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MULTAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR/ADA/CARRIL PROCESAL DE LA IMPUGNACION

C-2756-NE0 LA TOMASITA SH DE GERARDO MARTIN Y PABLO ARENAL POR APELACION CONTRAVENCIONAL ARTS. 13 Y 37 LEY 5965 – RES. A.D.A. N° 336/03

Mar del Plata, 6 de octubre de 2011.

AUTOS Y VISTO:

I. Llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, con motivo del recurso de apelación articulado por la sancionada –La Tomasita Sociedad de Hecho de Gerardo Martín y Pablo Arenal-, contra la sentencia dictada por el Juzgado en lo Correccional de Tres Arroyos, Depto. Judicial de Bahía Blanca con fecha 06-07-2011, mediante la cual: i) se confirmó la resolución sancionatoria dictada por la Autoridad del Agua y, ii) se redujo el monto de la multa impuesta de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 26.964,28) a la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) [cfr. fs. 54/55 y 64/71].

II.1. A efectos de sistematizar cronológicamente los elementos relevantes del caso, corresponde señalar que mediante Resolución N° 809 de fecha 05-10-2010, dictada en el expediente administrativo N° 2436-19583/10, el Directorio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires aplicó a la firma La Tomasita Sociedad de Hecho, una multa de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 26.964,28) por haberse comprobado infracciones a los arts. 13 y 37 de la reglamentación de la ley 5965 [Decreto N° 2009/60, modificado por Decreto N° 3970/90] y a la Resolución ADA N° 336/03. Asimismo resolvió intimar a la citada firma para que en el plazo de treinta (30) días presentara un plan de readecuación del tratamiento de efluentes, que permitiera subsanar las desviaciones constatadas [cfr. fs. 22/23].

2. Notificada de dicho acto administrativo el 14-10-2010 [según Carta Documento N° 812373063 y su correspondiente aviso de recepción, agregados a fs. 25/26 de autos], con fecha 21-10-2010 la sociedad sancionada dedujo en contra de tal resolución recurso de revocatoria y apelación en subsidio en los términos de los arts. 1, 5 y 6 del Decreto 3707/98 [v. presentación de fs. 1/5 del Alcance 2, agregado como fs. 28 al presente].

3. Con fecha 27-01-2011 el Directorio de la Autoridad del Agua dictó la Resolución N° 065, mediante la cual consideró a la presentación articulada por la firma infractora como recurso de apelación en los términos de los arts. 1, 5 y 6 del Decreto N° 3707/90, concediendo el remedio deducido con efecto suspensivo de la sanción impuesta. Consecuentemente, ordenó dar intervención a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Bahía Blanca para que, por su intermedio, se radiquen las actuaciones ante el Juzgado en lo Correccional en turno con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, a los fines de la sustanciación de la mentada revisión judicial [v. fs. 35 y 35 bis].

4. Este último acto administrativo fue notificado a la recurrente mediante carta documento N° 864485808 de fecha 09-02-2011 [fs. 37/38].

5. Radicadas las actuaciones –finalmente- ante el Juzgado en lo Correccional N° 1 con asiento en la ciudad de Tres Arroyos [cfr. fs. 42 y 43] y luego de aceptada la excusación de su titular por parte del Juez en lo Criminal designado para dictar sentencia [v. fs. 44, 50 y 51], con fecha 06-07-2011 dicho magistrado resolvió: i) confirmar la resolución sancionatoria dictada por la Autoridad del Agua y, ii) reducir el monto de la multa impuesta de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 26.964,28) a la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) [cfr. sentencia de fs. 54/55, a cuyos fundamentos se remite en honor a la brevedad].

6. Contra dicho pronunciamiento de la instancia de grado se alzó la firma sancionada interponiendo recurso de apelación fundado el 14-07-2011 [fs. 64/71].

7. Mediante proveído de fecha 01-08-2011 se concedió el remedio articulado y se ordenó la remisión de las actuaciones a esta Alzada [cfr. fs. 72 y 76], donde fueron recibidas [fs. 77 vta.].

Y CONSIDERANDO:

I.1. Previo a abordar el análisis del caso sub examine resulta necesario precisar que la resolución administrativa N° 809 de fecha 05-10-2010 -luego revisada por el Juzgado en lo Correccional interviniente- ha sido dictada por el Directorio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, en uso de las facultades y atribuciones legalmente conferidas por la ley 12.257 y su decreto reglamentario N° 3511/07 [cfr. art. 158 de la ley 12.257 y arg. doct. esta Cámara causa G-1100-MP2 “Mirador 9 S.A.”, sent. del 15-IX-2009].

Partiendo –entonces- del referido contexto, fácil es advertir que los cuerpos normativos supra citados prescriben claramente el ritual procesal a seguir para impugnar judicialmente cualquier decisión emanada de la Autoridad del Agua y –asimismo- el órgano jurisdiccional competente para el tratamiento y resolución de las contiendas suscitadas por sus actos administrativos sancionatorios [cfr. arts. 162 de la ley 12.257 y 164 del Dec. N° 3511/07].

Posando la visión en tales preceptos, esta Alzada ha sostenido -en reiterados pronunciamientos- que las decisiones definitivas adoptadas por la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires de naturaleza sancionatoria deben ser impugnadas conforme el régimen procesal establecido en aquellas normas –rito contencioso administrativo- y ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo [cfr. doct. esta Cámara causas V-984-MP “Havanna S.A.”, res. del 2-IX-2008; V-2165-MP0 “Marbella”, res. del 21-X-2010 y V-2212-MP0 “Supermercados Toledo S.A.”, res. del 21-X-2010].

Y teniendo en cuenta la claridad y taxatividad del régimen de impugnación allí previsto, en los citados precedentes se descartó la aplicación a casos como el que aquí se ventila del Decreto 3707/98, por cuanto tal normativa exclusivamente rige para impugnaciones judiciales de faltas o transgresiones a las leyes y reglamentaciones provinciales y/o nacionales que no tengan establecido un carril determinado para el control judicial de los actos administrativos impugnados [cfr. doct. esta Cámara causas V-2165-MP0 “Marbella” y V-2212-MP0 “Supermercados Toledo S.A”, cit.].

Desde tal mirador, cabría concluir -prima facie- que la actuación de esta Alzada quedaría circunscripta a lo reglado en los arts. 55 a 60 del C.P.C.A. y su competencia de apelación se abriría únicamente frente a una sentencia emitida por un juez de primera instancia en lo contencioso administrativo. Empero, a la luz de lo acontecido en la causa, otro debe ser el temperamento a seguir –en la especie- para no frustrar el principio de tutela continua y efectiva consagrado en el art. 15 de la Constitución Provincial.

2. En efecto, conforme el derrotero procesal delineado en los párrafos precedentes [cfr. apartado I, puntos 1 a 7], se observa que la sentencia dictada con fecha 06-07-2011 –fs. 54/55- recurrida en apelación por el sancionado ante este Tribunal, fue dictada por un órgano jurisdiccional distinto a aquel al que la ley le ha asignado competencia material para emitir un pronunciamiento en materia de control jurisdiccional de la actividad sancionatoria del ente administrativo emisor de la resolución impugnada [cfr. arts. 162 de la ley 12.257 y 164 del Decreto reglamentario].

Tal defecto invalida la sentencia dictada. Es que la potestad jurisdiccional que invisten los magistrados se encuentra circunscripta a la competencia en cada caso acordada por la Constitución y/o las leyes [arts. 161, 166, 172 de la Constitución Provincial] siendo la competencia material de orden público e improrrogable [Libro I, Título I, arts. 1 a 6, C.P.C.C.; Libro I, Título III, arts. 15 a 34, C.P.P.; Capítulo I, arts. 1 a 6, ley 11.653; Título I, Capítulo I, arts. 1 a 6, C.P.C.A.]. Así, los jueces deben abstenerse de actuar cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia [cfr. doct. S.C.B.A. en causas B. 71.130 Juzgado de Garantías en lo Penal n° 2 San Isidro c. Juzgado Contencioso Administrativo n° 1 La Plata s. Conflicto art. 161 inc. 2°, Const. Provincial; B. 71.250 “Necochea Entretenimientos S.A.”, res. del 1-XII-2010], mandato que ha sido desoido en la especie.

Con todo, teniendo en cuenta que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia [art. 55 inciso 4° del C.P.C.A.] y que dicho remedio ínsito permite descalificar pronunciamientos emitidos por jueces incompetentes –como el dictado a fs. 54/55- [doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Dolores in re “Pona”, sent. del 1-11-2007], resulta mandatorio para esta Alzada decretar la nulidad de la sentencia dictada por el Juez en lo Correccional de Tres Arroyos por mediar incompetencia material del sentenciante [cfr. doct. esta Cámara causa Q-1134-MP0 “R.A.T.”, res. del 11-XII-2008].

3. Sentado lo anterior y para evitar consagrar una solución que atente contra la garantía establecida en el art. 15 de la Constitución provincial, corresponde conceder a la presentación de fecha 21-10-2010 efectuada por la firma “La Tomasita Sociedad de Hecho de Gerardo Martín y Pablo Arenal” [obrante a fs. 1/5 del Alcance 2, agregado como fs. 28 de autos], el carácter de demanda de impugnación de la Resolución  A.D.A. N° 809, dando intervención -a los fines de su tratamiento- al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca [arts. 158 y 162 de la ley 12.257; art. 164 del decreto 3511/07 y doct. citada; y art. 12 inciso 1° ley 12.008, t.o. ley 13.101].

POR ELLO, esta Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata,

RESUELVE:

1. Declarar, en el marco del recurso previsto en el art. 55 inciso 4° del C.P.C.A., la nulidad del fallo de fecha 06-07-2001 –fs. 54/55- por los fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden.

2. Conceder a la presentación de fecha 21-10-2010 efectuada por la firma “La Tomasita Sociedad de Hecho de Gerardo Martín y Pablo Arenal” [obrante a fs. 1/5 del Alcance 2, agregado como fs. 28 de autos], el carácter de demanda de impugnación de la Resolución  A.D.A. N° 809 [art. 15 de la Const. Pcial; arts. 158 y 162 de la ley 12.257; art. 164 del decreto 3511/07 y doct. citada; art. 12 inciso 1° ley 12.008 –t.o. ley 13.101-].

3. Dar intervención, a los fines de su tratamiento, al Juzgado Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca y oficiar por Secretaría al Juzgado en lo Correccional de Tres Arroyos, anoticiándolo de lo aquí resuelto.

4. En pos de evitar la reiteración en el futuro de tramitaciones análogas a la presente, ofíciese a la Autoridad del Agua por Secretaría, para la toma de debido conocimiento de lo que aquí se resuelve. Regístrese y notifíquese al apelante por Secretaría. Fdo: Dres. Elio Horacio Riccitelli – Roberto Daniel Mora – Adriana M. Sardo – María Gabriela Ruffa, Secretaria.

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