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Municipios. Incremento de tasas. Asamblea de mayores contribuyentes. Recaudos de conformación.

En la ciudad de Mar del Plata, a los 3 días del mes de junio del año dos mil once, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Extraordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-1942-MP2 “DON NINO S.R.L. Y OT. c. MUNICIPALIDAD DE BALCARCE s. PRETENSION ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Sardo, Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:

ANTECEDENTESVER DESDE SCBA.DOC

I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Depto. Judicial Mar del Plata rechazó la demanda interpuesta por las firmas “Don Nino S.R.L.” y “Francisco López y Hnos. S.A.”, por las que persiguen se declare la nulidad de la “Ordenanza Fiscal 2005” de la Municipalidad de Balcarce (N° 55/05) –aprobada en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes el día 1/9/2005- y, consecuentemente, que se deje sin efecto el aumento allí dispuesto en relación a la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” (Cap. XV, arts. 52 y 53). Distribuyó las costas del proceso en el orden causado y reguló los honorarios del letrado apoderado de la parte actora [cfr. fs. 483/491 y 492].

II. Mediante resolución de fs. 532/533 fue declarada por esta Cámara la admisibilidad formal del recurso de apelación incoado a fs. 502/520 por las actoras contra el mentado pronunciamiento –replicado por la demandada a fs. 523/526-, disponiéndose –una vez consentida- el pase de los autos al Acuerdo para Sentencia, providencia que se encuentra firme.

III. A fs. 573 las accionantes formulan una nueva presentación denunciando –ante esta Alzada- un hecho nuevo, adjuntando prueba documental [fs. 536/572] y peticionando –como medida para mejor proveer (arg. art. 46 del C.P.C.A.)- una serie de diligencias probatorias.

IV. Habiendo relevado los antecedentes del caso, corresponde entonces plantear la siguiente:

CUESTION

¿Es fundado el recurso?

A la cuestión planteada, la señora Juez doctora Sardo dijo:

I.1. En lo que aquí interesa, el a quo rechazó la demanda interpuesta por las firmas “Don Nino S.R.L.” y “Francisco López y Hermanos S.A.” [cfr. fs. 483/491], por la que persiguen se declare la nulidad de la “Ordenanza Fiscal 2005” de la Municipalidad de Balcarce (N° 55/05) –aprobada por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes el 1/9/2005- y, consecuentemente, que se deje sin efecto el aumento allí dispuesto en relación a la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” (Cap. XV, arts. 52 y 53).

Tras repasar las posturas de ambas partes y los antecedentes administrativos del caso, expuso que la pretensión impetrada se dirigía a cuestionar la legitimidad de la Ordenanza Impositiva 2005 de la Municipalidad de Balcarce, desde un doble orden de agravios: (a) por un lado, se endilgaron vicios en el procedimiento de formación de la mentada norma, considerados por la actora como esenciales, mas inexistentes por la Administración; (b) por el otro, se descalificó el contenido mismo de la ordenanza, en cuanto establecía un tributo considerado confiscatorio.

Así descripto el thema decidendum, analizó separadamente los planteos formulados:

(a) En cuanto al primer eje de discusión, subrayó que las accionantes centraban sus críticas en que: i) la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes se había conformado de manera extemporánea; ii) en la integración del mentado cuerpo no se había respetado la representatividad de los bloques políticos del H.C.D., en violación a lo dispuesto por el art. 95 inc. 5° de la L.O.M. y, finalmente, iii) la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes había aprobado la Ordenanza Impositiva fijando un aumento de la tasa en cuestión mayor al que, primigeniamente, había sido estipulado en por el H.C.D. en su Ordenanza Preparatoria.

i. Abocado al reproche inaugural, reconoció -siguiendo los lineamientos fijados por el art. 94 inc. 1° de la L.O.M.- que no se habían cumplido los lapsos temporales para la constitución del listado de Mayores Contribuyentes, mas aclaró que tal circunstancia no tornaba ilegítimo al acto en cuestión, puesto que no podía pensarse que siempre que el orden jurídico establecía un plazo para el dictado de un acto la consecuencia de emitirlo fuera de él sea necesariamente su declaración de nulidad.

Explicó que no se trataba en el caso del ejercicio de un acto en donde la competencia en razón del tiempo haya sido vulnerada, pues el órgano tenía plena competencia para ello.

Ultimó que si bien el incumplimiento del plazo no conducía a invalidar el referido acto, dicha conducta podría acarrear, eventualmente, responsabilidades en el respectivo funcionario.

ii. En cuanto a la segunda afrenta enrostrada (violación a la representatividad fijada por el art. 95 inc. 5° de la L.O.M.), manifestó que las actuaciones administrativas obrantes en autos –sobre las que la parte actora había guardado silencio en oportunidad de conferírsele la vista (conf. fs. 266)- discurrían a contramano del desarrollo argumental desplegado en la demanda.

Aclaró que si bien resultaba palmario el conflicto político instalado entre los distintos Departamentos de la comuna balcarceña, ello resultaba una cuestión ajena al objeto debatido en autos.

Despejado ello, sostuvo que lo cierto y concreto era que el H.C.D., por Resolución N° 28 (fs. 6/7 del expte. N° 205/05), había aprobado la nómina remitida por el Departamento Ejecutivo, tras la elección por parte de cada bloque político de aquellos integrantes que fueron libremente seleccionados.

Que, para más, dicha aprobación lo había sido por unanimidad de los miembros del Deliberativo, tanto por aquellos que la actora sindicaba como “oficialistas”, como por los integrantes de la “oposición” (conf. Acta N° 562, v. fs. 11.276). Consideró, con todo, que tal circunstancia restaba sustento a las críticas argüidas en cuanto a la integración de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

iii. Por último, desmereció el argumento dirigido a censurar el obrar de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que al aprobar la Ordenanza Impositiva había fijado, en cuanto al valor de la tasa, una cuantía mayor a la prevista en la Ordenanza Preparatoria dictada por el H.C.D.

Explicó, liminarmente, que el art. 193 inc. 2° de la Constitución Provincial había delimitado en forma terminante la competencia para la creación –o aumento- de tributos en el seno municipal, asignándosela en forma exclusiva y excluyente a la denominada “Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes”.

En tal contexto, reseñó que la L.O.M. –al reglamentar el texto constitucional en la parcela en examen- había puesto en cabeza del H.C.D. la sanción –por simple mayoría- de una Ordenanza Preparatoria sobre el tema que oficiaría de mero anteproyecto, según se consignara de manera expresa en la norma en cuestión.

Juzgó, en tal entendimiento, que la actividad de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes no quedaba reducida a aprobar o desechar el referido anteproyecto, pues ello importaría predicar una lectura diversa a la perseguida por la Constitución y el propio texto del art. 29 inc. 2° de la L.O.M.

Subrayó que el art. 101 de este cuerpo normativo (L.O.M.) distaba de prohibir la modificación del texto antecedente, por lo que el ejercicio pleno de la competencia constitucional no podía tener otro alcance que el de aprobar, desechar o modificar el anteproyecto.

En tales términos, rechazó el planteo articulado por las firmas demandantes.

(b) En cuanto al aspecto fondal de la ordenanza, señaló que la efectiva prestación del servicio respecto del cual la tasa constituía su contraprestación no era una cuestión controvertida en los autos, ya que el agravio de las demandantes se afincaba en la supuesta desproporción de aquélla.

No obstante, descartó que la regulación que la ordenanza cuestionada hacía de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial (Cap. XV, arts. 52 y 53) fuera irrazonable, confiscatoria y/o retroactiva.

Puntualizó, en primer lugar, que los aludidos conceptos de irrazonabilidad y confiscatoriedad se encontraban íntimamente relacionados, a punto tal que el tributo que -por su quantum– resultare lesivo del derecho constitucional de propiedad, ha sido referido –según doctrina que menciona- a aquel que excede una discreta y razonable proporción con el costo del servicio.

Empero, aclaró –con citas de nuestro Supremo Tribunal local- que no existía norma constitucional o legal que obligue a que las tasas exhiban un grado de proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto del gravamen, pues con lo que se percibe no se atienden exclusivamente los gastos de la oficina que presta el servicio, ya que tanto la existencia de aquélla como el cumplimiento de sus fines dependen de la totalidad de la organización municipal, cuyas erogaciones generales deben incidir en las prestaciones particulares en una medida cuya determinación –concluyó- es cuestión propia de la política financiera.

Sentados los lineamientos, indicó que las actoras centraban exclusivamente su agravio en la desproporción del tributo, comparando la notable variación producida entre los porcentuales que preveía el anteproyecto (los que –a juicio de las accionantes- respondían a precisos criterios técnicos fijados por el H. Concejo Deliberante) y los que, en definitiva, terminó receptando el texto aprobado de la Ordenanza Impositiva para el ejercicio fiscal del año 2005.

Desatendió el argumento propuesto por las demandantes, en tanto observó –a la luz del recorte periodístico anejado a fs. 217- que el propio concejal Oscar Adobbati había reconocido que el aumento de la tasa que estipuló el anteproyecto (de un 50%) había surgido del consenso con los productores agropecuarios –contribuyentes-, lo que si bien podría constituir un mecanismo político válido –valoró- en modo alguno venía a ser un criterio técnico.

En similar sentido, adujo que tampoco resultaba un dato relevante la proporción entre el incremento de los precios en general (medidos por el I.N.D.E.C. o por cualquier otro ente) frente al aumento de la tasa, pues los criterios para superar el test de constitucionalidad eran otros, requiriéndose que la desproporción se divise de un modo palmario y manifiesto.

Sostuvo, desde tal ángulo de apreciación, que el hecho de que el legislador aumentara considerablemente el monto del tributo no llevaba –sin más- a predicar su invalidez constitucional, pues el análisis debía quedar circunscripto a los términos planteados y que toda otra cuestión revestía naturaleza política, siendo ajena al objeto de la causa y a su incumbencia como magistrado del Poder Judicial.

Consideró que idéntica suerte llevaba la prueba producida en relación al quantum de tributos similares percibidos por los municipios vecinos, ya que el monto aislado de la tasa por hectárea poco aportaba si no se acreditaba –con respecto a cada uno de ellos- cuál era la proporción entre costo y tasa.

Y si bien reconoció que una importante corriente doctrinaria colocaba la carga de la prueba –acerca de la razonable equivalencia entre tasa y costo- en los hombros de la Administración, juzgó que –en el caso- la comuna de Balcarce había dado suficientes explicaciones sobre el particular y que aquellas no habían sido desvirtuadas por la accionante, quien no produjo prueba técnica alguna tendiente a refutar la hipótesis de costos formulada al contestar la demanda (fs. 330/331), la cual para el juez a quo –lego en materia de costos de reparación de caminos- no resultaba palmariamente irrazonable.

Aún cuando sea la Administración quien cuenta con mayores posibilidades de acceder a la información relativa al costo del servicio –concluyó- ello no exime al peticionante de un mínimo de actividad, tendiente a acreditar la alegada –mas no probada- desproporción del tributo.

Con todo, estimó que el pronunciado aumento en la tasa cuestionada había sido el fruto de una decisión política gestada por los órganos competentes, que si bien reflejaba una afectación en el derecho de propiedad de las actoras, no configuraba –empero- un supuesto de inconstitucionalidad.

Por otra parte, rechazó el reproche de retroactividad formulado, al considerar que se trataba de un tributo cuyo período fiscal era anual, aún cuando contemplaba la posibilidad de ser abonado –para los predios de más de diez (10) hectáreas- en hasta seis (6) cuotas. Así –agregó-, no encontrándose aún dictada la Ordenanza Impositiva correspondiente al ejercicio en cuestión, los pagos efectuados en tales condiciones no pueden tener otra naturaleza que el de anticipos y, como tales, sin fuerza cancelatoria que exceda ese ámbito. Por dicha razón, juzgó que el tributo en análisis no revestía carácter retroactivo.

2. La parte actora apela el pronunciamiento a fs. 502/520, expresando conjuntamente sus agravios.

Si bien reconoce –de consuno con el sentenciante- que el conflicto político que subyace en la especie es ajeno al debate de autos, manifiesta que su parte en ningún momento utilizó un tinte político o partidario para fundar su pretensión, sino que por el contrario, se dedicó a remarcar los incumplimientos y omisiones en que incurrieron ambos órganos municipales (Departamento Ejecutivo y H.C.D.), persiguiendo únicamente sancionar la inobservancia de los procedimientos formales que preceden al dictado de un acto (ordenanza impositiva), por cuanto le causan agravio a su parte como contribuyente.

Se agravia de que el a quo haya considerado que las irregularidades en el procedimiento de integración y funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes eran meras cuestiones formales que no alcanzaban a invalidar la ordenanza dictada con posterioridad. Postula, por el contrario, que dichos atropellos a la legalidad y constitucionalidad de los actos de gobierno deben ser sancionados con la nulidad, tal como lo prevé el ordenamiento legal.

Expone, en tal sentido, que el cumplimiento de los recaudos formales constituye la condición ineludible prevista por el ordenamiento aplicable para la ulterior legalidad del acto, ya que el art. 195 de la Constitución provincial asigna prevalencia a la formalidad.

Sostiene, asimismo, que el juez de la instancia se expidió únicamente sobre el vencimiento de los plazos para la formación e integración de la nómina de Mayores Contribuyentes, sin reparar que en aquel derrotero se habían vulnerado todos plazos y mecanismos previstos en la L.O.M.

Subraya que no puede imputarse a su parte orfandad probatoria derivada de la falta de cuestionamiento de las actuaciones administrativas anejadas a la causa; de un lado, pues el desarrollo de los antecedentes efectuado en la demanda se ajusta estrictamente a las constancias obrantes en el expediente municipal; y de otro, ya que las declaraciones testimoniales de los ediles prestadas en autos han demostrado que tanto el Depto. Ejecutivo como el H.C.D. no dieron cumplimiento con los recaudos y plazos previstos por el art. 94 y ccds. de la L.O.M.

Puntualiza que el Departamento Ejecutivo remitió extemporáneamente al Concejo Deliberante la nómina de inscriptos en el Registro Especial prevista en el art. 94 inc. 1° de la L.O.M., violando con ello lo dispuesto por el art. 94 inc. 3° de dicho cuerpo legal (conf. expte. N° 205/05, fs. 1).

Reseña, por otra parte, que el Cuerpo Deliberativo solicitó al Departamento Ejecutivo –con fecha 4/8/2005- los antecedentes de los señores propuestos como Mayores Contribuyentes, para poder verificar si éstos reunían las condiciones establecidas en la norma, como lo exige la L.O.M. (conf. expte. N° 205/05, fs. 4). Que ante el incumplimiento del Depto. Ejecutivo, el H.C.D. reiteró la petición el día 10/8/2005 (conf. fs. 5 expte. N° 205/05), la cual sin embargo nunca fue contestada.

Refiere, consecuentemente, que los ediles nunca pudieron evaluar objetivamente las aptitudes personales y legales de los integrantes del listado, ni menos efectuar una designación que represente la proporcionalidad de cada bloque partidario. Postula que ello resulta violatorio del art. 94 inc. 4° de la L.O.M. y que en modo alguno pudo haber quedado saneado por la convalidación política dada por la votación unánime del H.C.D., ya que votar a libro cerrado y “… a las apuradas…” el listado original enviado por el Intendente –reflexiona- no importa sino soslayar su trascendente misión republicana de garantizar la representatividad de los bloques políticos.

Denuncia, también, que el Presidente del H.C.D. dictó la Resolución N° 28/05 (11-08-2005) sugiriendo a los Mayores Contribuyentes, sin cumplir con la sesión especial que debió celebrarse al efecto de que cada bloque político pudiera proponer a las personas de su consideración, proceder que resulta contrario al art. 94 inc. 5° de la L.O.M.

Indica, a mayor abundamiento, que los concejales de la oposición habían expresado en los debates previos a la aprobación de la Ordenanza Fiscal 2005 sus reparos acerca de la legalidad de los procedimientos, lo cual se desprende de los testimonios que los propios ediles prestaron en autos (v. fs. 387, 388, 403/404, 434/435) y del debate instado en la sesión que precedió a la votación de la norma atacada (fs. 11.321/11.322 del Acta N° 564 de las actuaciones administrativas).

Postula, en suma, que los mayores contribuyentes designados el 24 de agosto de 2005 no responden a la proporcionalidad prevista en el art. 94 inc. 5° de la L.O.M., pues ello es precisamente lo que surge de las actuaciones administrativas.

Agrega que es imposible que exista representación política de la composición del Concejo Deliberante, si se observa –por un lado- que el Deliberativo resolvió en la Ordenanza Preparatoria (del 11-08-2005) modificar por mayoría el proyecto original del Depto. Ejecutivo [admitiéndose únicamente un incremento del cincuenta por ciento (50%)] y –por el otro- que unos pocos días después (el 1-09-2005) volvieron a votar los mismos concejales (a favor y en contra respectivamente), aunque con la incorporación de aquellos Mayores Contribuyentes “… designados entre gallos y medianoche…”, quienes inclinaron la balanza y dejaron sin efecto lo resuelto por el Cuerpo en la Ordenanza Preparatoria, retornando así –con una representatividad política meramente ficticia- al proyecto original que había sido desechado técnicamente por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Relata que la Asamblea votó la ordenanza con diecinueve (19) votos de las personas designadas en carácter de Mayores Contribuyentes, con más el acompañamiento de tan solo tres (3) concejales. Si se considera los otros doce (12) ediles votaron en contra y que las personas incorporadas como mayores contribuyentes carecen de legitimidad de origen –concluye- la violación a las mayorías previstas en el art. 193 inc. 2° de la Constitución Provincial y en el art. 104 de la L.O.M. resulta patente.

Critica asimismo la interpretación efectuada por el a quo en torno al art. 101 de la L.O.M., ya que –en su visión- la norma en cuestión tan solo estatuye que la Asamblea debe pronunciarse respecto de la Ordenanza Preparatoria, no atribuyéndole poderes implícitos como para modificarla.

Por otra parte, se agravia del fallo de grado en cuanto consideró razonable y constitucional el aumento dispuesto por la ordenanza impugnada, apartándose del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del H.C.D. que sirvió de soporte técnico y contable para que el órgano deliberativo votara por mayoría la Ordenanza Preparatoria del 11-08-2005, la cual preveía una modificación del aumento del 50% de la tasa de red vial y no el exorbitante incremento del 116% que finalmente fijó la ordenanza impositiva [N° 55/05] conforme el proyecto original remitido por el Departamento Ejecutivo.

Sostiene que la accionada formuló varias hipótesis de costos, pero no demostró que el aumento del 116% votado por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes fuese el resultado de una rigurosa evaluación técnica y contable llevada a cabo por las áreas correspondientes, ni que del resultado del ejercicio presupuestario 2004 surgiera la necesidad de aumentar la tasa a raíz de la variación de los costos y/o del mayor trazado de los caminos rurales. Alega que la demandada tampoco explicó de qué manera se realizaron los cálculos para arribar a las hipótesis mencionadas, conforme la documental agregada a fs. 329/330 de autos.

Adiciona, para más, que el municipio no produjo la prueba informativa de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que sustentaría la documental que ofreció (fs. 347 y fs. 439). Juzga así que mal podría imputarse a su parte inactividad probatoria, desde que quien no ha logrado acreditar los extremos invocados es precisamente la contraria. Enfatiza que, aún siendo el sujeto débil de la relación procesal, la actora ha producido más pruebas que la Administración municipal, quien ha mostrado una absoluta orfandad.

Esgrime asimismo que el municipio demandado no probó la efectiva prestación del servicio a la que está condicionada la validez de la tasa, ni tampoco acreditó la necesaria proporcionalidad entre costo y servicio y el respeto por el principio de igualdad ante las cargas públicas. Indica que el Ejecutivo necesitaba el dinero para aplicar a otros menesteres, lo que redundó en el desmesurado aumento que es materia de impugnación.

Aunque reconoce que lo atinente a la prestación del servicio no fue materia de discusión, declama que al momento de desatarse el conflicto –entre julio y octubre del año 2005-, la tasa correspondiente ni siquiera estaba íntegramente recaudada y, por tanto, hallábase pendiente su ejecución.

Sostiene que la carga de probar la prestación del servicio y la proporcionalidad entre su costo y el importe de la tasa recae esencialmente sobre la parte accionada, pues es quien se encuentra en una posición dominante o privilegiada en relación con el material probatorio necesario para acreditar dichos extremos. Cita jurisprudencia que entiende de aplicación al caso de marras.

Argumenta que no puede desconocerse la prueba de informes ofrecida por su parte -de la que surge que en los municipios vecinos los valores de la misma tasa por hectárea son muy inferiores- lo que demuestra, de un lado, la notable desproporción de los conceptos que son cobrados por el municipio de Balcarce y, del otro, la violación al principio de uniformidad de tributos dispuesto por nuestro texto Constitucional provincial (art. 103 inc. 1°). Afirma que la igualdad fiscal, como base del impuesto y de las cargas públicas (art. 16 de la Const. Nac.), establece que el impuesto debe ser igual para todos los habitantes que se encuentren en las mismas condiciones, ante iguales circunstancias y con igual capacidad tributaria.

Siguiendo con su crítica, manifiesta que el valor de la tasa resulta confiscatorio, pues el servicio traduce un costo imposible de asumir o excesivamente oneroso para su parte, afectando de manera significativa e irrazonable su derecho de propiedad (arts. 17 y 28 de la Const. Nacional).

Se agravia -en último orden- de que el magistrado a quo consideró que, al no estar configurado el hecho imponible o bien producido éste antes de que venza el plazo anual para pagar, no se podían computar como cancelatorios los pagos de los contribuyentes actores, sino como pagos a cuenta, por lo que cabía descalificar los cuestionamientos efectuados en torno a la irretroactividad de la tasa.

Expresa que si bien ha sido aceptada la aplicación retroactiva de las leyes fiscales, ello será siempre que no haya un pago anterior que extinga el derecho del Fisco a toda pretensión impositiva. Dice que cuando el contribuyente paga el impuesto de conformidad con la ley vigente al momento en que realizó el pago, éste queda –por efecto de su fuerza liberatoria- al amparo de la garantía constitucional de la propiedad, que se vería afectada si se pretendiese aplicar una nueva ley que estableciera un aumento para el período ya cancelado.

De este modo, pregona que cuando su parte abonó la totalidad de la tasa vial del año 2005 vigente al momento de su pago, la relación patrimonial habida entre el municipio y sus contribuyentes quedó definitivamente consolidada, de manera tal que no podrá ser alterada por una norma que tenga efectos retroactivos, ya que ello afecta la garantía del art. 17 de la Carta Fundamental.

Por lo expuesto, solicita se revoque el fallo impugnado en todas sus partes y, en consecuencia, que se haga lugar a la pretensión instaurada, con costas a la vencida.

3. El municipio de Balcarce replica el memorial en traslado a fs. 523/526.

Sostiene que el H.C.D. aprobó por unanimidad y sin objeciones la nómina de Mayores Contribuyentes que fue remitida por el Departamento Ejecutivo, por lo que no puede predicarse que se haya incumplido el requisito previsto por el art. 94 inc. 1° de la L.O.M.

Defiende la posición albergada por el a quo, en tanto el incumplimiento de los plazos, si bien puede derivar en responsabilidades funcionales, no acarrea la nulidad del acto.

Dice que la parte actora guardó absoluto silencio cuando se le confirió la vista de las actuaciones administrativas, por lo que los agravios vertidos en la instancia de apelación devienen inoportunos.

Puntualiza que el art. 94 inc. 1° de la L.O.M. no establece en ninguno de sus puntos que el Departamento Ejecutivo tenga la obligación de remitir los antecedentes de los mayores contribuyentes incluidos en el listado.

Subraya que la carga de probar la desproporción y confiscatoriedad del aumento dispuesto recaía sobre la actora, quien –empero- no ofreció elementos de convicción tendientes a satisfacer dicho cometido.

Reseña, por otra parte, que el pago de la tasa de red vial se fija por año y por hectárea, de manera tal que el pago anual debe contabilizar el pago de la totalidad dispuesta para ese año. A efectos de facilitar el pago al contribuyente –prosigue- se fijan seis cuotas anuales que en modo alguno confieren un derecho adquirido, pues el contribuyente queda liberado cuando abona la última cuota.

Explica que la retroactividad planteada por la actora no ha existido en los hechos, ya que solo se ha procedido a ajustar la tasa a valores resultantes de la ordenanza fiscal 2005.

Esgrime, por último, que el memorial de apelación no contiene la crítica concreta y razonada del fallo de grado, razón por la que cabría decretar su deserción en los términos del art. 260 del C.P.C.C.

II. Considero que el recurso no puede prosperar.

El sentenciante de grado rechazó en todos sus términos la pretensión impugnativa promovida por las firmas actoras (“Don Nino S.R.L.” y “Francisco López y Hnos. S.A.”), contribuyentes de la comuna de Balcarce, por la que persiguen que se declare la nulidad de la Ordenanza Impositiva N° 55/05 (ejercicio fiscal 2005)  –aprobada el día 1-09-2005 en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes-, en cuanto aumentó en un 116% el valor por hectárea de la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” (arts. 52 y 53), en relación al importe que rigió en el año fiscal inmediato anterior (2004).

A fin de revertir la suerte de su reclamo, las accionantes acuden a esta instancia de apelación [fs. 502/520] e insisten en la ilegitimidad de la ordenanza impugnada, a la que atacan desde dos flancos bien diferenciados: (1) por un lado, denuncian irregularidades en el procedimiento de formación del acto municipal, a su juicio de entidad suficiente como acarrear su nulidad; (2) por el otro, sindican que el incremento determinado por el ordenamiento impositivo (en relación a la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal”) resulta asimismo lesivo de su derecho de propiedad (art. 17 Const. Nac.), al establecer valores desproporcionados, confiscatorios y de vedada aplicación retroactiva.

1. Dentro del primer grupo de cuestionamientos, las apelantes incluyen una serie de agravios de estricto contenido formal, los que –anticipo- no logran conmover lo decidido en la instancia de grado, ya que el derrotero administrativo que precedió al dictado de la norma, en mi opinión, no hállase teñido de vicios susceptibles de invalidarla como tal. Veamos:

1.a. En primer lugar, sostienen que el Intendente de Balcarce inobservó el plazo previsto por el art. 94 inc. 3° del decreto ley 6769/58 (L.O.M.), al remitir extemporáneamente al H.C.D. el listado de aspirantes inscriptos para integrar la “Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes” de la comuna. Alegan que dicho incumplimiento entraña directamente la nulidad de la ordenanza impositiva, pues no es posible minimizar la obligatoriedad de las normas que instituyen plazos, en aras de preservar el orden constitucional.

i) Liminarmente, se impone recordar que la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes constituye una institución propia de nuestro régimen municipal, de origen constitucional, que tiene asignada una función deliberativa y decisoria propia en materia tributaria local (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 62.761 “Intendente Municipal de Lobos”, res. del 11-VII-2001).

Precisamente, nuestra Constitución Provincial dispone que todo aumento o creación de impuestos o contribuciones de mejoras debe ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales (conf. art. 193 inc. 2° de la Const. Pcial.).

Se trata, en esencia, de una asamblea deliberativa de composición mixta y particular, en la que confluyen tanto ediles como vecinos interesados con carácter institucional y participativo de la gestión municipal (arg. doct. S.C.B.A. causa B. 63.089 “Municipalidad de Lomas de Zamora”, res. del 7-XI-2001).

Su existencia tiende a reforzar la vigencia del principio de legalidad en materia tributaria, puesto que tanto la facultad de crear tributos como la de aumentarlos requerirá indefectiblemente de la voluntad concurrente de un número determinado de concejales y de mayores contribuyentes del distrito reunidos en una Asamblea convocada al efecto (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 52.614 “Franceschi, Bade y Cía. S.A.”, sent. del 24-III-1998).

Por su lado, la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6769/58) reglamentó los aspectos vinculados a la integración y constitución del cuerpo (cfr. arts. 93 a 97), así como también lo atinente a su funcionamiento y deliberación (cfr. arts. 98 a 106).

La captación de interesados a integrar la Asamblea de Mayores Contribuyentes constituye el primer paso del citado derrotero procedimental. Así, los aspirantes deberán inscribirse anualmente –y desde el 1° al 15 de mayo- en un registro especial que a tal efecto habilitará el Departamento Ejecutivo (art. 94 inc. 1° L.O.M.), el cual, a su vez, deberá remitir la nómina dentro de los diez (10) días siguientes al Concejo Deliberante para su consideración (art. 94 inc. 3° de la L.O.M.).

ii) En el caso, está fuera de discusión que el Sr. Intendente de Balcarce remitió tardíamente aquella nómina de inscriptos al deliberativo comunal. Tal como se desprende del expediente N° 205/05 –que en este acto tengo a la vista-, aquel hito se perfeccionó, no dentro de los diez (10) días siguientes al 15 de mayo de 2005, sino el 15 de julio de 2005, es decir, poco más de un mes y medio después del vencimiento del plazo previsto por el art. 94 inc. 3° del dec. ley 6769/58.

Empero, concuerdo con el magistrado a quo en que el intempestivo cumplimiento del referido trámite mal podría invalidar el acto normativo dictado a la sazón [Ordenanza Impositiva del año 2005], toda vez que la tacha de nulidad no es precisamente la consecuencia legal que depara a este tipo de inobservancias del Departamento Ejecutivo municipal.

En efecto, el incumplimiento de los plazos por parte de los funcionarios no acarrea –en principio- la nulidad del acto dictado fuera de término, a excepción de que se trate de una competencia especialmente atribuida al órgano en razón del tiempo (conf. Barraza, Javier Indalecio “Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, 1ra. Edición, La Ley, 2007, Bs. As., pág. 168 y ss.; argto. doct. S.C.B.A. causa B. 51.093 “Rosso de Steimberg”, sent. del 6-V-1997), lo que no acontece en la especie.

A la luz de dicha premisa, la pretensión enarbolada por las actoras conduciría hacia soluciones rayanas con lo absurdo, puesto que de receptarse su tesis, todos los actos de las autoridades emitidos por fuera de los plazos reglados serían nulos de nulidad absoluta. Una construcción impracticable que, para más, dispensaría a las autoridades administrativas del ineludible deber de impulsión que les cabe aún frente al transcurso de los plazos procedimentales (arg. doct. esta Cámara causa C-1811-MP2 “Nizzi”, sent. de 6-VII-2010), dado que ante el vencimiento de éstos nada tendrían que hacer, ya que los actos que dictaran serían de inocuo valor.

Sin que lo dicho importe desconocer que el cumplimiento de los plazos y el respeto por la celeridad constituye una obligación cardinal de las autoridades públicas (arg. doct. S.C.B.A. causas B. 64.199 “Transportes Servicor S.A.”, sent. del 10-XII-2003), entiendo que el cuestionamiento esgrimido por las apelantes carece de asidero.

El incumplimiento injustificado del plazo previsto en el art. 94 inc. 3° del decreto ley 6769/58 podría -en todo caso- acarrear algún tipo de responsabilidad en el Departamento Ejecutivo Municipal –cuestión ajena a esta litis-, pues precisamente el texto normativo en estudio consagra el principio de responsabilidad de los funcionarios por todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos (conf. art. 241 y ccds. del decreto ley 6769/58). Mas aquella inobservancia temporal, reitero, lejos está de entrañar la nulidad de la ordenanza impositiva sancionada con posterioridad, como persiguen desenfocadamente las recurrentes. Bajo dichos términos, considero que su agravio debe ser desestimado.

1.b. En segundo lugar, las apelantes reprochan la conducta asumida por las autoridades del órgano deliberativo en oportunidad de evaluar la nómina de inscriptos enviada por el Intendente municipal.

Manifiestan que si bien el Presidente del H.C.D. decidió solicitar al Intendente antecedentes de los sujetos inscriptos en el referido listado, la votación en el recinto deliberativo se llevo a cabo –empero- estando pendiente la remisión de aquella información. Aducen que tal proceder resulta violatorio del art. 94 inc. 4° de la L.O.M., ya que los ediles nunca pudieron evaluar la aptitudes legales de los integrantes del listado.

Se observa efectivamente que: (i) a instancias de la Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, el Presidente del Concejo Deliberante solicitó al Intendente Municipal que remitiera los antecedentes de las personas propuestas como Mayores Contribuyentes [conf. nota del 8-08-2005; fs. 4 expte. administrativo N° 205/05]; (ii) ante la inercia del Ejecutivo Comunal, se reiteró el pedido con fecha 10-08-2005 [fs. 5, expte. cit.], no obrando en la causa elementos que demuestren que dicho requerimiento haya sido finalmente evacuado; (iii) en la novena Sesión Ordinaria del día 11-08-2005, el H.C.D. resolvió aprobar en forma unánime el listado de aspirantes remitido por el titular del Departamento Ejecutivo (conf. Acta N° 562, fs. 11.262/11.276 que en este acto tengo a la vista).

Estimo que el planteo de las apelantes no puede tener acogida.

Aunque no surja del derrotero procedimental que el Señor Intendente haya cumplido con el requerimiento cursado por la autoridad superior del órgano deliberante, tal contingencia no autoriza a predicar per se que la aprobación del listado de Mayores Contribuyentes fue practicada a espaldas de las previsiones reglamentarias.

En primer lugar, pues el pedido de antecedentes al Departamento Ejecutivo no constituye un paso reglado o ineludible dentro del procedimiento de selección de los Mayores Contribuyentes, de modo tal que nada impedía que el Cuerpo de concejales prescindiera de él y –eventualmente- recabara la información por otros cauces burocráticos.

El Concejo Deliberante tiene el deber de comprobar si los inscriptos reúnen las condiciones establecidas en el ordenamiento (v. arts. 93, 94 incisos 2° y 4° y ccds. del decreto ley 6769/58), mas dicha misión no puede entenderse reducida a un mero pedido de informes al órgano administrador.

La realidad indica que la determinación del órgano deliberativo se conformó por la voluntad concurrente y unánime de los ediles presentes, quienes aprobaron sin cortapisas el listado de Mayores Contribuyentes enviado por el Jefe de la comuna. Y siendo que aquella decisión –como toda actuación estatal- se encuentra prima facie imbuída de presunción de legitimidad (arg. doct. S.C.B.A. causa C. 88.046 “Pratesi”, sent. del 6-V-2009), cabe entonces entender que en la aprobación de la nómina se respetaron los estándares fijados por el ordenamiento (arts. 93, 94 y ccds. del decreto ley 6769/58). Una manifiesta y grosera afrenta a las exigencias legales hubiera despertado –cuanto menos- opiniones encontradas entre los representantes de los distintos partidos políticos –quienes en primera instancia deben velar por la legalidad-, lo que no sucedió en la especie, donde ni un solo sufragio negativo arrojó la votación.

Y tal conclusión no logra ser desvirtuada por los fugaces dichos de las apelantes, quienes no han aportado elemento alguno tendiente a demostrar un quebrantamiento en la juridicidad. La pieza recursiva centra innecesariamente sus esfuerzos en demostrar una supuesta omisión ilegítima del órgano deliberativo –que como se ha visto no es tal-, pero nada dice acerca de cuál o cuáles eran los contribuyentes del listado que no llenaban las condiciones legales. Bajo tales circunstancias, su cuestionamiento no queda más que reducido a un mero pedido de nulidad por la nulidad misma, de inaceptable recepción por el órgano judicial.

1.c. Sentado lo anterior, se impone ahora abordar el siguiente reparo formal esgrimido por las recurrentes, quienes denuncian que la aprobación de la nómina de “Mayores Contribuyentes” en el recinto del H.C.D. se realizó sin respetar la proporcionalidad partidaria que exige la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El agravio blandido tampoco merece estima.

Sobre el particular, dispone el dec. ley 6769/58 que, comprobada por el deliberativo la aptitud legal de los postulantes inscriptos (cfr. art. 94 inc. 4°), cada grupo político representado en el Concejo debe proponer, en sesión citada al efecto, un número de mayores contribuyentes -tomados de la nómina aprobada por el Cuerpo- igual al doble de concejales que integran dicho grupo político. Cumplido ello, es deber del Presidente del H.C.D. remitir dichas listas al Señor Intendente Municipal, quien será en definitiva el que designe a los asambleistas integrando las nóminas de titulares y suplentes, con respeto a la proporcionalidad consagrada en la norma (art. 94 inc. 5° del decreto ley 6769/58).

En la especie, el Concejo Deliberante de Balcarce consumó dicho paso procedimental en la Novena Sesión Ordinaria del período 2005 –del 11-08-2005, ya mencionada-, donde se aprobó por unanimidad la nómina remitida por el Sr. Intendente Municipal y cada bloque partidario procedió, de consuno con lo estatuído por el ordenamiento en cuestión, a sugerir a los mayores contribuyentes que integrarían los respectivos grupos políticos [conf. Acta N° 562, agregada sin acumular a los autos –cfr. fs. 11.262/11.276-].

La nómina fue aprobada por el parecer consensuado de todas las fuerzas políticas que componían el cuerpo deliberativo (H.C.D.), lo que en una primera aproximación ya descarta una posible violación a la proporcionalidad fijada en la L.O.M. (art. 94 inc. 5°). Se trata de una conclusión de toda lógica, desde que no advierto mayores interesados en controlar la observancia de aquel equilibro que los propios integrantes de cada una de las bancadas políticas. Si ellos arribaron a una decisión unánime en torno a la cuestión, cabe entender entonces –razonablemente- que aquella ecuación se habría respetado en el acto de selección.

Y, efectivamente, analizando el iter cumplido por los órganos municipales, no observo vicios nulificantes susceptibles invalidar el procedimiento de designación de los Mayores Contribuyentes. En efecto, la deliberación se efectuó en sesión convocada al efecto –como exige la norma- y el número de Mayores Contribuyentes sugeridos por el H.C.D. se ajustó a la proporcionalidad instituida en la Carta Orgánica de las Municipalidades. Es decir, partiendo de un total de dieciseis (16) concejales –y aún verificándose en la sesión la ausencia con previo aviso de uno de ellos- [cfr. Acta N° 562, fs. 11.262], el órgano terminó proponiendo –con la intervención ecuánime de cada uno de los bloques políticos- un total de treinta y dos (32) Mayores Contribuyentes (v.gr. dieciseis (16) titulares y dieciseis (16) suplentes), lo que arroja un número igual al doble de los ediles que integraban el cuerpo deliberativo, en concordancia con lo normado por el inciso 5° del art. 94 del decreto ley N° 6769/58 y el texto mismo de la Constitución Provincial (v. art. 193 inc. 2°).

Aprobada que fue la nómina por unanimidad, se remitió luego al titular del Depto. Ejecutivo, quien, en uso de la atribución conferida por el art. 94 inc. 5° de la L.O.M., procedió a designar a los Mayores Contribuyentes que, incluidos en el listado, conformarían en definitiva las listas de titulares y suplentes [v. fs. 6/9 expte. administrativo N° 205/05].

Así, los antecedentes reseñados descartan de plano la presencia de cualquier irregularidad o defecto congénito en el procedimiento de selección de los Mayores Contribuyentes, desde que el mentado derrotero se cimentó al abrigo de las pautas reglamentarias establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 94 del dec. ley 6769/58).

A partir de tal análisis, habré de descalificar el agravio esgrimido por las apelantes, por cuanto parten de un enfoque desacertado de la cuestión, enarbolando un argumento visiblemente impracticable. Afincan la hipotética transgresión a la proporcionalidad partidaria, no en el procedimiento de conformación del Cuerpo, sino a partir de un acontecimiento sucedido ex post, como lo fue el modo en que los Asambleistas –ya reunidos en la forma prevista por el art. 193 inc. 2° de la Constitución provincial- votaron la Ordenanza Impositiva N° 55/05.

Sostienen, sucintamente, que si realmente se hubiera respetado el equilibrio de fuerzas en el nombramiento de los aspirantes, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes (art. 193 inc. 2° Const. pcial.) debería haber aprobado la norma impositiva respetando los parámetros fijados previamente por el Concejo Deliberante en la Ordenanza Preparatoria [N° 48/05] que le sirvió de antecedente (que proyectaba un aumento del 50% de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial) y no -como efectivamente sucedió- incrementado en un 116% el importe de aquella gabela, en avenencia con lo que preveía el primigenio proyecto del Intendente comunal.

Lo dicho por las recurrentes en modo alguno podría ser empleado para argumentar un vicio en el mecanismo de designación de los Mayores Contribuyentes, pues una cosa son los requisitos de forma que deben cumplirse para la válida integración del Cuerpo –que, como se ha visto, han sido respetados- y otra totalmente distinta es el sentido o dirección concreto que cada uno de sus miembros pueda adoptar a la hora de deliberar y votar.

Pretender derivar una violación al art. 94 inc. 5° (dec. ley 6769/58) del modo como finalmente votaron los Mayores Contribuyentes, no importaría más que desnaturalizar el fin inmanente a toda estructura deliberativa y, en concreto, la de la propia Asamblea creada por el texto constitucional (cfr. art. 193 inc. 2° Const. pcial.). Verbigracia, si los Mayores Contribuyentes estuviesen constreñidos a acompañar obligatoriamente con su voto a la pertenencia política que otrora los sugirió para integrar el respectivo órgano, se perdería entonces el sentido que justifica la existencia misma del órgano, nacido para reforzar la legalidad en la consideración, deliberación, y ulterior aprobación de decisiones tributarias de naturaleza municipal (doct. S.C.B.A. causa B. 52.614 “Franceschi, Bade y Cía. S.A.”, citada).

En suma, el hecho de que un Mayor Contribuyente vote en un sentido diverso o contrario a la bandera política que lo propuso como tal, nada dice acerca de la existencia de un posible vicio en el procedimiento de su selección.

Por dichas razones, considero que la queja de las apelantes debe ser desestimada.

1.d. La última crítica de forma que las apelantes postulan, gira en torno a la interpretación del art. 101 de la L.O.M., en tanto profesan –a contrario de lo resuelto en el grado- que la norma en cuestión tan solo estatuye que la Asamblea debe pronunciarse respecto de la ordenanza preparatoria, no atribuyéndole potestades implícitas como para modificarla. Ello, a propósito de lo acontecido en el caso de marras, donde la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes sancionó la Ordenanza Impositiva para el ejercicio 2005 (N° 55/05), apartándose de los valores que -en relación a la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial- preveía la Ordenanza Preparatoria N° 48/05 del H.C.D.

No mejor suerte llevan los apelantes en cuanto a este aspecto de la disputa.

Cierto es que la L.O.M. supedita el dictado de las ordenanzas impositivas al cumplimiento de una serie de recaudos previos, dentro de los cuales se encuentra la sanción de una ordenanza preparatoria que oficiará de anteproyecto, a fin de ser considerada en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que se realizará en la forma determinada por el art. 193 inc. 2° de la Const. Pcial. (art. 29 dec. ley 6769/58), oportunidad en la cual se pronunciará respecto de la misma (art. 101 del dec. ley 6769/58).

Sin embargo, tal circunstancia en modo alguno puede enervar las atribuciones exclusivas que el texto constitucional le ha conferido al mentado órgano, en lo atinente a las cuestiones tributarias locales. En efecto, si la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes es el único órgano facultado por la Constitución provincial y la L.O.M. para crear y aumentar tasas, impuestos y contribuciones en el ámbito municipal (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 52.614 “Franceschi, Bade y Cía. S.A.”, supra cit.), mal podría pensarse que su actuación ha de estar condicionada por los términos plasmados en la ordenanza preparatoria dictada con antelación. De aceptarse esta errónea visión, ningún propósito tendría convocar a un órgano especial que delibere sobre este tipo de cuestiones, habida cuenta que la decisión ya vendría impuesta por el anteproyecto del H. Concejo Deliberante.

Por tanto, habré de alinearme en esta parcela con lo resuelto por el juez a quo, en cuanto juzgó que el art. 101 de la L.O.M. no proscribía a la Asamblea la posibilidad de modificar la ordenanza preparatoria y que, a falta de tal restricción, el ejercicio pleno de la competencia constitucional no podía tener otro alcance que el de aprobar, desechar o simplemente modificar el instrumento preparatorio que, como establece la propia norma, no es más que un mero anteproyecto.

2. En cuanto al aspecto sustancial de la litis, las recurrentes empuñan cuatro agravios concretos, en virtud de los cuales procuran demostrar la ilegitimidad –en el caso- del Capítulo XV (arts. 52 y 53) de la Ordenanza Impositiva 2005 [N° 55/05 –v. fs. 70 y 97 del expte. N° 11/05-).

Así señalan: (a) que el municipio de Balcarce no ha acreditado la efectiva prestación del servicio, a la que está supeditado el cobro de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial; (b) que el incremento dispuesto por la ordenanza impositiva en relación al valor de la tasa resulta irrazonable, dado que no guarda la más mínima proporción con el costo del servicio; (c) que, también, el valor de la tasa resulta confiscatorio, toda vez que el servicio traduce un costo imposible de asumir o excesivamente oneroso para su parte, afectando de manera significativa y arbitraria su derecho de propiedad (cfr. art. 17 Const. Nacional); (d) que la aplicación retroactiva que fijó la ordenanza N° 55/05 cercena los derechos adquiridos por su parte, ya que los pagos que efectuó con anterioridad a su sanción extinguieron el derecho del municipio a toda pretensión de cobro de aquella tasa.

Pasaré a responder, seguidamente, cada uno de los cuestionamientos traídos:

2.a. Son las propias apelantes quienes reconocen en su memorial, que lo relativo a la efectiva prestación del servicio que da origen al cobro de la tasa fue una cuestión respecto de la cual no medió controversia en el grado, tal como así lo juzgara el a quo. De allí que la inserción recién en esta instancia de dicha denuncia no constituya más que el fruto de una reflexión tardía, elemento inhábil para sustentar el recurso de apelación deducido (doct. esta Cámara causas A-1105-MP0 “García”, sent. del 11-XII-2008; P-807-BB1 “Ferretería Argentina S.R.L.”, sent. del 26-II-2009; G-399-DO1 “García” sent. del 28-IV-2009), desde que traduce un intento por abrir el debate atinente a una cuestión que, por no haber sido oportunamente alegada, ha llegado firme a este Tribunal (cfr. doct. esta Cámara causa C-1490-MP2 “Cavallucci”, sent. del 7-X-2010).

2.b. El segundo cuestionamiento de las recurrentes apunta a evidenciar la supuesta irrazonabilidad de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial, dado que mediaría una notoria desproporción entre su valor y los costos reales del servicio.

A fin de demostrar lo dicho, sopesan una serie de circunstancias, tales como: (i) el exorbitante aumento (116%) que experimentó la gabela en comparación con los valores que rigieron en el ejercicio impositivo del año anterior (2004); (ii) la ausencia de ecuaciones técnico contables serias, que evidencien la necesidad de elevar el tributo en razón de los mayores costos del servicio; (iii) la contraposición del aumento con el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del H.C.D. que, a los fines del dictado de la ordenanza preparatoria N° 48/05, había aconsejado elevar los valores de la tasa tan solo en un 50%; (iv) la situación existente en los municipios vecinos, donde los valores de la misma tasa por hectárea son considerablemente inferiores a los fijados por la Municipalidad de Balcarce (v. prueba informativa producida en autos).

Sostienen, a todo evento, que la carga de probar la correspondencia entre el costo del servicio y el importe de la gabela reside esencialmente en cabeza de la Municipalidad accionada, toda vez que es quien se encuentra en una posición dominante o privilegiada con respecto al material de convicción necesario para acreditar dichos extremos.

Pese al empeñoso esfuerzo de las recurrentes, juzgo que su crítica no puede tener acogida.

Es que si bien es cierto que el pago de las tasas finca –de ordinario- en una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado, no lo es menos que tal relación no puede ser entendida en el sentido de una equivalencia estricta, dado que ello es una cuestión casi imposible de establecer con relación a cada caso en particular (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 234:663, 324:2577).

Además, cabe recordar que nuestra Suprema Corte Provincial tiene establecido desde antiguo que no existe norma constitucional o legal que obligue a que las tasas municipales exhiban estricta proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto del gravamen, pues mediante lo que se percibe no debe atenderse únicamente a los gastos de la oficina que los presta, ya que tanto la existencia de ésta como el cumplimiento de sus fines depende de la total organización comunal, cuyas erogaciones generales deben incidir en las prestaciones particulares en una medida cuya determinación es cuestión propia de la política financiera (cfr. doct. S.C.B.A. causas I. 1243 “Empresa Hípica Argentina S.A.”, sent. del 6-IX-1988; I. 1517 “Lactona S.A.”, sent. de 25-VI-1995; Ac. 59.662 “Jardín de la Paz S.A.”, sent. del 21-IV-1998; B. 56.454 “Pecom Energía S.A., sent. del 17-XII-2003; I. 1992 “Aguas Argentinas S.A.”, sent. del 7-III-2005). En tal esquema, la tacha de inconstitucionalidad podría predicarse si se demuestra que el Municipio creó distintas gabelas como contraprestación de un único e indiferenciado servicio prestado.

Por tales razones, para que resulte procedente una impugnación basada en la cuantía del gravamen deberá demostrarse, no la desproporción entre éste y el costo de servicio, sino que en su aplicación al volumen o giro patrimonial del contribuyente, resulte prohibitivo, destructivo o confiscatorio (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 234:663, citada; doct. S.C.B.A. causas I. 1183 “Nida S.A.”, sent. del 31-V-1988; Ac. 59.662 “Jardín de la Paz S.A.”, cit.; I. 1552 “Biocca”, sent. del 2-IV-2003).

Consecuentemente, debo desechar el cuestionamiento esgrimido por las actoras, para abocarme así al estudio de la supuesta confiscatoriedad que denuncian, en orden al irrazonable impacto que provocaría la tasa sobre su derecho constitucional de propiedad (cfr. art. 17 de la Const. Nac.).

2.c. Adelanto, no obstante, que el agravio expresado debe ser rechazado por insustancial.

De la lectura del expediente no se desprende que las reclamantes hayan siquiera intentado demostrar que la tasa controvertida (que fijó un importe anual de $ 8,46 por hectárea) les genera un impedimento susceptible de afectar significativamente su patrimonio, en grado tal que avasalle todo criterio de razonabilidad (cfr. doct. S.C.B.A. causas I. 1992 “Aguas Argentinas S.A.”, cit.; B. 56.707 “Carba S.A.”, sent. del 23-IV-2008). Todas las probanzas ofrecidas por las recurrentes se dirigen a demostrar la supuesta desproporción entre el monto del tributo y el costo del servicio, mas ninguna de ellas tiende a persuadir a la jurisdicción de la lesión seria y flagrante que –en concreto- provocaría el gravamen sobre su derecho de propiedad, que –como se expresara- es lo que realmente interesa a estos efectos (arg. doct. esta Cámara A-1578-DO0 “Perilli”, sent. del 17-IX-2010).

En fin, el memorial tan sólo se limita a denunciar que la modificación introducida por la ordenanza impositiva del 2005 resulta confiscatoria, omitiendo apuntalar dicho planteo con suficiente acreditación, no obstante que -como en reiteradas ocasiones ha precisado el Supremo Tribunal local- son los impugnantes quienes corren con la carga de probar dicho extremo (cfr. doct. S.C.B.A. causas I. 1516 “Aguas Minerales S.A.”, sent. del 27-VI-1995; I. 1517 “Lactona S.A.”, citada; I. 1992 “Aguas Argentinas S.A.”, citada).

No logra conmover tal razonamiento la presentación efectuada por las accionantes ante esta Alzada a fs. 573 (de fecha 9-2-2011 –“Denuncia hecho nuevo. Adjunta informe. Peticiona medidas de prueba”-), en la que denuncian haber tomado conocimiento –a finales del año 2010- de un presunto informe producido por la Comisión Vial de Balcarce [que adjunta en copia a fs. 536/572], del cual surgiría –según alegan- que la extensión total de la red vial no se ajusta a lo informado oportunamente por el Municipio en el marco de la presente causa. Tal circunstancia -en su parecer- revela que la accionada no conocía con precisión la dimensión de la red vial cuyo mantenimiento y conservación debía prestar, mediante el cobro de la tasa a los contribuyentes beneficiarios del servicio.

Aunque más no se trate de una alegación de parte incorporada inoportunamente a la causa (conf. art. 57 inc. 1° ap. “b” del C.P.C.A.), observo –para mayor satisfacción- que lo afirmado por las apelantes carece igualmente de peso para contrarrestar la deficiencia marcada, pues si bien refiere a cuestiones que prima facie guardarían cierta vinculación con la temática de autos, es nulo su aporte en lo que hace al esclarecimiento del tópico neurálgico de la presente litis, es decir, el vinculado al planteo de confiscatoriedad del tributo en crisis. A tenor de dichas razones, no corresponde que tal libelo sea estimado por este Tribunal.

2.d. Por último, cabe rechazar el restante agravio que aqueja a las recurrentes, quienes sostienen que los pagos que efectuaron durante el ejercicio fiscal 2005 en concepto de la tasa impugnada (Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial comunal) tuvieron efecto cancelatorio de la obligación y que, por tratarse de un derecho adquirido, el municipio no tiene derecho para cobrarle suma alguna en virtud de la aplicación de nuevas disposiciones que aumenten el valor del gravamen retroactivamente.

He aquí las razones que sustentan mi parecer:

La Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del municipio de Balcarce aprobó –con fecha 1/9/2005– la Ordenanza Impositiva para el ejercicio 2005 (N° 55/05 –fs. 70 expte. adm. N° 11/05-), estableciendo en el art. 69 de su Anexo I que aquélla tendría vigencia a partir del 1° de enero de dicho año (v. fs. 101, expte. cit).

El Capítulo XV del mentado cuerpo (arts. 52 y 53) dispuso que la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial se abonaría anualmente (a un valor de $ 8,46 por hectárea), aunque contempló un plan de facilidades para los contribuyentes, quienes podrían integrarla en cuotas, en atención a las dimensiones de sus respectivos predios [dos (2) cuotas para los predios de hasta diez (10) hectáreas y hasta seis (6) cuotas para los lotes de más de diez (10) hectáreas].

Según surge de las constancias del sub iudice, las firmas “Don Nino S.R.L.” y “López Francisco y Hnos. S.A.” –aquí actoras- efectuaron una serie de desembolsos en concepto de dicha gabela durante el año 2005, pero con carácter previo a la sanción de la Ordenanza Impositiva N° 55/05.

Dichas erogaciones, como ilustran los comprobantes glosados en autos (v. fs. 116/117, 126/128, 133/135, 140/142), fueron consideradas por la Administración como meros anticipos a cuenta del valor final del tributo que, en definitiva, correspondería oblar por dicho período fiscal (2005). Ello toda vez que aún no había sido dictado el ordenamiento que regiría durante el ejercicio, fijando los valores para el año en curso, de acuerdo a la política financiera y presupuestaria municipal.

De allí que resulte acertado el razonamiento del sentenciante de grado, quien consideró que los pagos efectuados estando pendiente el dictado de la ordenanza impositiva para el año 2005 no podían tener otra naturaleza que la de anticipos y, como tales, sin fuerza cancelatoria que excediera de aquel ámbito. Entonces, mal pueden reputar las apelantes que dichos desembolsos tuvieron la virtud de cancelar la obligación tributaria, consolidando en su patrimonio un derecho adquirido en los términos del art. 17 de la Constitución Nacional.

En suma, durante los primeros meses del año 2005, el municipio liquidó los anticipos de la Tasa a valores fiscales del ejercicio 2004, importes que luego procedió a reajustar con la sanción de la Ordenanza Impositiva del año en curso (del 1-09-2005), ofreciendo a los contribuyentes un sistema de pago (en efectivo o en dos y tres cuotas) para abonar el saldo de la gabela (v. fs. 119/120, 147/159).

Así, la Ordenanza Impositiva N° 55/05 se dictó en el interregno fiscal dentro del cual estaba llamada a regir (año 2005), y sus efectos no se propagaron más allá del respectivo ejercicio. Bajo tales circunstancias, no se observa en el caso un supuesto similar o análogo al descalificado por la Corte Federal en Fallos 321:2933, dado que la normativa impugnada por las apelantes no persigue retrotraer sus efectos hacia ejercicios fiscales pasados, ya cancelados por los contribuyentes.

Tal es mi opinión sobre el tema controversial.

III. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación deducido por las actoras a fs. 502/520, confirmando –en consecuencia- la sentencia de grado de fs. 483/491. Las costas de esta instancia deberían distribuirse por su orden, en atención a lo normado por el art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.

Voto, en consecuencia, por la negativa.

Los señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, por idénticos fundamentos a los brindados por la señora Juez doctora Sardo, y con el mismo alcance, votan a la cuestión planteada por la negativa.

De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, dicta la siguiente:

SENTENCIA

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por las actoras a fs. 502/520, confirmando el fallo apelado de fs. 483/491 en cuanto fue materia de agravio. Costas de la alzada por su orden (conf. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.).

2. Por los trabajos de segunda instancia, estése a la regulación de honorarios que por separado se efectúa.

Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.Fdo: Dres. Adriana M. Sardo – Roberto Daniel Mora – Elio Horacio Riccitelli – María Gabriela Ruffa, Secretaria.

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