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Autoridad del Agua, Asesoría general de gobierno, residuos especiales, vuelco de efluentes líquidos, competencia.

VER DICTAMEN DE LA ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO

EXPTE 2145-17264/04

Letrada I

I.-Vienen las presentes actuaciones con motivo de la clausura preventiva total de la firma, con establecimiento dedicado a Aditivos de Alimentos para Mascotas, de acuerdo al artículo 92 del Decreto N° 1741/96, Reglamentario de la Ley N° 11.459.

II.-Surge de lo actuado que por actas de inspección del 20/2/04, el personal de fiscalización de esa Secretaría detectó que esa empresa no se encontraba volcando efluentes líquidos, debido a problemas en la planta de tratamiento de los mismos siendo tratados externamente. Asimismo, en virtud del resultado de los análisis de las muestras donde los parámetros físico químicos superaron los límites establecidos en la Resolución N° 336/03, a través del Acta de fecha 21/02/04, se procedió a la clausura preventiva total del establecimiento debido al grave riesgo para la salud de la población y/o el medio ambiente procediéndose a la colocación de fajas de clausura y precintos conforme lo referido en el Acta citada. Posteriormente, la clausura fue convalidada en forma parcial mediante Resolución N° 283/04 emanada del entonces Subsecretario de Política Ambiental, haciéndose efectiva sobre el sistema de tratamientos de efluentes y consecuentemente sobre el vuelco de los mismos al curso de agua conforme surge de los considerandos de la misma. Notificada la infractora del referido acto administrativo con fecha 1.03.04 interpone recurso de Apelación contra el mismo. La recurrente se agravia por cuanto entiende que “…la empresa trabajaba en perfectas condiciones y no evacuaba efluentes..”, manifestando asimismo que “….la determinación de la clausura entraña una decisión que limita el derecho constitucional a ejercer el libre comercio y toda industria lícita…”, y solicitando se deje sin efecto la medida decretada, todo ello con carácter de pronto despacho. Por su parte, cabe señalar que luce agregada acta de inspección de fecha 26 de Febrero de 2004. También, se efectuaron otras dos inspecciones el 7 de julio de 2004 y el 30 de marzo de 2005 de las que surge, entre otras observaciones, que los efluentes líquidos son tratados mediante un sistema de sedimentación de barros activados pasando por una cámara desengrasadora y derivados a un tanque sedimentador cuyos barros y grasas sobrenadantes pasan al sector playa de barros y los líquidos a una cámara de aireación. Además, se informa que no se visualiza vuelco alguno al zanjón frentista, ni líquidos en la última etapa de vuelcos, destacándose que la citada etapa se encuentra bloqueada con bolsas negras de polietileno, sujetas por una serie de precintos azules, colocados por la Municipalidad, adjuntándose copias de los retiros de efluentes líquidos realizados por la empresa. Se produce un exhaustivo y pormenorizado informe la Dirección de Relaciones Institucionales, Dirección Provincial de Gestión Jurídica, solicitando a este Organismo

Asesor tenga a bien dictaminar al respecto

III.- Analizado el aspecto formal del recurso se advierte que el mismo resulta temporáneo, dado que fue presentado dentro de los tres días de anoticiado -artículo 94 del Decreto N° 1741/96-. Ello surge de cotejar la fecha de notificación de la Resolución impugnada

(1/03/04) y el sello fechador inserto en la copia del escrito recursivo glosado a fs. 39 (4/03/04).

Asimismo, cabe señalar, que dicha impugnación deberá considerarse como recurso de revocatoria  (conf. art. 94, Decreto n° 1741/96), en virtud del principio de formalismo moderado consagrado en el artículo 88 del Decreto-Ley n° 7647/70. Sentado ello, cabe abocarse al aspecto material del mismo. En lo que hace a la faz sustancial, informa la Dirección de Relaciones Institucionales (fs.59/60) que la clausura impuesta se encuentra fundada en los resultados de la fiscalización que se realizó en el establecimiento por acta donde se verificó el grave peligro de daño inminente que podría haber afectado la salud de la población y/o el medio ambiente de haberse encontrado en funcionamiento la planta de tratamiento de efluentes líquidos de la firma, no constituyendo óbice para la adopción de tal medida el hecho de que circunstancialmente al momento de efectivización de la clausura, la empresa no se encontrara volcando dichos efluentes, atento el carácter preventivo de la medida adoptada.

Asimismo, la citada Dirección señala que la firma no presentó elementos de prueba tendientes a justificar el correcto funcionamiento de la planta en cuestión, exhibiendo copias de las facturas que acreditan el tratamiento externo de los efluentes, admitiendo la existencia de problemas en la planta de desechos líquidos los que eran transitoriamente tratados en forma externa. En ese sentido, en los Considerandos del acto impugnado se citan antecedentes jurisprudenciales con relación al caso que establecen: “Basta la certeza y la actualidad de los riesgos que se cierren sobre la salud de los vecinos aunque no estén probadas lesiones actuales a su integridad psicofísica, para que la tutela a la salud de los mismos y del ambiente que los circunda y en el que se desenvuelven sus vidas, se haga efectiva debiendo la autoridad jurisdiccional desplegar técnicas preventivas destinadas a evitar que el daño temido que preanuncia el riesgo se torne real. Se trata de evitar que el daño temido se torne cierto, efectivo o irreparable”. (causa Almada c/ Copetro S.A.). Finalmente, señala la aludida Dirección que al convalidar la clausura la autoridad de aplicación obró en el ejercicio razonable del poder de policía ambiental que le es propio conforme lo dispuesto por la normativa vigente (art. 41-tercer párrafo- 121 y 122 de la Constitución Nacional y artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

En ese orden, estímase que la actuación de los poderes públicos debe orientarse a la satisfacción de objetivos sociales y la consecución del interés público. Como lo señala Botassi, el deber principal del Estado es cuidar del entorno humano, valiéndose para el logro de su cometido de herramientas tales como la actividad de fomento y el poder de policía y la función de policía (ver Carlos Botassi “ Poder de Policía Ambiental”.

IV.- En función de lo expuesto, este Organismo Asesor estima que sobre la base de las argumentaciones técnicas y legales precitadas corresponde dictar el pertinente acto administrativo que resuelva el recurso de revocatoria interpuesto por la firma (conf. art. 94, decreto n° 1741/96).

Asimismo, en el supuesto que se rechace la impugnación, procederá en su caso la elevación al Poder Ejecutivo para el tratamiento del recurso jerárquico que lleva implícito el de revocatoria (conf. arts. 91, 92 y 100 del Decreto-Ley n° 7647/70).

V.- No obstante lo expuesto, esta Asesoría General de Gobierno advierte que de acuerdo

a lo establecido en los incisos 7°, 9°, 22 y 23 del artículo 23 de la Ley N° 13.175, le corresponde al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos aprobar y fiscalizar -entre otros- los efluentes y participar de los temas que hacen al saneamiento hídrico. En este esquema, el citado Ministerio ejerce sus funciones a través de la Autoridad del Agua, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley n° 5965 de protección de las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera (conf. arts. 104, y cctes. de la Ley N° 12.257).

En el marco de dichas normas y en ejercicio del poder de policía que le es propio compete a esa autoridad inspeccionar todas las instalaciones de depuración de efluentes descargados por los establecimientos sitos en jurisdicción de la Provincia y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan tendientes a proteger y reducir el impacto de dicho efluente líquido en el medio ambiente. En ese ámbito, y en virtud de lo establecido por la Ley 5965, su Decreto Reglamentario n° 2009/60, modificado por similar n° 3970/90, y la Resolución n° 389/98, emanada de la ex Administración General de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires- el Directorio de la Autoridad del Agua dictó la Resolución n° 336/03, cuya infracción constituiría el fundamento de la medida cautelar dispuesta por la Secretaría de Política Ambiental (v. segundo y tercer “Considerando” de la Resolución n° 283/04). A mayor abundamiento se destaca que, en concordancia con lo preceptuado por el artículo 10 de la reglamentación aprobada por Decreto n° 2009/60 -modificada por su similar n° 3970/90- el propio Decreto n° 1741/96, reglamentario de la Ley n° 11.459, reconoce la existencia y vigencia de un organismo competente en el tema de efluentes industriales líquidos, cuando exige como requisito para el otorgamiento del certificado de aptitud ambiental a industrias a instalarse: “…Constancia de inicio de trámite para la obtención del permiso de vuelco de efluentes líquidos industriales expedido por el organismo con competencia…” (art. 14, inc. 4° ); y para establecimientos preexistentes: “… Constancia de permiso de vuelco de efluentes líquidos industriales o del inicio de su trámite, expedido por el organismo competente…” (art. 110, inciso 3° ). En virtud de lo precedentemente expuesto, y tal como viene sosteniendo este Organismo Asesor ante situaciones que se planteara similar disyuntiva, resultaría conveniente la elaboración de convenios o implementación de tareas conjuntas por parte de ambas reparticiones provinciales en aras de obtener una mejor coordinación de aquéllas incumbencias que enmarcan la competencia asignada en la materia.

VI.- En los términos que anteceden, esta Asesoría General de Gobierno deja expuesta su opinión acerca de la cuestión sometida a consideración.

Vuelva a la Secretaría de Política Ambiental.

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