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AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. PROHIBICION DE INYECCIÓN DE EFLUENTES CLOACALES EN EL SUBSUELO DE MORENO.

EJEMPLAR FALLO DE LA SUPREMA CORTE BONAERENSE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE MORENO 

A C U E R D O VER DESDE SCBA

AMPARO MEDIO AMBIENTE PROHIBICION DE INYECCION DE EFLUENTES CLOACALES EN EL SUBSUELO DEL PARTIDO DE MORENO-PDF

En la ciudad de La Plata, a 12 de octubre de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, de Lázzari, se reúnen los señores jueces dela Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 65.640, “NT ECO IN SIS S.R.L. contra Municipalidad de Moreno. Amparo”.

A N T E C E D E N T E S

1. La sociedad actora promovió acción de amparo contra la Municipalidad de Moreno procurando se la condene a abstenerse de prohibir en todo el ámbito del partido el uso del sistema de inyección de residuos cloacales en el subsuelo que comercializa, denominado ECO IN SIS.

La causa fue interpuesta por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 del Departamento Judicial de Mercedes, cuyo titular, entendiendo que se trataba de un asunto que importaba un cuestionamiento de índole administrativa, lo elevó en consulta a este Tribunal (fojas 16).

2. Encontrándose los autos al acuerdo, esta Suprema Corte declaró que el caso era propio de su competencia originaria y resolvió radicarlos en Secretaría y requerir a la accionada el informe circunstanciado previsto en el, entonces vigente, art. 10 de la ley 7166 y sus modificatorias (fojas 21/22 vta.).

3. El municipio presentó dicho informe, solicitando el rechazo de la acción; a su vez, adjuntó documental y propuso medidas de prueba (fojas 26/59).

4. Cumplida la etapa probatoria, los autos quedaron en estado de dictar sentencia (art. 13, ley 13.928; fojas 168), correspondiendo plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundada la acción de amparo interpuesta?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

I. La firma actora pide, mediante acción de amparo, que se condene ala Municipalidadde Moreno “a abstenerse de prohibir en su jurisdicción” la utilización del “sistema de inyección ecológica” ideado por ésta para la disposición de efluentes líquidos residuales. Éste es pues su rubro comercial, la venta e instalación de equipos para dichos fines.

Arguye que la ordenanza 1310 -promulgada por decreto 204/2003-, al prohibir en todo el territorio del partido de Moreno, la instalación, operación y uso de todo sistema de disposición de efluentes líquidos residuales de cualquier origen mediante su inyección en el subsuelo, ordenando, a su vez, el cese y desmantelamiento de las instalaciones existentes, impide una actividad lícita que resulta de gran utilidad tanto a particulares, organismos públicos como a empresas.

Plantea que la falta absoluta de sustento jurídico la priva de eficacia como norma válida, determinando su inconstitucionalidad, ya que, sin razón alguna, transgrede los arts. 14 dela Constituciónnacional y 27 dela Constituciónprovincial, menoscabando el derecho de trabajar y de ejercer industria lícita.

Esgrime que, en su caso, se trata de una empresa legalmente establecida a la que se le impide trabajar. Pero que, además, se encuentra vulnerada la libertad de contratación de los usuarios de sus servicios y se interviene, en forma negativa, en la libre disposición de la propiedad, al pretender que se deje de usar un sistema que varios clientes suyos llevan instalado desde hace años.

Y agrega que un argumento de orden constitucional la respalda y está dado en que las normas de salud pública las dictala Nación, siendo ellas válidas en todo el territorio, por lo que no puede legítimamente un municipio atribuirse la facultad de prohibir en su jurisdicción actividades que resultan lícitas en el orden nacional.

Luego de estas enunciaciones, se centra en explicar el funcionamiento del sistema que comercializa.

Expresa que ofrece equipos llamados inyectores, juntamente con su instalación y mantenimiento; que los mismos tienen por objeto evitar los muy frecuentes vaciados de los pozos ciegos mediante camiones atmosféricos.

Explica que el mecanismo utiliza un detector de nivel que se activa cuando el líquido del pozo ciego supera cierto límite, este líquido es succionado y conducido a un punto subterráneo de una profundidad menor a la del pozo ciego, siendo allí derramado para su absorción por el terreno.

Afirma que, contrariamente a lo prescripto en la ordenanza 1310, el sistema no está prohibido por la legislación vigente y no existen estudios que demuestren su peligrosidad.

Alega que el método de absorción de residuos líquidos sanitarios se utiliza en todo el mundo y es conocido desde antiguo bajo diversas denominaciones: “lechos nitrificantes”, “lechos percoladores” o “campos nitrificantes”.

Destaca que, como es de conocimiento público, en una amplia región geográfica, que incluye al partido de Moreno, se ha producido un fenómeno climático que produjo el crecimiento del nivel freático con anegamiento de viviendas, sótanos y la colmatación de pozos ciegos donde se vuelcan los líquidos cloacales, lo que hace imprescindible la aplicación del sistema de inyección provisto por ella.

Manifiesta que existen numerosas dependencias públicas y empresas -algunas de ellas de destacada importancia económica, REPSOL YPF, Mc Donald’s, Praxair- que se cuentan entre sus clientes.

Continúa sosteniendo que, dado que en el marco de la ley 5965, los pozos absorbentes -pozos ciegos o negros- no se encuentran prohibidos, la proscripción del sistema de inyección pierde sentido, ya que su método consiste en aliviar el nivel de los pozos ciegos mediante la utilización de “mini-pozos”, que son los dispositivos a los que se destinan los líquidos succionados para su difusión en el suelo a una profundidad menor que la de aquéllos. Siendo estos mini-pozos comercialmente denominados “agujas de inyección”.

Asevera que no existe en Moreno ni en ningún otro de los veinte distritos en los que se introdujo la técnica del ECO IN SIS, un caso de contaminación de aguas subterráneas que sea posible atribuirle a la misma.

Manifiesta que el sistema que ofrece reduce la contaminación ambiental, disminuye el peligro de contaminación de napas, especialmente del freático, y mejora la calidad de vida de los usuarios, evitando la necesidad de vaciado periódico de los pozos con camiones atmosféricos.

Entiende que al no existir afectación al medio y, por ende, en la salud de las personas a las que la ordenanza pretende salvaguardar, el principal interés jurídico vulnerado resulta ser el que deriva de la actividad empresarial de la sociedad, pues se ve obligada a rescindir contratos en ejecución en el partido de Moreno, cuestión que le genera un evidente lucro cesante, además de tener que afrontar los eventuales reclamos de los clientes que habiendo adquirido equipos no los podrán utilizar.

Finalmente, alega que todo ello torna procedente la acción de amparo, por lo que pide que se haga lugar a la misma.

II. Al contestar el informe circunstanciado,la Municipalidadde Moreno pide el rechazo de la acción.

Reconoce la sanción, promulgación y publicación de la ordenanza 1.310 y expresa que se hizo en pleno uso de atribuciones conferidas por el decreto ley 6769/1958, art. 27 inc. 17, en tanto establece que corresponde a la función deliberativa municipal, reglamentar lo concerniente a “la contaminación ambiental y de los cursos de agua y el aseguramiento de la conservación de los recursos naturales”.

Señala que la fecha de entrada en vigencia de la norma fue el 28 de febrero de 2003, por lo que, al tiempo de esta presentación, el plazo estipulado para proceder al cese y desmantelamiento de los equipos ECO IN SIS (90 días), se hallaba vencido.

Rechaza el planteo acerca de la violación de los arts. 14 dela Constituciónnacional y 27 de la provincial, ya que -arguye- la ordenanza atacada se fundamentó en lo establecido en la ley 5965, “ley de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera”.

Sostiene que de la propia presentación de la actora surge que carece de habilitación o permiso para derramar líquidos cloacales en tierra. Que lo que allí transcribe no supera el estándar de un folleto publicitario donde, en especial, se hace eje en el ahorro que significa para el cliente no tener que desagotar periódicamente su pozo ciego.

Manifiesta que numerosos estudios glosados en el expediente administrativo 4078-45315-D-01 -estudios que, sostiene, la empresa debió haber realizado por su cuenta a efectos de tramitar las autorizaciones correspondientes- confirman la ilegalidad de su actividad, comprobándose consecuencias nocivas para el medio ambiente que dice proteger.

Destaca que la firma actora no obtuvo ninguna autorización de los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales competentes (Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable dela Nación; Subsecretaría de Política Ambiental dela Provincia; A.G.O.S.B.A.; Dirección de Fiscalización del Medio Ambiente dela Municipalidadde Moreno).

Afirma que la ordenanza 1310 se halla en consonancia con lo que establecen los arts. 41 dela Constituciónnacional y 28 dela Constituciónprovincial y un conjunto de leyes como la 11.723, “ley marco de la provincia en materia ambiental” y la 5965 ampliada por el decreto reglamentario 3395 “sobre efluentes líquidos”, entre muchas otras.

Seguidamente formula una descripción y explicación de los sistemas actualmente aprobados para la disposición de líquidos cloacales, en el marco de la ley 5376 y su decreto reglamentario.

Así, se explaya sobre el funcionamiento de las cámaras sépticas, los pozos sépticos (“pozos ciegos” o “pozos negros”) y el sistema de zanjas filtrantes (o “lechos nitrificantes”).

Detalla la acción de los diversos factores que intervienen en la biodegradación de los residuos sanitarios: bacterias anaeróbicas, aeróbicas y facultativas; el tiempo del proceso de degradación; la acción de la fuerza de gravedad; las medidas lineales y volumétricas; la absorción de la “zona aireada” del subsuelo; la relación con el nivel freático; el proceso de evaporación, entre otros. Todo ello, en contraste con el sistema de inyección -“ECO IN SIS”- comercializado por la actora, al que califica de ineficiente, oneroso y altamente contaminante.

Luego, reseña lo actuado con relación al caso del Country Club Banco Provincia de Moreno, en el cual, en una importante cantidad de viviendas, se instalaron equipos del sistema ECO IN SIS por la accionante.

Relata que un estudio encomendado por la administración del country a la consultora Hidroar ‑inscripta enla Secretaríade Ambiente y Desarrollo Sustentable dela Nacióny enla Subsecretaríade Política Ambiental dela Provinciade Buenos Aires, con especialidad en hidrogeología- señala que la situación del mismo es particularmente preocupante, dada la evolución constatada respecto de los componentes ambientales relacionados con el agua.

Puntualiza que el informe, que lleva por título “Estudio hidrogeológico sobre la afectación del recurso hídrico subterráneo como consecuencia del sistema de inyección de efluentes cloacales (SIEC) en el Country Club Atlético Banco Provincia, Partido de Moreno”, valiéndose de un extenso estudio sobre un conjunto de variables relacionadas, concluye que el análisis sobre la calidad del agua denota un deterioro de tipo bacteriológico del acuífero freático (microorganismos relacionados con líquidos cloacales: bacterias Coliformes Totales, Pseudomona Aureginosa, Escherichia Coli y Heterotróficas Mesófilas Viables), que coincide con la zona de mayor densidad de SIEC (Sector I del Country), que constituyen evidencias de una afectación también bacteriana del acuífero Pampeano y contaminación con nitratos que aumenta con la profundidad, poniendo en serio riesgo de daño al acuífero Puelche, que es el que se encuentra en explotación a los fines del consumo humano en el complejo habitacional.

Pone de relieve que el informe recomienda evitar dentro del country la instalación de nuevos sistemas de inyección de efluentes cloacales -señalando que se trata de una técnica que perjudica significativamente el recurso hídrico subterráneo- y desactivar los que se encuentren en funcionamiento.

Agrega que la situación de ascenso de la napa freática verificada dentro de la región metropolitana en que se ubica el Partido de Moreno, que es una problemática más marcada aún en la zona del country, donde la misma en diversos sectores se encuentra a nivel de la superficie del terreno -cuestión que es reconocida por la propia actora en sus presentaciones- genera que cualquier método de adición forzada de líquidos al subsuelo, al introducir un mayor volumen de agua, contribuya al ascenso de la superficie freática, provocando nuevas colmataciones de los pozos ciegos y, por lo tanto, no solo la reducción de la eficacia de la depuración que éstos realizan sino también la recarga -con elementos contaminantes- de los acuíferos subyacentes.

Expresa que la técnica anunciada por la accionante consistente en que el líquido cloacal derramado por el sistema de inyección, en su punto de esparcimiento, se encuentra a más de cinco (5) metros de la primera napa subterránea (napa freática), a efectos de asegurar la no contaminación de la misma, es de imposible cumplimiento dentro del partido de Moreno y la región metropolitana, de acuerdo al acentuado ciclo húmedo verificado en los últimos años.

Además, afirma que el método de inyección de aguas cloacales comercializado por la demandante no se encuentra avalado por ninguna publicación científica, libro de texto, trabajo en congresos o publicaciones técnicas, ni admitido por ley, decreto o resolución alguna, tanto del ámbito nacional como provincial.

Esgrime que la ordenanza 1310 fue sancionada con base en la evaluación de todos los antecedentes existentes sobre el sistema que resuelve prohibir, lo cual -arguye- en modo alguno puede resultar arbitraria o ilegal.

En esas condiciones, solicita se rechace la acción de amparo con costas; a dichos fines ofrece prueba, adjunta documental (fojas 26/29 y 61/76) y las actuaciones administrativas 4078-5334-D-02 y 4078-45315-D-01 que se agregan por cuerda.

III. De la prueba documental e instrumental acompañada y de la producida en autos, resultan los siguientes elementos de utilidad para la causa:

a. Expediente administrativo 4078-5334-D-02: a fojas 3/5, folleto de NT ECO INS SIS S.R.L., que explica el funcionamiento del sistema de “Inyección Ecológica”; a fojas 6, Dictamen de A.G.O.S.B.A.; a fojas 16, respuesta dela Secretaríade Recursos Naturales y Ambiente Humano dela Nación; a fojas 17, comunicación dela Secretaríade Política Ambiental dela Provinciade Buenos Aires; a fojas 18/19, Informe Técnico sobre el denominado Sistema de Inyección Ecológica dela Direcciónde Fiscalización del Medio Ambiente dela Municipalidadde Moreno; a fojas 21/46, “Estudio hidrogeológico sobre la afectación del recurso hídrico subterráneo como consecuencia del sistema de inyección de efluentes cloacales (SIEC) en el Country Club Atlético Banco Provincia de Buenos Aires, Partido de Moreno”; a fojas 52/54, Ordenanza 1310 y decreto 204 de promulgación.

b. Expediente administrativo 4078-45315-D-01:

a fojas 9 y 14, informes del Depto. de Estudios Básicos de A.G.O.S.B.A. residual y del Depto. de Evaluación Ambiental, ambos de la ex-Secretaría de Política Ambiental dela Provincia; a fojas 18, resolución dela Subsecretaría Técnicade Inspección dela Municipalidadde Moreno; a fojas 20/22 presentación de ECO IN SIS S.R.L. a la administración del Country Banco Provincia, con documentación adjunta; a fojas 44, notificación del Director de Fiscalización de Medio Ambiente municipal al Country Banco Provincia; a fojas 45, notificación del Director de Fiscalización del Medio Ambiente a la firma NT ECO IN SIS S.R.L.; a fojas 63/64, comunicación dela Direcciónde Fiscalización del Medio Ambiente al Country Banco Provincia; a fojas 66/67, presentación de la actora ala Direcciónde Fiscalización de Medio Ambiente municipal; a fojas 68, presentación de la accionante al Intendente comunal; a fojas 72, intimación cursada porla Municipalidadde Moreno a la firma NT ECO IN SIS S.R.L.; a fojas 104, denuncia del Intendente de Moreno ante el Presidente dela Autoridaddel Agua provincial; a fojas 106, comunicación del director General de Política y Control Ambiental dela Municipalidadde Moreno al Administrador del Country Banco Provincia; a fojas 111/178, notificaciones a propietarios de inmuebles ubicados en el partido de Moreno sobre la prohibición del uso del sistema de inyección ecológica y su desmantelamiento en el término de 10 días; a fojas 188/214, informe conclusivo dela Direcciónde Fiscalización del Medio Ambiente de la municipalidad de Moreno sobre el sistema NT ECO IN SIS.

c. Documental acompañada con la demanda en sobre adjunto: folleto de presentación comercial del sistema de inyección ecológica por NT ECO IN SIS S.R.L.; contrato denominado de “locación y/ o compra de instalaciones sanitarias”, suscripto entre la actora y la firma PRAXAIR ARGENTINA S.A.; convenio de indemnidad entre los nombrados, por el que la actora asume responsabilidad ante cualquier reclamo por polución ambiental; copias de facturas por instalación del sistema ECO IN SIS.

d. Documental acompañada por la accionada con la contestación del informe circunstanciado: a fojas 26/29, copia boletín oficial municipal 40 (febrero 2003) con la publicación de la ordenanza 1310.

e. Elementos obrantes en autos principales: a fojas 61/65, informe sobre Sistema de Inyección de Efluentes Cloacales, emitido porla Universidad TecnológicaNacional -Grupo Ambiental Tecnológico, Facultad Regional Haedo y Facultad Regional Pacheco-; a fojas 66/76, copias de resoluciones 12/03 y 336/03, ambas del Directorio dela Autoridaddel Agua dela Provinciade Buenos Aires y sus anexos; a fojas 102/107, informe del Perito Daniel Américo Sabio, licenciado en Geología designado en autos; a fojas 139/142, perito geólogo responde pedido de explicaciones.

IV. Expuestos los antecedentes del caso, adelanto que, en mi opinión, la acción de amparo promovida no puede prosperar.

a. Esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que la procedencia de la acción de amparo requiere la comprobación de que el acto, hecho u omisión, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace el ejercicio de derechos o garantías constitucionales lo haga con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas (arts. 43, Const. nac.; 20 inc. 2º, Const. prov.; 1º, ley 7166; doct. causas B. 59.168, “Riusech”, sent. del 16-II-1999; B. 58.002, “Rodríguez”, sent. del 6-X-1998; B. 59.728, “Maida”, sent. del 3-V-2000; B. 62.257, “Herrera”, sent. del 3-X-2001; B. 64.413, “Club Estudiantes deLa Plata”, sent. del 4-IX-2002; B. 64.200, “Chacur”, sent. del 27-XI-2002; B. 63.788, “Llusá”, sent. del 25-V-2003; B. 65.372, “Asociación”, sent. del 29-XII-2004; B. 65.114, “Giovannini”, sent. del 9-V-2005, entre muchas otras en idéntico sentido).

Un acto es ilegal cuando no concuerda con la norma jurídica que prescribe lo debido, lo que importa una violación al orden jurídico. Así, se configura cuando el acto u omisión se hallan desprovistos de sustento normativo, prescindiendo lisa y llanamente de la ley.

Tratándose de una ley, un decreto o un reglamento, su ilegalidad se advierte cuando el contenido de la norma inferior no se conforma con las prescripciones de un precepto que le es superior.

Por su lado, la arbitrariedad se revela en una conducta caprichosa, irrazonable e injusta, desprovista de principios jurídicos.

Ahora bien, estos recaudos -arbitrariedad o ilegalidad- deben presentarse de manera manifiesta, es decir, de forma clara, patente, palmaria, ostensible, indudable. En este sentido, la exteriorización que no revista esa indiscutible notoriedad y que, en su caso, pueda resultar meramente opinable, excluye el carácter manifiesto de aquéllos y, en consecuencia, la viabilidad de la acción de amparo.

b. Debo, entonces, puntualizar por qué entiendo que la parte actora no demostró que la prohibición a la instalación de sistemas de inyección de efluentes cloacales en el subsuelo -cuyos equipos comercializa-, así como el desmantelamiento de los que se hallaban en funcionamiento en inmuebles ubicados dentro del partido de Moreno -tal como fuera ordenado por esa municipalidad en aplicación de la ordenanza 1310- constituya una conducta ilegal o arbitraria y, mucho menos aún, con visos de ser manifiesta o patente.

En lo específico, las circunstancias que llevaron a la sanción de la citada ordenanza se centran en la verificación, por parte de la autoridad municipal, de que el sistema de disposición de residuos sanitarios denominado ECO IN SIS, así como cualquier otro sistema de inyección de efluentes cloacales en el subsuelo, resultaba contaminante de las aguas subterráneas y por lo tanto del medio ambiente. Y que dicha situación se veía agravada por un hecho de público y notorio conocimiento, cual era el ascenso del nivel freático en toda la región metropolitana, en la que se encuentra el partido de Moreno, debido a un conjunto de factores concomitantes, entre los que se hallan la característica geomorfológica propia de la región pampeana, la recurrencia de un ciclo húmedo en los últimos años, el incremento de la construcción y consecuente desaparición de espacios absorbentes de las aguas de lluvia.

Estas evidencias resultan claramente expuestas en los estudios e informes realizados por los especialistas.

Así, el informe dela Universidad Tecnológicanacional (fojas 61/65, ya citado) determinó, en primer lugar, que el uso del sistema de la firma NT ECO IN SIS S.R.L. como método de disposición final de efluentes líquidos cloacales y/o industriales implicaba un importante riesgo para la salud de la población, por lo que debía ser prohibido. Agregando que éste no guardaba semejanza con el llamado de “zanjas nitrificantes” (o “filtrantes”), cuestión que fue esgrimida por la actora en sus presentaciones a los fines de exhibirlo con efectos menos nocivos.

Por demás contundentes son los resultados del estudio realizado por los licenciados Scatizza y Paoletti, en representación de la consultora HIDROAR (fojas 21/46, exp. adm. 4072-5334-D-02, ya citado) -inscripta antela Subsecretaríade Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires y enla Secretaríade Ambiente y Desarrollo Sustentable dela Nación-,que fuera contratada especialmente por la administración del Country Club Banco Provincia del Partido de Moreno, ya que en una importante cantidad de viviendas de ese complejo se hallaban instalados sistemas de inyección suministrados por la empresa accionante.

En el mismo, luego de una detallada reseña de las características generales del medio ambiente físico -clima, geomorfología, geología, red de drenaje superficial, hidrogeología- y humano -uso del agua, abastecimiento humano, riego y recreación, sistemas de disposición de efluentes cloacales-, realizó un relevamiento de las viviendas que contaban con el sistema SIEC -siendo ellas 29-, respecto de las cuales, del análisis de un conjunto de 11 pozos de agua para consumo humano, practicado de modo de apreciar variaciones verticales (profundidad, atravesando diferentes acuíferos) y areales (en un mismo acuífero) y de perforaciones construidas al efecto al acuífero freático (cuya profundidad media se estableció en tres metros, aún cuando en algunos sectores del Country se lo detectó a nivel de la superficie del terreno), se determinó (con muestras obtenidas siguiendo un protocolo de rigor, utilizando recipientes esterilizados, conservados a temperatura de 4 grados centígrados y enviados a laboratorio dentro de las 24 horas) que el acuífero freático (el más próximo a la superficie) resultaba con una importante contaminación bacteriológica (bacterias coliformes totales, pseudomona aeruginosa, escherichia coli, bacterias heterotróficas mesófilas viables), con significativa afectación en la zona de mayor densidad de radicación de equipos SIEC.

Respecto al acuífero pampeano (el segundo nivel desde la superficie), relevó que su contaminación bacteriológica era en principio de baja incidencia, aunque la presencia de altos valores de bacterias heterotróficas mesófilas viables denotaba la fragilidad del mismo como fuente de provisión de agua potable.

En cuanto al acuífero Puelche (el tercer nivel desde la superficie), constató que no presenta contaminación bacteriológica.

Con relación al relevamiento de nitratos, señaló que era de baja concentración en el freático, aumentando con la profundidad, y si bien sus valores mostraban una disminución de la bacteriológica, afirmó que suelen provocar otro tipo de contaminación, producto de un desequilibrio en el proceso de reducción de los residuos (debido a una alteración del medio), en el cual, en distintas instancias de la deposición, intervienen bacterias anaeróbicas, aeróbicas y/o facultativas.

La síntesis del examen expresó que las aguas subterráneas evidenciaban una marcada degradación en su calidad, la que se patentizaba en los primeros metros del subsuelo (freático), llegando a constatarse también en perforaciones que arribaban al acuífero puelche.

Las fuentes de contaminación se identificaban en: (a) los pozos absorbentes (ciegos o negros) con profundidades que alcanzaban a la napa freática, inhibiéndose los procesos principales que permitían la depuración natural de los líquidos cloacales; (b) los sistemas de inyección instalados, por los cuales estos líquidos contaminados ingresaban directamente al freático sin procesos significativos de depuración previa; y (c) perforaciones de agua para consumo hechas en forma deficiente o deterioradas.

En este plano, luego de una serie de consideraciones, entre las cuales se encuentra la mención de que el método de inyección de aguas cloacales en un acuífero, como alternativa de disposición, no figura en ningún libro de texto, trabajo científico presentado en congresos y/o publicación técnica, afirma que dicho sistema, en el ámbito del complejo habitacional en estudio, transgredía los fundamentos y principios sanitarios, caracterizándolo como un acto de “negligencia ambiental”.

Finalmente, entre las recomendaciones dadas para iniciar un proceso de reversión de la situación ambiental descripta, recomendó, entre varias medidas, evitar la instalación de nuevos sistemas de inyección de efluentes cloacales y desmantelar los que se encontraban en funcionamiento.

A su vez,la Direcciónde Fiscalización del Medio Ambiente municipal (fojas 19, exp. adm. 4078-5334-D-02) dictaminó que el SIEC representaba un serio peligro para los vecinos cercanos al lugar donde se hallaban instalados, ya que los líquidos inyectados sin tratamiento previo, contaminaban la napa freática.

En un informe aún más completo (fojas 180/214, exp. adm. 4078-45315-D-01), esta dependencia, analizando los expedientes municipales en trámite relacionados con el SIEC, las ordenanzas prohibitivas existentes en otros municipios, el marco constitucional y legal de la ordenanza 1310, los sistemas de disposición de efluentes cloacales aprobados porla Provincia, las denuncias vecinales y el funcionamiento de los diversos sistemas utilizados para la disposición de efluentes cloacales, concluye en que la mejora de la calidad de vida de los usuarios del SIEC es solo aparente, limitándose únicamente a una menor frecuencia en la necesidad de desagotar los pozos ciegos por camiones atmosféricos, quedando en claro que la utilización de dicho sistema deteriora significativamente el ambiente, produciendo contaminación -con elevada concentración bacteriana- no solo en los lugares donde fuera instalado, dado que a nivel del freático se difunde en el subsuelo llevada por el movimiento horizontal de las aguas de la napa.

La Autoridaddel Agua de la provincia de Buenos Aires (fojas 66/68, exp. ppal.), al emitir la resolución de Directorio 12/03, rechazando el pedido de aprobación del sistema SIEC que hiciera la empresa actora, con cita del dictamen emitido porla Administración Generalde Obras Sanitarias, señaló que dicho sistema se encontraba prohibido por los arts. 2 de la ley 5965 y 53 de su decreto reglamentario, en razón de constituir un método que generaba contaminación, susceptible de afectar los acuíferos Pampeano y Puelche, ambos utilizados como fuente de abastecimiento de agua para diversos consumos en toda la provincia, entre ellos para consumo humano. Concluyó expresando que en virtud del art. 104 de la ley 12.257 -que la designa como autoridad de aplicación de la ley 5965- debía proveer a la protección de dichos acuíferos, prohibiendo la utilización de sistemas de disposición sin tratamiento previo y/o por inyección.

El Departamento de Estudios Básicos dela A.G.O.S.B.A. (fojas 6, exp. adm. 4078-5334-D-02), manifestó, en su oportunidad, que analizadas las características del sistema SIEC de la firma NT ECO IN SIS S.R.L., su aplicación generalizada no se debía aprobar pues era necesario el conocimiento previo de la conformación hidrológica de cada lugar. A lo que agregó que la ley 5965 prohibía mandar residuos sin tratamiento al subsuelo.

c. Ahora bien, frente a todo esto, ningún elemento significativo que contradiga el conjunto de consideraciones vertidas en estos trabajos y torne evidente el carácter de ilegal o arbitrario con que la actora calificara a la medida de la autoridad municipal fue arrimado a los autos.

Puede decirse que solo en parte los dichos del perito Daniel Américo Sabio, licenciado en Geología, designado por el Tribunal a fojas 95, abonarían su postura.

No obstante, observo que el informe producido a fojas 102/107 refiere, en primer lugar, a inspecciones en instalaciones del sistema ECO IN SIS situadas en diversas localidades del Gran Buenos Aires pero ninguna de ellas localizadas en el partido de Moreno, con lo cual, estrictamente, no se ajustan a la especificidad que el suelo de este distrito presenta, teniendo en cuenta que lo que se cuestiona, por la parte actora, es una medida tomada en dicho ámbito.

En segundo término, describe las características técnicas, la estructura y los elementos -piezas- que conforman el sistema comercializado por la accionante, su funcionamiento, limitándose, en este aspecto, a destacar la coincidencia con los esquemas graficados en el expediente.

Por último, manifiesta que las condiciones de contaminación del medio no se acrecientan por el uso del método de inyección ECO IN SIS, ya que sus probables causas se deberían a la existencia de los pozos ciegos.

Considero que este informe resulta insuficiente a los fines de sostener la inocuidad del sistema prohibido por la municipalidad y, consecuentemente, apuntalar su planteo acerca de la ilegalidad o arbitrariedad manifiestas de la medida cuestionada.

Ello en tanto no ahonda en el análisis de tópicos realmente convincentes a efectos de arribar a una conclusión más elaborada. En ese orden, advierto que no releva por su cuenta el nivel del freático en el partido de Moreno, tampoco se explaya sobre la incidencia de factores biológicos en combinación con el factor tiempo en punto a la reducción de la carga contaminante de los residuos cloacales (método de aceptación universal), de modo que su incorporación al terreno sea con un grado aceptable de depuración. Así, en este plano, tampoco demostró haber efectuado mediciones propias que relevaran valores de contaminación dirigidos a desvirtuar, llegado el caso, los niveles reseñados por los organismos intervinientes.

A ello cabe agregar el reconocimiento efectuado por la actora en relación a que en el caso del Country Banco Provincia el nivel freático estaba tan solo a un metro de profundidad, con lo que se hallaba contaminado por los residuos depositados en los pozos negros y, por lo tanto, en un contexto de afectación ambiental ya existente, resultaba irrelevante preocuparse por la incidencia que el sistema ECO IN SIS pudiera tener en la elevación de ese grado de contaminación de las aguas subterráneas (fojas 6, escrito de demanda; fojas 20, exp. adm. 4078-45315-D-0).

Tal posición no puede sostenerse con seriedad, cuando por otro lado se argumenta que el método utilizado tiene un resultado ecológico, es decir, de cuidado del medio ambiente.

Por otra parte, resulta oportuno destacar una cuestión que fue de conocimiento público y es la de la emergencia hídrica declarada durante el período de sanción de la ordenanza 1310.

El decreto 2615/2001 declaró, desde noviembre de 2001 y por el término de ocho meses, la emergencia hídrica para un importante número de partidos de la provincia, entre los que se encontraba Moreno y otros aledaños, medida que se tomó en razón de los daños personales y materiales causados por inundaciones, provocadas por un notable exceso de lluvias, que superó ampliamente la media anual registrada durante años anteriores.

Asimismo, el decreto 3082/2002, de diciembre de 2002, ampliando el plazo de la declaración de la emergencia hídrica vial, hizo mérito de las alteraciones climáticas que generaron lluvias de gran intensidad en varias regiones, entre ellas en el conurbano bonaerense. Dicho fenómeno se venía reiterando en los tres años anteriores, con registros de lluvias que superaban los1.200 mm, situación que produjo un aumento de los niveles de aguas superficiales y el ascenso de las napas freáticas, colmando zonas bajas, dificultándose gravemente su escurrimiento.

Respecto al cuestionamiento de la ordenanza 1310, una atenta lectura de la misma permite concluir que sus disposiciones se entroncan en los contenidos protectorios del medio ambiente consagrados tanto en normas constitucionales como legales.

Así, cuando el art. 41 de la Constituciónnacional establece que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano … las autoridades proveerán a la protección de ese derecho Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.

Lo mismo en relación al art. 28 de la Constituciónprovincial cuando prescribe que “Los habitantes de la provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo … La provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo … En materia ecológica deberá promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo … asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo…”.

El Código de Aguas establece restricciones vinculadas a la preservación y mejoramiento del agua y de la protección contra sus efectos perjudiciales, lo mismo que en relación a los riesgos de afectación de las aguas subterráneas (ley 12.257, Títulos IV y VI, especialmente los arts. 88 y 104).

También la ley 5965 -de Protección a las Fuentes de Provisión y a los Cursos y Cuerpos Receptores de Agua y a la Atmósfera-y sus decretos reglamentarios 2009/1960 y 3970/1990, cuya aplicación está actualmente en cabeza de la Autoridaddel Agua (ley 12.257, decretos 266/2002 y 3511/2007), en cuanto confieren el marco normativo en el que se desenvuelve la ordenanza atacada. De esta forma, en su art. 2 expresa: “Prohíbese a las reparticiones del Estado, entidades públicas y privadas y a los particulares, el envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, cursos o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua”.

En lo que hace a la potestad de la Municipalidadde Moreno para dictar la ordenanza 1310, el decreto ley 6769/1958 -denominado Ley Orgánica de las Municipalidades-, en el capítulo dedicado a la “competencia, atribuciones y deberes” de los Concejos Deliberantes, en el art. 27 inc. 17, regula que le corresponde la sanción de ordenanzas y disposiciones, a los fines de reglamentar, “La prevención … (de) la contaminación ambiental y de los cursos de agua y aseguramiento de la conservación de los recursos naturales”.

d. En el contexto señalado, las conclusiones de los informes y estudios realizados a efectos de relevar la incidencia perjudicial del sistema ECO IN SIS en el medio ambiente y, consecuentemente, en la salud de la población, en particular en el partido de Moreno, sumado a que la ordenanza 1310 fue sancionada en el marco de las atribuciones constitucionales y legales que competen a los municipios en nuestra provincia, me conducen a sostener que, en modo alguno, la medida de prohibición de los sistemas de disposición de efluentes líquidos residuales mediante la inyección en el subsuelo a cualquier profundidad por medios electromecánicos y las ordenes de desmantelamiento de los que se encontraban instalados emitidas por ese municipio, pueden reputarse actos arbitrarios o ilegales y mucho menos con carácter de manifiestos.

Por tales motivos, juzgo que la acción debe ser rechazada (arts. 20 inc.2, Const. prov.; 1, 2, 15 y concs., ley 13.928).

Costas a la accionante vencida (art. 19, ley 13.928).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Genoud, Soria y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza la acción interpuesta (arts. 20 inc. 2, Const. prov.; 1, 2, 15 y concs., ley 13.928).

Costas a la accionante vencida (art. 19, ley 13.928).

Regúlanse los honorarios de los doctores Ernesto Rendich, Duilio Oscar Marenzi, José Luis Núñez, Ariel Walter Trovero y Carlos Alberto Galván, en las sumas de pesos …, pesos …, pesos …, pesos …, pesos …, respectivamente (arts. 9, 14, 15, 16, 22, 26, 28 inc. “a”, 49 y 54, decreto ley 8904/1977), cantidades a las que deberá adicionarse el 10% (arts. 12 inc. “a” y 16, ley 6716, t.o. 4711/1995 y sus modificatorias) y lo que corresponda por la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.

Por su actuación profesional en autos, se regulan los honorarios del perito geólogo, Daniel Américo Sabio (designado a fojas 94), en la suma de pesos …(causas B. 47.489, “Cegelec”, “D.J.B.A.”, t. 119, pág. 602; L. 44.096, “Taraborelli”, sent. del 27-XI-1990; Ac. 44.241, “Drlje, Mariano”, sent. del 7-V-1991; Ac. 79.318, “Monte Paco S.A.”, sent. del 13-III-2002 y Ac. 2938/2000).

Regístrese y notifíquese.

      EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

HECTOR NEGRI           DANIEL FERNANDO SORIA

         LUIS ESTEBAN GENOUD

                        JUAN JOSE MARTIARENA

                             Secretario

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  1. Irene
    noviembre 11, 2012 en 4:51 pm

    Cómo puede una empresa invertir en semejante cosa improvisada!!!

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