó con la oportunidad de alegarlo y omitió hacerlo (v. contestación de demanda, fs. 82/89). Además, repárese en que el dictamen contable que el sentenciante valoró para sentar la conclusión contra la cual embate el recurrente no fue objeto de impugnación en el punto (v. fs. 470/476 y fs. 500/vta.).

IV. Por todo lo que he dejado expuesto, corresponde hacer lugar en forma parcial al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocarse el fallo impugnado por los fundamentos y de conformidad con lo establecido en el punto III, aps. 1.b y 1.c, y 3.b y 3.c.

Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (art. 289, C.P.C.C.).

Con los alcances indicados, voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Soria, Negri, de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Hitters, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. En su recurso extraordinario de inaplica-bilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo en la valoración de las constancias de la causa e infracción a los arts. 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 63 de la ley 11.653; 8 y 15 de la ley 24.013; y 1 de la ley 25.323.

La crítica se dirige a cuestionar el rechazo de la pretensión amparada en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y, en subsidio, procura la aplicación del art. 1 de la ley 25.323.

1. En lo vinculado al art. 8 de la Ley Nacional de Empleo, el impugnante argumenta que, contrariamente a lo sostenido en el fallo objetado, se encuentra plenamente probado que el actor cumplió con el recaudo exigido en el art. 11 inc. b) de la ley citada (texto según ley 25.345).

Afirma que da cuenta de ese hecho la copia del instrumento postal obrante a fs. 9, cuya autenticidad, remisión y recepción no fueron negadas por la demandada. Dicha pieza -continúa diciendo- posee plena eficacia probatoria para acreditar la remisión que exige la norma aplicable, dado que en el auto de apertura a prueba el tribunal desestimó el informe ofrecido a la oficina de correo con fundamento en el carácter de instrumentos públicos de las piezas telegráficas originales o copias debidamente certificadas, lo que evidencia la intrínseca contradicción que porta el fallo.

Considera intrascendente el contenido del informe de fs. 503 proveniente del organismo de recaudación, que el tribunal de grado hubo de valorar, porque se refiere a una persona física distinta al actor.

2. Concerniente al reclamo impetrado con sustento en el art. 15 de la ley 24.013, descalifica la decisión del a quo que -asegura- lo rechaza por idénticos fundamentos que el art. 8, cuando -sostiene- el recaudo de la comunicación al ente recaudador no es aplicable respecto de la primera de las normas citadas.

Para avalar lo expuesto, cita doctrina autoral, extractos de fallos de otros tribunales de justicia, y el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Di Mauro”.

3. Subsidiariamente, pide que se aplique de oficio la sanción establecida en el art. 1 de la ley 25.323.

II. El recurso es parcialmente procedente.

1. En lo que reviste interés, debe señalarse que el tribunal de grado no acogió el reclamo fundado en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 porque consideró incumplida la exigencia establecida en el art. 11 inc. “b” de dicha ley (texto según ley 25.345; v. sentencia, fs. 694/vta.).

Para así decidir, se basó en las conclusiones sentadas en el veredicto, en el que no obstante refirió la existencia de una copia del telegrama remitido a la A.F.I.P. (fs. 9 y documental reservada), valoró el oficio contestado por dicho organismo en el que se informó que no se registraban antecedentes de la denuncia efectuada por “Fernando A. Amongero”. Destacó que, no obstante el informe no aludía al accionante “Fernando Jorge Amongero”, el mismo había sido consentido por la parte actora (v. veredicto, fs. 668 vta./669 vta.).

2. Los argumentos desplegados por el quejoso no se muestran idóneos para conmover el fallo impugnado en lo que respecta al rechazo de la multa del art. 8 de la ley de marras.

La alegación vinculada a la supuesta ausencia de negativa por parte de la demandada respecto de la autenticidad, remisión y recepción del telegrama enviado a la A.F.I.P. no puede ser atendida. Importando el agravio controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso (art. 44 inc. “d”, ley 11.653; conf. causas L. 93.988, “Ferrara”, sent. del 3-VI-2009; L. 87.372, “Antonini”, sent. del 7-III-2007), y no habiéndose respaldado la formulación en la denuncia de absurdo en su apreciación, el recurso resulta técnicamente insuficiente (art. 279, C.P.C.C.).

Por otra parte, si bien en el auto de apertura a prueba el juzgador declaró la innecesariedad de producción de la informativa al correo, ordenó -en paralelo- el libramiento del oficio dirigido a la A.F.I.P., lo que no resultó cuestionado por el accionante, quien -al cabo- lo confeccionó (v. fs. 441).

Siendo así, el mérito atribuido al informe proveniente de dicho ente estatal, en el que se requirió a este último que informara “si le consta la recepción de la denuncia telegráfica formulada por Fernando A. Amongero en los términos del art. 47 de la ley 25.345 referida a la empresa Valigas S.A., de Gálvez, Sta. Fe” (v. fs. 441), y que fue contestado en los términos de la respuesta (fs. 503), no consigue ser descalificado por conducto de la afirmación sustentada en que dicho elemento convictivo carecería de idoneidad, desde que el agraviado soslaya demostrar en qué consistiría el absurdo en la apreciación efectuada que autorice a modificar la conclusión atacada. Además, omite hacerse cargo de la declaración del tribunal vinculada a que la contestación de la oficiaria de referencia fue consentida por el actor.

En definitiva, la crítica trasunta la particular visión del recurrente en torno a la ponderación de las constancias de la causa que -a su juicio- debieron respaldar una solución favorable a sus intereses, controvirtiendo sin éxito la eficacia probatoria de la prueba informativa valorada por el a quo que hubo de servir de apoyatura a la decisión cuestionada.

3. En cambio, ha de tener acogida el cuestionamiento que versa sobre el art. 15 de la ley 24.013.

a. En la causa “Di Mauro c. Ferrocarriles Metropolitanos” (sent. del 31-V-2005), la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con votos de los doctores Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni y Highton de Nolasco) hizo suyo el dictamen del Procurador Fiscal doctor Felipe Obarrio, pronunciándose en el sentido de que la exigencia establecida en el art. 11 de la ley 24.013, según la modificación introducida por la ley 25.345, no obsta a la procedencia de la duplicación a la cual alude su art. 15, siempre y cuando se hubiere cursado la intimación dirigida al empleador, de manera plenamente justificada.

El máximo Tribunal resolvió con sustento en la doctrina de la arbitrariedad por considerar que el pronunciamiento apelado traducía un apartamiento de las constancias del expediente, y una inadecuada interpretación de la normativa aplicable con la consecuente afectación de los principios que informan el debido proceso consagrado en el art. 18 de la Constitución nacional (Fallos 311:645; 302:358, entre otros).

b. Por razones de celeridad y economía procesal considero debe brindarse acatamiento a la doctrina del superior Tribunal.

Ello así, porque la Corte es el último y más genuino intérprete de la Carta fundamental y, por ende, la exégesis que hace de ella, es como si fuera la Constitución misma, expandiéndose en forma vinculante para los demás judicantes, en los tópicos federales (Bidart Campos, Germán, “El control de constitucionalidad de oficio en sede provincial”, Revista “El Derecho”, t. 100, pág. 633).

Todo sin olvidarnos que, como es sabido, no existe en nuestro país, a diferencia de lo que sucedía en la Constitución de 1949 (art. 95), norma vigente que obligue a los jueces a acatar la doctrina legal del superior Tribunal, ni el art. 16 del Código Civil incluyó a la jurisprudencia entre las fuentes del derecho.

En los temas no federales, los órganos jurisdiccionales no deben perder de vista que una de las finalidades de la casación es la uniformación de la aplicación del derecho objetivo. Y en nuestro país, si bien es cierto que no hay un tribunal de casación strictu sensu (como es el caso de España y Francia), no lo es menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce esta tarea a través de la vía recursiva extraordinaria.

Es obvio entonces que la suprema función revisora de la actividad jurisdiccional que ejercita la casación, busca tanto controlar la observancia del derecho objetivo, como prohibir que por los desvaríos de una decisión que no se ajusta a derecho, se afecte la unidad interpretativa que por razones de conveniencia social y política debe presidir a la tarea judicial (Geny, Francisco, “Método de interpretación y fuentes del derecho privado positivo”, Reus, Madrid, 1925, pág. 642).

La seguridad jurídica y la igualdad se robustecen a través de este campo de impugnación. Decía Carnelutti que la “uniformidad busca certeza, en torno a cada precepto de derecho se constituye un halo de normas jurisprudenciales (cuasinormas o subnormas)…”.

Si las mismas reglas jurídicas se aplican de distinto modo en un país, se produce una inseguridad que no es conveniente. Ello sin perjuicio de que en determinadas problemáticas cada juzgador decida libremente según su leal saber y entender.

Por lo dicho, la exégesis que hace la Corte de la Lex Maxima, es como si fuera la Constitución misma y, en consecuencia, la compartamos o no, es atrapante en temas federales para los demás jueces.

A lo expresado hay que añadirle que, según mi opinión, en las cuestiones no federales como la planteada en el sub lite, tiene efecto de vinculación moral para los demás judicantes, sobre la base de los principios de celeridad y economía procesal, sin perjuicio de que los inferiores pueden apartarse, si así lo consideran conveniente según las circunstancias peculiares de la causa.

c. Partiendo entonces de la base de que la procedencia de la duplicación prevista en el art. 15 de la ley 24.013 no depende del cumplimiento de la comunicación a la A.F.I.P. prevista en el inc. “b” del art. 11 de dicha ley (texto según ley 25.345), corresponde verificar si se encuentran reunidas las exigencias legales a su respecto.

Tiene dicho esta Corte que la reparación indemnizatoria adicional establecida en el art. 15 de la ley 24.013 requiere como condición que el despido dispuesto por el empleador haya quedado consumado luego de recibida la intimación que en los términos del art. 11 de dicha ley -y de modo justificado- le cursara el trabajador (conf. causas L. 89.731, “Ledesma”, sent. del 14-X-2009; L. 83.946, “García”, sent. del 22-VIII-2007; L. 78.628, “Degennaro”, sent. del 20-VIII-2003).

En el sub judice, en el veredicto el tribunal de grado tuvo por probado que el trabajador cursó intimación a su empleadora tendiente a que se registrara su relación laboral y se le abonaran determinados rubros que indicó en su misiva, y que frente a la respuesta de la accionada negando el vínculo de trabajo, se consideró injuriado y despedido (v. fs. 664 vta./666). En la etapa sentencial, estimó justificada la medida rescisoria adoptada (art. 242, L.C.T.; v. fs. 679/681).

En este marco, en mi opinión, se encuentran cumplidas las condiciones para la procedencia del resarcimiento adicional previsto en el precepto en cuestión, habida cuenta que -además- no surge que el empleador hubiera acreditado de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido (art. 15 in fine, ley 24.013).

En este sentido, preciso es memorar que esta Corte ha declarado que el objetivo específico de la Ley Nacional de Empleo es promover la regularización de las relaciones laborales, correspondiendo hacer lugar al pago de la indemnización reforzada que contempla en su art. 15 la ley 24.013 cuando el trabajador ha cursado a su principal de modo justificado, y vigente la relación laboral, un requerimiento para que se regularice su situación, en el caso, teniendo en cuenta la no registración de la relación laboral. Más aún cuando el empleador no acreditó de modo fehaciente que su conducta no ha tenido por objeto inducir al dependiente a colocarse en situación de despido (art. 15 in fine, ley 24.013; conf. causa L. 85.741, “Cortina”, sent. del 25-IV-2007). Circunstancias estas que -reitero- juzgo verificadas en el caso.

d. Por lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en este tópico y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la pretensión amparada en el art. 15 de la ley 24.013, cuya procedencia aquí se declara; debiendo los autos volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, practique la correspondiente liquidación.

4. Por último, y sin perjuicio de otras consideraciones, resulta inatendible el pedido de aplicación del art. 1 de la ley 25.323, toda vez que el propio recurrente expresa que no conformó su pretensión inicial (v. recurso, fs. 733/735).

IV. En consecuencia, deberá hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la actora y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la pretensión amparada en el art. 15 de la ley 24.013, cuya procedencia aquí se declara, por los fundamentos expuestos en el punto III, aps. 3.a, 3.b y 3.c.

Los autos deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, practique la corres-pondiente liquidación.

Las costas de la instancia ordinaria son a cargo de la demandada vencida, y las de esta instancia por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 19, ley 11.653; 289, C.P.C.C.).

Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

A excepción de lo expuesto en el ap. II.3.b. ‑párrafos segundo a noveno- habré de adherir al voto emitido por el colega preopinante en tanto entiendo que las restantes razones allí esgrimidas dan sustento suficiente a la solución a la que arriba.

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Con excepción de los fundamentos desarrollados en el ap. II.3.a. y b., adhiero al voto del doctor Hitters toda vez que las razones allí expuestas abastecen adecuadamente la solución propuesta.

Voto por la afirmativa.

Los señores jueces doctores de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la afimativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por “Valigas S.A.”, con el alcance establecido en el ap. IV del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión. Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (art. 289, C.P.C.C.).

En cuanto al del de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora a fs. 726/735 vta., se hace lugar parcialmente y, en consecuencia, se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó la indemnización establecida en el art. 15 de la ley 24.013, cuya procedencia aquí se declara; con costas de la instancia ordinaria a cargo de la demandada vencida, y las de esta instancia por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 19, ley 11.653; 289, C.P.C.C.).

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, nuevamente integrado y previa renovación de los actos procesales que estime necesarios, emita el pronunciamiento que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto, y practique la liquidación pertinente, incluyendo el reclamo cuya procedencia se ha declarado en los términos del art. 15 de la ley 24.013.

Regístrese y notifíquese.

       EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI   HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA   JUAN CARLOS HITTERS

                      GUILLERMO LUIS COMADIRA

                             Secretario

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