Inicio > Contencioso administrativo Bs. As., Suprema Corte Bonaerense > ACTO ADMINISTRATIVO – IMPUGNACIÓN. RESOLUCIÓN CONSENTIDA – EFECTOS.

ACTO ADMINISTRATIVO – IMPUGNACIÓN. RESOLUCIÓN CONSENTIDA – EFECTOS.

SUMARIO: B 60.357, 21/12/11, “Lards, Susana c/Municipalidad de General San Martín s/Demanda contencioso administrativa”.ACTO ADMINISTRATIVO – IMPUGNACIÓN. RESOLUCIÓN CONSENTIDA – EFECTOS.Magistrados votantes: Soria – de Lázzari – Hitters – Negri – Genoud.

Procedimiento administrativo – Formalismo moderado.

La Suprema Corte resolvió por mayoría, rechazar la demanda interpuesta por medio de la cual la accionante peticionara la declaración de nulidad de la decisión administrativa comunal, que le denegara el cobro de la bonificación prevista en el art. 80 de la Ordenanza municipal 4373/91; al considerar, entre otros fundamentos, la imposibilidad de demandar judicialmente la revisión de actos -en el caso, el decreto del Intendente municipal 364/94- que han adquirido firmeza en sede administrativa por falta de impugnación oportuna, como asimismo que la reclamante  tampoco ha desplegado en el sub lite un cuestionamiento referido a la validez constitucional de las normas procedimentales (arts. 68 y sigts., 86 y 89 de la Ord. Gral. 267/1980) que conducen a la inadmisibilidad de la pretensión que ha articulado. (Texto completo).

 

DOCTRINA

ACTO ADMINISTRATIVO – IMPUGNACIÓN. RESOLUCIÓN CONSENTIDA – EFECTOS.  
                   1. La expedición de un acto administrativo definitivo, que opera per se la creación, alteración o extinción de situaciones jurídicas, motoriza las cargas impugnativas previstas en cada caso por el ordenamiento en orden a la ulterior pretensión de contenido anulatorio. De tal suerte, si concurre una denegación del reclamo, mediante un acto formal adverso a las postulaciones del interesado, emanado de la autoridad con competencia resolutoria final u órgano delegado por aquélla, que no es tempestivamente controvertido por el afectado, la pretensión impugnativa posterior lucirá una falencia que en principio ha de conspirar contra su admisibilidad. En tan específica circunstancia, la reedición del pedimento en sede administrativa o judicial, salvo los supuestos de la revisión (art. 112, dec. ley 7647/1970) o el tratamiento de las denuncias de ilegitimidad (art. 74, dec. ley cit.), se enfrenta con el valladar de los arts. 14 inc. 1º ap. “a”; 18 y 35 inc. 1º ap. “i” de la ley 12.008, texto según ley 13.101 (del voto del doctor SORIA).
 
ACTO ADMINISTRATIVO – IMPUGNACIÓN. RESOLUCIÓN CONSENTIDA – EFECTOS.  
                   2. En el campo de las pretensiones impugnativas, la carga de acudir ante la Administración responde, principalmente, a la necesidad de contar con un acto que proyecte la voluntad institucionalizada del ente público para configurar de tal modo un caso que le sea imputable por su actuación. Por tal motivo, la normativa procesal aplicable en modo alguno impone al interesado la carga de articular una revocatoria o reposición cuando existe un acto definitivo emanado de la autoridad administrativa con competencia resolutoria final, ya que en tal supuesto la voluntad estatal se considera suficientemente expresada con dicha decisión. En ello estriba el carácter facultativo de esa clase de ese remedio recursivo: el no estar sujeto a la carga de interponer un recurso, las más de las veces inútil, para aguardar su respuesta como condición de acceso a la jurisdicción (del voto del doctor SORIA).
 
ACTO ADMINISTRATIVO – REVISIÓN JUDICIAL.   
                   3. El Tribunal se ha pronunciado en forma invariable acerca de la imposibilidad de demandar judicialmente la revisión de actos que han adquirido firmeza en sede administrativa por falta de impugnación oportuna. Esta conclusión también puede predicarse a tenor de la nueva normativa procesal aplicable en la materia (art. 35 inc. 1, ap. “i” de la ley 12.008, t.o. ley 13.101) (del voto del doctor SORIA).
 
ACTO ADMINISTRATIVO – IMPUGNACIÓN. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – FORMALISMO MODERADO.  
                   4. Este Tribunal ha asignado efectos impugnatorios a la firma en disconformidad inserta por el interesado al momento de notificarse del acto que le genera agravio. Tal razonamiento reposa en el principio de informalismo o formalismo moderado a favor del interesado que rige el trámite administrativo (conf. doct. arts. 39 primer párrafo, 69, 75, 88 y concs. de la Ordenanza General 267/1980) y permite soslayar los reparos formales opuestos a la admisibilidad de la pretensión (del voto del doctor SORIA).
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – FORMALISMO MODERADO.   
                   5. El principio de informalismo o formalismo moderado a favor del interesado que salvaguarda la debida defensa de los derechos que el art. 15 de la Constitución provincial asegura en todo procedimiento administrativo, posibilita, además, la subsanación de defectos formales en que puedan incurrir los administrados, para dar primacía a la verdad jurídica material y a la legalidad objetiva (del voto del doctor SORIA).
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – FORMALISMO MODERADO.   
                   6. Cierto es que la aplicación del principio de informalismo o formalismo moderado reconoce limitaciones, particularmente en materia recursiva (v. gr. art. 74, Ord. Gral. 267/1980). Mas también resulta incuestionable que, en determinados supuestos es razonable abrir paso a la dispensa formal en vez de favorecer un temperamento estricto o riguroso. La flexibilidad se impone cuando la manifestación de disconformidad expresada por el recurrente al tiempo de la notificación del acto cuestionado es complementada con una suficiente expresión de fundamentos de la impugnación, en tiempo razonable (del voto del doctor SORIA).
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – RECURSOS. ACCIÓN – ADMISIBILIDAD.  
                   7. Una cosa es reconocer, en congruencia con lo dispuesto por la nueva codificación y con el principio de acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. pcial.) -y, con el de demandabilidad directa (art. 166 último párrafo, Const. cit.)- el valor optativo que, de ordinario, se adjudica a la reconsideración administrativa y otra, bien diversa, es postular que sea lo mismo ejercer tal facultad recursiva respetando o incumpliendo los plazos reglados, o que deba soslayarse el carácter obligatorio y perentorio que el ordenamiento expresamente les asigna (arts. 71 y 74, primera parte, Ord. Gral. 267). Si el interesado optó por proseguir el tránsito administrativo, mas lo hizo deficientemente, y si, para más no ha invocado ni acreditado circunstancia alguna que enervase los efectos jurídicos de tales defectos o que fundase la pertinencia de la impugnabilidad del pronunciamiento de la Administración que así lo declaró, entonces deberá cargar con las consecuencias de su propio obrar (del voto del doctor SORIA).
 
ACTO ADMINISTRATIVO – IMPUGNACIÓN. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – RECURSOS.  

                   8. Las expresiones “me notifico en disconformidad” u otras similares, tienen un claro sentido recursivo. Indican la oposición del afectado y el propósito de lograr la revisión de lo decidido. La falta de fundamentación del recurso así planteado podrá conspirar contra su éxito, pero no puede asimilarse a una aceptación voluntaria de lo decidido (doctor NEGRI, minoría)

  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: